26Julio2017

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ASESINATO DE DANIEL ABRIL, DESTACADO LÍDER CAMPESINO COLOMBIANO

Comunicado publico a la comunidad nacional e internacional ambientalistas y defensores de derechos humanos del mundo

  FIRMA AQUÍ LA ACCIÓN URGENTE

 

Rechazamos el asesinato DANIEL ABRIL defensor de del medio ambiente, del agua, del territorio, de los derechos humanos, de las víctimas, destacado líder campesino  del departamento de Casanare

RECHAZAMOS el cobarde asesinato de Defensor de Derechos Humanos, líder Comunal, Ecologista, defensor incansable de la vida, el agua, el territorio.

Los hechos

Ocurrieron a las 6:40 p.m. de hoy 13 de noviembre, a la altura del sitio conocido como La Virgen en su natal municipio de Trinidad (Casanare), exactamente en la silla de una panadería a donde llegaron y le dispararon, al parecer, fueron tres impactos de bala que cegaron su vida.

Un líder campesino, un llanero valiente y noble fue quitado del camino de los intereses de las multinacionales del petróleo, de los despojadores de tierra a quienes denunció, como a los corruptos del Estado a quienes señaló sin reservas.

HISTORIA DE PERSECUCION, LIDERAZGO Y COMPROMISO:

Daniel Abril sufrió persecución constante: un intento de desaparición forzada por la policía y gracias a la intervención del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta sobrevivió. Fue enjuiciado injustamente.

Participó en todas las protestas contra las petroleras, develando y denunciando los graves impactos de estas en la región.

En el año 2014 participó activamente en las audiencias públicas de Derechos Humanos y Medio Ambiente en Trinidad convocadas por el entonces Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro.

Adelantaba con instituciones de Derechos Humanos denuncias contra Corporinoquía por su inoperancia y complacencia con las multinacionales petroleras que arrasan con el agua del Casanare, su directora Martha Plazas a quien le mostró pruebas; denunció a las autoridades por violaciones a los Derechos Humanos y era un referente de las víctimas en el municipio y en el departamento.

Hacía dos meses tuvo un incidente  con la ya temible  Brigada XVI del Ejército Nacional con sede en la Ciudad de Yopal.

Hacia parte de plataformas como la Voz de la Tierra, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el Congreso de los Pueblos, del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y trabajaba mancomunadamente con la Corporación COSPACC y con la Corporación Claretiana NPB en defensa de la Ecología y los Derechos Humanos. 

En este momento de dolor, nuestro acompañamiento sincero a su señora madre y señor padre, a sus hermanas y hermanos y a su hijo de 12 añitos.

SOLICITAMOS

Que la Fiscalía General de la Nación Investigue inmediatamente los móviles y responsables de este asesinato.

Al Ministerio del Interior cumplir con su deber de proteger a los ambientalistas, dirigentes y defensores de derechos humanos en el departamento del Casanare, de  la Cumbre Agraria y Campesina, Étnica y Popular.

Al gobernador del departamento realizar un consejo de Seguridad con presencia de delegados de organizaciones sociales para establecer el contexto en que se dieron los hechos.

A los organismos multilaterales ONU, OEA, UEU hacer seguimiento a las distintas denuncias realizadas por o en las que participó Daniel Abril con organizaciones sociales, a fin de que el Gobierno Nacional garantías para los ambientalistas y defensores de derechos humanos.

A la Defesaría Nacional del Pueblo realizar una alerta temprana y exigir al gobierno nacional la protección a los ambientalistas y defensores de derechos humanos.

A las organizaciones sociales ambientalistas y de derechos humanos del mundo, exigir al gobierno nacional la protección de la comunidad de los derechos humanos y ambientalistas en Colombia.

Colombia: Bogotá D.C.

Yopal Casanare,

13 noviembre de 2015, 8:30 p.m.

  • Escrito por CSIZ
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INFORME. Defender los derechos humanos en México: la represión política, una práctica generalizada


 Cuarto informe de violaciones de derechos humanos contra personas defensoras de los derechos humanos. Defender los derechos humanos en México: la represión política, una práctica generalizada

Las cifras presentadas en este informe abarcan el periodo que va del primero de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015, periodo trágico para el movimiento social y para la defensa de la vida digna en nuestro país, el trabajo de documentación de Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos (ACUDDEH AC), del Comité Cerezo México y de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada arroja las cifras que presentamos en este informe que da cuenta de las agresiones, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en contra de las personas defensoras de derechos humanos que ocurrieron en el periodo.
Con ellas se puede apreciar, a simple vista, que al mismo tiempo que se profundizan las políticas neoliberales que despojan a la población de las mínimas condiciones de vida digna, se masifica el uso de estrategias dirigidas a intentar aniquilar e inhibir el derecho humano a la protesta.

En el informe anterior la suma de todos los actos de Violaciones a los Derechos Humanos (Agresiones, hostigamiento, amenazas, detención arbitraria, ejecución extrajudicial y desaparición forzada) fue de 675, en este informe alcanzan los 860, lo que indica un incremento en el uso de las estrategias de control social, represión política y contra insurgente por parte del Estado mexicano en contra de los defensores de derechos humanos.

Guerrero es el estado con mayor número de actos de Violaciones a los Derechos humanos (VDH) en general (202) cometidas contra los defensores de los derechos humanos; seguido del Distrito Federal con 140; Chiapas (64) y Oaxaca (55) continúan en los primeros lugares como estados donde las estrategias de represión política se mantienen y los estados donde no se había manifestado en tales cantidades estos actos de VDH y que aparecen en este informe son: Baja California (75), Puebla (62) y Quintana Roo (62).

 Violaciones a Derechos humanos (agresión, amenazas, hostigamiento)

Se registraron 330 casos que constituyen 488 eventos violatorios de los derechos humanos que afectaron a 248 personas, 47 organizaciones y 35 comunidades.

 Detención arbitraria

Se documentaron 459 detenciones arbitrarias: 47 casos más que en el pasado informe en el cual pudimos documentar 412 casos.

 Prisión por motivos políticos

Hasta el 31 de mayo de 2015, son 224 las personas privadas de la libertad por motivos políticos, cifra que incluye a todas las personas registradas de años anteriores, el preso por motivos políticos más antiguo lleva 18 años en prisión.

 Tortura

De los 459 casos documentados de detención arbitraria, en 70 casos el detenido, sus familiares o sus organizaciones denunciaron que existieron tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura, sólo se registró el alegato de tortura, sin que se haya podido documentar dicha práctica.

 Ejecución extrajudicial

Con Calderón 2006-2012 documentamos 67 ejecuciones extrajudiciales, en el periodo que llevamos de Peña Nieto suman ya 47 ejecuciones extrajudiciales, 22 de las cuales ocurrieron dentro del periodo de este informe.

 Desaparición forzada

52 personas defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de desaparición forzada. Y si a estas 52 les súmamos las 29 víctimas de los primeros 18 meses del gobierno de EPN, tenemos que en lo que va del sexenio 81 personas defensoras de los derechos humanos han sido víctimas de desaparición forzada

El 26 y 27 de septiembre en el municipio de Iguala, Guerrero se comete la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, además se comete la ejecución extrajudicial de 6 personas.

La desaparición forzada de un grupo grande de personas, integrantes de un movimiento social, es la primera en su tipo en el México contemporáneo.

En informes pasados mencionamos que en el sexenio de FCH y en el primer año y medio de gobierno de EPN, la desaparición forzada en contra del movimiento social y organizaciones de derechos humanos se cometía de manera selectiva como un mecanismo de represión, principalmente, para descabezar a las organizaciones sociales. Sin embargo, el caso de los 43 normalistas y el incremento año con año de personas defensoras de los derechos humanos que han sido víctimas de desaparición forzada, nos indica que esta grave violación a los derechos humanos, lejos de disminuir aumenta y conlleva el grave riesgo de que las desapariciones colectivas en contra del movimiento social vuelvan a cometerse o se incrementen.

Con estas cifras y el presente informe no sólo pretendemos visibilizar las graves VDH que ocurren en México contra las personas que se atreven a organizarse y defender sus derechos, también intentamos contribuir en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos para que puedan seguir cumpliendo con el valioso trabajo que hacen, pero con acceso a más herramientas que les permitan disminuir el riesgo y los ataques que esto les implica.

Quizá lo más importante es que, con este esfuerzo de documentación intentamos hacer un aporte, aunque modesto, para insistir en el hecho de que no podemos olvidar que las víctimas de las que da cuenta este informe no son sólo cifras: son hermanos, padres, hijas, estudiantes, amigos y compañeros… a los que otras personas estiman, esperan, extrañan o lloran. No sólo se trata de recordarlas y reivindicarlas como los sujetos individuales que son (con todos los proyectos y sueños que eso implica), sino como parte de los proyectos sociales y organizativos a los que pertenecían y que, en todos los casos, se han comprometido con la lucha por obtener un país mejor. Recuperar esa historia social, insistir en que no es resultado de hechos aislados ni de “accidentes” y develar las estrategias, sistematicidad e intencionalidad con que se cometen estas VDH es parte de nuestro aporte en la larga lucha por memoria, verdad, justicia y reparación integral.

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Detenido el periodista Sergio Segura de la Agencia Colombia Informa

Segura es periodista y licenciado en Comunicación Social, especialista en temas de Conflicto y Paz,

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POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DEFENDAMOS LA LIBERTAD DE EXPRESION Y PARTICIPACIÓN POLITICA EN COLOMBIA

Las personas, organizaciones y partidos abajo firmantes rechazamos las detenciones arbitrarias de los y las dirigentes de las organizaciones sociales Congreso de los pueblos y de Marcha Patriótica, exigimos que cesen los falsos positivos judiciales y se den garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia.

 

Los hechos

 

El 8 de julio la Policía Nacional y la Fiscalía detuvieron a 13 personas a las que mediante un amplio despliegue mediático acusaron  de ser responsables de varios atentados con bombas realizados el 2 de julio en Bogotá imputándoles los cargos de  “terrorismo, concierto para delinquir, daño en bien ajeno y rebelión”. A estos hechos hay que agregar que en varias regiones del país se han detenido integrantes de Marcha Patriótica y los asesinatos de varios líderes y lideresas populares sobre los que pesa el manto de la impunidad.

En el caso de Bogotá en el marco de la audiencia la Fiscalía Nacional presentó como pruebas incriminatorias banderas del Congreso de los Pueblos, trabajos académicos, afiches de movilizaciones, libros  e imágenes del Padre Camilo Torres Restrepo con las que pretenden vincular a las personas detenidas con la insurgencia del ELN.

Con este tipo de acusaciones, sustentadas con aseveraciones que se han ido cayendo por su peso, se está violando un principio probatorio del derecho internacional que es la presunción de inocencia. Tal actuación de las autoridades constituye además una reedición de la inquisición que  sataniza las ideas y las personas, negando la pluralidad y las libertades de expresión y pensamiento. Condena además sin juicio alguno a personas jóvenes destacadas en las luchas por los derechos de las mujeres, en sus actividades como periodistas, filósofas, defensoras de las causas ambientalistas, la lucha por una educación de calidad y las discusiones sobre la territorialidad urbana. (Ver perfil anexo de los y las detenidas).

Esta criminalización de la protesta social se da en un momento crucial para el país ya que al avance en las negociaciones de paz con las FARC en la Habana y en los diálogos exploratorios con el ELN desde la sociedad se levantan diversas voces tanto a nivel regional como nacional y sectorial exigiendo una mayor participación del movimiento social a través de la apertura de una mesa social para la paz que les incluya.

 

Ante estos hechos exigimos:

1.  La libertad de las personas detenidas, la  garantía de un debido proceso y el respeto al derecho a la defensa.

2.  Se reconozca la legalidad y la legitimidad de las actividades que realizan las personas detenidas en defensa de una sociedad incluyente, libre y sin patriarcados.

3.  Se garantice la participación política, el ejercicio de la protesta social, la libertad de expresión y el fin  de todos los mecanismos que obstaculizan la defensa de los derechos humanos en Colombia.

4.  A la Fiscalía General de la Nación le exigimos actuar en coherencia con el principio de independencia judicial haciendo una valoración razonable y técnica de las  pruebas recaudadas.

5.  A las instituciones del Estado colombiano y a los medios de comunicación les exigimos que atiendan el llamado del Alto comisionado para los derechos Humanos de Naciones Unidas a respetar la condición de sindicadas de las personas detenidas y en ausencia de decisiones judiciales que no las declaren culpables. A quienes las han presentado como tal y en respeto al principio y al derecho de la presunción de inocencia que publiquen las debidas rectificaciones.

 

LA PAZ EN COLOMBIA DEBE INCLUIR LA PARTICIPACIÓN PROTAGONICA DEL MOVIMIENTO SOCIAL.

 

Firman:

Congreso de los Pueblos Europa

Poder y Unidad Popular Europa

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Chiapas: Comando armado asesina a Manuel López Pérez, integrante de la organización Las Abejas de Acteal.

El día 23 de junio de 2015, asesinaron a Manuel López Pérez, integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

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