20Octubre2017

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México. Michoacán, entre la manipulación del Estado y el crimen organizado

El enfrentamiento entre autodefensas, los Caballeros Templarios y fuerza federales es parte de una estrategia deliberada, advierten. El fin es paramilitarizar, cambiar la función de tierras y habitantes y reconcentrar el negocio criminal de una forma manejable para el Estado.

 

Por: Adazahira Chávez

El escenario de enfrentamientos entre autodefensas, miembros de los Caballeros Templarios y el ejército  en Michoacán es un terreno resbaloso, advierte el analista Carlos Fazio, quien lo ubica como una situación deliberada y provocada por el Estado para desestabilizar la zona y generar terror con miras a una refuncionalización no sólo del territorio, sino de sus habitantes. Daniel Negrete, un veterano activista social de la zona de Tierra Caliente, advierte que no hay ue confiarse, pues las autodefensas reciben apoyo del ejército y, presumiblemente, de un cártel rival de los Caballeros Templarios.

Ninguno de los dos entrevistados por Desinformémonos niega el terror que vive la población bajo los cárteles, ni que dentro de las autodefensas hay civiles que legítimamente toman las armas para defenderse o se “van con la finta”, como expresa el activista, pero ambos señalan que el proceso apunta hacia una planeada paramilitarización de la zona que sea funcional al gobierno federal.

“Vemos lo que está pasando con las autodefensas como un proceso de paramilitarización, con el apoyo de la federación y al parecer de uno de los cárteles. Están pertrechados por parte de militares que están supuestamente de civiles, y les mandan recursos de Jalisco”, alerta Negrete. Fazio resalta el hecho de que los líderes de las autodefensas han dicho que desde el comienzo de su organización tuvieron apoyo del ejército y de la Policía Federal y que desde el inicio salieron a patrullar juntos.

La explosión de violencia en el estado inició con la declaración de “guerra al narcotráfico” del entonces presidente Felipe Calderón (oriundo de la entidad) en 2006. En ese momento, recordó Fazio en entrevista anterior con esta revista, surgió el grupo conocido como La Familia Michoacana (hoy Los Caballeros Templarios), “que en su primera aparición pública dijo que no estaba contra el gobierno federal ni contra las instituciones armadas, como el ejército, que simplemente querían practicar la ley y la seguridad donde el Estado no alcanzaba a resguardar la seguridad de los ciudadanos, y que enfrentaría a expresiones foráneas –como los Zetas o el cartel de Sinaloa”.

Los enfrentamientos repuntaron en octubre de 2013, con la salida a la luz pública de diversos grupos de autodefensa, y tomaron una nueva fase en enero de 2014, con la toma de municipios bastión de Los Templarios por parte de estos mismos grupos, que anunciaron su intención de acabar con el cartel.

El líder más visible de las autodefensas, José Manuel Mireles, sufrió un accidente en una avioneta sin que hasta el momento haya sido aclarado lo que sucedió, y desde entonces permanece bajo resguardo del gobierno federal.  El ejército y la policía federal iniciaron un proceso de desarme de civiles y de algunas policías municipales, y de toma de control de pueblos. Este proceso está en fase de negociación con los grupos de autodefensa pero ya causó tres muertos. El gobierno anunció que la Policía Federal ya controla 20 ayuntamientos de la zona y detuvo a cerca de 40 personas.

El clima en esta zona, conocida como Tierra Caliente, es de miedo, informa Negrete: “La gente está asustada sobre todo por la presencia militar. Desde el 14 de enero hay un toque de queda no oficial. Desaparecieron las policías municipales de Apatzingán, Nueva Italia y Uruapan, entre otros municipios, y la Policía Federal asumió sus funciones”. El activista señala que llegaron a la zona cerca de 20 mil efectivos gubernamentales, entre policías federales, ejército y marinos. “Los soldados están cuidando las tiendas –Oxxos, Walmart, los bancos- y los rondines se los dejaron a la federal”.

Negrete señala que a pesar del anuncio del gobierno federal de que desarmará a los grupos de autodefensas, su información es que donde son oriundos no entregarán las armas. Además, señala, analizan la propuesta de convertirse en policías rurales al estilo porfirista –como auxiliares de la federación.

El colectivo Ángela Esperanza, que estudia temas como la violencia y la resistencia civil, define que la acción de “militarización de la seguridad pública”, implica la aparición no sólo de fuerzas combinadas  (Fuerzas Armadas militares regulares y cuerpos policíacos) y de fuerzas armadas del delito organizado, sino también la de grupos armados irregulares  (paramilitares y parapoliciales) y grupos de civiles armados para la autodefensa. “Este proceso de extensión cualitativa de la guerra es inocultable: a la fecha ya ha causado más de 150 mil muertos, 27 mil desaparecidos y decenas de miles de desplazados, en donde todas las clases sociales están involucradas”, escribió en 2013.

La (para)militarización y los distintos grupos

El analista Carlos Fazio anunció en 2013, en entrevista con Desinformémonos, un periodo de descomposición y reacomodo de los grupos armados en función de una estrategia del gobierno peñista: reconcentrar el negocio criminal y tomar posesión de territorios.

Dentro de este “laboratorio” del nuevo proyecto de seguridad peñista en que se convirtió Michoacán, enumera Fazio, se pueden distinguir a cuatro categorías de actores civiles armados: las policías comunitarias que se rigen por usos y costumbres indígenas, como Cherán –amparadas por la Constitución “y que son justo las regiones donde ahora no hay conflicto”. En segundo lugar, las autodefensas, que surgen en el momento en que entra a gobernar Peña Nieto, “y que se pueden singularizar en estos grupos que el doctor Mireles parece encabezar. Esos han tenido muy buen aprensa en el sentido de que son grupos civiles que están resistiendo a los Caballeros Templarios”.

Después se encuentran quienes participan en grupos criminales: en tercer lugar está el cártel de Los Caballeros Templarios, y en cuarto el de Jalisco Nueva Generación. Lo que es más difuso, puntualiza el experto en geopolítica, es “si a la vez están actuando grupos paramilitares que responden al ejército y a la policía, y que pueden aparecer como parte de alguna de estas autodefensas. También podrían estar actuando mercenarios, incluyendo extranjeros”.

Negrete afirma que sobre todo en los lugares de mayor presencia de Los Templarios, las autodefensas hacen una asamblea –“no llegan todos los del pueblo, pero la asumen como tal”- y es entonces cuando toman el pueblo. En el caso de Nueva Italia y Parácuaro, por ejemplo, los integrantes del grupo de autodefensa no son habitantes de esos lugares. Negrete reconoce también que el común de la gente ve a Mireles como un héroe que los está liberando. Las últimas noticias dan cuenta de una devolución de las tierras robadas por los Templarios a sus legítimos propietarios.

La hipótesis: los reacomodos y el negocio criminal

Carlos Fazio considera que el gobierno quiere descabezar a los Caballeros Templarios, “y puede ser que esté en alianza con el grupo Jalisco Nueva Generación. El ejército pudiera estar armando a civiles para combatir a alguno de los grupos de la economía criminal”.

La hipótesis principal del analista es todavía una incógnita sin despejar: si el gobierno en realidad lo que quiere es monopolizar en un solo grupo de la economía criminal todos los negocios que están tipificados en la ley como crimen organizado, y que lo que quiere es volver a los viejos tiempo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde desde la Secretaría de Gobernación y los cuarteles militares llegaban a acuerdos con los cárteles –en ese entonces, el de Guadalajara- e ir hacia una monopolización de estos negocios bajo un pacto con el gobierno.

El también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México  no descarta que en algunas zonas haya grupos legítimos de gente que está harta y se arma –pone como ejemplo a la zona purhépecha- no sólo contra los Templarios sino contra otros grupos criminales y contra las propias autoridades, “que en vez de garantizar el orden se dedican a extorsionar y a hostigar a la población. Es posible, sí, que haya un fenómeno de que parte de la población se arme y tenga un fin de defensa legítimo, como puede ser en algunas partes de Guerrero y Oaxaca, pero estamos en una pendiente resbalosa y hay que tener mucho cuidado”.

El colectivo Ángela Esperanza advierte: “Pareciera ser, pues, que la interpenetración del ‘orden legal’ con el ‘orden delictual’ es la forma en que se garantizaría la construcción de un monopolio del crimen organizado en tanto mercancía en proceso de construcción.  Esto podría explicar que para ello, el aparato del poder del Estado se caracterice por la protección que una parte del ‘dominio del orden legal estatal’ brinda a una parte del ‘dominio del orden delictual territorial’”.

Fazio admite que hay muchas dudas por resolver acerca de las autodefensas, pero lo que ve como definitivo es que “en México se está dando una guerra civil molecular, donde hay grupos armados que son llevados a enfrentarse unos contra otros pero como parte de una política de Estado. En el fondo, todo tiene que ver por una guerra por el territorio y los recursos estratégicos”.

El periodista y académico resalta que el gobierno “filtró” a varios medios que los Caballeros Templarios dominan varias partes de la economía del Estado, incluida la exportación de limón, aguacate y de hierro a China. “Lo que hablamos es que la economía criminal está entrelazada con los negocios, y me temo que haya grupos empresariales que tienen grupos armados y están coludidos con funcionarios del Estado. En el discurso oficial todo se centra en Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación y autodefensas, pero nunca nos hablan de los políticos, empresarios, banqueros y aduanales; es decir, toda la estructura económica y gubernamental que tiene que ver con la importación-exportación de distintos productos de la economía nacional por el puerto de Lázaro Cárdenas”.

Al igual que en Ciudad Juárez (2008-2009) y en Tamaulipas (2020-2012), “se puede estar generando una confrontación violenta entre civiles, coordinada por militares y policía, para desestabilizar, generar terror y llevar a una refuncionalización de los territorios, pero también de los habitantes que están ahí”.

En su análisis de 2013, el colectivo Ángela Esperanza advirtió que diversos sectores del régimen han ido transfiriendo tareas policíacas y militares a grupos de civiles, organizados con técnicas militares, quienes al estar armados, y construir intencionalmente elementos de fractura dentro de las comunidades, comienzan a instalar potenciales condiciones de otra forma más en que se expresa la guerra civil  que,  a su vez, hace “indispensable” la presencia de Fuerzas Armadas en el lugar, con el fin de evitar la confrontación construida desde el aparato de poder.

El cambio no solamente estará en quienes controlarán la economía criminal, sino también en quiénes van a controlar la tierra, la minería, la agroindustria, la exportación de limones y aguacates, y otros insumos que se generan en ese estado, finaliza el analista.

  • Escrito por miriam
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Apelarán resolución que beneficia a Ríos Montt

 

La Sala Primera de Apelaciones rechazó dos amparos que buscaban que se reiniciara el juicio en 2015.

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Historia, verdad, humildad

El ataque de la OTAN contra la Jamahiriya libia en 2011 confirmó lo poco que le importan a los medios occidentales,

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Colombia. Declaración final IV Asamblea del Coordinador Nacionl Agrario

 

Del 18 al 23 de Noviembre de 2013 en San Lorenzo, Nariño.

Rostros mestizos, indígenas, negros, de mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes con  sentimientos de lucha, resistencia y organización, sueños de dignidad y libertad, llegados de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle, al hermoso pueblo de San Lorenzo, Nariño; lugar de luchas campesinas circundado por picos de montaña, albergue de los espíritus de la madre tierra, espíritus de líderes, guerreros ancestrales que iluminan nuestros procesos organizativos, pueblo que nos acoge de puertas abiertas, abrigándonos con fraternidad, hospitalidad, cariño y toda la disposición para el desarrollo de esta IV ASAMBLEA NACIONAL DEL COORDINADOR NACIONAL AGRARIO de Colombia CNA.

Un momento especial en Colombia caracterizado  por la crisis social que afecta profundamente al pueblo trabajador, indígena, negro,  campesino y  popular, marca la llegada a esta cuarta asamblea del CNA. Este escenario fue precedido de luchas y movilizaciones en todo el territorio nacional, donde los campesinos y campesinas le hablamos al país y le planteamos políticas y alternativas de cambio, insumos vitales que alimentaron y enriquecieron este trabajo asambleario que estamos cerrando.

Destacamos la presencia y el acompañamiento de las organizaciones de pueblos hermanos, a los internacionalistas que se sumaron a nuestro esfuerzo, a los medios de comunicación que nos acompañaron para contarle a Colombia y al mundo sobre nuestras deliberaciones y decisiones, a la administración municipal de San Lorenzo y a la administración del departamento de Nariño por su apoyo y su hospitalidad.

Celebrando los momentos de integración y encuentro cultural, el intercambio de saberes y hermanamiento entre pueblos, comunidades e  integrantes de nuestro CNA y los habitantes del hermoso y digno municipio de San Lorenzo.  

 En asamblea del CNA todas y todos los delegados de procesos y regiones del país definimos:

Constituirnos en  una organización nacional con reconocimiento jurídico que articule y cohesione todos los procesos organizativos de base y regionales que hacen organicidad en el CNA; respetando las autonomías y dinámicas propias de las organizaciones regionales.

Consolidar la propuesta sobre política de tierras y territorios que desde el CNA se viene diseñando y que será la ruta de lucha por la reforma agraria, la defensa del territorio y la permanencia en él.

Reafirmar el compromiso en la lucha contra la megamineria, los megaproyectos y todo tipo de planes de extranjerización y concentración de la tierra.

Insistir y resistir en nuestros territorios,  pelear por la protección de nuestra madre tierra, nuestras semillas, cultura e identidad.

Consolidar y dinamizar los ejes de  economía propia y soberanía alimentaria, mujeres, la articulación e integración internacional,  la formación campesina y popular,  la movilización con ejercicio pleno de exigibilidad y defensa del campesinado, pueblos indígenas y afrocolombianos.

Culminamos nuestra IV ASAMBLEA NACIONAL con el firme propósito de impulsar la unidad y la movilización. Nuestra asamblea decide avanzar hacia una gran movilización nacional desde los sectores agrarios y populares para luchar por el reconocimiento político del campesinado, la exigibilidad de nuestros derechos básicos, las garantías para la producción, la organización y la movilización social, la defensa del territorio campesino, indígena y afro, y la unidad del movimiento popular colombiano.
 


Por la defensa y recuperación del campo colombiano, vida digna y soberanía popular
Somos la fuerza del campo
Somos CNA

 

  • Escrito por miriam
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Libertad para Alberto Patishtán

“Estoy libre desde el primer día”: Patishtán


El presidente Enrique Peña Nieto anunció su decisión de indultar este jueves a Alberto Patishtán Gómez, una vez que entren en vigor las reformas al Código Penal Federal aprobadas por el Poder Legislativo.

Este miércoles se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al código, avaladas por el Senado el pasado 23 y ratificadas por la Cámara de Diputados.

En su cuenta de Twitter, el mandatario publicó el martes dos mensajes para dar a conocer estas medidas: “El día de mañana publicaré en el @DOF SEGOB las Reformas al Código Penal Federal en materia de indulto aprobadas hoy por el Congreso’’.

En el segundo, informa: este mismo jueves, la reforma entrará en vigor e indultaré a Alberto Patishtán Gómez. Estos mensajes se difundieron luego de una reunión de varias horas del presidente Peña Nieto con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al mismo tiempo, el Comité por la Liberación de Patishtán externó su confianza en que hoy mismo quede en libertad y consideró la medida como un avance, si bien aún falta mucho para reparar el daño.
Neftalí Granados, integrante de la agrupación, señaló: hay que dejar claro que es la voz de la sociedad la que ha insistido en la inocencia de Patishtán. El Estado cometió un error al sentenciarlo violando sus derechos humanos.

Los cambios aprobados en el Código Penal Federal consisten en otorgar al Presidente la facultad de indultar a los sentenciados cuyos derechos hayan sido violados durante su proceso judicial, siempre y cuando no representen un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas.

El pasado 2 de octubre, varios senadores propusieron las modificaciones al ordenamiento para que el presidente de la República, por iniciativa propia, por petición de las cámaras del Congreso o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conceda el indulto por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal cuando existan indicios consistentes de que el sentenciado no tuvo acceso a una defensa adecuada, se constaten violaciones graves al debido proceso o existan elementos suficientes que acrediten la inocencia de la persona acusada.

De inmediato se ubicó bajo este supuesto, y como seguro beneficiario de la medida, a Patishtán Gómez, considerado preso político en virtud de las numerosas irregularidades que hubo durante su proceso judicial y, sobre todo, porque durante los 13 años de su reclusión su inocencia ha sido ampliamente documentada tanto por su defensa como por innumerables organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

Sin embargo, las diversas instancias del Poder Judicial de la Federación desestimaron todas las pruebas y se negaron a revertir la decisión original del juez.

El profesor tzotzil está sentenciado a 60 años de prisión acusado de participar en el asesinato de siete policías, en un hecho ocurrido el 12 de junio del 2000 en el tramo carretero Simojovel-El Bosque, cerca de la comunidad Las Limas, en Chiapas.

Entre las irregularidades del proceso judicial está el hecho de que nunca se investigó la influencia indebida que tuvo en las indagatorias del Ministerio Público el presidente municipal de El Bosque, cuyo hijo fue uno de los dos sobrevivientes al ataque de junio de 2000, y quien al parecer habría identificado como participante en los hechos a Alberto Patishtán.

Asimismo, fueron rechazados testimonios que indicaban que el luchador social se encontraba en otro sitio en el momento del crimen, la existencia de elementos contradictorios en las acusaciones en su contra y la ausencia de una investigación imparcial para esclarecer si las imputaciones eran verdaderas.

Con 442 votos, la Cámara de Diputados ratifica modificaciones que aprobó el Senado

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el martes por unanimidad, con 442 votos, una reforma al Código Penal Federal e incluyó un artículo 97 bis para que, a petición de una de las dos cámaras del Congreso o por decisión propia, el presidente de la República pueda conceder el indulto a una persona cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos del sentenciado, medida que, destacaron los legisladores, busca beneficiar de manera directa al profesor Alberto Patishtán Gómez.

Durante las participación de los partidos en el debate, diputados de PRD, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron que la reforma era innecesaria, porque el Ejecutivo cuenta, en el artículo 89 de la Constitución, con la atribución de conceder indultos a reos sentenciados por delitos del fuero federal y del fuero común en el Distrito Federal.

En tanto, legisladores de otras bancadas argumentaron que la adición no sólo recoge la preocupación de la sociedad civil por la falta de equidad del proceso penal contra Patishtán Gómez, sino que busca corregir la ausencia de equidad que prevalece en el Poder Judicial.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro, del PRD, refirió que más de 8 mil indígenas están presos porque se violentó su derecho al debido proceso, sólo por carecer de intérprete o traductor.

De esos 8 mil hay casos paradigmáticos por evidentes violaciones al debido proceso, y desafortunadamente se trata de un práctica sistemática en el Estado mexicano, indicó.

El panista Jesús Aquino Calvo sostuvo que la reforma constituye la oportunidad de hacer justicia a una persona que ha mostrado su inocencia ante toda autoridad.

Ricardo Monreal, coordinador de MC, señaló que si bien no es la mejor forma para lograr la liberación de Patishtán Gómez, porque el Ejecutivo tiene la atribución constitucional para concederle el indulto, sí se corrige una injusticia.

Exige el PRD declarlo inocente

Los diputados José Francisco Coronato, de MC, así como Catarino Duarte y Rosendo Medina, del PRD, manifestaron sus dudas sobre la legalidad de la reforma.

Coronato afirmó que él votó en favor del dictamen por humanidad, pero es una aberración jurídica. Lo que procede es reclamar la inocencia de Patishtán.

Antes, en la discusión previa de la Comisión de Justicia, el también perredista Fernando Zárate aseguró que los senadores se equivocaron con la reforma y afirmó que en la forma de agarrar el taco se conoce al que es tragón.

En la sesión plenaria, el diputado Roberto López, del PRD, planteó que para beneficiar a otros indígenas presos es preferible impulsar una ley de amnistía, pero por lo pronto es urgente las liberación de Patisthán, injustamente preso por muchos años sólo porque la justicia no ha llegado a Chiapas.

En tribuna, Fernando Bribiesca Sahagún, del Panal, resaltó que las irregularidades han sido documentadas y cuestionó: ¿Cómo es posible probar que una sola persona, el profesor Alberto Patishtán, haya sido culpado del homicidio de siete policías fuertemente armados y con entrenamiento táctico?

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