24Abril2017

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Nutella y el río La Pasión, en el Petén.

 Si no hay nada más rico que la Nutella, no hay nada más raro que un país serio como Francia le declare la guerra.

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  • Escrito por CSIZ
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En defensa de la Revolucion bolivariana y chavista

   

Claro, siempre estarán los enemigos del país, afuera y adentro, tratando de minar la moral nacional, pero aquí le estamos demostrando quiénes somos nosotros. Como dijo Bolívar una vez: “soy el hombre de las dificultades”. Nosotros somos sus hijos, somos el pueblo de las dificultades, mientras más difícil nos las pongan, más grande seremos. (Comandante eterno Hugo Chávez)

Katu Arkonada
Rebelión

El 12 de febrero de 2014 se ponía en marcha la llamada por la oposición venezolana “Operación Salida”, que consistía en un plan de desestabilización del Gobierno para forzar la renuncia del Presidente Maduro en 120 días. Esta operación tuvo su expresión más violenta en las guarimbas, que dejaron decenas de muertos y centenares de heridos durante los meses que se siguieron. Un año después, a casi 2 años de la muerte del Comandante Chávez, en un 2015 con elecciones parlamentarias en Venezuela y tras haberse conocido el diseño de una “Operación Salida 2”, es momento de hacer un balance de la revolución bolivariana desde una perspectiva histórica y en su coyuntura actual, la etapa del chavismo sin Chávez.

Venezuela, los continuos saltos adelante

Porque Chávez no era solo Chávez. El Comandante era la plasmación y cristalización de todo un pueblo. Decenas de luchas sedimentadas en un militar nacionalista del mismo color que los sectores populares venezolanos. Chávez se nos murió antes de tiempo, sin duda, pero quizás tenía que ser así de tanto que se adelantó a su tiempo, él y el heroico pueblo venezolano.

El alzamiento zapatista de 1994 suele marcar el inicio de la lucha contra la globalización capitalista, pero ya en 1989 se producía el Caracazo como primera respuesta de las clases populares venezolanas, de los más desfavorecidos, contra la imposición del neoliberalismo. Al igual cuando hablamos de las insurrecciones que posibilitaron un nuevo ciclo posneoliberal en América Latina solemos pensar en los levantamientos indígenas en Ecuador o la Guerra del Agua (2000) y del Gas (2003) en Bolivia, pero ya el 4 de febrero de 1992 se producía en Venezuela un levantamiento cívico-militar que nos dejaba el famoso “Por ahora…” del Teniente-Coronel del ejército Hugo Rafael Chávez Frías. El por ahora se transformó en un ahora que barría el fin de la historia y ponía en marcha en 1999 el primer Gobierno nacional-popular del cambio de época latinoamericano, mucho antes de que en 2003 llegaran al Gobierno Lula y Néstor Kirchner. Venezuela continuaba adelantándose al tiempo histórico y sufría en 2002 el primer golpe de estado del siglo XXI, mucho antes de los intentados en Bolivia (2008) y Ecuador (2010), además de los consumados en Haití (2004), Honduras (2009) y Paraguay (2012). Asimismo y bajo la conducción de Chávez junto al otro gran arquitecto de la integración latinoamericana llamado Fidel Castro, se funda el ALBA en 2004 también mucho antes que nacieran otros instrumentos como Unasur (2008) o CELAC (2011). De nuevo Chávez en 2005 se adelanta a la historia y antes incluso que ganaran las elecciones por primera vez Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en Ecuador, define como Socialismo del Siglo XXI el proyecto político de la revolución bolivariana, adquiriendo lo nacional-popular un horizonte socialista. El 5 de marzo de 2013, y tras haber realizado un último servicio a su patria, dando la vida en una campaña electoral que ganó ya gravemente enfermo, Chávez se nos va y a la vez se nos queda para siempre.

El chavismo sin Chávez

Pero Chávez no solo se adelantó a la historia, sino que nos legó el chavismo como identidad colectiva de todo un pueblo, identidad que sintetiza una gramática constituyente que refundó un Estado y cristalizó en una nueva cartografía de la emancipación. Esta identidad política sobre todo, pero también económica1, es una resignificación de la herencia bolivariana con raíces profundas en Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez, que se construye sobre la base de la incorporación de los sectores populares al Estado haciendo coincidir, por primera vez en la historia venezolana, los intereses de una nación, hasta ahora al servicio de las elites políticas y económicas, con los de todo un pueblo.

Cuando Chávez jura sobre la moribunda Constitución venezolana y abre paso a un proceso constituyente, inaugura el cambio de época en América Latina. Del Consenso de Washington se pasa a un consenso posneoliberal que, a diferentes ritmos e intensidades, transforma Nuestra América. El nuevo Estado venezolano otorgó derechos sociales, económicos y culturales a quien nunca tuvo derechos. Pero como la gente no come ideología, lo hizo además mejorando sus condiciones materiales de vida. Hoy en día la inversión social en Venezuela se ha duplicado desde 1999 y supera el 60% del PIB. Esta redistribución de la riqueza implica que del 49% de la población que vivía en la pobreza en 1999 se ha pasado al 19% en 2013, a la vez que se reducía la pobreza extrema del 21% al 5’5%. Ya en 2005 la UNESCO declaraba a Venezuela territorio libre de analfabetismo y hoy la tasa neta de escolaridad primaria ha subido del 86% al 93%, al mismo tiempo que se ha incrementado en más del 100% los centros de salud, que han pasado de 5.360 en 1998 a 13.731. También durante el chavismo el índice de desnutrición ha pasado, según la FAO de Naciones Unidas, del 13’5% a menos del 5%, y la Gran Misión Vivienda ha entregado, solo desde 2011, más de 600.000 viviendas a los sectores más necesitados. En Venezuela hoy se puede envejecer con dignidad pues durante el neoliberalismo los pensionados no llegaban a 300.000 personas y hoy superan los 2’5 millones de venezolanos y venezolanas. Se calcula en unos 650 mil millones de dólares la inversión social entre 1999 y 2013, lo que ha permitido a Venezuela escalar del 0.662 al 0.748 en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD de Naciones Unidas.

Todos estos avances se han hecho además ampliando los márgenes de la soberanía popular y la democracia, no solo la representativa sino la participativa; y delineando una nueva geopolítica bolivariana que se sustenta sobre la integración latinoamericana y las relaciones Sur-Sur como forma de reforzar la transición a ese mundo multicéntrico y pluripolar que deje atrás los esquemas imperiales y coloniales del capitalismo.

Pero además de todo lo anterior construido durante una revolución, que como todas las revoluciones sufre avances y retrocesos y es hija de las tensiones creativas a las que constantemente empujaba el Comandante, Chávez nos dejó una brújula para pensar el proceso venezolano y el mundo actual hoy, el Plan de la Patria2. Un plan que desde la defensa de la Independencia Nacional propone seguir construyendo el socialismo bolivariano del Siglo XXI como alternativa al modelo salvaje del capitalismo, convirtiendo a Venezuela en una potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe; todo ello dentro de la nueva geopolítica internacional y contribuyendo a defender a la humanidad y la naturaleza de la agresión capitalista.

Guerra económica

Pero toda revolución se constituye como tal enfrentando a su vez una contrarrevolución, que hoy en Venezuela adopta la forma de guerra económica y mediática.

Venezuela afronta hoy el desafío de enfrentar la guerra económica organizada por una burguesía parasitaria que se quiere apropiar de la renta petrolera, por unas elites económicas que especulan sin invertir en desarrollo productivo. Todo ello ejecutado con la complicidad, cuando no ayuda directa, de Estados Unidos y sus aliados en la región.

La burguesía venezolana demanda dólares a una tasa preferencial del Estado venezolano para importar productos que después vende en hasta 10 veces su valor, cuando no acapara para inflar artificialmente las necesidades de la población o desvía a Colombia vía contrabando. Por si todo lo anterior no fuese suficiente, la Presidenta del Banco Central de Venezuela Edmée Betancourt calculó en 20.000 millones los dólares a tasa preferencial obtenidos en 2012 por “empresas de maletín” (fantasmas), cálculo que el Presidente Maduro eleva a 60.000 millones a lo largo de los últimos años. Una parte de esos mismos dólares fueron vendidos más tarde en el mercado negro, multiplicando varias veces la ganancia en un ejercicio especulativo de manual.

Ante este escenario, es urgente un nuevo sistema cambiario acompañado de una política monetaria y de precios que necesariamente debe ir de la mano de una reforma fiscal para que paguen más los que más tienen, a la vez que se tomen medidas contrainflacionarias. Es normal la cautela del Gobierno para unificar bandas cambiarias pues los especuladores siempre indexarán la brecha cambiaria, pero el recién creado Sistema Marginal de Divisas (Simadi) parece un paso en la dirección correcta.

También hay que confiar en la madurez del pueblo venezolano y entrar de una vez por todas a un debate sobre la subvención de la gasolina. Venezuela pierde cada año aproximadamente 12.500 millones de dólares por el subsidio, vendiendo a 0’07 bolívares el litro que le cuesta producir a PDVSA 2’7 bs. Este debate a su vez tiene que enmarcarse en uno más amplio sobre el modelo de desarrollo y el cambio de matriz productiva. Es obvio que mientras sea más barato importar que producir cualquier alimento o producto manufacturado, no se va a salir de la lógica extractivista. Pero a la vez este debate no puede caer en falsos maniqueísmos posmodernos que desechan el análisis del sistema-mundo y del imperialismo. Si hoy hay guerra económica en Venezuela es porque el imperialismo acecha sus reservas de petróleo, las más grandes del mundo, con en torno al 20% del crudo petrolero que existe en todo el mundo.

A esta guerra económica se le suma una campaña de contrainsurgencia mediática que busca deslegitimar los logros de la revolución bolivariana mediante la manipulación y la mentira. Todo el 2014 pudimos asistir a un vergonzoso espectáculo de manipulación por parte de las grandes corporaciones mediáticas que comenzó en esta última fase con las guarimbas, y en este 2015 la periodista estadounidense Eva Golinger ha hecho una brillante cronología de esta campaña de terrorismo mediático en su “Golpe en tiempo real”3.

Maduro como catalizador del chavismo sin Chávez

El principal perjudicado de esta campaña de guerra económica y mediática ha sido el pueblo venezolano sin ninguna duda, pero punto de mira ha tenido como primer objetivo Nicolás Maduro. A ningún hijo se le puede pedir que sea exactamente como su padre, pero es claro que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela es un digno heredero y continuador del legado del Comandante. Ante una nueva derecha que combina golpe duro con golpe blando, Maduro ha encarnado perfectamente la figura gramsciana del puño de hierro en guante de seda, ejerciendo poder ante la guerra de posiciones, de asedio continuado, a la que es sometido por la oposición fascista venezolana. Oposición que hoy en día está desarticulada y fragmentada pero seguro seguirá combinando estrategias golpistas con el intento, legítimo, de derrotar al chavismo en las elecciones parlamentarias de finales de año.

Maduro tiene una cualidad fundamental, que es la humildad de quien la historia ha colocado en un lugar que no había buscado, y la capacidad por tanto de aceptar la crítica. Siguiendo las palabras de Chávez pronunciadas el 12 de enero de 2012, “La verdadera política requiere veracidad. ¿De qué lado está la verdad, aunque no nos guste?”, el Presidente Maduro dio un paso adelante en agosto pasado y durante la entrega del Premio Libertador de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, nos pidió crítica y autocrítica a la vez que se mostró duro con todos los rasgos del Estado burgués aun presentes en Venezuela como la corrupción, burocracia e ineficiencia, probablemente los principales problemas que tiene que enfrentar la revolución bolivariana en estos momentos.

Pero construir una nueva cultura de izquierda basada en una ética de la honestidad no es fácil y exige de la intervención directa de los militantes chavistas así como de una gran sensibilidad oficial para facilitar las denuncias, en palabras de Claudio Katz4. Hay espejos cercanos en los que mirarse, como Bolivia, donde existe, el primero de América Latina, un Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.

Desafíos 2015-2019

Si bien la lucha contra la ineficiencia y la corrupción es un desafío inmediato y estructural, hay mucho camino por recorrer pero queda claro que hay chavismo sin Chávez. Un chavismo como proyecto político emancipador, de pueblos y de personas, que tiene como reto y horizonte la transición al socialismo.

Ni las comunas por si solas, a pesar de ser un hito de participación popular, construyen un Estado post capitalista, ni tampoco las empresas estatales por si solas son socialistas, pero tanto la estatización de las empresas como las comunas son hilillos de socialismo, pasitos en esa larga marcha llamada transición. La forma del socialismo en Venezuela dependerá también, como dice Michael Lebowitz5, de la lucha de clases, no sólo con la burguesía, sino también al interior del mismo chavismo, algo similar a lo que expresa el Ministro de Cultura (ex Ministro de Comunas) Reinaldo Iturriza cuando afirma6 que debemos “Identificar, por ejemplo, cuándo y cómo permitimos que una ‘nueva clase’ creciera al amparo de la revolución, y cuándo y cómo ella misma terminó siendo un obstáculo para liberarnos de las amarras de la economía rentista.”

Chávez constantemente citaba al húngaro István Mészáros, Premio Libertador de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, y su concepto de “sistema del capital postcapitalista”, es decir, sistemas/sociedades/países que a pesar de tener rasgos postcapitalistas (como la URSS), no consiguieron romper con el “sistema de metabolismo social del capital”, la triada conformada por las dimensiones capital, trabajo y Estado, un metabolismo incontrolable y destructivo. Son claros los rasgos postcapitalistas, no solo postneoliberales, sino también socialistas, en Venezuela, a la vez que se convive con el viejo Estado burgués que no ha sido demolido del todo y con modos de producción capitalistas dentro de un sistema mundo capitalista. En la medida en que se vaya modificando y sustituyendo ese metabolismo social del capital es que podremos hablar de un otro modelo, que en Venezuela adopta la forma de socialismo bolivariano del Siglo XXI.

Socialismo bolivariano que debe ser reforzado mucho más allá del Gobierno y del Estado, y en ese ámbito tanto el PSUV como el Gran Polo Patriótico, que pronto celebrará su Congreso, son herramientas fundamentales para ello como parte de la construcción de un liderazgo colectivo que arrope la figura de Maduro durante los próximos años. Lo colectivo acompañado siempre de la formación política de cuadros y bases, porque como escribe Luis Britto7, revolución sin ideología es piñata ante la cual la gente se arrodilla hasta que se acaban los caramelos.

Con estas tensiones y los desafíos planteados, solo queda seguir avanzando, como Chávez y como Lenin antes, combinando pragmatismo cuando sea necesario con la voluntad honesta de seguir profundizando y radicalizando el proceso, a veces limando y suavizando las contradicciones, a veces agudizándolas.

Venezuela ahora mismo es un dique de contención ante las agresiones del imperialismo que salvaguarda a otros procesos en la región, por lo que es tarea de todos y de todas defender la revolución bolivariana. La unidad, unidad y más unidad que reclamaba el Comandante Chávez pasa por la defensa irrestricta del pueblo y el Gobierno venezolano, que recordemos ha construido una revolución pacífica pero no desarmada. Frente a la propaganda armada del imperialismo y sus lacayos locales, construyamos una trinchera de solidaridad repleta de ideas bolivarianas y chavistas, antiimperialistas y socialistas.

* En recuerdo y homenaje a las víctimas de las guarimbas

1 Alfredo Serrano: El Pensamiento Económico de Hugo Chávezhttp://www.telesurtv.net/bloggers/El-Pensamiento-Economico-de-Hugo-Chavez-20141201-0001.html

2 http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/#.VNl2OfmG9Ss

3 http://actualidad.rt.com/opinion/eva_golinger/165149-venezuela-golpe-tiempo-real

4 ¿Brotará socialismo del chavismo? http://www.rebelion.org/noticia.php?id=167072

5 http://www.jornada.unam.mx/2012/12/14/opinion/016a1pol

6 https://elotrosaberypoder.wordpress.com/2015/01/20/guerra-economica-novedades-en-el-frente/

7 http://luisbrittogarcia.blogspot.mx/2013/04/que-paso-en-las-elecciones-venezolanas.html

  • Escrito por CSIZ
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“El Estado Mexicano aplica técnicas de terrorismo de estado, como tortura y ejecuciones extrajudiciales”

Enric Llopis
Rebelión

A pesar que el gobierno de Peña Nieto (PRI) se presenta como un ejecutivo “democrático” y “reformista”, el asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa no es más que un síntoma de la realidad estructural del país desde hace décadas. “Hay una relación muy profunda entre instituciones políticas y estructuras del crimen organizado”, afirma Ana Elena Barrios, activista social en el estado de Chiapas. Por debajo de la fachada modernizadora, añade, “el estado mexicano aplica técnicas de terrorismo de estado, como las detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales”. Ana Elena Barrios trabaja en la ONG “Enlace, Comunicación y Capacitación” con organizaciones sociales de Chiapas, y ha participado en un acto público organizado por CEDSALA en Valencia.

-La matanza de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero) el pasado mes de septiembre ha conmovido al país y suscitado movilizaciones populares de gran potencial. ¿Qué hay en el trasfondo de estos asesinatos?

Es un momento muy doloroso. Vivimos el estallido de un cúmulo histórico de situaciones de corrupción y violencia política que están ahora saliendo a la luz pública e internacional y se nos presentan de manera crítica. Lo que sucede es que se cayó el teatro, la pantalla con la que el gobierno presenta a México al resto de países del mundo, como un país democrático y en paz. Ahora vemos el rostro de la violencia institucional en México, su rostro más terrible. Pero la violencia en el país no es un fenómeno nuevo. Viene de hace muchas décadas, desde que el PRI, que estuvo 70 años en el poder, instauró el compadrazgo, la corrupción y la violencia como forma de hacer política.

-¿En qué consisten estos antecedentes de violencia política?

Lo cierto es que el PRI logró construir un cierto “orden” (sin respeto por los derechos humanos, por supuesto) y pactó con ciertos cárteles, de manera que los grandes negocios (sobre todo tráfico de drogas y trata de personas, aunque también tráfico de armas) estaban más o menos bien repartidos y el camino allanado para que se hicieran negocios multimillonarios en Estados Unidos. Los cárteles tenían el control territorial y capacidad de negociación con el gobierno, pero además financiaban las campañas electorales, sobre todo a nivel municipal. En 70 años se construyó una extensa red de relaciones de corrupción y redes clientelares hacia el conjunto de la población y ciertos grupos de distintos sectores.

-¿Representa algún cambio en la situación de violencia “estructural” la llegad del Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República?

En 2000, por primera vez el PAN accede al poder con Vicente Fox, después en el 2006, tras un fraude electoral toma la presidencia Felipe Calderón, también del PAN, quien tomó como uno de sus ejes de gobierno declarar la guerra abierta al narcotráfico, lo que es una idea absurda porque el narcotráfico se encuentra arraigado en las propias instituciones y estructuras estatales. Se militariza entonces el país y se llena de policías con el apoyo de Estados Unidos, pues el proceso se refuerza con el Plan Mérida y una inversión enorme en seguridad nacional. El sexenio de Calderón (2006-2012) termina con un número de muertos que oscila entre 60.000 y 70.000, y unos 26.000 desaparecidos, (la estimación exacta es difícil). Un baño de sangre en donde la más afectada fue la población, no así ninguna de las mafias del poder. Del crimen organizado se asesinó a los “narquitos”, a los últimos en la cadena del narcotráfico que es, además, la capa más fácilmente alcanzable (“halconcitos”, espías, gente que menudea con droga…). A veces se captura a algún “pez gordo”, pero esto no desestructura ninguna red, que permanece inalterable porque en seguida se encuentra un sustituto.

Tampoco se desmantela el sistema de lavado de dinero, con lo cual sigue intacta la fuente económica que lo sustenta y hace ensamblar en las estructuras económicas. En esta época “panista”, los pactos ancestrales que había entre los cárteles y el PRI se alteran, lo cual crea espacios de poder; se genera entonces una batalla terrible por la disputa y el control de los territorios, que significa también control y apropiación de los negocios. Al tiempo que se rompen también los pactos entre carteles, que cuentan con brazos armados, y que al independizarse para controlar los territorios no asignados se vuelven mucho más sanguinarios. La estrategia de militarización logra un mayor control de la población a través del amedrentamiento y del ataque directo a cierto grupos, entre los que destacan los movimientos sociales y también las y los jóvenes. Un caso emblemático de esto fue en marzo de 2011, que se dio la masacre de siete jóvenes en el estado de Morelos, entre los que se encontraba el hijo del poeta Javier Sicilia. Este terrible suceso salió a la luz internacional como una venta a lo que sucedía en el país, de la misma manera que ahora este caso de los jóvenes normalistas.

-Peña Nieto empieza a gobernar en 2012, ¿Se ha modificado en algo la situación respecto a los periodos anteriores? ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación?

La situación de violencia no ha mejorado respecto al sexenio de Calderón, incluso ha incrementado, lo que sucede es que en general se conoce menos lo que ocurre. Peña Nieto entró intentando un “lavado de imagen” y afirmando que el PRI sí era capaz de controlar al “narco” y “garantizar seguridad”. La estrategia ha sido básicamente a través de la manipulación informativa, que se lleva a cabo por varias vías. Una es el pacto con el monopolio comunicativo del México (Televisa-TV Azteca), en un país en el que el 90% de la población se informa a través de la televisión. Otra vía es la cooptación de los medios de comunicación locales a través del pago directo (es tan descarado que incluso están en la nómina de los gobiernos estatales y municipales); los medios de comunicación que no acceden son atacados. No por nada México se encuentra en los primeros lugares de agresiones a periodistas. Un informe de unos meses atrás, elaborado por la organización civil Artículo 19, reveló que con el gobierno de Peña Nieto han aumentado un 59% las agresiones a comunicadores y solamente en 2013 se contabilizaron 330 agresiones contra periodistas, de las cuales el 60% fueron cometidos por la autoridad.

-¿Cómo se explica, entonces, la gran repercusión que ha tenido el asesinato de los 43 estudiantes en Iguala?

Lo que ahora ha hecho la diferencia para que se hiciera público de esta forma lo que ocurrió en Iguala, es el papel de informar e informarse de la propia ciudadanía a través de las redes sociales y medios libres. Pero detrás de esta estrategia de control comunicativo, la realidad de violencia institucionalizada sigue ahí, contra la población en general so pretexto de garantizar la seguridad y devolver la tranquilidad al país. Esta violencia política y de manera específica contra ciertos grupos, como lo son las y los jóvenes que se organizan y participan en movimientos sociales. La criminalización de la protesta social ha sido otra de las grandes tendencias que padecimos en la época calderonista y ahora en el gobierno de Peña Nieto se agudiza de manera alarmante. Esta criminalización se lleva a cabo por diversas vías. Una de ellas es la legal, se han aprobado recientemente legislaciones en algunos estados de México que dan mayor espacio de discrecionalidad a cuerpos policiacos para intervenir en manifestaciones, y obliga a la ciudadanía a restringir las formas de expresión y manifestación.

Paralelamente se han practicado, especialmente en lo que va del gobierno de Peña Nieto, una serie de detenciones a personas que protestan. Un hecho significativo de esto es que el mismo día de la toma de poder de Peña Nieto, el 1º de diciembre de 2012, hubo una serie de detenciones arbitrarias contra manifestantes. Este tipo de acciones se han repetido en varias ocasiones; también recientemente en las manifestaciones por Ayotzinapa se ha detenido de una manera brutal y absurda a personas que se manifestaban e incluso contra personas que ni siquiera se manifestaban, sólo iban pasando por ahí. El colmo es constatar que se les han imputado todo tipo de cargos, incluido por terrorismo y se les han enviado a prisiones de alta seguridad, por supuesto violando todo proceso. Otra de las grandes estrategias para lograr esta criminalización es nuevamente la estrategia mediática. Ahí ha sido grotesca la forma de manipular el discurso ante cualquier expresión de protesta, presentándolos como vándalos, flojos, alteradores del orden público,… y todos los adjetivos de ese tono que uno se pueda imaginar.

- ¿Qué representan realmente los crímenes de Ayotzinapa? Si la violencia es un elemento “estructural” en México, ¿por qué en esta ocasión se ha desencadenado una gran protesta?

Por el hartazgo popular acumulado. El “basta ya” de la gente. El aglutinamiento de las diversas luchas sociales en torno a una situación de esta dimensión. Cuando el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam respondió a las preguntas de los periodistas “ya me cansé”, colmó la paciencia de la gente. La población fue la que dijo ahora “ya me cansé”. La respuesta del gobierno a la masacre de los 42 estudiantes ha sido ofensiva y meramente discursiva. En una de sus declaraciones, Peña Nieto se atreve a decir: “Todos somos Ayotzinapa”. Es indignante. Hace aparecer la masacre como una situación ajena al Estado, como si el gobierno fuera víctima. Y si hay autoridades responsables, viene a decir, son solamente algunos a nivel local, en este caso el alcalde de Iguala y su esposa. Pero la realidad es que nos encontramos ante un crimen de Estado, que toca la entraña de cómo se ejerce el poder en México.

La respuesta gubernamental únicamente se explica para amainar la acción internacional, que tiene los ojos puestos en México. La gente también está abriendo los ojos sobre Televisa y los grandes medios de comunicación. Frente a este paisaje ha habido una gran diversidad de respuestas de movilización de parte de diversos sectores. Resulta esperanzador constatar la capacidad de movilización que actualmente existe en México. Entre otras iniciativas, un grupo de actores sociales con una fuerte trayectoria de lucha social que promueven el 5 de febrero (día de la Constitución mexicana) un primer encuentro para impulsar un proceso constituyente ciudadano. Porque el hartazgo de la ciudadanía es no sólo contra Peña Nieto y su gabinete, es también contra los partidos políticos y la clase política; es un hartazgo del pan con lo mismo que al final deja a la ciudadanía como víctima de sus políticas que despojan y atacan a la población.

-Sin embargo, el ejecutivo de Peña Nieto se presenta como un gobierno “reformista”…. ¿Cuáles son las principales “reformas”, su contenido y alcance?

El gobierno de Peña Nieto inició con el “Pacto por México” como estrategia para aparentar capacidad de concertación y consenso. Fue una de las primeras acciones ejercidas que planteaba algunos puntos básicos a lograr en torno a los grandes temas del país. Aunque muchos de estos temas estaban ya previamente pactados con los poderes económicos. En este pacto ya se planteaban las reformas como necesarias, sin destapar aún los contenidos explícitos, pero sentando el camino para tratar de garantizar después el apoyo de los partidos políticos. Estas reformas profundizan el modelo neoliberal, que continúa la privatización del Estado y terminan de desmantelar lo (poco e insuficiente) que en décadas se había logrado construir para colocar al Estado como responsable de los derechos sociales de la población.

Es un paquete de reformas, que han sido presentadas como “modernizadoras”, argumentando siempre la inoperatividad del modelo anterior y que restan autonomía al Estado con respecto al sector privado. Se trata de las reformas fiscal, educativa, energética y de telecomunicaciones. De todas éstas, la reforma energética es la que tendrá impactos más fuertes a mediano y largo plazo en el encarecimiento de las condiciones de vida de la población, al tiempo que favorece la concentración de la riqueza obtenida del petróleo mexicano, a manos de empresas transnacionales.

-¿Qué supondrá, en concreto, la privatización del sector energético?

Hasta ahora las ganancias que generan petróleo constituyen la principal fuente de PIB para el país y en su mayoría han sido destinados al erario público (recordemos que en 1938 Lázaro Cárdenas había llevado a cabo la expropiación petrolífera), con la reforma energética la renta petrolera será compartida con el sector privado internacional. Paralelamente, esta reforma establece la actividad energética como prioridad nacional, por lo cual es superior a cualquier otro interés, actividad regida por legislaciones municipales y estatales. Esto significa la disponibilidad total del territorio en manos de la industria extractiva, que implica el despojo de los pueblos y la depredación de los recursos estratégicos del país. Ahora mismo, se está preparando la última de las reformas, la más peligrosa para el pueblo mexicano, la llamada reforma al campo, que no es otra cosa que la “contrarreforma” agraria, lo que fue la gran conquista de la revolución mexicana. Esta reforma significaría la re-concentración de la tierra y consolidación de los monopolios del sector agroindustrial como dueños de la alimentación de la población, es decir la dependencia alimentaria y la pulverización del sector campesino; paralelamente el advenimiento de la industria agrícola transgénica.

-¿Puede considerarse México una democracia-liberal “homologable” como pretende proyectar el gobierno de Peña Nieto, o más bien se trataría de lo que llaman un “estado fallido”?

No se puede decir que en México hay un estado de derecho cuando los poderes fácticos y las dinámicas de compadrazgo y corrupción tienen la fuerza y el poder que actualmente tienen. Los gobiernos han montado simulaciones que intentan presentar un México democrático, ocultando las verdaderas dinámicas que rigen los rumbos y las decisiones del país en todos los ámbitos y los mecanismos que el Estado utiliza para garantizar que se cumplan. Lo ocurrido recientemente en Guerrero, nos habla del nivel de impunidad que rige en México; si los cuerpos policiacos actúan hechos atroces con tal apertura y naturalidad es porque saben que en ese territorio no es precisamente la Constitución y sus leyes las que mandan; saben que no habrá castigo alguno porque en realidad están obedeciendo a otras órdenes, otras “leyes” e intereses, a otros poderes que son los que realmente determinan lo que se vive en el día a día de los municipios: quiénes mandan, en función de qué y de quiénes, qué poderes defiende la policía y con qué mecanismos, a quién conviene que así suceda. Hay una relación muy profunda entre instituciones políticas y estructuras del crimen organizado. De hecho, hace décadas que el narcotráfico financia las campañas electorales en varios municipios.

-Por último, ¿cómo se materializa esta criminal trabazón de intereses a la que te refieres?

El Estado mexicano aplica técnicas de terrorismo de Estado, como las detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Hay un colectivo muy potente (el Comité Cerezo), que trabaja el tema de desaparición forzada en México y documenta algunos casos; es escalofriante la frecuencia y mecanicismo con los que se practican estas técnicas del terror, especialmente contra luchadores sociales. Un claro ejemplo de ejecuciones extrajudiciales lo tenemos sólo unos días antes de los sucesos de Ayotzinapa, en el Estado de México (donde Peña Nieto fue gobernador), en el municipio de Tlatlaya, el ejército ejecutó a 22 supuestos criminales que, por los testimonios de sobrevivientes, se habían rendido y desarmado.

Lo terrible del caso de los 42 estudiantes es el nivel de cinismo con que ocurrió. La propia policía uniformada disparó a los estudiantes, los tomó y los entregó a grupos del “narco”, con los que evidentemente colabora. Éste es el “modus operandi” en muchos lugares de México, aunque ello no salga a la luz. En este caso se les escapó la información y salió a la luz internacional, por eso ahora la estrategia del gobierno de cara a la exigencia nacional e internacional es hacerlo parecer como un caso aislado y limitado exclusivamente a un suceso de corrupción municipal, en el que están implicados sólo un grupo de políticos. Quieren seguir sosteniendo la pantalla de un Estado democrático, sabemos que no es así, ni lo será hasta que no se modifiquen a profundidad las estructuras gubernamentales y su relación profunda con las estructuras sociales, económicas y políticas de la delincuencia organizada.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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DENUNCIA PÚBLICA Por el asesinato de Carlos Alberto Pedraza Salcedo

Desde el Comité Internacionalista os pedimos que enviéis la Accion Urgente para denunciar a las autoridades Colombianas, el asesinato de nuestro compañero Carlos Pedraza, que hacía parte del Congreso de los Pueblos. Es muy fácil, pinchar en acción urgente, poner los datos y pinchar enviar.

Que no quede impune ni este asesinato, ni ninguno, nos matan  a los mejores compañeros/as, pero no nos quedaremos callados…

EL CONGRESO DE LOS PUEBLOS, denuncia ante las autoridades del Estado Colombiano y el gobierno Nacional, la opinión pública nacional y la comunidad internacional el asesinato de nuestro dirigente, compañero y amigo CARLOS ALBERTO PEDRAZA SALCEDO.  Carlos Alberto era licenciado de Universidad Pedagógica Nacional, líder cívico-popular del magisterio, integrante del Proyecto Nunca Más, del Movimiento de Víctimas de crímenes de Estado, de la Coordinación Regional del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y del Congreso de los Pueblos que hace parte de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

HECHOS:

1. El lunes 19 de enero de 2015 siendo las 3:00 pm, Carlos Alberto Pedraza Salcedo se trasladó de su casa ubicada en el barrio Molinos II de la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá, hacia la localidad de Teusaquillo donde tendría una reunión relacionada con la Comercializadora Agropecuaria El Zipa proyecto económico del mencionado Movimiento. El compañero Carlos se comunicó por última vez con un miembro de su familia, informándolo de las actividades que iba a realizar ese día y de su regreso a casa en horas de la noche.  Desde ese momento nunca se tuvo conocimiento de su paradero.

2. El miércoles 21 de enero de 2015 en horas de la mañana al parecer integrantes de la Sijín de Gachancipá-Cundinamarca realizaron llamadas telefónicas a números de contacto de la Comercializadora para lograr ubicar familiares de Carlos.  En la primera llamada mencionaron que encontraron una persona con las características de Carlos, quien tenía entre sus pertenencias varias tarjetas de presentación de la Comercializadora.  En la segunda llamada manifiestan que Carlos sufrió un accidente en motocicleta y necesitaban ubicar a un familiar.  En la tercera llamada afirmaron que: “fue encontrado muerto en los pinos con un golpe en la cabeza”.

3. El miércoles 21 de enero de 2015 hacia las 9 de la mañana es encontrado por miembros de Policía judicial, el cuerpo sin vida de Carlos Pedraza en un sector despoblado de la vereda San Bartolomé, denominado “las marraneras”.  El cadáver presentaba signos de violencia en la cabeza que posiblemente produjeron su muerte.

4. Es de aclarar, que el compañero Carlos Pedraza no tenía ninguna relación personal, laboral, social o política en Gachancipá, municipio ubicado a 60 kilómetros aproximadamente de la capital y no llevaba dinero ni pertenencias de valor, tan solo portaba un celular de baja gama que no fue encontrado en el lugar de los hechos.
 
Ante los hechos, EXIGIMOS AL ESTADO COLOMBIANO:

Adelantar las investigaciones y acciones legales necesarias para determinar los responsables intelectuales y materiales de los hechos.

Garantías para el ejercicio del trabajo social y político que realizamos las organizaciones sociales, políticas y populares del país.

SOLICITAMOS:

A los organismos de derechos humanos y organizaciones populares mantenernos atentos y alerta frente a estos hechos de victimización y persecución sistemática hacia nuestros dirigentes y procesos organizativos.

LLAMAMOS:

A  la opinión  pública  nacional  e  internacional,  a  los Organismos de protección  y defensa  de  los  Derechos  Humanos  y  del  Derecho  Internacional  Humanitario,  a  todas las  organizaciones  y  personas  a pronunciarse solidariamente ante estos hechos y se exija al Estado colombiano dar respuesta efectiva a este crímen.


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

CONGRESO DE LOS PUEBLOS

Contactos:

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www.congresodelospueblos.org

  • Escrito por CSIZ
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Guatemala. Comunidades de La Blanca atrapadas entre banano y palma

“No nos oponemos al desarrollo, pero la ganancia de las empresas no puede ser a costa de nuestra miseria”
 
En las últimas décadas, varias comunidades del municipio de La Blanca, en la costa sur de Guatemala, han venido sufriendo los embates del proceso acelerado de expansión de los monocultivos de banano y palma africana, impulsado por las empresas Bananera Nacional S.A. (BANASA) y Palmas del Horizonte S.A. (Grupo Agroindustrias Hame). Esta situación está poniendo en riesgo la sobrevivencia de cientos de familias campesinas.
De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional Agropecuaria, entre 2003 y 2013 en Guatemala se ha registrado una disminución de más de medio millón de hectáreas de tierras cultivadas con granos básicos, al tiempo que las plantaciones de monocultivos para la agroindustria han crecido un 40 por ciento -más de 413 mil hectáreas-, superando por primera vez el millón de hectáreas.

Entre los monocultivos agroindustriales, la palma africana tuvo un incremento del 270 por ciento (27 por ciento anual), el hule del 154 por ciento, mientras que la caña de azúcar y el café han mostrado un incremento de 35,78 y el 38,77 por ciento respectivamente.

Paralelamente, un estudio reciente del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA) calcula en 450 mil las familias guatemaltecas que no tienen acceso a la tierra y en 350 mil las que poseen menos de una manzana de tierra (0.7 hectáreas).

Esta situación, sumada a otros graves problemas coyunturales y estructurales, ha venido generando y profundizando la conflictividad agraria en el país.

La Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA) estima en no menos de 1.350 los conflictos por tierras existentes en Guatemala, que involucran a más de un millón de personas.

Acechados por monocultivos
¿Y las certificadoras? Bien, gracias…

Desde 2005, varias comunidades pertenecientes a los municipios de La Blanca y Coatepeque han venido sufriendo los embates de la expansión acelerada de los monocultivos de banano y palma africana.

Según las familias campesinas, la empresa BANASA, cuyo presidente es el productor bananero y palmero Fernando Bolaños, y Palmas del Horizonte S.A., propiedad de Agroindustrias Hame, de la familia Molina-Botrán, estarían afectando gravemente su derecho a la alimentación, a la tierra, al agua y a la vivienda.

BANASA comercializa su producción de banano hacia Estados Unidos y Europa a través de la transnacional frutera norteamericana Dole Food Company, la cual hasta participa en la financiación de programas de una supuesta “responsabilidad social empresarial” de la empresa guatemalteca.

Paradójicamente -aunque ya no es sorpresa- los bananos de BANASA gozan de varias certificaciones agrícolas internacionales, entre las cuales destaca la “ranita feliz” de Rainforest Alliance.

Palmas del Horizonte S.A. se dedica al cultivo, cosecha y extracción de aceite de palma africana, así como a la manufactura de aceites y grasos comestibles (Olmeca).

“Las empresas se han adueñado de los ríos Pacayá y Ocosito. De forma ilegal han modificado y desviado sus cauces naturales, han dragado sus aguas, han puesto compuertas y han construido represas y bordas”, denunciaron miembros de las 13 comunidades afectadas.

“Han llegado al punto de secar lagunas para expandir sus monocultivos de banano y palma, y están contaminando las aguas con sus desechos orgánicos y tóxicos. Las principales víctimas son las mujeres”, afirmaron.

Durante un encuentro con la Misión Internacional de seguimiento sobre el derecho a la alimentación y ataques a defensores de derechos humanos en Guatemala, las comunidades señalaron que las empresas instalaron bombas de succión con las cuales vierten al río el exceso de agua en sus plantaciones.

“Son bombas con una alta capacidad de succión que provocan inundaciones en las comunidades y la destrucción de nuestros cultivos de granos básicos. Si antes lográbamos cosechar tres veces al año, ahora a duras penas logramos una, y nos estamos endeudando cada día más”, dijeron los representantes comunitarios que llegaron al encuentro.

En cada banano que se come en el extranjero, se va la vida de nuestras familias. ¿Dónde está quedando nuestro derecho a la alimentación, al agua, a la vivienda?”, se preguntaron.

La impunidad de siempre
Estado coludido que hace la vista gorda

De nada han servido las repetidas denuncias presentadas por los pobladores, con el acompañamiento determinado y constante de la Pastoral de la Tierra de San Marcos.

En invierno nos inundan, en verano nos quitan el agua y cuando protestamos nos amenazan, nos hostigan y montan campañas de desprestigio. El Estado no cumple con sus obligaciones. Sanciona a las empresas y todo sigue igual”, dicen.

“Nos identificamos como hombres y mujeres de maíz, no de palma, banana o caña. Debemos frenar la expansión desmedida de estos monocultivos, que están poniendo en riesgo la propia vida de las comunidades, privándolas de sus derechos”, aseveraron las comunidades afectadas.

Trabajo, chantaje y ningún derecho
Una situación vergonzosa

Durante el encuentro, las familias campesinas señalaron también el chantaje al que están siendo sometidos los trabajadores de las plantaciones de banano y palma, así como las pésimas condiciones de trabajo y el veto tácito de las empresas a la conformación de sindicatos.

Hay una presión constante hacia los trabajadores para que ni ellos, ni sus familiares se involucren con el movimiento de protesta o con sindicatos. Por un lado amenazan con despedirlos, por el otro compran voluntades con regalos, salud y educación para su familia. Todo esto está dividiendo a las comunidades y está generando graves conflictos, que finalmente el Estado resuelve declarando regímenes de excepción”, explicaron.

Ante esta situación, las 13 comunidades de La Blanca exigen una atención integral, lo cual implica parar las violaciones agroindustriales, reparar los daños y perjuicios causados, e implementar planes para atender la problemática.

No nos oponemos al desarrollo, pero la ganancia de las empresas no puede ser a costa de nuestra miseria”, concluyeron.
  • Escrito por miriam
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