La comunidad campesina desplazada de Las Pavas regresa a su tierra para permanecer en ella

Hoy lunes 4 de abril a las 7.10 AM (hora colombiana) más de 70 personas adultas han regresado a la Hacienda Las Pavas (El Peñón, sur de Bolívar) de la cual fueron desalojadas en julio de 2009 tras varios retornos y consecuentes desplazamientos forzados (1996, 2003 y 2009). A la vez, esas personas exigen al Estado colombiano que se abstenga de darle tratamiento de delito al ejercicio del derecho fundamental de retorno y que proteja el proyecto de vida que históricamente han construido en la región del sur de Bolívar «respetando el medio ambiente, nuestra economía campesina y soberanía alimentaria que quieren transmitirle a las generaciones venideras». La acción de regreso a Las Pavas es iniciada por un grupo de la comunidad —al cual más tarde y en los días siguientes se irá uniendo el resto de la comunidad, más de 100 familias— más diferentes organizaciones nacionales e internacionales y es acompañada de un comunicado público que recoge sus argumentos y exigencias.

La comunidad organizada en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) ha caminado desde el corregimiento de Buenos Aires y ha decidido autónomamente y con el acompañamiento de diversas organizaciones nacionales e internacionales ejercer el derecho que como población desplazada tiene al retorno. ASOCAB había ratificado en varias comunicaciones públicas su intención de regresar pacíficamente a esas tierras y de permanecer en ellas. En la entrada de las finca hay unos 20 miembros de la Policía con los que se está interlocutando.

El acto será acompañado en Bogotá por una concentración solidaria frente al Ministerio de Agricultura para exigir condiciones de vida digna y garantías de seguridad. La comunidad, los manifestantes y las organizaciones acompañantes exigen que el Estado se abstenga de usar medidas policiales pare resolver el conflicto por la tierra y se convoque inmediatamente la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar para entablar un diálogo que garantice las permanencia en el territorio.

Exigencias de la comunidad para su permanencia

Hoy lunes, dos miembros de la comunidad están en Bogotá y entregarán un pliego de exigencias al Ministerio de Agricultura en nombre de toda la comunidad en el que exigen que se les restituyan los predios llamados Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere y se les adjudiquen los restantes 11 predios baldíos que conforman la Hacienda Las Pavas con el acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Programa Presidencial de Acción Social, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura. También quieren que se investiguen los hechos que dieron lugar al desplazamiento forzado y al posterior despojo de sus tierras así como «las posibles vinculaciones de Jesús Emilio Escobar Fernández y las empresas CI Tequendama y Aportes San Isidro con grupos paramilitares y su relación con el señor Mario Mármol, quien fue uno de los perpetradores de nuestro desplazamiento forzado».

ASOCAB exige que el Estado investigue las supuestas irregularidades cometidas por la Fiscalía 39 de San Martin de Loba (Bolívar) y toda la jurisdicción de esta región por las recientes investigaciones iniciadas contra miembros de ASOCAB. En el mismo sentido, exhorta a que la Procuraduría General de la Nación adelante las investigaciones necesarias para establecer responsabilidades disciplinarias por las actuaciones de funcionarios del Incoder, el Inspector de Policía de El Peñón, el Juez Primero Promiscuo de Mompox, el comandante de la Policía de Bolívar y los funcionarios de la Procuraduría y del Ministerio de Agricultura que han intervenido en el conflicto de tierras con las empresas palmeras CI Tequendama y Aportes San Isidro.

Judicialización y amenazas

El retorno de ASOCAB sucede menos de una semana después de que la Fiscalía 39 de San Martín de Loba citara a diligencias de conciliación judicial a tres de sus miembros acusados del supuesto delito de invasión de tierras en grado de tentativa. El mismo 30 de marzo uno de ellos, Misael Payares, fue citado por un supuesto delito por calumnia denunciado por Mario Mármol, una persona que la comunidad reafirma que forma parte de las estructuras paramilitares que participaron en el desalojo de 2003 y que hoy en día sigue en la zona al servicio de las empresas palmeras. Ambas denuncias están fundamentadas en la entrevista realizada el 14 de febrero en la emisora radial ‘La W’ en donde ASOCAB hizo explícito su derecho al retorno.

Tras el anuncio público de la intención de retorno, la comunidad ha denunciado la presencia de personas ajenas en el corregimiento de Buenos Aires «que vigilan constantemente a los líderes de ASOCAB» y la presión a ciertos miembros de ASOCAB por parte de integrantes del Consorcio Labrador, así como la quema por parte de desconocidos del salón comunal. Es por ello que la comunidad exige protección y acompañamiento de las autoridades civiles nacionales y regionales con el objeto de garantizar la seguridad en este retorno. En ese sentido solicitan al Estado que ordene a la Policía Nacional «abstenerse de adelantar acciones tendientes a dificultar, entorpecer o interrumpir nuestro retorno a estos predios y se tomen las medidas necesarias para prevenir una acción de actores armados ilegales en contra de nuestra comunidad». Esta exigencia tiene relación con la información que ASOCAB dice tener «de que los palmeros estarían dispuestos a recurrir a estos delincuentes con tal de impedir nuestro retorno a las tierras de las que fuimos despojados».

Litigio por Las Pavas y Plan de Choque

La finca de Las Pavas se encuentra en litigio jurídico por su posesión entre la ASOCAB y el Consorcio El Labrador —actual propietario de una parte de los predios cuyo objeto es la producción de palma aceitera— integrado por C.I. Tequendama (Grupo Daabon) y Aportes San Isidro S.A. Este consorcio causó el último desplazamiento de la comunidad en julio de 2009 a través de un desalojo policial cuya legalidad todavía tiene que resolver la Corte Constitucional. Asimismo, la Corte Constitucional está considerando desde septiembre de 2009 el caso respecto al derecho de retorno y restitución de la población campesina, pero aún no ha producido un fallo.

Las familias de ASOCAB fueron incluidas por el Ministerio de Agricultura en el llamado Plan de Choque de restitución de tierras. El pasado 25 de marzo, funcionarios del Ministerio visitaron a la comunidad para informar de las medidas previstas para ASOCAB. La comunidad campesina desplazada denuncia y rechaza las pretensiones del Gobierno de «apoyar a quienes se han beneficiado del paramilitarismo y el desplazamiento en Colombia y en el Sur de Bolívar». La propuesta estatal implica un proceso de recuperación de baldíos de la Nación que no incluye la tierra reclamada de Las Pavas y un contrato de comodato entre el grupo empresarial Labrador y la comunidad para que el consorcio palmero ceda algunas de las tierras a las familias campesinas. ASOCAB asevera que «más que un plan de choque de restitución es una propuesta de favorecimiento a las empresas palmicultoras en detrimento de nuestros derechos fundamentales».

Daño ambiental

La comunidad también insiste en el daño ambiental que este consorcio palmicultor ha causado en la zona y que está detallado en diferentes informes como el de una Misión Internacional de Verificación sobre los Impactos de los Agrocombustibles en Colombia realizada en julio de 2009 y cuyos resultados fueron publicados por Foodfirst Information and Action Network (FIAN).

El estudio del caso de la Hacienda Las Pavas sobre «Impactos ambientales de la expansión de la Palma Aceitera en el Magdalena Medio» de noviembre de 2009 realizado por organizaciones que acompañan a la comunidad desplazada evidencia un daño ambiental a la zona provocado esencialmente por el cultivo de palma aceitera por parte de Aportes San Isidro y C.I. Tequendama. La visita de la comisión afirma que «a lo largo del recorrido ninguna fuente de agua superficial presentó, tras una inspección visual, alguna posibilidad de ser apta para el consumo humano». El desarrollo de la palma aceitera en la zona afecta negativamente elementos naturales tan esenciales como humedales, ríos, bosques, aire, flora y fauna.

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