RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA – Boletín informativo nº1
«Llevamos ya más de dos años desde cuando se develaron con mayor claridad los lazos, alianzas y acuerdos dentro del bloque dominante, que dieron origen al régimen narco paramilitar en cabeza de Álvaro Uribe Vélez»COYUNTURA NACIONAL
A PESAR DEL TERROR LA LUCHA SOCIAL SIGUE
Llevamos ya más de dos años desde cuando se develaron con mayor claridad los lazos, alianzas y acuerdos dentro del bloque dominante, que dieron origen al régimen narco paramilitar en cabeza de Álvaro Uribe Vélez.
Comité Operativo Nacional – REDHER ,
La llamada para-política (ligazón del narco-paramilitarismo con la clase política y las instituciones estatales y de gobierno), aún sin mostrar todas sus dimensiones deja ver que hubo un copamiento sistemático y simultáneo a nivel local y nacional de toda la institucionalidad. Ello fue posible por la combinación del gran poder económico “ilegal” del narcotráfico, los honrados fondos aportados por los emprendedores empresarios, especialmente antioqueños, y los apoyos “desinteresados” de transnacionales que luego fueron recompensadas con concesiones y contratos.
Hoy el 30% del congreso de la república está bajo investigación, mientras que a cuenta gotas los jefes paramilitares revelan que alcaldes, gobernadores, empresarios fueron sus socios en la masacre para militar de los últimos 10 años.
50.000 son las denuncias de personas desaparecidas y 1.800 los casos de ejecucio-nes o asesinatos de personas cometidos por miembros de las fuerzas militares. Entre ellos se encuentran los llamados “falsos positivos” o montajes de operaciones donde supuestamente son dados de baja miembros de la insurgencia, cuando en realidad se asesina a personas de escasos recursos reclutados bajo engaño para un trabajo cualquiera.
El desplazamiento aumentó en el último año, afectando a 381.000 personas; los amenazados se cuentan por miles y la presión en las ciudades es constante. En efecto, en una campaña coordinada a nivel nacional han sido amenazados desde dirigentes políticos de la oposición hasta miembros de pequeñas bandas delincuen-ciales, prostitutas y jóvenes. El objetivo es el control social de las ciudades.
En el aspecto socio-econó-mico ya hay un reconocimiento de que los negocios decaen y el crecimiento proyectado para este año, en el escenario más optimista es CERO. Los impactos en el empleo ya son visibles y el hambre está disparada. Sin embargo, en medio de estas crisis las inversiones de grandes transnacionales, especialmente minero-energéticas, siguen creciendo. El costo de la mano de obra está por el piso y millones de personas están dispuestas a trabajar por una miseria para lograr algún ingreso.
Este es el escenario donde se desenvuelve la lucha social. La Minga indígena y popular surgida como proceso hace mas de tres años en el Cauca ganó dimensión nacional y hoy se convierte en referente de lucha para muchas personas y organizaciones en todas partes del país. Así mismo la Gran Coalición Democrática (expresión de coordinación del movimiento sindical y comunal) retoma la bandera de lucha contra la reelección con renovados niveles de convocatoria; el Movimiento de Víctimas, MOVICE, protagoniza importantes jornadas por la verdad y contra la impunidad y los jóvenes estudiantes y de los barrios se enfrentan a la amenaza y el terror en jornadas por la vida.
Los escenarios futuros son inciertos, pero hay señales de desgaste del régimen narco-paramilitar ya que tanto crimen es imposible ocultar por siempre; al tiempo, el movimiento popular no sólo resiste sino que crece y se manifiesta vital. Los meses siguientes van a ser importantes y se avecinan jornadas de lucha, momentos electorales y reajustes dentro de los bloques en contienda; lo cierto es que la guerra social se va a profundizar y al corto plazo no hay salida distinta que la confrontación y la lucha.
LA SITUACIÓN CARCELARIA EN COLOMBIA: CONSTANTES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
El servicio de sanidad, por ejemplo, la responsabilidad del Estado de garantizar la prevención, conservación y recuperación de la salud de quienes se encuentran privados de libertad, se torna inoperante en la mayoría de los centros de reclusión del país por no contar con el personal especializado, equipos y medicamentos requeridos.
Referente a las condiciones básicas de higiene y salubridad carcelaria se ven graves deficiencias también. En todas las cárceles del país los presos viven hacinados. Las cárceles de mediana y alta seguridad no cuentan con un adecuado servicio de agua y alcantarillado; en climas cálidos las condiciones de ventilación son deficientes o nulas; en algunos de los sitios de reclusión las luces permanecen encendidas toda la noche.
Otro aspecto que constituye una grave violación a los derechos de los detenidos es la demora en la función administrativa de las oficinas jurídicas de las cárceles para tramitar y remitir a las autoridades judiciales los certificados de trabajo, estudio y enseñanza para la rebaja de penas. Esta grave omisión en algunos casos ha llevado a la prolongación ilegal de la privación de libertad.
De acuerdo con la ley, el objetivo del encarcelamiento debe ser la resocialización del condenado. Sin embargo, las diferentes resoluciones emitidas por el INPEC, lejos de reglamentar la función resocializadora de la pena, se han convertido en el mecanismo ideal para impedir que los detenidos puedan acceder a los diferentes beneficios de alternatividad penal.
En lo que tiene que ver con los espacios de participación de los presos, éstos se han venido cerrando paulatinamente; es así como las mesas de trabajo, avaladas por la Corte Constitucional en 1998, fueron suprimidas en el 2007. Los comités de Derechos Humanos en la práctica se han vuelto ineficaces por la injerencia indebida de las autoridades carcelarias que usan mecanismos represivos contra sus miembros, como los traslados arbitrarios.
Hablando más específicamente de la situación de los pre-sos políticos, se presencia la creciente militarización de las prisiones. Esto se refleja por ejemplo en que los mandos mayores de las cárceles pertenecen o han pertenecido a la Fuerza Pública. Esos militares han dedicado su vida combatiendo a las organizaciones insurgentes y por lo tanto ven a los presos políticos como sus enemigos de toda la vida.
En lo que a los presos paramilitares se refiere, tanto los que se encuentran dentro como fuera de la Ley 975 de 2005 (la famosa “Ley de Justicia y Paz”), por lo general a los mandos medios y altos se les ha dado un trato favorable en las diferentes cárceles del país, entre otros el uso de computadores y celulares y más visitas que cualquier otro recluso.
La desmovilización de miembros de las FARC-EP dentro de las cárceles bajo la misma “Ley de Justicia y Paz” empezó en el 2007 bajo la iniciativa del movimiento “Manos por la Paz”. Como consecuencia de las declaraciones de antiguos miembros de los grupos insurgentes en el proceso de Justicia y Paz en búsqueda de beneficios jurídicos se han tensionado las relaciones entre los presos políticos y miembros de la organización “Manos por la Paz”. Presos políticos han denunciado que han sido víctimas de intimidaciones y presiones por parte de “Manos por la Paz” y funcionarios del INPEC para que se acojan a la “Ley de Justicia y Paz”.
Es cada vez más generalizada la práctica de recluir en un mismo sitio los presos políticos con los reclusos de grupos paramilitares. Por eso se registra un frecuente hostigamiento y actos de provocación que ponen en peligro de seguridad a los presos políticos. Las autoridades carcelarias argumentan que en las cárceles debe promoverse la “convivencia”, pero desconocen que el alto nivel de polarización política en Colombia trasciende a las cárceles.
Otro tema que afecta a los presos políticos es la extradición, legal desde 1997. Hay que destacar que la figura de la extradición no había sido usada hasta el gobierno de Uribe Vélez en contra de presos políticos. Sin embargo después del primer orden de extradición de un integrante de un grupo insurgente en mayo de 2003 han sido pedidos en extradición por los Estados Unidos unos 70 presos políticos. Este hecho dificulta las salidas negociadas al conflicto social, político y armado en Colombia.
Frente a toda esa situación, la FCSPP y los presos políticos proponen lo siguiente:
1) Reactivación del comité interinstitucional de seguimiento a la situación carcelaria donde participe el sindicato de la guardia del INPEC, organizaciones de la sociedad civil y delegados de los presos políticos y sociales, para buscar soluciones a la problemática y ejercer veeduría sobre la actuación del Estado en materia carcelaria y penitenciaria.
2) Separación de los presos políticos de los detenidos del paramilitarismo.
3) Nombramiento de personal civil en las direcciones de las cárceles.
4) Reactivación de las mesas de trabajo.
5) Suspensión de la extradición de presos políticos.
6) Garantías para la participación de los presos en los espacios donde se adopten políticas y aborden temas que les afecten e interesen.
De los Internacionalistas QUE NOS DEJEN VIVIR EN NUESTRA TIERRA: LOS MINEROS Y CAMPESINOS DEL SUR DE BOLÍVAR
Caminas por el socavón, agachado para poder avanzar en este túnel estrecho perforado en roca mojada. Te imaginas a todos los que excavaron ese sendero negro y húmedo, durante largos años de piquetas, palas, relaciones y sueños rotos. Ustedes son mineros artesana-les y pequeños campesinos. Todos ustedes llegaron a esa región lejana y fresca en el norte de Colombia con la apuesta de sacar una mejor vida de las entrañas de la tierra.
Por Colombia Solidarity Campaign (Inglaterra).
No es cualquier tierra: los pueblitos destartalados de familias esperanzadas se asientan sobre algunos de los yacimientos auríferos más ricos del mundo. Ni mencionar el verde brillante de la coca que cubre las laderas de las montañas, cultivo comercial de narcos, líderes guerrilleros y jefes paramilitares. Todos ellos quieren una porción del pastel y es la excusa para que exista en la zona la única forma de presencia estatal que mineros y campesinos conocen: bombas, helicópteros, tropas, detenciones arbitrarias, bloqueos, constantes señalamientos y amenazas. Y como si fuera poco, el suelo es fértil, la lluvia abundante, y la ubicación es ideal para complejos agroindustriales de agrocombustibles. Ellos despojan la tierra de los campesinos, los que siempre vivían allá, incluso mucho antes de las filas uniformes interminables de la palma aceitera. Gente como tú. Constantemente explotados, tanto por las fuerzas del mercado como por las fuerzas armadas.
Tú eres miembro de la “Federación Agro-Minera del Sur de Bolívar” (Fedeagromisbol) la cual representa a 10 mil mineros y campesinos y sus familias asentados alrededor de esas codiciadas sierras del norte de Colombia. La Federación y los mineros con trabajo duro y grandes sueños intentan arrancarle una vida mejor a un pedazo de tierra que de repente se encuentra bajo la mirada codiciosa de muchos ojos hambrientos.San Pablo es la principal ciudad del “sur del Sur” de Bolívar. Tu pequeña casa, hecha a mano, queda cerca de allá. Tú eres Edgar Martínez, 36, padre casado de dos hijos; campesino y minero de profesión, y activista de Derechos Humanos y líder comunitario por una convicción apasionada. Tus ojos color café sobre una nariz recta y un elegante bigote negro irradian decisión, valentía y humanidad calurosa. Tus hombros fuertes fueron forjados durante décadas de sembrar, cosechar, excavar. Eres conocido en la Federación porque fuiste tú quien empezó proyectos comunales de agricultura y ganadería, y porque animaste a la gente a trabajar duro el uno por el otro. Tú eres totalmente comprometido, sobre todo, a una cosa: llevar a la gente que representas a vivir en paz en la tierra que consideran su hogar, a pesar de todas las fuerzas que intentan eliminarlos.
Los mineros y campesinos de las sierras no tienen nada que ver con la guerrilla u otro grupo armado. En décadas ustedes vinieron de todas partes del país, antes de convertirse en zona de guerra. La tierra aban-donada donde construyeron sus hogares pertenecían tanto a ustedes como a nadie. Nadie la quería, sólo los que eran lo suficientemente pobres como para subir a las montañas sobre el delgado y apremiante filo de la esperanza de una vida mejor.
Luego, en los años 90, los poderosos se despertaron por los diferentes tipos de “oro” en esas montañas olvidadas. Se afilaron las estacas de propiedad extranjeras. Al mismo tiempo llegó la guerra sucia. Los paramilitares, que no responden a nadie excepto a sus conexiones mafiosas y su política antiguerrilla y de miedo, han matado a cientos. A menudo son sólo sicarios de unos intereses poderosos que quieren la tierra libre la incómoda presencia de campesinos. Han sido especialmente duros contra cualquiera quien promoviera quedarse donde la gente vive. Personas como tú.
Cientos han sido asesinados o desaparecidos; miles más desplazados. Aquellos de ustedes que se quedan sufren de frecuentes bloqueos militares, supuestamente diseñados para matar de hambre a la guerrilla, pero que parecen orientados más hacia el campesino terco que se niega a renunciar a sus esperanzas y volverse simplemente una cara desesperada más limosneando en los semáforos de Bogotá o Cartagena.
Semanas antes cargaste hojas de zinc sobre las espaldas de mulas polvorientas. Seguiste la línea de hojas brillantes, postes, máquinas y herramientas que rebotaban hacia el futuro de tu comunidad. Fue el inicio del proyecto más reciente de la Federación: un molino de arroz. Ahora la comunidad controla en sus propias manos una gran parte de su dieta diaria, haya bloqueos o no. Otros proyectos incluyeron caminos, escuelas y centros de salud, trapiches de caña de azúcar, criaderos de peces y ganado, cultivos compartidos, tiendas comunitarias y proyectos mineros de bajo impacto ambiental.
Luego llegó el 22 de Abril 2009. Estabas regresando en moto a tu familia cuando, justo en las afueras de San Pablo, te pararon hombres armados – a dos minutos de un retén de la policía – te mataron a tiros y desaparecieron. ¿Quién los pagó y los mandó? ¿A quién sirve tu muerte? En este país de impunidad, Edgar, nadie nos puede decir cuándo tendremos las respuestas. Pero sabemos la respuesta a una pregunta: por qué moriste. Moriste para que tu gente pueda seguir con la esperanza y luchando por lo que merecen: vivir con dignidad y en su propia tierra.
NOTICIAS DE LA RED
ASOINCA REPUDIA A LA ANGLO GOLD ASHANTI
La Junta Directiva Departamental de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, ASOINCA y el Comité Municipal de Maestros de Bolívar Cauca, en Asamblea realizada el día Viernes 22 de Mayo de los corrientes, luego de analizar la mal intencional expansión de la multinacional Anglo Gold Ashanti Colombia S.A. en nuestro medio se hace conocer como Kedahda, de forma y manera unánime de determino declarar personas no gratas a los delegados de la nombrada multinacional y rechazar rotundamente las exploraciones e intención de explotar en el Municipio de Bolívar Cauca.
ASESINAN A LIDER DE FEDEAGROMISBOL EN EL SUR DE BOLIVAR
Por FEDEAGROMISBOL
Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, el asesinato del líder agrominero, EDGAR MARTINEZ, miembro de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar el día 22 de abril de 2009, en el municipio de San Pablo, Sur del departamento de Bolívar.El asesinato ocurrió entre las 9 y 10 a.m., en el lugar conocido como “El cuatro”, a dos minutos de un retén de la policía nacional, ubicado en la salida del casco urbano del municipio de San Pablo.
SE VIENEN CUMPLIENDO LAS AMENAZAS
Por ACIN
Se vienen cumpliendo las amenazas de los campesinos embejucados. Asesinaron al ViceGobernador Robert Guachetá, un líder Nasa del resguardo de Honduras en Morales, Cauca. Ya había sobrevivido un atentado allí el líder José Goyes, un exgobernador del mismo resguardo. El delito de Robert, es ser Nasa, ser líder indígena en un contexto de intolerancia que se sirve del terror para lograr los objetivos de la codicia y haber asumido la agenda de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. Ante el terror, seguramente continuará la impunidad.
ORGANIZACIONES DE DDHH DE ANTIOQUIA EN RIESGO DE SER JUDICIALIZADAS CON BASE EN FALSAS IM-PUTACIONES
Por ACA, Red Juvenil, CJL
Las organizaciones integrantes del Comité Municipal de Derechos Humanos, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que organismos de seguridad del Estado y la Fiscalía pretenden, mediante temerarios informes de inteligencia, estructurar procesos penales que tienen como propósito criminalizar el ejercicio legítimo de garantías fundamentales como la libertad de opinión, de expresión, de conciencia y de participación.
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