RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA – Boletín Informativo nº 2

COYUNTURA NACIONAL

Con la finalización del contrato de arrendamiento del Gobierno de los Estados Unidos en la base de Manta de Ecuador, era previsible el traslado de las operaciones militares hacia Colombia.
Previsible por el característico entreguismo de las élites nacionales, la ausencia de una política exterior propia, y la necesidad de generar por parte del Gobierno precedentes políticos que presionen la firma del TLC en Washington.
Sin embargo, el establecimiento de las operaciones militares en Colombia tiene desde ahora preocupantes antecedentes. Las condiciones se han venido negociando en secreto durante más de un año, entre el Ministerio de Defensa y el de Relaciones Exteriores con el gobierno norte americano.
Mientras que lo que se conoce hasta ahora, filtrado parcialmente por algunos medios de comunicación, permite pensar en un claro movimiento desestabilizador  en la región: ya no será una sino tres o cinco o siete bases (el número definitivo no se ha oficializado aún); algunas se adentran mil kilómetros más cerca de la frontera con Venezuela y el Amazonas.
Este hecho deja en claro que la razón expuesta por el régimen como colaboración en la lucha contra las drogas pierde peso, y empieza a evidenciarse una respuesta militar de parte de los Estados Unidos a las tendencias de izquierda en la región. De acuerdo a los comunicados oficiales las “operaciones militares” que buscaban combatir el narcotráfico, “oficialmente” también buscan combatir el terrorismo en todas sus formas, recordando también que la definición de terrorismo siempre se ha amoldado a los desmanes militares estadounidenses.
En este caso se hace evidente el fortalecimiento de las operaciones de inteligencia en los países vecinos desde las nuevas bases: Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú.
La respuesta de los gobiernos vecinos no se ha hecho esperar: el presidente Correa calificó estos hechos de tremendamente peligrosos, mientras el presidente Chávez las ha señalado como una afrenta a la seguridad regional, acusando a Colombia de ser el “Israel Latinoamericano”. En contraste, estos hechos ponen de manifiesto la política exterior del gobierno de Obama: un discurso conciliador y pragmático, que reivindica las diferencias culturales y la defensa de los derechoshumanos, mientras que por otro lado avanza en la disuasión militar con los países hostiles, que incluye también el afianzamiento de operaciones minuciosas de inteligencia.
En el plano local, no se puede pasar por alto el agrietamiento de la maquinaria gubernamental en el Congreso, con la ruptura de los acuerdos burocráticos en la conformación del congreso favoreciendo a sectores de oposición, que significa un nuevo obstáculo para el tramite “legal” del proceso de la reelección presidencial. La
intensificación en las contradicciones del equipo de gobierno, el agravamiento de los escándalos de corrupción, y los procesos penales existentes por crímenes de lesa humanidad que involucran a altas esferas cercanas al Presidente, ponen de manifiesto la necesidad del establecimiento de una nueva figura que cuente con mayor maniobrabilidad política. Es posible que la labor prestada a la “patria” por parte de los grupos paramilitares pueda ser prescindible por parte de los dueños del poder en el corto plazo, por lo que será necesario plantear un discurso más acorde a las crecientes tensiones sociales originadas con las crisis económica y las grave situación humanitaria del conflicto de los últimos quince años.
Por otro lado, se llevó a cabo la “Minga de Pensamiento”, como la continuación del esfuerzo de llevar el espíritu de la Minga a todas las regiones del país, y en este caso a los sectores populares de la Capital. Se han abierto nuevas posibilidades de encuentro y de resistencia, que se manifestarán, en una nueva fase de movilización popular para el mes de octubre. Se vislumbraron dificultades que no son nuevas pero que empiezan a encontrar caminos de solución: en torno a la necesidad de atender las coyunturas locales frente a la urgencia de avanzar en plataformas políticas nacionales;en torno a la coordinación de acciones políticas; y especialmente en materializar lo que se llama “el caminar de la palabra” en las restantes regiones del país.

Alejandro Pulido
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Con el objetivo de evaluar los conflictos territoriales, sociales y ambientales que se han intensificado a partir de la expansión de los monocultivos destinados a la producción de agrocombustibles, se realizó en nuestro país la misión sobre verificación de los impactos de los agrocombustibles, la cual se llevó a cabo entre el 3 y 8 de julio de 2009, con representantes de organizaciones de la sociedad civil y cuerpos legislativos de Austria, Alemania, Bélgica, Brasil, Francia, España, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Indonesia, México, Paraguay y Uruguay, convocados por varias organizaciones colombianas (Censat Agua viva, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Proceso de Comunidades Negras, Vía Campesina, Organización Nacional Indígena de Colombia). La misión se dividió en 5 grupos, para visitar igual número de regiones, dentro de las cuales se encontraba el Magdalena Medio.
El Magdalena Medio es el territorio que confluye alrededor del recorrido del río Magdalena y vincula de forma natural y estratégica a los departamentos de Santander, Antioquia, Boyacá, Cesar y Bolívar. Es una de las regiones más ricas en recursos naturales en todo el país. Esta región ha sido centro de la industria petrolera en Colombia.
Asimismo, ha sido el escenario de una intensa pugna por los intereses en la explotación de la riqueza de estos recursos y de la apropiación de extensas tierras fértiles, para la implementación de ganadería y en especial de monocultivos como el de palma aceitera para la producción de agrocombustibles.
En la región del Magdaleno Medio se encuentran varias empresas palmeras entre las cuales se destacan: Palmas Monterrey, Brisas SA, Bucarelia, Agropalma, Palmera Yarima, Tumaco; las cuales dominan en su gran mayoría las tierras cultivadas en palma en esta región, que de acuerdo a la misión de verificación, son responsables de los siguientes impactos:

• Conflictos por la tierra: El despojo de la tierra, mediante el uso de mecanismos legales e ilegales utilizados por los empresarios, que va desde el ofrecimiento de grandes sumas de dinero, engaños o el uso de la violencia paramilitar para obligarlos a vender o abandonar las tierras. De la misma manera, el uso de mecanismos legales pero arbitrarios, para despojar a los campesinos de sus tierras, incluso ante la mirada cómplice de los órganos de control que omiten su deber de velar por el pleno respeto de los Derechos Humanos.

• Daño ambiental: Esta región afronta la destrucción de humedales, cauces hídricos, tala de bosques de galería, bosques de reservas forestales, fauna y flora por la expansión de plantaciones de palma.
Los fungicidas para las plantaciones y los residuos de los cultivos han generado no sólo contaminación al agua y al ambiente, sino que han generado graves problemas de salud, y en algunos casos muerte de niños y deformación en la gestación. Hay evidencia de cómo empresas palmeras represan numerosos cauces hídricos que sirvieron de reguladores y de prevención a inundaciones y que fueron fuentes importantes para la alimentación de la población local, principalmente por la pesca.

• La soberanía alimentaria se ve profundamente afectada debido a la expansión de cultivos para agrocombustibles y la reducción para cultivos de pancoger y las empresas palmeras desviaron el agua de ríos hacia terrenos donde habían pequeños cultivos y ya no se puede cosechar.

• Grave deterioro de las condiciones laborales de los/as trabajadores/as de la palma aceitera debido principalmente al sistema de trabajo asociado en cooperativas.
Este sistema aboca a los/as trabajadores a una situación de sobreexplotación e inseguridad en la medida en que las empresas logran mediante este sistema liberarse de sus obligaciones de proveer prestaciones sociales, equipos de trabajo y transporte para los/as trabajadores/as.

• Violencia: El papel que jugó y continúa jugando el paramilitarismo en la región del Magdalena Medio en la implementación e imposición del modelo agroexportador de la palma aceitera, situación que benefició a inversionistas, particularmente del sector de la palma aceitera, para la compra de tierras fértiles a bajo costo. La misión pudo apreciar que el paramilitarismo continúa en la región y que sólo han cambiado de nombres y algunas tácticas de operación, pero sus estructuras son las mismas.

• Transformación forzosa de la cultura campesina: ante la falta de tierras para cultivar los productos con los que garantizaban su seguridad y soberanía alimentaria y que hacen parte de su tradición cultural, los pobladores se han visto en la necesidad de comprar los alimentos que traen de otras regiones y que no representan sus costumbres, lo que ha derivado en un cambio en la dieta de las familias. Otro significativo cambio cultural está asociado a la pérdida de espacios comunales como las ciénagas, quebradas y ríos que son vitales para la existencia de las comunidades y su identidad, debido a la desecación y apropiación ilegal de los playones por parte de los palmeros. Una situación muy grave que se evidencio fue que los niños y jóvenes se ven en la obligación de abandonar la escuela y junto a las mujeres han entrado a trabajar de manera masiva bajo el sistema de trabajo asociado debido a la disminución sustancial de los ingresos de sus padres y esposos por la pérdida de sus trabajos directos.
En las distintas reuniones que la misión en conjunto sostuvo con delegados de varias instituciones del Gobierno Nacional no se obtuvo respuestas a las preocupaciones esgrimidas por la misión, ni hubo un compromiso real de verificación, investigación y seguimiento a la situación presentada. Por el contrario, el Gobierno anunció la proyección de 21 millones de hectáreas aptas para la expansión de cultivos para agro-combustibles en Colombia, con lo que se termina de agudizar la grave problemática social y económica del país. Sin embargo en medio de este panorama, los pueblos de Colombia resisten; indígenas, afrodescendientes y campesinos construyen VIDA y con la dignidad en alto, le apuestan a sus propias opciones de futuro.

 

 

 

Había estado antes en el Valle del Cauca, incluso había conocido miembros de Sinaltrainal y del “Movimiento 14 de Junio” que representa a los cortadores de caña de azúcar, y había escuchado de primera mano las historias de su movilización y su huelga en el 2008 y de los acuerdos logrados entonces que todavía siguen sin cumplirse. No obstante es extraño cómo pude mirar por la ventana de cualquier bus, carro o taxi sin ver o mirar realmente lo que estaba allí y difícil de ignorarlo.
La segunda vez allí, como parte de una misión internacional para vericar la expansión de los monocultivos de caña de azúcar para agrocombustibles (otros cuatro grupos visitaron la región del Magdalena Medio, Vichada, Tumaco y Chocó para vericar las plantaciones de palma aceitera), el “desierto verde” era más obvio de lo que jamás imaginé. Con cada día de visitas a comunidades, trabajadores de la caña y sus familias, ambientalistas locales y pequeños campesinos que intentan cultivar cultivos de pancoger, con cada historia y hecho sorprendente, con cada reconocimiento de lo dañina que es la creciente obsesión del Gobierno con la producción de agro-combustibles, el desierto verde alrededor nuestro se hizo más evidente y más y más claustrofóbico.
Las plantaciones bordeando las carreteras sin nada más para ver por kilómetros, literalmente rodeando pequeñas fincas donde la gente todavía intenta vivir de una manera sostenible y cultivar orgánicamente, de orilla a orilla, demasiado cerca de las puertas de la gente (a pesar de reglamentos – sistemáticamente ignorados – que determinan distancias mínimas tanto de ríos como de casas), y las constantes precipitaciones de ceniza y el desagradable olor dulce del azúcar en el aire que viene de las quemas de la caña, hicieron palpable la realidad de la situación más allá de las palabras y las historias.
Los cortadores de caña de azúcar están entre los más afectados por la industria del monocultivo, ya que no sólo se enfrentan a una lucha contra su explotación y el incumplimiento de derechos laborales, sino también constituyen las familias que sufren los impactos de contaminación y sobre su salud de las indiscriminadas fumigaciones aéreas y de las quemas. Ellos incluso se convirtieron en blancos de las críticas de grupos ambientalistas locales (algo ahora ojalá del pasado, ya que la comisión ayudó a juntarlos para compartir sus historias y experiencias), debido a se regó el cuento falso que la quema de la caña antes de su corte serviría sólo a los trabajadores.
En realidad, mientras es cierto que la caña se corta más fácil luego de ser quemada, las compañías azucareras necesitan la quema, por un lado porque aumenta la cantidad del azúcar que puede ser convertido en etanol, y por el otro lado para reducir la plata pagada a los trabajadores y los costes del transporte.
Los cortadores son pagados por toneladas y no por horas, así que con la reducción del peso de la caña como resultado de las quemas así también se reducen los ingresos de los cortadores. Esa reducción en salarios, y consecuentemente en costos para las compañías, se logra también a través de no contratarlos directamente.
Ellos están agrupados en cooperativas que, lejos del concepto europeo de autonomía en el trabajo y salarios justos, realmente signica que las compañías no tienen la responsabilidad de pagar las prestaciones sociales y otros servicios laborales. Cada trabajador tiene que pagarlo él mismo, lo cual los lleva a un nivel de subsistencia que raya la pobreza como no lo habían experimentado antes.
Nos contaron que fumigan una o dos veces al mes y que donde no arrasan con todo que no sea caña, incluyendo los cultivos de la gente con tierra propia, hacen que la frutas caigan del árbol antes de madurar y que los cultivos de pancoger ahora están contaminados con una variedad de químicos. Cualquier sueño de soberanía alimentaria ahora implica otra lucha contra los monocultivos para agrocombustibles, y si este proceso, que actualmente tiene el 78% del Valle del Cauca cultivado con caña, aumenta sin parar, el futuro traerá más desplazamiento económico, ya que para la gente se vuelve imposible cultivar alimentos tanto para consumo propio como para venderlos. Antes una región auto-sostenible con frutas, verduras y animales, hoy en día la región tiene que importar el 90 a
95% de los alimentos. Eso ata a la gente a las plantaciones como trabajadores, puesto que donde no hay ingresos tampoco hay comida.
Además de destruir ecosistemas acuáticos locales, los efectos de los químicos que entran en los sistemas alimenticios y del agua se muestran en el aumento de problemas de salud de los que viven a la sombra de la caña. En la región hay cada vez más informes sobre infecciones respiratorias, cáncer de estómago y de otros tipos, y una tasa de defectos de nacimiento más alta que el promedio nacional.
Los hechos, guras y verdades trágicas sobre la caña de azúcar son numerosas, y más que acá se puede contar, pero así también son las preguntas que nos debemos hacer. La legislación en Colombia que estipula la mezcla de agrocombustibles con gasolina y ACPM no sirve sólo para llenar los bolsillos de las compañías involucradas en esta industria, sino también sirve para asegurar recientes niveles de exportación de petróleo. ¿Cómo entonces promover discursos y campañas a nivel global sobre la producción de agrocombustibles en Colombia cuando el cuento verdadera es sobre petróleo? Y más importante, ¿qué presión podemos ejercer sobre Europa y los EE.UU. y sobre el gobierno colombiano para reversar esta situación sin hacer más precaria aún la posición de los cortadores de caña y de las comunidades que dependen de sus ingresos?

Por Yasmin, de Espacio Bristol-Colombia (Inglaterra). Julio 2009

 

 

NOTICIAS DE LA RED

El Inspector de Policía del municipio del Peñón del sur del departamento de Bolívar, OMALDO GARCIA CAPATAZ, ordenó de forma arbitraria el DESALOJO DE 123 FAMILIAS CAMPESINAS DE LA COMUNIDAD DE LAS PAVAS, pese a que los representantes del Ministerio Publico presentes (Defensoría del Pueblo y Personería Municipal) se opusieron a la diligencia y solicitaron la suspensión de la misma, sin que por parte del Inspector se hubiese atendido dicha solicitud Miembros de la Policía nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios, desde las primeras horas de la mañana de hoy martes 14 de julio acordonaron el predio en mención impidiendo la entrada y salida de los pobladores del predio y de las personas que los acompañan, posteriormente, incursionaron en la comunidad, aproximadamente a la 1:00 p.m., y tras destruir 7 viviendas de los campesinos y saquear sus enseres, procedieron a dar cumplimiento a las orden de desalojo y desplazaron a las 123 familias, entre las cuales se encontraban varias mujeres embarazadas, y aproximadamente 100 niños y niñas, algunos de ellos recién nacidos.

Por FCSPP

El 13 de Noviembre del 2004, en el corregimiento El Salado, Municipio de Buga (Valle), Miembros del Ejercito Nacional orgánicos del batallón de Ingenieros No. 3 “Coronel Agustín Codazzi”, torturaron y asesinaron a JAVIER CORREA ARIAS, quien fue sacado de su casa vestido con camuflado y posteriormente presentado como muerto en combate.
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Las organizaciones abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional los graves hechos que continúan sucediendo en el Departamento del Cauca contra las comunidades indígenas pertenecientes a la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, enviamos a todos ustedes la presente acción urgente para que se pronuncien a la mayor brevedad y exijan al gobierno colombiano y a los actores armados que hacen presencia en el Departamento del Cauca, frenar de inmediato los crímenes atroces que están perpetrando contra la comunidad que habita esta zona.