Defensores de Derechos Humanos son detenidos de forma ilegal por el Ejército colombiano

17 ene. Colombia Informa-. El Equipo Jurídico Pueblos denunció que el pasado 11 de enero de 2019, miembros del Ejército Colombiano retuvieron de forma ilegal a los defensores de derechos humanos del Equipo Jurídico Pueblos – EJP-, Diana Mildreth Jaimes Díaz, Gabino Barrera Silva y la integrante de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia Dana Farraj.

El Equipo Jurídico Pueblos denunció que la retención ilegal fue realizada por hombres armados del Ejército Nacional colombiano al mando del Capitán Rivero. Los militares retuvieron durante varias horas a los defensores y defensoras de derechos humanos.

La abogada Gloria Silva del Equipo Jurídico Pueblos explicó que: “Si bien es cierto que el Ejercito puede requerir los documentos de identidad de quienes transitan en sus zonas de control, dicha facultad se está convirtiendo en la excusa para escalar hacia prácticas abiertamente arbitrarias e ilegales, como en este caso que degeneró en una retención ilegal, dado el excesivo tiempo transcurrido en la supuesta verificación realizada por los militares. Adicionalmente, el hecho evidencia la continuidad de los empadronamientos, pues la información personal de las y los defensores del EJP y la Redher fue registrada ilegalmente de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales sobre el asunto”.

Soldados detienen de forma ilegal a defensores de Derechos Humanos. Foto cortesía Equipo Jurídico Pueblos.

La abogada le dijo a Colombia Informa que les llama poderosamente la atención la insistencia de los uniformados para evitar que las y los delegados de esta misión continuaran su rumbo. Según Silva, esto es una evidencia de que la alta militarización del Catatumbo reforzada por Duque, de ninguna manera propugna por la protección de los pobladores de la región y transeúntes, y más bien se convierte en un factor que desestimula y hostiga la labor de defensa de los derechos humanos.

El grupo de defensores realizaban una visita de verificación sobre la problemática de derechos humanos en la zona alta colindante entre los municipios de Chimichagua (Cesar) y El Carmen (Norte de Santander) en las estribaciones de la Serranía del Perijá.

El Capitán Rivero solicitó a los defensores de derechos humanos que entregaran sus documentos de identificación, así como los de vehículos en los que se transportaban, los cuales se encontraban parqueados en ese momento. Este requerimiento se efectuó bajo la excusa de verificar si existía algún requerimiento judicial o administrativo, a lo cual accedieron sin oposición alguna el grupo de defensores de derechos humanos.

El Equipo Jurídico Pueblos denunció que, el oficial y dos soldados se acercaron a los integrantes del -EJP-, preguntándoles “¿Ustedes por qué están esa región? ¿A cuál organización pertenecen? ¿para dónde van?” Ante esto el grupo les explicó a los uniformados que pretendían documentar información sobre las violaciones de derechos humanos que se presentan en el sector.

Ante la respuesta de los integrantes del Equipo Jurídico, el Capitán les conminó a exhibir un carnet que les identificara como defensores de derechos humanos. Ante esto, los defensores le explicaron que era absurda e irregular dicha petición.

Sin embargo, el uniformado prosiguió con su interrogatorio, indagando por la ubicación de la sede del Equipo, su objeto social, el nombre del representante legal, la naturaleza de la organización y más específicamente si se trataba de una organización no gubernamental. El oficial les habría cuestionado que no realizaran la reunión más cerca de la ciudad.

A pesar de no estar obligados a responder, los integrantes del EJP resolvieron los interrogantes planteados resaltando siempre que se estaba cumpliendo con la labor de la defensa de los derechos humanos y realizando un acompañamiento a las comunidades campesinas de la región.

Debido a que la internacionalista de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia-Redher-, Dana Farraj es de nacionalidad Palestina, el capitán Rivero le solicitó que firmara un documento en el cual exonerara al Ejército Nacional de todo tipo de responsabilidad en caso de que su integridad física se viera afectada. Según el militar, porque ella se dirigía a una zona en donde existe alta presencia de la insurgencia.

Explico el EJP que ante la ilegalidad de la petición, los defensores y la internacionalista se negaron. Advirtieron que el Estado Colombiano tiene la obligación de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de toda la población.

La respuesta habría molestado a los militares, sobre todo al oficial quien se dirigió a Dana Farraj para decirle que el Ejército no le podía brindar protección porque era una zona controlada por el grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional -ELN-. El Capitan habría enfatizado en que necesitaba dejar evidencia de que se le había comunicado y advertido que no era conveniente su presencia en la región. Pese a las presiones del uniformado, el -EJP- mantuvo firme su posición de no suscribir dicho documento.

Según denunció el equipo defensor de derecho humanos, dos soldados les recriminaron y hostigaron por su labor en defensa de los derechos humanos.

El Capitán Rivero ingresó a la base militar llevándose los documentos de ciudadanía del grupo de defensores. Tras 30 minutos de espera, una de las integrantes del EJP le preguntó a los soldados por los documentos y les advirtió que no podían retenerlos.

Después de casi 90 minutos, uno de los militares le solicitó a Dana Farraj que le diera el pasaporte porque, supuestamente la cédula de extranjería no aparecía en el sistema. Después le realizaron una serie de preguntas sobre sus documentos e insistentemente le preguntaron si entendía la gravedad de ingresar a la zona del ELN. Luego de esperar por más de dos horas, los militares les entregaron los documentos.

“Estos hechos de persecución y hostigamiento contra las y los integrantes de la REDHER y el EJP, son una expresión latente de una política de Estado que busca silenciar a las comunidades y grupos de trabajo que contribuyen en la defensa de los territorios, de la voracidad del capital nacional y extranjero. Son parte de las prácticas sociales genocidas en curso, que pretenden ser normalizadas”. Enfatizó el Equipo Jurídico Pueblos en su comunicado.

Para la abogada Gloria Silva, la situación en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la región es grave: “Los hallazgos de nuestras compañeras y compañeros en el curso esta misión son preocupantes. Por este mismo motivo, cualquier práctica que obstruya este ejercicio debe ser objeto de repudio y denuncia”

La abogada defensora de Derechos Humanos dijo: “Rechazamos todas aquellas formas de estigmatización y autoritarismo que aun siendo cotidianas en regiones como el Catatumbo no podemos normalizar, entre ellas los empadronamientos, la intimidación de las y los pobladores o las retenciones ilegales”.

Finalmente, el Equipo defensor de Derechos Humanos reiteró: “No solo estamos ante una obstrucción e intimidación a la labor de la defensa de los derechos humanos y del territorio, sino ante práctica sistemática de los miembros de la fuerza pública en Colombia de estigmatizar a la población campesina señalándola de apoyar o colaborar con la guerrilla; en igual sentido el EJP en comunicados anteriores ha denunciado situaciones similares por parte de Fiscales que adelantan procesos penales contra campesinos y campesinas de Cesar y Catatumbo”.