Pronunciamiento del Espacio de Coordinación de Solidaridad con Colombia

14 de marzo 2022
Desde las plataformas, organizaciones de solidaridad y cooperación con Colombia y
organizaciones de la diáspora colombiana en el Estado Español queremos expresar una vez
más nuestra profunda preocupación por el incremento en los índices de violencia política y la
ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno colombiano para garantizar el ejercicio
de los derechos ciudadanos.
Según datos del Observatorio continuado de DDHH del Instituto de Estudios para el Desarrollo
y la Paz (INDEPAZ), en los primeros dos meses de 2022 han sido asesinados 33 líderes y
lideresas sociales, y se han registrado diecinueve masacres que han dejado 82 víctimas (lo
que supone un incremento del 18%, 36% y del 58%, respectivamente, en comparación con el
mismo periodo del año pasado).
El deterioro del clima social resulta mucho más crítico en este momento en que el país se
encuentra inmerso en un proceso de renovación del Congreso y la Presidencia de la
República. La especial relevancia de estas citas electorales puede colegirse a partir de
distintos sondeos de opinión y mediciones de intención de voto, según los cuales, los
resultados se definirían por estrecho margen, gozando los partidos de oposición de un fuerte
respaldo, en tanto significan la posibilidad real de conformar un gobierno apartado de las
actuales políticas económicas y de control social.
La campaña preelectoral ha transcurrido en un escenario caracterizado por la precaria
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto (AFTC) firmado con las
FARC y las secuelas de la brutal represión oficial a la movilización de la protesta social unos
meses atrás, que dejó una alta cifra de víctimas ampliamente documentada por organismos
internacionales como la Comisión Interamericana de DDHH – y las advertencias por parte de
fuentes fiables sobre peligrosas irregularidades para torcer la voluntad de los votantes.
En este sentido destacamos algunos elementos que permiten dibujar el contexto de inminente
amenaza al proceso de democratización en Colombia:
▪ Pasados más de cinco años desde la firma del AFTC resulta evidente la ausencia de
voluntad política para su implementación por parte del actual gobierno. Según se
desprende del X Informe de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final realizado
por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPPCERAC, en ningún año se ha cumplido con lo proyectado en los Marcos Fiscales de
Mediano Plazo para garantizar presupuestariamente su ejecución, por lo cual su
implementación a este ritmo requeriría por lo menos de 26 años. Igualmente se señala
que hasta el momento solo se han registrado en el Fondo Nacional de Tierras el 46,2%
de los predios previstos en el AFTC para su distribución y que tan sólo el 7,8% de
hectáreas sido entregado a los campesinos.
▪ La Corte Constitucional en su Sentencia SU 020-22 declaró el Estado de Cosas
Inconstitucional por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de
seguridad de la población firmante en tránsito a la vida civil, previsto en el numeral 3.4 del
AFTC. Según Indepaz desde el año 2016 han sido asesinadas 304 personas
excombatientes firmantes del Acuerdo además de 1316 líderes y lideresas sociales en el
mismo período. Por su parte Naciones Unidas coincide en identificar los altos índices de
violencia como el principal obstáculo para la consolidación de los procesos de
reincorporación en los territorios.
▪ Según la Misión de Observación Electoral -MOE- 97 de los 167 municipios que cobijan
las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, formuladas en el punto 2.3.6 del
AFTC con la intención de promover la participación y representación política de las
comunidades asentadas en los territorios más castigados por la violencia, presentan algún
nivel de riesgo electoral, estando 43 municipios en riesgo extremo, 44 en riesgo alto y 10
en riesgo medio, tanto por factores de violencia como por indicativos de fraude electoral.
De otro lado ha habido numerosas denuncias sobre variadas estratagemas para usurpar
estas circunscripciones destinadas a las víctimas por parte de candidaturas provenientes
de sectores relacionados con reconocidos victimarios y agrupaciones explícitamente
contrarias a los anhelos de paz de las comunidades.
▪ Siguen ocurriendo atropellos y acciones hostiles en contra de las entidades que componen
el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición buscando impedir el
cumplimiento de su mandato constitucional. Según fuentes de prensa la vivienda de uno
de los investigadores de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad -CEV- fue asaltada
siendo sustraído material grabado y archivos con información recopilada en una toma de
testimonio a alias “Otoniel”, reconocido jefe del Clan del Golfo uno de los grup8os armados
ilegales herederos del paramilitarismo. Dicha información aportaría elementos claves para
establecer los vínculos entre la fuerza pública y estos grupos.
Consecuentes con esta situación consideramos de crucial importancia el respaldo sin
ambigüedades a los esfuerzos que las organizaciones sociales y comunidades
colombianas hacen para defender su derecho a elegir libremente y en condiciones de
seguridad a sus representantes políticos.
Instamos al Gobierno del Estado Español, al Parlamento Europeo y a las diferentes fuerzas
políticas que componen el tejido representativo de la sociedad a que se posicionen en favor
de una real protección a los derechos humanos en Colombia y a una implementación
integral del Acuerdo de Paz, y que en consonancia con los requerimientos mínimos que
exigen los estándares internacionales para la fiabilidad de los eventos electorales,
soliciten con mayor contundencia a las autoridades colombianas el cumplimiento de
sus obligaciones como corresponde a la correcta administración de un Estado de Derecho.
Finalmente invitamos a todas las instancias con capacidad de incidencia política a que
consideren los diagnósticos contenidos en los diferentes Informes que se elaboran
desde el tejido de acompañamiento político y solidario con Colombia, en especial
aquellos que provienen desde las Plataformas de Solidaridad y Programas de Protección que
operan en el Estado Español, muchos de los cuales hacen parte de este Espacio de
Coordinación. En esos documentos se hallan claves útiles para una comprensión más cabal
de la situación a la que se enfrenta el pueblo colombiano en su lucha por la justicia.
El nuestro es un llamado urgente para que desde la comunidad internacional se atiendan
oportunamente las demandas que se hacen desde Colombia en esta hora determinante para
la transformación y superación de las causas del conflicto social y armado. Invitamos una vez
más a salvaguardar de forma efectiva su legítima aspiración a vivir en paz.
Marzo 11 de 2022
ESPACIO DE COORDINACIÓN DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA
-Conformado por 29 Organizaciones y Plataformas en el Estado Español-