Contar muertes por dólares: Caída de las “organizaciones de DDHH” en Nicaragua
En su ansia de financiación estadounidense, las ONG nicaragüenses de «derechos humanos» aumentaron el número de muertos durante el golpe del año pasado. Hoy, estos grupos están en un estado de completo desorden.
Por John Perry | The Gray Zone. Fuente Nicaleaks
Cuando el conflicto político resulta en la muerte de personas, especialmente a manos de un gobierno, las muertes no son solo tragedias personales, sino que se convierten en forraje para los enemigos de ese gobierno.
Esta dinámica se desarrolló durante el intento de golpe de estado del año pasado en Nicaragua, cuando la oposición intentó derribar al gobierno electo del presidente Daniel Ortega a través de una campaña nacional de protesta y sabotaje violento.
Cuando el intento de cambio de régimen finalmente se detuvo en julio de 2018, la oposición alegó a través de una tríada de ONG de «derechos humanos», que el gobierno había matado entre 325 y 500 manifestantes.
Este número de muertos se repitió en prácticamente todos los informes de los medios internacionales, en el Congreso de los Estados Unidos y en los pasillos de la Organización de los Estados Americanos, todo para obtener apoyo para sancionar al gobierno nicaragüense.
Pero un año después, los conjuntos de «derechos humanos» cuyos informes generaron estos números comenzaron a desmoronarse. Y a medida que sus fondos estadounidenses se agotan, sus antiguos empleados han comenzado a revelar la verdad sobre sus dudosos datos.
Grayzone informó el mes pasado sobre la dramática ruptura de la Asociación de Nicaragua para los Derechos Humanos (ANPDH), una ONG de oposición cuya junta directiva confesó exagerar el número de muertos para recaudar más dinero del gobierno de los EE. UU.
En una conferencia de prensa en julio, que fue totalmente ignorada por los medios corporativos, el ex director de la ANPDH, Gustavo Bermúdez, acusó a su ex jefe, Álvaro Leiva, de haber «inflado el número de muertos». Bermúdez dijo: «Le preguntamos personalmente de dónde sacaste esa cifra», “un amigo me llamó diciendo que por favor sacara a su abuela que murió de un ataque al corazón de la lista de personas que supuestamente fueron víctimas de la represión «.
Pero el grupo ANPDH es solo una parte de una importante industria de derechos humanos en Nicaragua, que ha funcionado como un arma de cambio de régimen, colocando la política sobre el profesionalismo para asegurar sus objetivos maximalistas. Y ahora que el golpe en el que participaron ha fallado, su red se está derrumbando y sus directores están posicionados en un pelotón de fusilamiento circular.
La máquina de propaganda de la oposición
Hasta hace poco, tres organismos locales afirmaban vigilar los derechos humanos, todos con fondos extranjeros. Su trabajo complementa los informes periódicos de organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), y las frecuentes intervenciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH).
Mientras tanto, el gobierno nicaragüense operaba una oficina de derechos humanos propia. Aunque los organismos internacionales tienen enormes recursos, los tres pequeños organismos locales han tenido una influencia desproporcionada sobre ellos.
La ONG local más antigua, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) data de antes de la revolución nicaragüense de 1979, y recibe fondos del equipo de cambio de régimen de EE. UU., National Endowment for Democracy (NED).
Por su parte, la Asociación de Derechos Humanos de Nicaragua (ANPDH) se estableció en Miami con $ 3 millones de la administración Reagan en la década de 1980, con el objetivo de blanquear la violencia de las fuerzas ‘Contra’ respaldadas por Estados Unidos que intentaban derrocar el gobierno sandinista.
La tercera de estas ONG de oposición es CENIDH, o el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Este grupo se creó con fondos europeos en 1990 y está encabezado por una ex miembro del FSLN, Vilma Núñez de Escorcia, quien es una de las fundadoras del partido opositor MRS.
Ninguno de estos tres cuerpos ha hecho ningún intento de neutralidad política. De hecho, todos se opusieron al gobierno sandinista mucho antes del intento de golpe de estado del año pasado. Pero cuando el intento de derrocamiento comenzó en abril pasado, se convirtieron en una parte clave de la máquina de propaganda de la oposición.
CENIDH y ANPDH, en particular, publicaron informes regulares cuyo sesgo se hace evidente por el lenguaje: CENIDH, por ejemplo, se refirió al gobierno nicaragüense, elegido en 2016, como el “régimen dictatorial” de Daniel Ortega y (vicepresidente) Rosario Murillo”.
El informe inicial de este grupo, emitido el 4 de mayo, exageró de inmediato el número de muertes al registrar seis muertes en el primer día de la violencia (19 de abril), todas menos una atribuida al gobierno, cuando en realidad solo había tres: una policía oficial, un sandinista que defiende un ayuntamiento del ataque, y un espectador no involucrado. A fines de julio, el quinto informe del CENIDH registró 302 muertes, todas atribuidas al «terrorismo de estado».
Para la misma fecha, ANPDH informaba no menos de 448 muertes en «protestas cívicas», una cifra repetida por la BBC, MSN, fuentes de noticias en todo Occidente y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A principios de septiembre, el recuento de muertes de la ANPDH había llegado a 481, de los cuales 455 estaban listados como «homicidios».
El director de la ANPDH, Álvaro Leiva, clasificó las muertes con notable confianza y especificidad: 152 murieron en «ejecuciones aleatorias», afirmó Leiva, mientras que 116 fueron asesinados en «ejecuciones planificadas», 86 en enfrentamientos «desproporcionados» entre las fuerzas gubernamentales y civiles, 57 en «selectivos» las ejecuciones, «36 muertes» parecen haber sido planificadas y ejecutadas por paramilitares encapuchados y armados «, y solo ocho fueron inexplicables.
A fines del mismo mes en que hubo muy poca violencia, el número de muertos de la ANPDH, todos culpables al gobierno, había llegado a 512. Según la ANPDH, otras 1.300 personas habían «desaparecido».
A principios de julio del año pasado, las cuentas publicadas por los órganos de «derechos humanos» ya habían comenzado a desmoronarse. Enrique Hendrix, un residente de Managua, revisó sistemáticamente los recuentos de muertes para producir un informe que llamó Monopolizar la muerte: o cómo enmarcar un gobierno inflando una lista de los muertos.
Al identificar a cada víctima, pudo detectar el doble conteo y, en la mayoría de los casos, determinar la verdadera causa de la muerte. Hendrix descubrió, por ejemplo, que la lista de CENIDH incluía un suicidio, accidentes de tránsito y varias duplicaciones o muertes inexplicables.
De las 167 muertes incluidas en sus primeros informes, solo el 31% (51 personas) eran en realidad manifestantes que habían muerto en el conflicto. En el caso de ANPDH, que en ese momento había registrado 285 muertes, solo el 20% (58) fueron confirmados como manifestantes.
Un informe publicado semanas después por la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional de Nicaragua también encontró una gran brecha entre las cifras de ANPDH y el número real de muertes derivadas del conflicto.
Los organismos internacionales de «derechos humanos» se hacen eco de la desinformación de la oposición
Tras la publicación de las investigaciones desequilibradas y mal investigadas de Amnistía Internacional sobre la violencia del año pasado, un grupo de investigadores locales respondió con un informe llamado Descartar la verdad.
Este documento examinó en detalle las listas de víctimas producidas por los cuerpos de «derechos humanos» relacionados con la zona central de Nicaragua, donde se produjo una violencia considerable dentro y alrededor de los obstáculos establecidos por la oposición y custodiados por personas con armas.
A través de un examen caso por caso, los investigadores encontraron que de las 16 muertes reportadas que se confirmaron como relacionadas con el conflicto, 15 fueron asesinadas como resultado de una acción de oposición (las víctimas consistieron en cinco policías, seis partidarios del gobierno o trabajadores, y cinco ciudadanos no afiliados). Para la decimosexta y última muerte relacionada con el conflicto, la responsabilidad fue indeterminada y posiblemente fue el resultado del fuego cruzado.
Además de estas 16 muertes, ANPDH informó otras 18 que, en investigación, claramente no fueron el resultado del conflicto. Las causas de muerte incluyeron peleas entre activistas armados de la oposición en bloqueos de carreteras (por ejemplo, por dinero), robos, un accidente de tráfico y dos casos en los que se duplicaron nombres.
En otras palabras, más de la mitad de las muertes registradas por ANPDH se atribuyeron erróneamente al conflicto. Sin embargo, ANPDH dio la impresión de que las 34 muertes fueron resultado de la violencia del gobierno, cuando la evidencia mostró que solo una posiblemente lo hizo.
