Guerra jurídica y falsos positivos en Casanare: el precio de la protesta social en Colombia

AraInfo. Miércoles 16 de Octubre de 2019

En este año se ha incrementado la persecución de los líderes y lideresas sociales, algunos de los líderes sociales con los que nos entrevistamos están ahora judicializados y difícilmente podrán votar en la próxima convocatoria electoral prevista para el 27 de octubre.

Regresamos a Yopal, departamento de Casanare, en la región de los Llanos Orientales de Colombia. Ha pasado mas de un año desde que en agosto de 2018 la Caravana organizada por Redher, junto a otras organizaciones nacionales, regionales e internacionales, visitamos la zona del centro-oriente colombiano. Entonces tuvimos la oportunidad de visitar el asentamiento de “Mi Nueva Esperanza”.

En esta ocasión, la visita coincide con periodo de elecciones regionales y el asentamiento se ha llenado de afiches que piden el voto a los candidatos a los diferentes cargos de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles, quienes muestran su mejor sonrisa en los carteles repartidos por el asentamiento. En este año se ha incrementado la persecución de los líderes y lideresas sociales, algunos de los líderes sociales con los que nos entrevistamos están ahora judicializados y difícilmente podrán votar en la próxima convocatoria electoral prevista para el 27 de octubre.

Es conocido que en Colombia la protesta social se cobra un precio muy alto. Desde asesinatos que permanecen en la impunidad hasta la judicialización de líderes como respuesta del Estado. Organizaciones como ASONALCA, COSPACC, ANJECO, ASMUC, UNION SINDICAL OBRERA (subdirectiva TAURAMENA “USO”) denunciaron en un comunicado que esta respuesta recrudece las problemáticas comunitarias y que la privación de la libertad busca desarticular los procesos sociales.

Hermes Burgos y Alix Miriam Aguilar aparecen como víctimas de montajes judiciales por parte de la fiscalía al igual que otros líderes sociales del departamento. Nos entrevistamos con Alix Miriam acusada de rebelión, concierto para delinquir y extorsion en su humilde vivienda en “Mi Nueva Esperanza”. Ella llegó a Casanare desde el departamento vecino de Arauca, desplazada por el conflicto interno colombiano, como tantos de los pobladores del asentamiento que son sus vecinos. En abril de 2012, junto a otras 3000 personas, invadieron unas fincas privadas para conseguir un lugar donde vivir. Tres meses después les desalojó a la fuerza y con gases lacrimógenos el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). En septiembre de 2012, una parte de los pobladores volvieron a ocupar las tierras junto al caño Usibar.

Alix Miriam Aguilar. Foto: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza.

Desde entonces viven bajo la constante amenaza del desalojo y reclamando a las autoridades una solución para una vivienda digna. En estos momentos, lleva mas de un año en casa por cárcel, una medida de aseguramiento a la espera de juicio por los delitos de rebelión, concierto para delinquir y extorsión desde que el 30 de septiembre de 2018 su casa fue allanada por la Policía. Esta medida no le permite salir de su casa donde teje “mochilas” (bolsos tradicionales) que vende para conseguir algo de dinero. El calor que irradia la techumbre de planchas de acero se nos hace difícil de soportar tras una hora de encuentro, pero Miriam tiene que soportar las incomodidad y sensación de aislamiento que, puede convertirse en claustrofóbica, teniendo que recurrir a amistades y vecinos para que le ayuden a sobrellevar las gestiones ordinarias que para ella se convierten en una odisea.

No es la primera vez que Alix sufre el acoso de la policía, la anterior fue en febrero de 2017, cuando la Fiscalía allanó su casa junto a la policía, CTI, Gaula y ejército. No encontraron nada. El origen de esta persecución data de 2014 cuando participó en los paros de la Cumbre Agraria que tuvieron lugar aquel año en Colombia. Después del allanamiento de 2017 siguió participando en marchas a favor de la vivienda digna y en plantones contra el feminicidio. Y las amenazas de la policía se reanudaron.

Por la tarde nos reunimos con tres de los procesados en otro caso. En esta ocasión del municipio de San Luis de Palenque. El 27 de noviembre de 2018, fueron detenidos Ferney Salcedo, Yulivel Leal, Jesús Leal Salcedo, Carmen Iraida Salcedo, Miguel Ángel Rincón, Josué Eliecer Rincón, María Teresa Rincón y Salcedo Betancourt, algunos integrantes de una misma familia.

Un operativo de más de 200 efectivos de la Policía y el Ejército Nacional, helicópteros y la Fiscalía 135 de la Estructura de Apoyo (EDA) en Casanare, acusadas de concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a vías públicas, entre otros delitos. Entre los procesados se encuentran los líderes y lideresas que desde 2017 dirigen las movilizaciones de protesta de las comunidades del bloque Cubiro del municipio de San Luis de Palenque frente a la multinacional petrolera canadiense Frontera Energy.

Las reivindicaciones incluían desde el pago de deuda por servicios a empresas locales, reparación de la pavimentación, temas laborales, garantías de derechos humanos para la comunidad y el cumplimiento de las licencias ambientales. En este caso, hay varias cuestiones que resultan sorprendentes. Por un lado, fue la propia empresa la que durante el año 2018 invitó a los hoy procesados a Bogotá a gastos pagados para reunirse con ellos en las negociaciones para resolver estas reclamaciones. Unas reuniones a las que por parte de la empresa asistían todo tipo de abogados y asesores que entraban y salían de las reuniones. De estas se levantaban las correspondientes actas y eran firmadas por los asistentes.

El proceso negociador culminó sin mayor contratiempo ni sobresalto con una serie de acuerdos que se están cumpliendo en la actualidad. En todos los aspectos menos el ambiental. Un escenario que no se corresponde con el de los delitos por los que están siendo acusados. Además, la empresa no es la que está acusando directamente, quien acusa es la Fiscalía, entidad que esta cuestionada en Casanare por su falta de imparcialidad al haber suscrito once días antes de la detención, el 16 de noviembre de 2018, el convenio número 18-014 con el Ministerio de Defensa Nacional, en la cual el Ejército Nacional se compromete a dar una especial protección a las áreas de interés de la empresa a cambio de 2.152.974.695 de pesos; tres días después, suscribió un nuevo convenio, el número 18-017 con el Ministerio de Defensa Nacional, con igual objeto, esta vez por 2.340 millones de pesos. Unas prácticas que en Colombia son habituales.

Desde 2015 hasta la fecha, ECOPETROL ha firmado cinco convenios de cooperación con la Fiscalía General de la Nación por un monto de 82.621.590.882 de pesos. En el año 2001, la Fiscalía General de la Nación firmó un convenio de cooperación con la Policía Nacional, Ecopetrol y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional para crear siete estructuras de apoyo (EDA) en regiones estratégicas del país para la industria petrolera, con el propósito de adelantar las investigaciones por delitos como el apoderamiento de hidrocarburos y atentados terroristas contra la infraestructura petrolera y energética. Una relación tan próxima y estrecha que en Yopal la Fiscalía se encuentra ubicada en instalaciones del ejército, lo que compromete su imparcialidad y trabajo.

En la casa de Yulivel Leal, esposa de Ferney Salcedo, que actualmente se encuentra en prisión nos entrevistamos con esta. Está en situación de casa por cárcel. Con un aparato electrónico en el tobillo permanece recluida y nos relata algunos pormenores del caso y las dificultades del régimen en el que se encuentra: desde los problemas para concertar una visita médica que tiene que coordinarse con el INPEC (institución penitenciaria) y el Juzgado, como los económicos derivados de no poder atender la finca que antes constituía su trabajo, sustituido ahora por la elaboración de algunas piezas de bisutería para sacar algo de dinero.

Iraida Salcedo y Miguel Ángel Rincón. Foto: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza.

También nos reunimos con Iraida Salcedo y Miguel Ángel Rincón, un matrimonio que también se encuentra entre los procesados e igualmente en régimen de casa por cárcel. Su situación es excepcional por lo anómalo de su caso: acusados de haber sido beneficiados de un contrato por parte de la empresa Frontera como consecuencia de presiones, aunque ellos argumentan que fueron la empresa seleccionada al presentar la oferta económica mas ventajosa para la petrolera en un proceso abierto y público.

Frontera no les acusa y los trabajos fueron realizados y pagados oportunamente, a excepción de una retención o fianza por el 5% de los trabajos que no están en condiciones de reclamar dado que no tienen acceso a la documentación y ordenadores de su empresa por la situación judicial en la que se encuentran. Se quejan amargamente de que “nuestro material de trabajo, los computadores, la fiscalía no nos los han querido entregar, aun y cuando lo hemos solicitado desde hace más de 7 meses en reiteradas ocasiones”. Un embrollo legal que les está llevando a la ruina económica de su empresa que ha terminado con sus empleados en la calle y que ocasiona que tengan que vivir de la ayuda de familiares y amigos. Los hijos no pueden ir al colegio con los padres y tienen que recurrir a taxistas u otras personas para que puedan cumplir con sus actividades.

La esperanza de este grupo pasa en estos momentos por Ginebra donde el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP- y la Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria –COSPACC- presentaron una comunicación al Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas –ONU- por su captura.

En un momento en que los acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP se encuentran en uno de sus momentos mas bajos, con noticias de asesinatos de ex integrantes de las FARC, a los que se añaden los de defensores de derechos humanos, en un goteo diario, la ofensiva del aparato estatal contra los movimientos sociales es otra constante que ahonda la grave situación de los derechos humanos.

El falso positivo judicial es una adaptación del tristemente conocido como falso positivo. En estos, ciudadanos normales eran asesinados por fuerzas del ejército y hechos pasar como integrantes de la insurgencia, uno de los episodios mas negros de la reciente historia de Colombia. En los falsos positivos judiciales se manipula el derecho penal, mediante pruebas y acusaciones falsas para construir expediente judiciales generalmente en contra de activistas sociales y defensores de derechos humanos.

Muchas veces los acusados después de años sometidos a procesos judiciales son liberados ante la inconsistencia de las acusaciones que no resisten el momento definitivo del juicio. Una situación que nos recuerda los casos que nos han expuesto donde difícilmente resultan creíbles las acusaciones. Una de las investigadas por el caso de San Luis de Palenque nos contaba que tras la firma de los acuerdos cuando surgía una disputa laboral con Frontera los empleados implicados reclamaban la intervención de los representantes de la Comunidad ante la desesperación de la empresa.

Todo parece una venganza de la compañía para desincentivar la protesta social recurriendo a la Fiscalía. Unas prácticas íntimamente relacionadas con el law fare o guerra jurídica y que constituye una de las amenazas mas graves a los sistemas democráticos. Que casos como los descritos se resuelvan sin destruir las vidas de los implicados, estigmatizándolos de por vida, es un imperativo para que el historial de Colombia en incumplimiento en materia de Derechos Humanos no siga creciendo.
11 octubre, 2019
Autor/Autora

COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA

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