Colombia: acumulación por desposesión y violencia.

Heraldo de Aragón 14/11/2019.

Los acuerdos de Paz de 2016 tuvieron como efecto positivo desescalar la guerra pero bajo la presidencia de Iván Duque 240 líderes sociales, indígenas, ex combatientes de las FARC,…., han sido asesinados. La primera semana de noviembre fue especialmente dura con la muerte de siete indígenas en el Cauca. El genocidio de los pueblos indígenas iniciado con la colonización española no cesa ya que su presencia en el territorio va en contra del modelo económico que se quiere establecer. Precisamente esa misma semana en un seminario organizado por el Equipo Jurídico Pueblos en la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, víctimas y expertos reunidos en el Encuentro Latinoamericano, Prácticas Sociales Genocidas en Contextos de Paz y Conflicto Armado, debatieron sobre la situación en Colombia. Uno de los aspectos más relevantes que se trataron fueron los miles de crímenes cometidos durante el conflicto armado y que no tienen relación con él se han intentado revestir como parte del conflicto. Por ejemplo, el caso de los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército de civiles para hacerlos pasar por combatientes de la insurgencia. Unos crímenes de estado en que inocentes eran sacrificados para obtener ascensos y otro tipo de recompensas. Cuando sus familiares, como las madres de Soacha, consiguieron condenas judiciales de altos mandos militares por estos hechos, los victimarios -que antes acudían a la justicia militar para eludir responsabilidades- recurrieron a los mecanismos de justicia transicional establecidos por los acuerdos de Paz bajo la denominación Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una maniobra exitosa para recibir un tratamiento mas benigno que el de la justicia ordinaria al disfrutar, en estos momentos, de la libertad por haber aceptado la JEP que esos horrendos crímenes se habían perpetrado en relación con el conflicto armado, cuando las víctimas eran ajenas al mismo. En Colombia diferentes grupos han sido objeto de prácticas sociales genocidas al margen del conflicto armado (sindicalistas, estudiantes, grupos políticos, ex combatientes reinsertados en grupos políticos,…). Un representante de SINATRAINAL, sindicato de la alimentación con mas de 29 asesinados entre sus miembros, quiso recordar que ellos no son víctimas del conflicto armado, sino victimas de Estado. La Unión Patriótica fue un movimiento político de izquierda que acogió a militantes de las FARC (procedentes de otro proceso de negociación) y del que mas de 3000 de sus militantes fueron exterminados, unos hechos por los que el estado colombiano ha reconocido su responsabilidad, la misma suerte corrieron los integrantes de ¡A Luchar!. En el seminario de Bucaramanga, el sociólogo Daniel Feierstein señaló que estas actuaciones se corresponden con el concepto de prácticas sociales genocidas que tienen que ver con el intento de exterminar la identidad del oprimido, a través del efecto del terror, castigando cualquier forma de solidaridad en los sectores populares (como el sindicalismo) y en los que la práctica de la oposición es catalogada de subversión.

En estos momentos en que se recrudece el conflicto, hay que recordar que las estrategias de aniquilación de las comunidades (como la de San José Apartadó), indígenas, afros, …, se siguen dando porque hay quienes quieren usurpar las tierras y los pobladores de los territorios de alto interés geoestratégico y macroeconómico son la verdadera oposición a grandes proyectos extractivistas (minería, petroleo,..) y monocultivos. El desplazamiento forzado de comunidades estuvo asociado durante el conflicto al control y distribución de las tierras. Después de 3 años desde la firma de los acuerdos de paz, el capítulo relativo a la restitución de tierras no avanza, al contrario hay un retroceso o vuelta al pasado victimizando a quienes se enfrentan a lo que el geográfo británico David Harvey califica como proceso de acumulación por desposesión por el cual se produce la expulsión violenta de campesinos y la transformación de los derechos comunes en derechos privados. La muerte de 837 personas asesinadas (702 líderes sociales y personas defensoras de Derechos humanos y 135 ex guerrilleros de las FARC–EP en proceso de reincorporación) entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019 según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz es la prueba de una estrategia de aniquilamiento contra los sectores populares de Colombia.

Luís Mangrané Cuevas, miembro del Comité Internacionalista de Zaragoza.