“Colombia sufre una democracia genocida que hay que denunciar ante la comunidad internacional”

Martes 03 de Diciembre de 2019. ARAINFO.

A pesar de su juventud, como parte del Equipo Jurídico Pueblos, este abogado tiene una amplia trayectoria en la defensa de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de la zona nor oriental de Colombia. Durante su estancia en España ha podido olvidarse del chaleco antibalas y del escolta que le acompaña a diario cuando sale a la calle.

Rommel Durán (Colombia, 1986) ha recibido este año el premio Ludovic Trarieux [1], algo así como el premio Nobel de la Abogacía de Derechos Humanos. El año en el que Rommel nació, Nelson Mandela fue reconocido con este mismo galardón. Cuando se lo entregaron el pasado mes de mayo, la organización le dijo a Rommel Durán que se alegraban de que pudiera estar presente en la ceremonia, puesto que las sillas de los ganadores de los dos años anteriores, una jurista y un abogado de Oriente Medio, se habían quedado vacías porque habían sido encarcelados por su trabajo. Y no es para menos. Ejercer la abogacía en el ámbito de los derechos humanos es un “deporte de riesgo” en muchos lugares del planeta. Así es el caso de Colombia, con más de cinco décadas de conflicto armado y violación sistemática de derechos humanos de la población civil.

A pesar de su juventud, como parte del Equipo Jurídico Pueblos, Rommel Durán tiene una amplia trayectoria en la defensa de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de la zona nor oriental de Colombia. Tres de los colectivos cuyas vidas se ven constantemente amenazadas tanto por los paramilitares como por las grandes empresas extractivistas o incluso por el propio terrorismo de Estado.

Durante su estancia en España ha podido olvidarse del chaleco antibalas y del escolta que le acompaña a diario cuando sale a la calle. Estos días ha visitado Zaragoza de la mano del Comité de Solidaridad Internacionalista y ha ofrecido una charla en el Colegio de Abogados (REICAZ), además, ha sido recibido en las Cortes de Aragón y en la Diputación Provincial de Zaragoza.

Colombia se encuentra desde el pasado 21 de noviembre en Paro Nacional. ¿Cómo se está viviendo?

Es un movimiento fuerte de protesta, con diversas motivaciones. Está el tema de la privatización de las pensiones o de la Universidad, pero sobre todo la represión estructural que ha dejado en tres años más de 820 líderes sociales asesinados. Es un Paro Nacional en el que las fuerzas de seguridad han causado cientos de capturados, de lesionados. Gente que ha perdido sus ojos por los perdigones o incluso testículos, por las granadas de fragmentación. Un estudiante universitario, Dilan Cruz, de 18 años, ha muerto precisamente por los efectos del estallido de una de estas granadas lanzadas por la Policía. El del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) es un modus operandi muy similar al que se está utilizando estos días en la represión en Chile. No quieren testigos, se ataca a periodistas y abogados que observan las protestas sociales.

Para mucha gente en Occidente el conflicto armado colombiano se reduce a narcotráfico, pero la realidad es mucho más compleja. ¿Qué otros conflictos conviven en Colombia?

La comunidad internacional debe saber que el proceso de paz de Colombia no ha prosperado y que seguimos viviendo una guerra. Pero las causas son muy diversas. Hay mucha conflictividad ambiental, laboral y social por la acción de las multinacionales de EEUU, Canadá, Gran Bretaña… Nuestro equipo jurídico trabaja con víctimas de la sustitución de cultivos (palma aceitera), el fracking o los proyectos minero energéticos (carbón, oro, hierro, coltán…), el despojo jurídico de tierras, en definitiva. Defendemos a presos políticos campesinos, afros e indígenas que se enfrentan a las políticas extractivistas y reciben falsas acusaciones de ser guerrilleros. La Fiscalía usa fuentes no formales (anónimas) para culparles por su protesta. Operan mecanismos de persecución e impunidad muy potentes que hay que denunciar ante la comunidad internacional.

¿Cómo operan dichos mecanismos?

Uno de los casos más aterradores es el de los llamados “falsos positivos”. Se calcula que sólo entre 2005 y 2010 (todavía se siguen produciendo este tipo de asesinatos [2]), se calcula que se mató a 12.000 personas mediante ejecuciones extrajudiciales; jóvenes de la calle, consumidores de droga, etc. a quienes se secuestraba y se trasladaba a lugares de conflicto armado, se les vestía de guerrilleros y se les mataba a tiros. Por esta causa, se han conseguido unas 1.200 condenas y vincular a unos 1.800 militares. La mayoría de ellos son soldados, es difícil relacionar a los altos mandos implicados. El problema es que se aplica el modelo irlandés de Justicia post conflicto que se basa en cambiar verdad por justicia. Se descartaron los modelos sudafricanos, argentinos o chilenos por contener leyes de punto final. Sin embargo, este recurso, que es como una tercera instancia, está dilatando más el cumplimiento de las condenas, puesto que, por ejemplo, una vez que se sentencia a muchos años de cárcel a un militar que ha asesinado a decenas de jóvenes, éste sujeto se acoge a esa jurisdicción especial y el proceso judicial vuelve a empezar, dificultando el acceso a la justicia de las víctimas, y convirtiéndose en una vía de escape para los victimarios.


Guardia Indígena en el Paro Nacional. Foto: Comité de Solidaridad Internacionalista

¿Qué se puede hacer desde Europa para apoyar a la sociedad civil colombiana?

En Colombia hay una democracia genocida. De genocidio económico y cultural, pero también de colectivos concretos. Por ejemplo está pasando en el Cauca, donde se está masacrando a los indígenas. A esto se suma la reaparición de los paramilitares: el Clan del Golfo, los Rastrojos, las Águilas Negras… Para la sociedad civil colombiana es importante que se difunda información veraz a través de los medios de comunicación. También mediante la participación de observadores internacionales en las caravanas que se organizan anualmente a Colombia, caravanas de representantes socio políticos o caravanas de juristas.

Al igual que en España hay tribunales para violencias concretas, como la violencia machista, ¿hay tribunales especializados en la violencia que sufren los líderes y lideresas sociales en Colombia?

La Justicia colombiana niega esa visión integral de que hay una violencia estructural contra los líderes sociales, ya sean afiliados a un sindicato, representantes políticos en su pueblo, del colectivo LGTB, indígenas, campesinos… El Estado reduce la cifra de asesinatos porque no quiere dañar su imagen pública hacia el exterior. Pero no puede volver la cara a la realidad: Colombia es un país con dos millones y medio de desplazados. Un país en el que a un sindicalista, como fue el caso de Luciano Romero, por demandar los atropellos laborales de Nestlé ante tribunales europeos acabó muerto, acuchillado por 17 puñaladas al volver de su asilo en el País Vasco. Siempre se habla de violencia e insurgencia, pero no hay que olvidar el Terrorismo de Estado. El antiguo DAS, ahora DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) tienen gastos reservados con los que financian escuadrones de la muerte y financian campañas de desprestigio contra quienes participan en la contestación social.

¿Dónde se anclan las raíces de la violencia en Colombia?

Se trata de un conflicto con caracterizaciones muy diversas: violencia política, violencia estatal, proyectos mineroenergéticos, despojo de tierras… Hay que recordar que la Corte Interamericana ha condenado hasta diez veces al Estado Colombiano por la creación de grupos paramilitares, primero llamados autodefensas, que fueron entrenados por Israel y que sirvieron para reprimir en los procesos de reparcelación del latifundio.

Cabe recordar el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas. Se encargó a doce sabios estudiar el origen del conflicto, pero no hubo una visión única, se compuso a partir de doce versiones del conflicto, que pasaban desde el colonialismo gringo hasta el despojo de tierras, pasando por el narcotráfico o el terrorismo de estado.

Cuando la gente ya no tenía otra opción, cuando eran masacrados y el Estado no los protegía, algunos tomaron las armas para garantizar su vida, en el marco del derecho a la rebelión cuando sufres ese grado tan alto de represión. Así fue el caso de José Antonio Jiménez Comín, Domingo Laín y Manuel Pérez, tres sacerdotes aragoneses que optaron por su participación activa en la guerrilla cuando vieron las injusticias sociales que vivía el pueblo colombiano. Pasaron de predicar, a liderar el ELN.

[1] El premio Ludovic Trarieuxse otorga cada año conjuntamente por los Institutos de Derechos Humanos de Burdeos, París, Bruselas y Roma, así como por el Instituto de Derechos Humanos de Abogados Europeos (IDHAE).

[2] Naciones Unidas emitió el año pasado un informe denunciando doce nuevos “falsos positivos”
3 diciembre, 2019
Autor/Autora

BLANCA ENFEDAQUE

Periodista-comunicadora

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