Voluntad de resistencia de las comunidades agromineras del sur de Bolivar
11 de diciembre 2021
Transcurridos 20 años desde la Caravana Internacional por la Vida Para el Sur de Bolívar -Colombia-, y otros 5 tras la firma de los acuerdos de paz entre el estado colombiano y las FARC-EP, el Centro de Investigación y Educación Popular Programa por la Paz denuncia “las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de las que han sido víctimas los pobladores de la zona sur del departamento de Bolívar”.
COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA 7 DICIEMBRE
La serranía de San Lucas, sur de Bolivar, se convirtió hace 50 años en destino de pobladores procedentes de diferentes regiones de Colombia. A finales de la década de los 90 fue escenario de una dura arremetida paramilitar en la que el propio Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, declaró que guindaría su hamaca en la famosa Teta de San Lucas, el emblemático y más alto pico de la serranía que, además, constituye el símbolo de resistencia de las comunidades agromineras de la región, que alberga una gran reserva de oro. En esa época se dieron fuertes enfrentamientos de los paramilitares con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC. El primero de estos grupos guerrilleros hace presencia en este territorio desde mediados de los años 70 y, por ello, es calificada como zona roja, con la consiguiente estigmatización para los pobladores.
El Centro de Investigación y Educación Popular Programa por la Paz -Cinep/PPP- en su revista Noche y Niebla recuerda como “entre 1996 y 2002 se presentó la más feroz arremetida paramilitar, en asocio con la fuerza pública, en el sur de Bolívar. Aunque afirmaban que su accionar era para atacar las organizaciones insurgentes que tenían presencia en la región, la realidad mostró que el objetivo era obligar a la población civil para que abandonara su territorio y se pudiera utilizar para proyectos de explotación minera a gran escala. Esta incursión dejó una cantidad aún no establecida de víctimas de diferentes violaciones de derechos humanos: asesinatos, desaparición forzada, desplazamiento forzado, entre otras. Esta operación de tierra arrasada beneficiaba los intereses de la multinacional Anglogold Ashanti que ya tenía interés en la riqueza aurífera de la región”.
Precisamente, en aquellas fechas, en agosto de 2001, se organizó la Caravana Internacional por la Vida Para el Sur de Bolívar, en la que participó el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza -CSI-, para constatar y romper el bloqueo y cerco político, militar e informativo que sufría una población civil con el infundado calificativo de ser guerrillera o estrechamente ligada a la insurgencia. Desde aquella caravana han pasado 20 años y otros 5 tras la firma de los acuerdos de paz entre el estado colombiano y las FARC-EP. El general retirado Jorge Enrique Mora, quien fue nombrado por el propio Álvaro Uribe como comandante de las Fuerzas Militares y que hizo parte de la delegación gubernamental negociadora en ese proceso de paz, en la presentación de su polémico libro “Los pecados de la paz” señala que “hoy vivimos un posconflicto incierto, inestable y peligroso. La paz es una quimera”.
Actualmente, en diferentes regiones del país hacen presencia diferentes estructuras de las FARC (las que no se desmovilizaron y las que retornaron a las armas), paramilitares y el ELN. El sur de Bolivar no es una excepción y regresamos a Santa Rosa del Sur para conocer la situación de la región que este año ha tenido graves episodios de violencia política. En agosto pasado, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar denunció que, ante las amenazas de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o el frente 37 de las FARC, 1000 personas tuvieron que desplazarse al casco urbano de Santa Rosa del Sur. La gran presencia militar en el área, desde 2019, de la fuerza de tarea conjunta Marte del ejército no ha sido garantía para la protección de las comunidades.
Para denunciar esta situación la Federación Agrominera del Sur de Bolivar (FEDEAGROMISBOL) organiza un acto por la vida y la memoria de Oswaldo Pérez y Erley Osorio. El primero fue asesinado en julio por las disidencias de las FARC, en la vereda Mina Piojo, y el segundo en septiembre por paramilitares del Clan del Golfo, en el municipio de Montecristo. La convocatoria pretendía honrar la vida de todos los que han sufrido las consecuencias de la guerra, ser un acto de hermandad y amistad con los habitantes del Montecristo y reclamar a los grupos armados, incluido el ejército, que no van a permitir que les involucren en su acciones de guerra.
Narciso Beleño, Presidente de FEDEAGROMISBOL, afirmaba antes de su celebración «queremos hacer un acto público por la vida y reclamarle a las cuatro fusiles, porque son cuatro grupos armados en el territorio, que nosotros no estamos en su conflicto y que nos dejen por fuera».
Para ello, una caravana de unos 60 vehículos todoterreno, con origen en diferentes lugares de la Serranía de San Lucas, se desplazaron por las trochas que conducen hasta Montecristo el día 24 de noviembre. Durante el viaje desde Santa Rosa se recorren unas trochas de barro que suben y bajan las verdes lomas y desde las que se observan a lo lejos los diferentes caseríos o asentamientos a los que han dado lugar las pequeñas explotaciones mineras y que son fácilmente reconocibles por los destellos de luz que reflejan las chapas de los tejados de las casas. La cumbre de la Teta de San Lucas permanece tapada por las nubes que anuncian una lluvia que en caso de caer sobre el recorrido de la caravana haría impracticable el ya de por si difícil camino.
El Cinep/PPP en sus informes es claro y contundente: “Las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de las que han sido víctimas los pobladores de la zona sur del departamento de Bolívar no han sido producto de la guerra que el Estado libra contra las fuerzas insurgentes como lo han querido hacer ver las versiones oficiales. El accionar de las fuerzas militares y de sus aliados paramilitares no obedece a una guerra contrainsurgente. En realidad, ha sido una estrategia de despojo de un territorio que contiene incalculables riquezas en recursos naturales renovables y no renovables, que en la medida que se han ido identificando van despertando la codicia de los grandes capitales transnacionales para apropiarse de ellos sin importar las consecuencias sociales, económicas, culturales ni de ningún otro tipo. Los cientos de asesinatos, los miles de campesinos desplazados forzadamente, las innumerables desapariciones forzadas y las judicializaciones contra los líderes y pobladores han pretendido que las comunidades, por puro desgaste, abandonen su territorio para dejar vía libre a quienes pretenden explotar irracionalmente los recursos de la región; y si no se van, al menos que no se opongan a estos proyectos y hasta los respalden. La estrategia no ha funcionado pero el costo en vidas, libertades y tranquilidad ha sido demasiado alto».
Y continúa el Cinep/PPP explicando que «durante todo este tiempo hemos tenido múltiples violaciones a los derechos humanos y es de anotar que cada día se incrementan las acciones por parte de estos grupos paramilitares y la connivencia por parte del ejército nacional y fuerza pública es clara y constante, y aun así la región se mantiene en resistencia con sus procesos de organizaciones sociales y con las decisiones que las asambleas campesinas definan. La implementación de megaproyectos y multinacionales en la región ha generado también la resistencia de las comunidades que se ven afectadas por los mismos y es también este panorama en donde se ve la fuerza pública convertida en el principal contradictor de la protesta social en los territorios.”
En Montecristo el día 25 se organizaron diferentes actos y reuniones con la comunidad. La preocupación no es solo la violencia política, también los mecanismos de despojo institucionales. A pesar de que durante todos estos años los pequeños mineros han conseguido con la ayuda de FEDERAGROMISBOL titular las minas, ahora se ven impotentes para cumplir con todas las exigencias legales y medioambientales que las autoridades les exigen equiparándoles a las grandes multinacionales con las que, precisamente, han venido disputándose la permanencia en el territorio.
En los actos de Montecristo, además de declaraciones de las autoridades locales, quedó evidenciada la voluntad de resistencia de las comunidades agromineras que habitan el territorio; aunque muchos de ellos llegaron atraídos por la fiebre del oro, con los años éste se ha convertido en su hogar, y del mismo modo que resistieron la amenaza paramilitar de Castaño de plantar su hamaca en la cumbre de la sierra ahora los agromineros están dispuestos a permanecer en el territorio contra las nuevos peligros y desafíos.
