El caso de Erika Prieto: en Colombia, la Fiscalía continúa la persecución judicial de lideresas sociales

15 de diciembre 2021. Arainfo https://arainfo.org/el-caso-de-erika-prieto-en-colombia-la-fiscalia-continua-la-persecucion-judicial-de-lideresas-sociales/

La defensora de derechos humanos se presentó el pasado viernes ante la Fiscalía de la nación para defender su inocencia frente a las acusaciones de rebelión agravada. Durante la primera jornada de las audiencias realizadas, la Fiscalía, de manera hostil, desconoció el carácter de defensora de derechos humanos de la reconocida activista.

COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA

El pasado viernes Erika Isabel Prieto Jaime, defensora de derechos humanos colombiana y dirigente del Congreso de los Pueblos (CdP) se presentó voluntariamente en el búnker de la Fiscalía Nacional en Bogotá. Así se conoce al edificio de hormigón frente al que se congregó un numeroso grupo de amistades, compañeros y compañeras de este movimiento político y personas defensoras de los derechos humanos en un acto que coincidía con la celebración del día internacional de los Derechos Humanos.

Erika cumplió el anunció de comparecer voluntariamente ante la Fiscalía, realizado hace unos meses cuando no fue capturada, por no hallarle la policía al encontrarse desplazada con ocasión de un trabajo comunitario.

El Comité ha coincidido con ella en diferentes acompañamientos en los que se denunciaba las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado colombiano.

Especialmente activa fue su participación durante las movilizaciones del Paro Nacional y la crisis del coronavirus. Erika acudió al exterior de la cárcel Modelo en marzo de 2020 para recibir testimonios de los familiares de los presos, con ocasión de la masacre a 24 presos por los guardias de la prisión; participó en entregas de ayuda humanitaria en los barrios pobres de Ciudad Bolívar y la localidad de Mártires; en Altos de la Estancia, asesoró a los vecinos frente a los desalojos de la alcaldesa Claudia López; en el exterior de la embajada de EEUU, reclamó la defensa de la soberanía nacional ante la injerencia de unas maniobras militares, que finalmente fueron desautorizadas; en movilizaciones estudiantiles, acompañó a las primeras líneas que se interponen entre los manifestantes y la policía para que no agredan a los estudiantes; y encabezó la marcha comunera que recorrió el país, desde Barrancabermeja a Bogotá, exigiendo, entre otras cosas, el cese de la judicialización de los líderes sociales.

Esta es una breve muestra de las actividades de estos dos últimos años de una mujer que, a pesar de su juventud, tiene una larga trayectoria personal como abogada y defensora de derechos humanos.

Erika Prieto despidiéndose de su familia y amistades. Foto: Comité de Solidaridad Internacionalista.

La detención de Erika se enmarca en un momento de reflujo de las protestas sociales y pre-electoral ante las elecciones que en Colombia se celebrarán en 2022. El Paro Nacional del 28 de abril movilizó a millones de colombianos contra las medidas adoptadas en plena pandemia por un gobierno calificado de narco-estado, por los innumerables escándalos que enfrenta por vínculos con traficantes. La oleada represiva ha dejado decenas de personas muertas, desaparecidas, cientos de personas lesionadas y la judicialización de jóvenes participantes en las protestas continua a día de hoy, con arrestos que no cesan meses después de que las protestas iniciaran su declive.

Junto a la represión de las protestas, especialmente dura contra los y las jóvenes, en el caso de Erika se añade que pertenece al Congreso de los Pueblos desde su creación, un movimiento político y social que desde el año 2010 hasta la actualidad ha sido duramente perseguido por el Estado que ha encarcelado a más de 150 de sus integrantes y que mantiene vigentes más de 400 procesos en la Fiscalía.

La expresión ‘law fare’, tan en auge en los últimos tiempos, se refiere a una práctica que en Colombia se conoce históricamente bajo las expresiones montaje judicial o falso positivo judicial y que se dirige especialmente contra los líderes y lideresas sociales.

La denominación falsos positivos judiciales añade el término “judiciales” a los falsos positivos – ejecuciones extrajudiciales- que tuvieron su máximo apogeo en los gobiernos de Álvaro Uribe y Santos en los que “se hizo pública la costumbre de secuestrar a seres inocentes, disfrazarlos de guerrilleros y presentárselos al país a través de la prensa como terroristas caídos en combate… El fenómeno fue estimulado por el gobierno central desde comienzos del siglo veintiuno para darle al país la sensación de victoria contra los terroristas y, de paso, permitirle a militares embolsarse miles de millones de pesos por cometer esos crímenes”. Así describía el escritor Germán Castro Caycedo en su libro “Nuestra guerra ajena” uno de los episodios mas tenebrosos de la historia colombiana dentro de lo que se llamó la Política de Seguridad Democrática para mostrar resultados ante la opinión pública y, especialmente, a los Estados Unidos de América, en la implementación del Plan Colombia.

Erika Prieto rodeada de un grupo de activistas a las puertas de la Fiscalía. Foto: Comité de Solidaridad Internacionalista.

Del uso del derecho penal en Colombia contra líderes sociales, se podrían encontrar antecedentes de principios del SXX. Por ejemplo, contra María Cano, quien fuera la primera mujer líder política en Colombia y que participó en 1928 en una huelga de los trabajadores de la bananera United Fruit Company llegando a ingresar en prisión por ello.

En febrero de 2009, la organización Human Rights First, en su informe “Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento. Presos y señalados en Colombia” afirmaba “en un sistema de justicia penal destacado por sus niveles de impunidad, la tenacidad de los fiscales Colombianos que persiguen casos en contra de los defensores de derechos humanos es impresionante. Si bien hay problemas sistemáticos de corrupción y acciones arbitrarias en el sistema judicial, se están abriendo casos en contra de los que defienden los derechos humanos de una manera particular; se les intimida con investigaciones y procesos penales sin fundamento. Además, se hacen muy públicos los cargos sin fundamento, lo que mina la credibilidad de los defensores y los señala como blancos de ataques, frecuentemente por parte de grupos paramilitares. Si bien no sólo los defensores son investigados falsamente, su persecución como grupo es distintiva. Por el carácter de los cargos y los métodos para recoger y falsificar la evidencia. Por lo general, son acusados de rebelión y pertenencia a las organizaciones guerrilleras. Es común que se realicen las investigaciones clandestinamente durante meses o años antes de detenerlos ilegalmente… Desde luego, frecuentemente los fiscales y otros públicamente juzgan a los defensores aún sólo con ese tipo de evidencia errónea, lo que obviamente no basta para un proceso penal justo, llevando a un fuerte señalamiento de los defensores como terroristas”.

Desde entonces, no parece que el papel de la Fiscalía haya mejorado. Alirio Uribe, reconocido abogado y quien fue representante a la Cámara por Bogotá, donde coincidió con Erika cuando ésta trabajó como asesora en dicha institución, criticó durante la presentación de Prieto cómo “se utiliza la Fiscalía y el Ministro de Defensa sale por los medios de comunicación a decir que han apresado 259 jóvenes del Paro, de las primeras lineas, se criminaliza las comunidades, se hacen montajes judiciales, creemos que la Fiscalía está jugando un rol nefasto frente al ejercicio de la protesta social, ya que no investiga la violencia policial pero sí ataca a quienes se manifiestan o se movilizan y hoy estamos viendo como defensores de DDHH, defensores del territorio, involucrados en procesos penales, en lo que llamamos montajes judiciales o criminalización de la protesta, creo que la Fiscalía debe enderezarse, creo que ha perdido autonomía e independencia, no es bueno que en un país el Presidente ponga de Fiscal General a su amigo personal y evite que haya una justicia imparcial e independiente”.

Erika durante su discurso. Foto: Comité de Solidaridad Internacionalista.

Erika, tranquila y serena, a pesar de lo emotivo de la situación, antes de ser detenida por la Policía, dirigió unas palabras a los asistentes: “Hay mucho temor porqué yo se la injusticia que se vive al interior del derecho penal, aun así creo que lo que hay que hacer en este momento es dar la cara, decir con claridad que lo que hemos hecho por transformar la vida de los mas vulnerables, de los empobrecidos, lo hemos hecho en total legitimidad y que en ninguna manera tenemos que agachar la cabeza por eso, ni tenemos que escondernos, con toda la dignidad que tenga que tener pasaré en la cárcel o donde sea, pero yo no me arrepiento de haber ayudado a cada comunidad en la que he intervenido, de haber defendido la primera linea, de ninguno de los ejercicios que he realizado para transformar el país y la realidad para construir la vida digna, vengo a dar la cara porqué lo que yo he hecho no es un delito y así creo que todas y todos tenemos que demostrar a este pueblo que las formas de agresión, sea del derecho penal o cualquiera, no nos puede hacer retroceder, estamos en un momento histórico en Colombia y no vamos a retroceder, tenemos que tener eso claro como pueblo invitando a la gente que no se ha movilizado a que lo haga, porque nosotros vamos a estar en la situación de privados de libertad pero con toda la dignidad asumiendo ese espacio como otro espacio de lucha y de transformación”.

El domingo siguiente comenzaron las audiencias judiciales para que un Juez de garantías se pronuncie y determine cual será la situación procesal de Erika mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía no ha defraudado en el nefasto papel que asume en la persecución de líderes y lideresas sociales: durante la audiencia desconoció la presunción de inocencia de Prieto y se refirió de manera hostil al trabajo de los defensores de derechos humanos y, por el contrario, le calificó como presunta defensora de derechos humanos.

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