Conclusiones Preliminares de la Misión de Observación Electoral del Interpalamentario por la Paz en Colombia.

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2022
Primera Vuelta

Bogotá, 31 de mayo de 2022

La Misión de Observación Electoral del Interparlamentario por la Paz en Colombia, compuesta por dieciocho personas del Estado Español, trece de ellas parlamentarias (ver abajo composición) ha estado en el país con el objeto de observar la transparencia y limpieza del proceso electoral en su conjunto, del proceso de votación y los resultados en los comicios presidenciales del 29 de mayo. Para ello hemos visitado Buenaventura, Cali, Medellín y Bogotá, realizando observación directa en más de veinte centros de votación de las últimas tres ciudades.

Para conocer el contexto en el que el proceso electoral se producía hemos mantenido reuniones con el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Misión de Observación Electoral (MOE), Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Comisión de la Verdad, las Alcaldía de todas las ciudades visitadas, con miembros de tres campañas electorales, con organizaciones y plataformas de Derechos Humanos, organizaciones sociales: indígenas, campesinas, sindicales, juveniles, de mujeres, con colectivos de abogados, autoridades de consejos comunitarios de comunidades afrocolombianas y de cabildos indígenas.

1. Desarrollo de la jornada electoral.

La jornada electoral del 29 de marzo para las presidenciales en Colombia transcurrió en líneas generales y en términos procedimentales de manera correcta. Esto se debe en gran medida al estudio de las errores señaladas por la MOE (Misión de Observación Electoral) y otras instancias, en las últimas legislativas de marzo y la consecuente corrección por parte de la registraduría de muchos de los aspectos señalados. En ese sentido, la valoración que se hace desde la Comisión Interparlamentaria Por la Paz en Colombia es positiva y se entiende que el transcurso de la jornada fue tranquilo y funcional.

Además cabe señalar que la participación ha sido la más alta en una primera vuelta de presidenciales desde hace 20 años hasta la fecha, si bien el porcentaje de abstención sigue siendo elevado.

No obstante vemos preciso mencionar algunas incidencias localizadas en Cali, Medellín y Bogotá en aras a seguir corrigiendo para siguientes jornadas electorales.

Las identificaciones biométricas, que han sido valoradas positivamente como herramienta garantista, se encontraron en muy pocos puestos de votación y ademas se constataron problemas de funcionamiento en algunos de ellos.

Otra de las cuestiones destacadas tiene que ver con los testigos. Resulta reseñable la escasa presencia de estos y se reportan dificultades en la acreditación por parte de algunas candidaturas. Este es quizás uno de los aspectos más sensibles a mejorar en un proceso por lo demás tranquilo, ya que es una de las figuras de salvaguarda ciudadana de la garantía del proceso democrático en las votaciones.
Es conveniente clarificar en que puesto de votación va a votar el jurado de las mesas. Si van a votar en su mesa de votación deberían anularse del censo de votación de la mesa en la que están ejerciendo labores de jurado o viceversa.

También es necesario señalar la falta de privacidad de los cubiculos, a causa de un diseño excesivamente abierto y algunas disposiciones que dificultaban la garantía del secreto de voto.

Sin duda, donde cabe colocar los esfuerzos de cara al siguiente proceso es en la garantía de accesibilidad universal. Se detectaron colegios sin accesibilidad para las personas con movilidad reducida y que el kit de discapacidades sólo incluía la lectura en braille.

Se nos reporta la escasa atención que se le hace al enfoque diferencial étnico en tanto lo que corresponde a las dificultades consecuencia de las condiciones geográficas y en lo que a la oferta idiomática se refiere.

2. Limitaciones estructurales al derecho de participación política en Colombia.

Si bien la jornada electoral y el procedimiento se han seguido con normalidad, no obstante persisten limitaciones de condicionantes estructurales que existen en Colombia representan un serio limitante del ejercicio libre del sufragio activo y pasivo en Colombia como se ha podido comprobar en los últimos meses.

Respecto a la información sobre las distintas candidaturas y propuestas políticas el propio Consejo Nacional Electoral estudió y aprobó el informe de ‘Equilibrio y Pluralismo Informativo entre las campañas presidenciales para el periodo constitucional 2022- 2026′, donde quedó recogida la falta de “pluralismo, el equilibrio informativo y la veracidad en el manejo de la información sobre las campañas presidenciales”.

De igual manera instaba a que esto, en cumplimiento del artículo 25 de la ley 996 de 2005, fuera corregido. Hablamos tanto de la justa distribución del tiempo mediático, en emisoras de radio y televisión pública y privadas, como del tratamiento de la información sobre cada opción electoral.

En un sentido similar, aunque carente de una regulación específica, está el desarrollo de la campaña electoral en las Redes Sociales. Tanto desde cuentas verificadas como desde bots, se han visto acciones coordinadas de acoso y de incitación al odio que han recaído sobre algunas candidatas, así es el caso de Francia Márquez, teniendo estas acciones un sesgo claramente machista, racista y clasista, elevando el tono hasta tratarse directamente de delitos de odio. Campañas de acoso de este tipo desvirtúan un procedo democrático y con garantías.

En amplias zonas del país no se han dado las mínimas garantías para el ejercicio libre del derecho de participación electoral debido al incremento de la violencia política que vive el país. El periodo preelectoral ha sido caracterizado por la MOE como el más violento de los últimos 12 años. Las cifras de masacres, asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz, desplazamientos forzados, confinamientos en territorio y muy especialmente las de asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de DDHH han seguido en aumento. A esto se suman las amenazas y atentados dirigidos directamente contras miembros de las campañas electorales.

Esta situación tuvo uno de sus momentos álgidos en plena campaña durante el paro armado decretado por el grupo paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por cinco días a comienzos de mayo. Durante este periodo este grupo demostró su control territorial absoluto sobre amplias zonas del norte del país, provocando el confinamiento forzoso y el terror entre la población, sin que hubiera una respuesta reseñable por parte de la fuerza pública.

En estas condiciones, cuando nos encontramos con comunidades desplazadas o confinadas que no pueden acceder a sus centros de votación, con amenazas y constreñimiento tendentes a dirigir el sentido del voto a favor o en contra de determinadas candidaturas, con la instalación de un sentimiento generalizado de miedo, la libertad de voto se convierte en un imposible en varias regiones del país.

Al mismo tiempo persisten denuncias de tráfico y compra de votos como señala el Informe de la MOE con más de 45 casos reportados de forma directa que ilustran la necesidad de atajar este problema de la realidad electoral en Colombia.

Durante la campaña han sido constantes las injerencias institucionales en la campaña destacando entre todas ellas los ataques vertidos por parte del jefe del ejército, Eduardo Zapateiro contra uno de los candidatos. Además de 207 denuncias por presunta participación política de funcionarios políticos en la campaña electoral.

A partir de la observación realizada y de la información que se nos ha compartido en esas reuniones, estas son las RECOMENDACIONES Y PETICIONES PRELIMINARES de nuestra misión:

1. Instar a las autoridades electorales colombianas y al conjunto de las instituciones del país a profundizar en la implementación de las recomendaciones emitidas por la MOE en las pasadas elecciones legislativas.
2. Instar a las autoridades colombianas a implementar todas las medidas a su alcance para garantizar el libre ejercicio del voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
3. Instar a los medios de comunicación y al conjunto de las formaciones políticas a desarrollar una política de información veraz y alejada de las campañas de odio y de discriminación hacia personas vulnerabilizadas y/o racializadas.
4. Instar a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández a un compromiso firme con la agenda de implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

INTEGRANTES, de la Misión de Observación Electoral coordinador por el Espacio:

Diputadas y diputados

1. Álvaro Sanz Remón, Diputado de las Cortes de Aragón (G.P. mixto – Izquierda Unida).
2. Ana Mª Miranda Paz, responsable del BNG en el Europarlamento (Grupo Verdes/Alianza Libre Europea).
3. Antón Gómez-Reino Varela, Diputado por A Coruña en el Congreso de los Diputados (G.P. Confederal de Unidas Podemos – En Comú Podem – Galicia en Común).
4. Carmelo Barrio Baroja, Diputado del Parlamento vasco (G.P. Vasco Popular-Ciudadanos). Miembro del Intergrupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia del Parlamento Vasco.
5. Gorka Elejabarrieta Díaz, Senador por Guipuzkoa (G.P. Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu).
6. Iñigo Iturrate Ibarra, Diputado del Parlamento vasco (G.P. Euzko Abertzaleak – Nacionalistas Vascos). Miembro del Intergrupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia del Parlamento Vasco.
7. Iñigo Martinez Zatón, Diputado del Parlamento vasco (G.P. Elkarrekin Podemos – Izquierda Unida). Miembro del Intergrupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia del Parlamento Vasco.
8. Ismael Sánchez Castillo, Diputado del Parlamento de Andalucía (G.P. Unidas Podemos).
9. Miren Gallástegui Oyarzábal, Diputada del Parlamento vasco (G.P. Socialistas Vascos). Miembro del Intergrupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia del Parlamento Vasco.
10. Oihana Etxebarrieta Legrand, Diputada del Parlamento vasco (G.P. EH Bildu). Miembro del Intergrupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia del Parlamento Vasco.
11. Roser Maestro Moliner, Diputada por Valencia en el Congreso de los Diputados (G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común).
12. Serigné Mbaye Diouf, Diputado de la Asamblea de Madrid (G.P. Unidas Podemos).
13. Sofía Fernández Castañón, Diputada por Asturias en el Congreso de los Diputados (G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común).

Asesora Parlamentaria

14. Esther Miranda Zapata (Política Internacional de Podemos)

Miembros de organizaciones no gubernamentales que participarán también en la Misión:

15. Carolyn Phippard Elliott, miembro del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África (CEDSALA).
16. Guylaine Roujol Perez, presidenta de AYDENCO.
17. Javier Moya Equiza, miembro de CEDSALA y del Espacio de Coordinación de Plataformas y Organizaciones de Solidaridad con Colombia del Estado Español.
18. María Villar García Monreal, miembro de CEDSALA.