Desalojo de familias guatemaltecas desplazadas
El día 9 de enero a las 5 de la mañana fuerzas federales desalojaron a las familias de guatemaltecos que se encontraban en la franja fronteriza aledaña al Ejido Nuevo Progreso, del municipio de Tenosique, Tabasco, violando con esto sus derechos humanos. Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos. 
El Centro de Derechos Humanos Usumacinta A.C., el Equipo Indignación A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» con gran preocupación hemos tenido conocimiento del operativo realizado hoy en la madrugada en la franja fronteriza aledaña al Ejido Nuevo Progreso, del municipio de Tenosique, Tabasco, mediante el cual fueron desalojados sorpresivamente y con violencia las familias guatemaltecas que mantenían un campamento desde el 23 de agosto de 2011, cuando fueron desplazadas violentamente por el Ejército guatemalteco de la comunidad Nueva Esperanza, Guatemala.
De acuerdo con los informes recibidos, las organizaciones que suscribimos tenemos conocimiento que el día 9 de enero de 2012 alrededor de las seis horas, se realizó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Federal, Ministerios Públicos de la Federación y Policías municipales, algunos elementos policiacos se encontraban vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el Subdelegado Regional del Instituto Nacional de Migración. Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos.
Las autoridades detuvieron a los niños y niñas del campamento y los subieron a camiones con el objeto de que sus padres se entregaran, lo que implica un trato inhumano y la posible comisión de ilícitos para los funcionarios que participaron en el operativo. Según los datos recabados, 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y al parecer conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Los testimonios de personas que no fueron detenidas refieren que hubo incursión de los policías a territorio guatemalteco para detener a más personas, mientras que vecinos mexicanos que se solidarizaron y exigían explicación por tal proceder, fueron amenazados con ser detenidos. Además, una persona de nacionalidad española también fue detenida, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
También es de nuestro conocimiento que dos personas de origen guatemalteco fueron detenidas por las Fuerzas Federales, y después de incomunicadas, trasladadas a la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en Tenosique, Tabasco.
Como antecedente a este hecho, el 19 de diciembre de 2011 otros funcionarios federales acudieron al campamento para convencer a las personas de que se retiraran a Guatemala y que recibirían el apoyo de las autoridades mexicanas.
Cabe resaltar que Fray Tomás González Castillo, director del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, así como las organizaciones aquí firmantes, sostuvimos reuniones con el Doctor René Zenteno, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Salvador Beltrán del Río (Comisionado del Instituto Nacional de Migración) y funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), a fin de que se respeten los derechos humanos de las familias guatemaltecas ahí desplazadas. En la más reciente reunión (4 de enero) se comunicó a las autoridades mexicanas que las familias guatemaltecas no deseaban regresar por el momento a Guatemala y que esperarían al resultado de negociaciones con su gobierno para una posible reubicación, quedando las autoridades mexicanas a la espera de estos acuerdos.
Ante la situación en la cual miembros de la Policía Federal desalojaron a los desplazados, con miras a una posible repatriación, es de nuestra preocupación que puedan sufrir nuevas violaciones a sus derechos humanos; además, recalcamos que estos actos se dan en un contexto en el que había acercamiento y compromiso de las autoridades mexicanas para apoyar a las familias desplazadas, con lo que se engaña y sorprende abusivamente a una población en extremo vulnerable. Asimismo, señalamos que deploramos la inobservancia de estos acuerdos, el operativo violento y sorpresivo que lesiona severamente a las familias, que ya vivían una situación crítica y entre las y los cuales hay 115 niñas y niños.
Este desalojo se da también en un contexto en donde la comunidad efectúa negociaciones con el gobierno guatemalteco para un eventual retorno a tierras dicho Estado. Sin lugar a dudas, el operativo efectuado por autoridades mexicanas afecta gravemente las condiciones de esa comunidad para negociar y representa un obstáculo para un retorno en condiciones mínimamente dignas.
Por todo lo anterior, demandamos de manera urgente:
– Abstenerse de repatriar a las y los guatemaltecos que se encontraban en la franja fronteriza. Ellas y ellos se encuentran en diálogo con su gobierno y México incumple con un deber humanitario al aumentar la presión sobre este grupo ya violentado.
– Detener el operativo en curso. Garantizar un trato digno y respetuoso a todas y todos los desplazados, garantizar que las niñas y niños se encuentren junto con sus padres. Constituye un trato inhumano separar a las familias
– Garantizar todos los derechos de las y los guatemaltecos que se encontraban en el ejido Nueva Progreso, en la localidad de Tenosique, Tabasco.
– Se respeten y salvaguarden los derechos de las dos personas que fueron detenidas, llevadas inicialmente ante la PGR y que actualmente se encuentran en la estación Migratoria de Tenosique.
– Iniciar de inmediato una investigación sobre el motivo y formas en las que se dio el operativo, ya que actualmente existía un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas para garantizar la estancia de las familias.
– Deslindar las responsabilidades de los funcionarios públicos que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos de las y los refugiados guatemaltecos.
– Se respete y otorgue protección a los desplazados guatemaltecos, quienes ante situaciones adversar se vieron obligados a salir del país.
Nos mantenemos a la espera de una pronta acción y respuesta
