POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DEFENDAMOS LA LIBERTAD DE EXPRESION Y PARTICIPACIÓN POLITICA EN COLOMBIA
Las personas, organizaciones y partidos abajo firmantes rechazamos las detenciones arbitrarias de los y las dirigentes de las organizaciones sociales Congreso de los pueblos y de Marcha Patriótica, exigimos que cesen los falsos positivos judiciales y se den garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia.
Los hechos
El 8 de julio la Policía Nacional y la Fiscalía detuvieron a 13 personas a las que mediante un amplio despliegue mediático acusaron de ser responsables de varios atentados con bombas realizados el 2 de julio en Bogotá imputándoles los cargos de “terrorismo, concierto para delinquir, daño en bien ajeno y rebelión”. A estos hechos hay que agregar que en varias regiones del país se han detenido integrantes de Marcha Patriótica y los asesinatos de varios líderes y lideresas populares sobre los que pesa el manto de la impunidad.
En el caso de Bogotá en el marco de la audiencia la Fiscalía Nacional presentó como pruebas incriminatorias banderas del Congreso de los Pueblos, trabajos académicos, afiches de movilizaciones, libros e imágenes del Padre Camilo Torres Restrepo con las que pretenden vincular a las personas detenidas con la insurgencia del ELN.
Con este tipo de acusaciones, sustentadas con aseveraciones que se han ido cayendo por su peso, se está violando un principio probatorio del derecho internacional que es la presunción de inocencia. Tal actuación de las autoridades constituye además una reedición de la inquisición que sataniza las ideas y las personas, negando la pluralidad y las libertades de expresión y pensamiento. Condena además sin juicio alguno a personas jóvenes destacadas en las luchas por los derechos de las mujeres, en sus actividades como periodistas, filósofas, defensoras de las causas ambientalistas, la lucha por una educación de calidad y las discusiones sobre la territorialidad urbana. (Ver perfil anexo de los y las detenidas).
Esta criminalización de la protesta social se da en un momento crucial para el país ya que al avance en las negociaciones de paz con las FARC en la Habana y en los diálogos exploratorios con el ELN desde la sociedad se levantan diversas voces tanto a nivel regional como nacional y sectorial exigiendo una mayor participación del movimiento social a través de la apertura de una mesa social para la paz que les incluya.
Ante estos hechos exigimos:
1. La libertad de las personas detenidas, la garantía de un debido proceso y el respeto al derecho a la defensa.
2. Se reconozca la legalidad y la legitimidad de las actividades que realizan las personas detenidas en defensa de una sociedad incluyente, libre y sin patriarcados.
3. Se garantice la participación política, el ejercicio de la protesta social, la libertad de expresión y el fin de todos los mecanismos que obstaculizan la defensa de los derechos humanos en Colombia.
4. A la Fiscalía General de la Nación le exigimos actuar en coherencia con el principio de independencia judicial haciendo una valoración razonable y técnica de las pruebas recaudadas.
5. A las instituciones del Estado colombiano y a los medios de comunicación les exigimos que atiendan el llamado del Alto comisionado para los derechos Humanos de Naciones Unidas a respetar la condición de sindicadas de las personas detenidas y en ausencia de decisiones judiciales que no las declaren culpables. A quienes las han presentado como tal y en respeto al principio y al derecho de la presunción de inocencia que publiquen las debidas rectificaciones.
LA PAZ EN COLOMBIA DEBE INCLUIR LA PARTICIPACIÓN PROTAGONICA DEL MOVIMIENTO SOCIAL.
Firman:
Congreso de los Pueblos Europa
Poder y Unidad Popular Europa
