Con la visita de Duque a Arauca, se incrementó el asesinato, las judicializaciones y el seguimiento

Saravena-Arauca, 31 de enero de 2019. Centro Oriente.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

El 2018 terminó con un saldo alarmante de compañeros y compañeras dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos, asesinados y encarcelados. Las cifras presentadas por organizaciones nacionales dan cuenta de 235 asesinados en 2018, 674 desde enero del 2016 y 14 en lo corrido de 2019, sumado a más de 70 judicializados. Lo que se constituye un verdadero genocidio contra el movimiento social a nivel nacional.

Por otra parte, la profundización de las políticas lesivas como la privatización de derechos fundamentales a la salud, educación, los servicios públicos, las vías; el alza desmedida de los impuestos; la entrega de la soberanía nacional y el uso de los territorios para la implementación de megaproyectos a empresas transnacionales, en detrimento de la vida de los campesinos, afros e indígenas y de la soberanía alimentaria, completan el cuadro de la crisis social, humanitaria y ambiental que afronta el país.

Lo anterior, ocurre en un supuesto ambiente de post conflicto y paz, del cual el país despertó abruptamente con el nuevo gobierno, que aceleró el incumplimiento de los acuerdos de la Habana, obstaculizando y menoscabando instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y sin materializar los supuestos proyectos sociales que llegarían a través de los PDET y los PNIS; y que tuvo su pico más alto, no solo con el despreció a los diálogo que el gobierno anterior había iniciado con el Ejército de Liberación Nacional ELN, sino con su ruptura definitiva, utilizando como excusa una acción de guerra ocurrida en la Escuela de Policía General Santander en la capital.

En conclusión, el Estado colombiano, la única propuesta que le presenta al pueblo, es la guerra. De ahí, toda la represión, cercenamiento de las garantías para el ejercicio de la labor y protesta social; involucramiento de la población civil en el conflicto armado a través de programas como las redes de participación ciudadana; la estigmatización y persecución judicial a pobladores de regiones como la nuestra, que son de interés de la oligarquía colombiana y los imperios gringos y europeos por sus grandes riquezas naturales, por ser zona de frontera y por su histórico y beligerante tejido social.

Así, ocurren, sendos operativos militares como los desarrollados en Saravena, Fortul y Tame esta madrugada, donde además de capturar a varias personas señaladas de pertenecer a la insurgencia del ELN, se vulneran derechos fundamentales a la integridad e intimidad personal, así como daños y hurtos de propiedades de los individuos y sus familias.

Sumado a ello, se adelantan acciones de seguimientos a dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos, caso puntual al dirigente José Murillo Tobo, Jhonny Alexis Castro y Dixon Torres Ascanio, miembros de esta fundación, del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular.

De otro lado, el alto índice de muertes violentas en el departamento se mantiene, en este primer mes se han registrado seis homicidios selectivos en los municipios de Saravena, Fortul y Tame.

Sin embargo, el Estado y los Medios Masivos de Comunicación, en el afán de ocultar esta realidad de violencia, corrupción e impunidad, y cumplir los designios del imperialismo norteamericano, viene reforzando su actividad injerencista contra la hermana República Bolivariana de Venezuela y su legítimo y constitucional gobierno, bajo el supuesto de restaurar la democracia y la libertad de ese pueblo se violenta su soberanía y autodeterminación.

Por lo anterior, llamamos a la comunidad nacional e internacional, a seguir de cerca la situación de violencia estructural que vive la región, acompañar los procesos sociales y planes de vida que adelantan las comunidades organizadas y visibilizarlas a fin de disminuir el riesgo contra la vida e integridad de dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y comunidad en general.

De igual manera, hacer un frente común para adelantar las acciones pertinentes que prevengan y/o detengan la intervención militar, política y económica contra la hermana República Bolivariana y el pueblo venezolano.

Al estado colombiano, le exigimos respetar los derechos y garantías de las comunidades, y el debido proceso a las personas detenidas.

¡POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO!

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA

¡NUESTRA ACCIÓN ES SOCIAL Y LEGÍTIMA!