Construir comunidad
23 de noviembre 2021.
El Periódico de Aragón
Integrantes del comité de solidaridad internacionalista de Zaragoza son testigos de la complicada situación de los asentamientos informales de Ciudad Bolívar, en la periferia de Bogotá
CSIZ
Desde el parque público San Rafael, en Vista Hermosa, Ciudad Bolívar, se contempla una panorámica de la ciudad de Bogotá que se extiende hacia el centro y norte de la capital y que hace honor al nombre del barrio. Después de subir en TransMiCable, las góndolas o telecabinas que acortan la duración del trayecto respecto al recorrido terrestre, hay que andar por unos caminos hasta llegar al pequeño parque donde se celebra el 6° Festival Montaña y Palabra. Entre las actividades de esta edición, una comparsa recorre las calles próximas al parque, donde se realizará un concierto de música, baile y una olla comunitaria para repartir un sancocho a los vecinos.
Selene Cruz, perteneciente a la asociación Red Itoco, explica que llevan más de diez años desarrollando y fortaleciendo el tejido social organizativo en Ciudad Bolívar, localidad de Bogotá, y el municipio vecino de Soacha. «Venimos trabajando en diferentes escenarios, mucho en lo socioambiental, en los impactos de la expansión urbana en el ecosistema, pero también en la calidad vida de las poblaciones que se asientan en el territorio, y en eso hemos encontrado temas fundamentales como vivienda, desplazamiento forzoso o minería de construcción, que es lo que predomina en esta zona, en la frontera».
Dicha frontera es la zona de encuentro entre comunas de Soacha y la localidad de Ciudad Bolívar que han crecido, uniéndose entre sí, en un fenómeno de conurbación que profundiza las vulnerabilidades de la población.
En un informe de agosto del 2020 sobre Soacha, la Defensoría del Pueblo de Colombia señalaba el crecimiento exponencial del municipio en las últimas décadas como causa del desborde de las capacidades institucionales, educativas, sanitarias y de seguridad, por cuenta de un subregistro que no dimensiona las necesidades reales del municipio. Entre las múltiples vulnerabilidades, recrudecidas por los efectos del covid-19, figuran la inseguridad, la violencia intrafamiliar y la basada en el género, unas escasas oportunidades laborales y mucha migración.
La provincia de Soacha «cuenta con una importancia geoestratégica significativa, pues articula corredores que vienen de zonas como el Sumapaz, Oriente (llanos orientales), Centro (Tolima) y Sur (Huila), permitiendo el acceso a Bogotá por localidades como Bosa, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Por motivos militares, económicos o políticos –y mayormente por una mezcla de todos ellos-, el control de Soacha ha sido de vital importancia para los distintos actores que han tratado de imponer su mando, entre los que se encuentran diferentes guerrillas, grupos paramilitares y otros actores armados de delincuencia organizada. Las rentas ilegales de la provincia siguen siendo controladas por estructuras sucesoras del paramilitarismo».
Cruz destaca la presencia de grupos armados, principalmente el control paramilitar del territorio en términos económicos y políticos, y el clientelismo de los partidos políticos, como factores que contribuyen a que se reproduzcan en esta zona muchas relaciones complejas de orden nacional, como el desplazamiento forzado, que es el que, básicamente, impulsa el crecimiento desordenado de una ciudad como Bogotá.
Hernán Campos, del colectivo Digna Natura, señala que la temática del festival en esta edición es las migraciones y desplazamiento. «En las ciudades se reciben cientos de personas a diario que vienen desplazadas de Colombia y otros países. La respuesta por parte del Estado es aumentar el pie de fuerza, estaciones de policía, ejército… Pero no hay respuesta satisfactoria a las necesidades de las comunidades».
Una situación, añade, que hace que «se acumulen muchos problemas sociales (delincuencia, drogadicción…) y que la respuesta del Estado sea el garrote; no ofrece oportunidades de estudio ni trabajo, en lugar de abrir más están cerrando los puestos sanitarios, están privatizando la salud, el transporte es cada vez más caro, las vías sin pavimentar, muchos lugares que aún no tienen servicios públicos, agua ni luz…».
La ausencia de políticas claras de planeamiento hace que estas ciudades crezcan de forma desordenada, y que este crecimiento pueda ser cooptado por actores ilegales como Los Tierreros y otros grupos armados de delincuencia organizada, que se lucran ante la pasividad de las autoridades mediante parcelaciones ilegales (loteo).
Campos explica que, durante la pandemia, la mayoría de la población que se dedica a la economía informal (vendedores ambulantes, trabajo doméstico…) se vio afectada por los cierres no planeados de la pandemia. «Fueron echados o desalojados de las casas donde pagaban arriendos y se vieron en la obligación de tomar terrenos. En este contexto de falta de inversión pública y oportunidades, la gente se vio obligada a invadir tierras y la toma de lotes. La respuesta de Estado es la misma ESMAD (antidisturbios), garrote, gases…».
En este contexto, actividades como las organizadas por Agrupación Red Itoco para reforzar el tejido comunitario y reconstruir la amistad, fraternidad y sororidad, «volvernos otra vez comunidad», se hacen imprescindibles.
