México. Caso Patishtán

Las esperanzas de la sociedad civil han quedado truncadas con el fallo judicial que se conoció ayer en México y que deniega la libertad al profesor tzotzil Alberto Patishtán. Después de 13 años como preso político, en un país que ni tan siquiera reconoce ese estatus, a Patishtán sólo le queda recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

 

Por Otramérica / varias fuentes

“Ni Alberto Patishtán ni nosotros como abogados solicitaremos el indulto” al poder ejecutivo, explica Leonel Rivero, abogado defensor del profesor Patishtán, minutos después de que se conociera el fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Chiapas, que rechazó el reconocimiento de su inocencia.

Esta era la última posibilidad de que se hiciera justicia dentro de México en el caso de Patishtán Gómez, que lleva 13 años encarcelado y sobre el que pesa una condena de 60 años.

El profesor tzotzil fue acusado de participar en el homicidio de siete policías en el año 2000 en el paraje Las Limas, en Los Altos de Chiapas y, ahora, el tribunal considera: “al resolver el incidente de reconocimiento de inocencia de Alberto Patishtán Gómez, lo declaró infundado debido a que con las pruebas aportadas por el promovente, no se invalidaron las pruebas que sustentan la sentencia condenatoria”, detalló el Consejo de la Judicatura Federal en un comunicado.

“Ahora solamente queda recurrir al sistema interamericano de justicia”, explica Leonel Rivero en entrevista telefónica para Desinformémonos desde Tuxtla Gutiérrez, aunque no pudo confirmar si Patishtán ya conocía ayer del fallo del tribunal.

Gabriela Patishtán, hija del preso político, manifestó ayer en entrevista radiofónica, que el fallo del tribunal “es la prueba de que la justicia no existe en el Estado [de México]” y planteó que la lucha sigue “por el camino que sea”.

Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, calificó el fallo de “una porquería para todos los mexicanos”. Ramírez estaba en una vigilia que se instaló en la Ciudad de México desde el 11 de septiembre, frente al Consejo de la Judicatura del Poder Federal, a la espera de la resolución judicial. El Comité por la Libertad de Patishtán insistió en que seguirán luchando para que se haga justicia siempre respetando “lo que él mismo diga. Respetaremos lo que decida”.

 

El proceso

El pasado 2 de septiembre se abría una vía de esperanza, cuando el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, designó a su presidente -Freddy Gabriel Celis Fuentes- como responsable de elaborar el proyecto que resolverá la inocencia o culpabilidad de Alberto Patishtán. A partir de esta designación, se fijó un plazo de 10 días hábiles para que Celis Fuentes y los otros dos magistrados que integran el Tribunal, Manuel de Jesús Rosales Suárez y Arturo Eduardo Zenteno Garduño, resolvieran el caso.

Tal y como recuerda Desinformémonos, “el profesor Alberto Patishtán Gómez es originario de la comunidad de El Bosque, Chiapas. Hasta el momento de su detención, trabajaba para la Secretaría de Servicios Educativos del estado; primero, como director del albergue escolar Nicolás Bravo, en la comunidad El Azufre, municipio de Huitupán, puesto que desempeñó por dos años. Posteriormente, tomó posesión como director de otro albergue, esta vez en la cabecera municipal. A partir de ahí trabajó como educador durante cinco años, tiempo en el que militó en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por su compromiso político y activa participación, fue integrante del Consejo Central de Lucha en la región norte de Chiapas. De manera paralela, Alberto era presidente de una organización conocida como Sociedad de Solidaridad Social en El Bosque, cuyo principal objetivo era la construcción de alternativas de economía solidaria a través de proyectos productivos, procesos organizativos y el impulso al trabajo comunitario y la defensa de los derechos humanos”.

Sus denuncias ante los malos manejos de las autoridades ejidales y el reconocimiento de la comunidad a Alberto Patishtán como un líder, hicieron del profesor blanco de diferentes ataques que culminaron con su detención arbitraria, acusado de participar en una emboscada a una camioneta propiedad del ayuntamiento de El Bosque -el 12 de junio del 2000- a la altura de la comunidad Las Limas, en la que resultaron ocho agentes de Seguridad Pública del estado muertos y dos heridos, entre ellos el hijo del presidente municipal.

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