LA historia de Unión Fenosa en Guatemala

Una afrenta a la dignidad del pueblo guatemalteco y, a su vez, una horrenda e inocultable mancha en el rostro de España

Frente Nacional de Lucha (FNL) – Guatemala, 4 de Abril del 2010

Unión FENOSA se instaló en Guatemala en 1998, gracias a la compra fraudulenta de los derechos de distribución de la energía, los cuales, hasta entonces, habían sido responsabilidad del Estado a través de una institución pública, el Instituto Nacional de Energía, INDE. Esta acción de compra contó con el visto bueno de los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, quienes luego fueron destituidos por la Corte Superior por abuso de poderes en el ejercicio de sus funciones.

El ingreso de Unión FENOSA al país se da en el marco de una fuerte ofensiva regional de las políticas neoliberales, caracterizadas por el ajuste estructural, el adelgazamiento del Estado y la privatización de los servicios públicos, entre otros componentes afines. Contó, pues, con la complacencia de un Gobierno dispuesto a ceder a manos de empresas privadas sus propias obligaciones y a permitir que la prestación de servicios públicos esenciales, (como la energía), se convirtieran en fuentes de lucro tanto para el sector privado nacional como en beneficio de poderosos consorcios transnacionales.

A partir del 98, Unión FENOSA dio rienda suelta a una serie interminable de abusos, cada uno de los cuales se convierte en una agresión directa contra los derechos más elementales de la población. Estos abusos van desde cobros ilegales declarados así por tribunales competentes, (fallos a los cuales la empresa hace caso omiso), hasta intimidación armada a las comunidades e, incluso, probable participación en el asesinato de dirigentes populares que se oponían a su presencia en el país, crímenes que aún no han sido esclarecidos.

Han sido, pues, 12 años a lo largo de los cuales, para la población guatemalteca, el tema de la energía se ha convertido en una suerte de prolongado Vía Crucis. Para muestra, un botón: según un informe de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica recogido en el matutino Prensa Libre, sólo en los primeros cinco meses del 2009, se presentaron 90.358 denuncias formales contra Unión Fenosa por cortes indebidos del servicio de energía, errores en la facturación y cobros excesivos. Esto significa una media de 18.107 denuncias al mes, 4.526 por semana, 905 por día laboral o 113 por hora hábil.

Debe tomarse en consideración que, por cada denuncia interpuesta, existe un indeterminado pero sin duda significativo número de irregularidades que simplemente no son denunciadas por las víctimas, dado el complejo e incluso costoso trámite que, para el usuario, implica el proceder con la denuncia. Hay, entonces, decenas de miles de familias que simplemente se tragan su cólera.

Pero, en todo caso, Unión FENOSA logró la reducción de las denuncias mediante un simple y deshonesto mecanismo: cerró sus oficinas en los lugares que le generaban mayor conflictividad y obligó así a la población a realizar sus pagos de energía en agencias bancarias, es decir, ante un cajero del banco con el cual los usuarios no tienen posibilidad alguna de proceder a reclamar nada en absoluto.

Ante ese malestar generalizado, y en vista de que la codicia de esta empresa no conoce límites, las organizaciones populares guatemaltecas hemos emprendido una intensa campaña nacional e internacional que demanda la expulsión de país de Unión FENOSA, por cuanto su presencia se ha convertido en lesiva para los intereses nacionales. La lucha, en todo caso, no se limita a protestar por la presencia de estos piratas del Siglo XXI. Además, se propone la nacionalización de la energía, la creación de empresas municipales con espacios claros para el ejercicio de la auditoría social y de la incidencia política, así como la reforma a la Ley General de Electricidad vigente.

La medida que con más fuerza han adoptado por las comunidades en esta lucha ha sido la de negarse, masivamente, a pagar el recibo de la luz. A lo largo y ancho del país, de manera aceleradamente creciente, las familias se organizaron para llevar adelante su huelga de pago. Sólo en el Departamento de San Marcos llegaron pronto a ser más de 60.000 usuarios quienes se sumaron a la protesta.

Ante el descontento generalizado y la oposición de la población, Unión Fenosa y sus filiales iniciaron una estrategia de intimidación, acoso y amenazas contra las comunidades y sus dirigentes. Cuentan, con ello, con dos aliados poderosos:

1. Por una parte el propio Gobierno, que procede a decretar el Estado de Prevención en ese Departamento, (suspensión de las garantías y derechos ciudadanos), lanza al ejército a las calles, apertrechado como en los más duros tiempos de guerra, para que acompañe casa por casa a los gestores de cobro de Unión FENOSA y prolonga ese Estado de Sitio ya por seis veces consecutivas.
2. Por otra parte, las bandas armadas del crimen organizado local,  particularmente del narcotráfico, visitan aldea por aldea intimidando a la población con el discurso de que paguen o les darán muerte. Incluso, en Malacatán, ciudad que se ha convertido en el corazón de la lucha popular, Unión FENOSA, apenas fue decretado el Estado de Sitio, abre de nuevo sus oficinas, casualmente en el mismo edificio desde el que opera el capó del narco en la región, edificio que, por lo demás, es vox pópuli que pertenece al cartel que dirige ese criminal.

En los últimos 4 meses han sido cruelmente asesinados ocho dirigentes que se habían colocado al frente de esta cruzada popular. El compañero Víctor Gálvez, la compañera Evelina Ramírez, el compañero Pedro García, el compañero Octavio Roblero, el compañero Carlos Noel Maldonado, el compañero Leandro Maldonado, la compañera Ana María Lorenzo Escobar y el compañero Santiago Gamboa Paz. Los ocho asesinatos se realizan con un modus operandi similar, los sicarios los cometen ante decenas de testigos e, incluso, en todos los casos se había dado la alerta ante las autoridades por cuanto los compañeros habían sido previamente amenazados. Sin embargo, los crímenes siguen impunes.

Las organizaciones populares de todo el país, a coro con cientos de organizaciones hermanas de otros países, demandamos la pronta aplicación de la justicia, de manera que los autores materiales, así como los autores intelectuales, paguen las valiosas vidas que han cegado.

Para cerrar con broche de oro, este mes de marzo de 2010, ocho cámaras empresariales han pedido que el estado de sitio que ya se aplica al departamento de San Marcos se extienda a todo el país, entre ellas está la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala, que depende del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España.

El silencio del Gobierno español, que tiene el deber de hacer respetar los derechos humanos allí donde operen empresas españolas no es más que un reconocimiento tácito de la razón que asiste a la población guatemalteca y, al mismo tiempo, una muestra de aquiescencia con las formas de funcionar de esta transnacional.

Desde el pueblo guatemalteco y sus legítimas organizaciones garantizamos nuestro firme compromiso de mantener nuestra lucha hasta lograr que Unión FENOSA se vaya. No cederemos, a pesar de las presiones. No nos intimidan. Serán derrotados porque al pueblo lo asisten la razón y el derecho.

Instamos a las organizaciones hermanas en la Península Ibérica a hacer efectiva su solidaridad, de manera creativa, activa y sostenida, porque aquí, en Guatemala, entendemos que nuestra lucha es también por la dignificación del pueblo español, que es ajeno a la codicia sin límite de esta transnacional desalmada.

Demandamos del Gobierno de Guatemala el inmediato cese del Estado de Prevención que ya ha prolongado en seis ocasiones consecutivas en el Departamento de San Marcos, así como el que, por lo menos una vez, escuche la voz que nace desde el seno del pueblo y proceda a nacionalizar la energía eléctrica.

Exigimos de las autoridades del Estado el ejercicio de un mínimo de decoro y que, a tono con ello, explique a las Cámaras Empresariales extranjeras que, si quieren Estados de Sitio, se vayan a pedirlos en sus respectivos países, porque nada las faculta, en absoluto, para que se sientan con el derecho de inmiscuirse en los asuntos internos del país que les ha abierto fraternamente sus puertas.

Requerimos de la CICIG que actúe con mayor celeridad en el esclarecimiento de los casos que le han sido presentados desde las organizaciones populares, a efectos de someter ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de tantos crímenes cometidos contra la dirigencia popular y contribuya, así, a poner un alto a la impunidad, como es su mandato.

¡La Lucha Sigue!