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DECLARACIÓN DEL GRUPO INTERPARLAMENTARIOPOR LA PAZ EN COLOMBIA

Barcelona, 20 de febrero de 2026
El Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia, integrado por
diputadas y diputados, senadoras y senadores de distintos Parlamentos
del Estado español y el Europarlamento, pertenecientes a diversos grupos
políticos, reafirma su compromiso con el cumplimiento integral del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera y el pleno respeto a los Derechos Humanos de todo
el pueblo colombiano.
En un momento decisivo para la consolidación de la paz, la cual se ve
amenazada por injerencias antidemocráticas externas, subrayamos que la
implementación plena del Acuerdo constituye la base política y jurídica
indispensable para garantizar los derechos de las víctimas, la no repetición
y el fortalecimiento democrático del país.
Reconocemos los avances logrados en el marco del Acuerdo, en particular
el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz y, con ella, el conjunto del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No
Repetición, incluyendo los esfuerzos de la Unidad de Búsqueda de
Personas dadas por Desaparecidas y los mecanismos orientados al
esclarecimiento de la verdad. Valoramos también los progresos en la
reforma rural integral, especialmente en la entrega de tierras al
campesinado, así como las iniciativas dirigidas a ampliar la equidad, la
inclusión social y la calidad democrática. Estos avances deben consolidarse
y profundizarse, evitando retrocesos que pongan en riesgo la estabilidad
del proceso.
Asimismo, mostramos nuestra preocupación por los desafíos que enfrenta
la política de Paz Total, así como por la intensificación y reconfiguración
territorial del conflicto armado derivadas de las disputas entre múltiples
actores por el control de los territorios, situación que está provocando
graves crisis humanitarias en diversas regiones del país.
Ante el ciclo electoral que se abre en Colombia, alertamos sobre el riesgo
de recrudecimiento de las violencias en los territorios y subrayamos la
necesidad de reforzar con urgencia las garantías de protección para la
población civil y para quienes defienden la paz y los derechos humanos.
Por ello, formulamos los siguientes llamados:
Al Gobierno y al Estado de Colombia:

  • Mantener la apuesta por el diálogo y la negociación, retomando
    las mesas con el ELN y con otros actores armados, para la
    búsqueda de soluciones políticas al conflicto social y armado,
    incluso en un escenario de dificultades y obstáculos,
    promoviendo acuerdos humanitarios mínimos en los territorios
    que garanticen, entre otros aspectos, el fin del reclutamiento de
    niñas, niños y adolescentes y el cese de la violencia contra la
    población civil.
  • Reconocer el rol del exilio colombiano como sujetos políticos y
    establecer mecanismos eficaces de participación de este
    colectivo en las políticas públicas vinculadas a la construcción de
    paz.
  • Reforzar los mecanismos de protección y las garantías para la
    vida de líderes y lideresas sociales, personas defensoras de
    derechos humanos, comunidades y organizaciones territoriales
    que continúan enfrentando graves riesgos por su labor en
    defensa de los derechos humanos, el derecho internacional
    humanitario, los territorios, la paz y el medio ambiente.
    Al Gobierno de España y a la Unión Europea:
  • Asumir una posición proactiva y sostenida de acompañamiento
    político y diplomático a la implementación del Acuerdo y las
    Mesas de Diálogo de Paz.
  • Contribuir a eliminar los obstáculos estructurales que dificultan
    su cumplimiento y reforzar los mecanismos de protección
    internacional para quienes hoy están en riesgo.
  • Priorizar a Colombia en las líneas de cooperación de la AECID y
    de la cooperación descentralizada, orientando recursos y
    esfuerzos hacia la implementación del Acuerdo y todas sus
    dimensiones territoriales, de género, políticas y sociales.
  • Continuar con el compromiso de acompañar y apoyar al Estado
    Colombiano para que cumpla con su obligación de proteger a las
    personas líderes sociales colombianas, con riesgo para su vida o
    integridad física por su labor en defensa de los Derechos
    Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, los territorios,
    la paz y el medio ambiente.
    Expresamos nuestra convicción de que la paz y la equidad deben
    sostenerse como horizonte político del conjunto de las instituciones
    democráticas colombianas, y que la continuidad de esta búsqueda exige
    responsabilidad pública, compromiso parlamentario y garantías reales
    para la participación política y social.
    Abogamos por un proceso electoral en el que su cumplan todos los
    estándares de legalidad y garantías para respetar la voluntad del pueblo
    colombiano expresada en las urnas. En este sentido, manifestamos
    nuestra intención de impulsar una Misión Internacional de Observación
    Electoral del Grupo Interparlamentario para las elecciones presidenciales
    del 31 de mayo del presente año.
    Valoramos la existencia de canales de diálogo para hacer efectiva la
    legalidad internacional y la soberanía nacional de los pueblos, como una
    vía para abordar desafíos comunes desde la corresponsabilidad y sin
    menoscabo de los principios democráticos.
    Por el Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia:
    DECLARACIÓN DEL GRUPO INTERPARLAMENTARIO
    POR LA PAZ EN COLOMBIA
    Barcelona, 20 de febrero de 2026
    El Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia, integrado por
    diputadas y diputados, senadoras y senadores de distintos Parlamentos
    del Estado español y el Europarlamento, pertenecientes a diversos grupos
    políticos, reafirma su compromiso con el cumplimiento integral del
    Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
    Paz Estable y Duradera y el pleno respeto a los Derechos Humanos de todo
    el pueblo colombiano.
    En un momento decisivo para la consolidación de la paz, la cual se ve
    amenazada por injerencias antidemocráticas externas, subrayamos que la
    implementación plena del Acuerdo constituye la base política y jurídica
    indispensable para garantizar los derechos de las víctimas, la no repetición
    y el fortalecimiento democrático del país.
    Reconocemos los avances logrados en el marco del Acuerdo, en particular
    el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz y, con ella, el conjunto del
    Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No
    Repetición, incluyendo los esfuerzos de la Unidad de Búsqueda de
    Personas dadas por Desaparecidas y los mecanismos orientados al
    esclarecimiento de la verdad. Valoramos también los progresos en la
    reforma rural integral, especialmente en la entrega de tierras al
    campesinado, así como las iniciativas dirigidas a ampliar la equidad, la
    inclusión social y la calidad democrática. Estos avances deben consolidarse
    y profundizarse, evitando retrocesos que pongan en riesgo la estabilidad
    del proceso.
    Asimismo, mostramos nuestra preocupación por los desafíos que enfrenta
    la política de Paz Total, así como por la intensificación y reconfiguración
    territorial del conflicto armado derivadas de las disputas entre múltiples
    actores por el control de los territorios, situación que está provocando
    graves crisis humanitarias en diversas regiones del país.
    Ante el ciclo electoral que se abre en Colombia, alertamos sobre el riesgo
    de recrudecimiento de las violencias en los territorios y subrayamos la
    necesidad de reforzar con urgencia las garantías de protección para la
    población civil y para quienes defienden la paz y los derechos humanos.
    Por ello, formulamos los siguientes llamados:
    Al Gobierno y al Estado de Colombia:
  • Mantener la apuesta por el diálogo y la negociación, retomando
    las mesas con el ELN y con otros actores armados, para la
    búsqueda de soluciones políticas al conflicto social y armado,
    incluso en un escenario de dificultades y obstáculos,
    promoviendo acuerdos humanitarios mínimos en los territorios
    que garanticen, entre otros aspectos, el fin del reclutamiento de
    niñas, niños y adolescentes y el cese de la violencia contra la
    población civil.
  • Reconocer el rol del exilio colombiano como sujetos políticos y
    establecer mecanismos eficaces de participación de este
    colectivo en las políticas públicas vinculadas a la construcción de
    paz.
  • Reforzar los mecanismos de protección y las garantías para la
    vida de líderes y lideresas sociales, personas defensoras de
    derechos humanos, comunidades y organizaciones territoriales
    que continúan enfrentando graves riesgos por su labor en
    defensa de los derechos humanos, el derecho internacional
    humanitario, los territorios, la paz y el medio ambiente.
    Al Gobierno de España y a la Unión Europea:
  • Asumir una posición proactiva y sostenida de acompañamiento
    político y diplomático a la implementación del Acuerdo y las
    Mesas de Diálogo de Paz.
  • Contribuir a eliminar los obstáculos estructurales que dificultan
    su cumplimiento y reforzar los mecanismos de protección
    internacional para quienes hoy están en riesgo.
  • Priorizar a Colombia en las líneas de cooperación de la AECID y
    de la cooperación descentralizada, orientando recursos y
    esfuerzos hacia la implementación del Acuerdo y todas sus
    dimensiones territoriales, de género, políticas y sociales.
  • Continuar con el compromiso de acompañar y apoyar al Estado
    Colombiano para que cumpla con su obligación de proteger a las
    personas líderes sociales colombianas, con riesgo para su vida o
    integridad física por su labor en defensa de los Derechos
    Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, los territorios,
    la paz y el medio ambiente.
    Expresamos nuestra convicción de que la paz y la equidad deben
    sostenerse como horizonte político del conjunto de las instituciones
    democráticas colombianas, y que la continuidad de esta búsqueda exige
    responsabilidad pública, compromiso parlamentario y garantías reales
    para la participación política y social.
    Abogamos por un proceso electoral en el que su cumplan todos los
    estándares de legalidad y garantías para respetar la voluntad del pueblo
    colombiano expresada en las urnas. En este sentido, manifestamos
    nuestra intención de impulsar una Misión Internacional de Observación
    Electoral del Grupo Interparlamentario para las elecciones presidenciales
    del 31 de mayo del presente año.
    Valoramos la existencia de canales de diálogo para hacer efectiva la
    legalidad internacional y la soberanía nacional de los pueblos, como una
    vía para abordar desafíos comunes desde la corresponsabilidad y sin
    menoscabo de los principios democráticos.
    Por el Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia:
  • Arza Porras, Jabier. Diputado del Parlamento de Navarra (GP EH Bildu)
  • Aznal Sagasti, Laura. Diputada del Parlamento de Navarra (GP EH Bildu)
  • Barrena Arz, Pernando. Eurodiputado (Grupo de la Izquierda)
  • Biurrum Urpegui, Arantza. Diputada del Parlamento de Navarra (GP Socialista)
  • Cofiño Fernández, Rafael. Diputado por Asturias en el Congreso (G.P. Sumar)
  • Etxebarrieta Legrand, Oihana. Diputada del Parlamento vasco (G.P. EH Bildu)
  • Fernández Cordero, Nerea. Diputada de la Asamblea de Extremadura (G.P
    Unidas por Extremadura)
  • Gallástegui Oyarzábal, Miren. Diputada del Parlamento vasco (G.P. Socialistas
    Vascos)
  • García Berrio, Andrés. Diputado del Parlament de Catalunya (G.P. Comuns)
  • González López, Nahuel Diputado por Valencia en el Congreso (G.P Sumar)
  • Guzmán Pérez, Carlos. Diputado del Parlamento de Navarra (G.P. Contigo
    Navarra/Zurekin Nafarroa)
  • Ibáñez Candelera, Rocío. Diputada de les Corts Valencianes (Grup Socialista)
  • Ipiñazar Miranda, Maitane. Diputada del Parlamento vasco (G.P. EAJ-PNV)
  • Jalloul Muro, Hana. Eurodiputada (Grupo Socialista)
  • Miranda Paz, Ana Mª. Eurodiputada (Grupo Verdes/Alianza Libre Europea)
  • Moreno Martínez, Henar. Diputada del Parlamento de la Rioja (G.P. Mixto –
    Izquierda Unida)
  • Navarro Casillas, Isaura. Diputada de les Corts Valencianes (Grup Compromís)
  • Pardo García, Úrsula. Diputada del Parlamento de Navarra (GP Socialista)
  • Pisarello Prados, Gerardo. Diputado por Barcelona en el Congreso (G.P. Sumar)
  • Rego Candamil, Néstor. Diputado por A Coruña en el Congreso (G.P. Mixto –
    BNG)
  • Regúlez Álvarez, Blanca. Diputada del Parlamento de Navarra (GP Geroa Bai)
  • Sánchez Serna, Javier. Diputado por Murcia en el Congreso (G.P. Podemos)
  • Santiago Romero, Enrique. Diputado por Córdoba en el Congreso (G.P. Sumar)
  • Sanz Remón, Álvaro. Diputado de las Cortes de Aragón (G.P. Mixto – Izquierda
    Unida)
  • Soro Domingo, José Luis. Diputado de las Cortes de Aragón (G.P. Chunta
    Aragonesista)

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