Guatemala. Comunidades de La Blanca atrapadas entre banano y palma

Entre los monocultivos agroindustriales, la palma africana tuvo un incremento del 270 por ciento (27 por ciento anual), el hule del 154 por ciento, mientras que la caña de azúcar y el café han mostrado un incremento de 35,78 y el 38,77 por ciento respectivamente.

Paralelamente, un estudio reciente del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA) calcula en 450 mil las familias guatemaltecas que no tienen acceso a la tierra y en 350 mil las que poseen menos de una manzana de tierra (0.7 hectáreas).

Esta situación, sumada a otros graves problemas coyunturales y estructurales, ha venido generando y profundizando la conflictividad agraria en el país.

La Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA) estima en no menos de 1.350 los conflictos por tierras existentes en Guatemala, que involucran a más de un millón de personas.

Según las familias campesinas, la empresa BANASA, cuyo presidente es el productor bananero y palmero Fernando Bolaños, y Palmas del Horizonte S.A., propiedad de Agroindustrias Hame, de la familia Molina-Botrán, estarían afectando gravemente su derecho a la alimentación, a la tierra, al agua y a la vivienda.

BANASA comercializa su producción de banano hacia Estados Unidos y Europa a través de la transnacional frutera norteamericana Dole Food Company, la cual hasta participa en la financiación de programas de una supuesta “responsabilidad social empresarial” de la empresa guatemalteca.

Paradójicamente -aunque ya no es sorpresa- los bananos de BANASA gozan de varias certificaciones agrícolas internacionales, entre las cuales destaca la “ranita feliz” de Rainforest Alliance.

Palmas del Horizonte S.A. se dedica al cultivo, cosecha y extracción de aceite de palma africana, así como a la manufactura de aceites y grasos comestibles (Olmeca).

“Las empresas se han adueñado de los ríos Pacayá y Ocosito. De forma ilegal han modificado y desviado sus cauces naturales, han dragado sus aguas, han puesto compuertas y han construido represas y bordas”, denunciaron miembros de las 13 comunidades afectadas.

“Han llegado al punto de secar lagunas para expandir sus monocultivos de banano y palma, y están contaminando las aguas con sus desechos orgánicos y tóxicos. Las principales víctimas son las mujeres”, afirmaron.

Durante un encuentro con la Misión Internacional de seguimiento sobre el derecho a la alimentación y ataques a defensores de derechos humanos en Guatemala, las comunidades señalaron que las empresas instalaron bombas de succión con las cuales vierten al río el exceso de agua en sus plantaciones.

“Son bombas con una alta capacidad de succión que provocan inundaciones en las comunidades y la destrucción de nuestros cultivos de granos básicos. Si antes lográbamos cosechar tres veces al año, ahora a duras penas logramos una, y nos estamos endeudando cada día más”, dijeron los representantes comunitarios que llegaron al encuentro.

“En cada banano que se come en el extranjero, se va la vida de nuestras familias. ¿Dónde está quedando nuestro derecho a la alimentación, al agua, a la vivienda?”, se preguntaron.

“En invierno nos inundan, en verano nos quitan el agua y cuando protestamos nos amenazan, nos hostigan y montan campañas de desprestigio. El Estado no cumple con sus obligaciones. Sanciona a las empresas y todo sigue igual”, dicen.

“Nos identificamos como hombres y mujeres de maíz, no de palma, banana o caña. Debemos frenar la expansión desmedida de estos monocultivos, que están poniendo en riesgo la propia vida de las comunidades, privándolas de sus derechos”, aseveraron las comunidades afectadas.

“Hay una presión constante hacia los trabajadores para que ni ellos, ni sus familiares se involucren con el movimiento de protesta o con sindicatos. Por un lado amenazan con despedirlos, por el otro compran voluntades con regalos, salud y educación para su familia. Todo esto está dividiendo a las comunidades y está generando graves conflictos, que finalmente el Estado resuelve declarando regímenes de excepción”, explicaron.

Ante esta situación, las 13 comunidades de La Blanca exigen una atención integral, lo cual implica parar las violaciones agroindustriales, reparar los daños y perjuicios causados, e implementar planes para atender la problemática.

“No nos oponemos al desarrollo, pero la ganancia de las empresas no puede ser a costa de nuestra miseria”, concluyeron.