Donde no hay Estado


CSIZ – Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza
30/10/2019

El resguardo indígena de Mondó-Mondocito, en Tadó, situado en la cuenca del río Atrato y en el departamento del Chocó (Colombia), está integrado por las comunidades de Mondó, Sabaletera y Buratá-Alto. Junto a la organización Asokinchas vamos a conocer en la comunidad de Mondó el funcionamiento de la guardia indígena del pueblo embera.

El Chocó, situado entre el Pacífico y el Caribe, es una de las zonas más pluviosas del mundo, lo que le otorga una extraordinaria biodiversidad, manteniendo unos bosques tropicales que constituyen un auténtico tesoro para la humanidad, amenazados por el extractivismo (minería y explotación forestal). Sus habitantes son la mayoría afrocolombianos (el 75,68%), los pueblos indígenas representan el 11,9%, los mestizos el 7,42% y los blancos el 5,01%. Los embera forman parte de los pueblos étnicos en riesgo de desaparecer por el conflicto armado.
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En compañía de Asokinchas nos desplazamos a la comunidad de Mondocito, que cuenta con 500 habitantes, donde organizan junto a la guardia indígena un taller de derechos humanos y les ayuda a preparar un reglamento con el que fortalecer su actividad. Para llegar a esta comunidad hay que dejar la carretera y andar 40 minutos por una trocha.

La ausencia del Estado es total, se limita a una escuela desvencijada. A pesar de encontrarnos en una de las zonas mas lluviosas del país no hay suministro de agua, y la que se consume procede de la lluvia. Tampoco hay alcantarillado ni acceso rodado, ninguna infraestructura.

Cuando llegamos nos encontramos a un grupo de políticos que había acudido a publicitar su candidatura de cara a las elecciones regionales y locales, que se celebraban el 27 de octubre. La desconfianza hacia lo electoral y la politiquería es total. Les reprochan que las promesas que ahora repiten ya fueron objeto de un acuerdo este mismo año, incumplido por las autoridades.

El arreglo de las pasarelas de madera que cruzan el río es una de las reivindicaciones incumplidas. Precisamente, antes de atravesar la última y más cercana a la comunidad, nos encontramos a una madre que, en la ribera, espera que el río le devuelva el cuerpo de su hija, ahogada el día anterior al precipitarse al vacío desde el puente colgante, cuyas tableros y pasamanos presentan un estado deplorable. Al día siguiente, el padre intenta lanzarse al río en su desesperación y los pobladores lo evitan. Un drama que podía haberse evitado fácilmente con una mínima inversión. Todo ello en una comunidad que en sus 24 años de existencia no ha recibido a un solo médico ni personal sanitario.

Cuando la comitiva electoral abandona la comunidad, se retoma el trabajo organizativo. 60 guardias de todas las edades, y sin distinción de género, participan en los debates y actividades programadas.

Las guardias indígenas, cimarronas y campesinas son procesos organizativos de defensa y permanencia en el territorio. No son grupos armados, visten con chalecos que identifican su procedencia étnica y solo portan bastones tradicionales que tienen un valor simbólico. Las guardias tienen como objetivo proteger a las comunidades, evitar que grupos armados entren en su territorio, realizar acompañamientos y mediaciones. En definitiva, cuidar de sus comunidades.

En Mondó empezaron a organizar su guardia hace cuatro años. Un proceso incipiente si lo comparamos con otras zonas del país, como el Cauca, región donde las guardias tienen una presencia muy importante y reconocida, pero a la vez sufren con más dureza los ataques de grupos paramilitares y disidencias de las FARC, que han ocasionado la muerte de muchos de sus integrantes.

Las guardias tienen un reconocimiento constitucional en Colombia. El artículo 246 reconoce que «las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial». Incluso los acuerdos de paz de La Habana entre el Gobierno nacional y las FARC-EP incluyeron un capítulo étnico en el que se reconoce «la contribución de estos pueblos a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país», y que «han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos».

Una de las medidas previstas era garantizar «el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional como la guardia indígena y la guardia cimarrona». Sin embargo, a casi tres años de su firma, la realidad es bien diferente. La implementación de los acuerdos de paz ha saltado por los aires, con una parte muy importante de las FARC-EP regresando a la insurgencia armada y un Estado que ha convertido en un eje de su política la represión a la protesta social como respuesta a las reivindicaciones perpetuas del país.

La jornadas terminan y en el camino de regreso resuena el recuerdo del himno de estos días: «guardia, guardia, fuerza, fuerza. Por mi raza, por mi tierra. Indios que con valentía y fuerza en sus corazones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones, son amigos de la paz, van de frente con valor, y levantan los bastones, con orgullo y sin temor. Para adelante, compañeros, dispuestos a resistir, defender nuestros derechos, así nos toque morir».

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