Colombia: el país latinoamericano con más asesinatos de representantes sociales

17 de diciembre Arainfo: https://arainfo.org/colombia-el-pais-latinoamericano-con-mas-asesinatos-de-representantes-sociales/

En todo el año 2020 se han presentado al estado colombiano unas diez mil solicitudes de protección por parte de representantes sociales y defensores de derechos humanos, de las que apenas un 16% de los primeros y un 15% de los segundos han sido tramitadas, según el diario El Tiempo

COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA 17 DICIEMBRE, 2020, 10:40
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Colombia
Teófilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza.
A comienzos de noviembre de este año, en Colombia se superaron los 250 representantes sociales asesinados, según el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), cifra con la que se había cerrado el año 2019.

En todo el año 2020 se han presentado al estado colombiano unas diez mil solicitudes de protección por parte de representantes sociales y defensores de derechos humanos, de las que apenas un 16% de los primeros y un 15% de los segundos han sido tramitadas, según el diario El Tiempo.

Estos datos, unidos a la impunidad con la que se cometen (apenas un 5% de estos casos son juzgados según Michel Forst, relator especial de la ONU) muestran la indefensión de los representantes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, siendo el país latinoamericano con más asesinatos de representantes sociales.

A esta cruda realidad, hay que añadir que el estado colombiano no solo deniega protección sino que emplea medios coercitivos para reprimir las reivindicaciones políticas y sociales, siendo uno de ellos la detención preventiva. En Colombia, según World Prision Brief, existe un 30% de población carcelaria preventiva, a la espera de juicio. Este mecanismo se emplea para amenazar y eliminar representantes sociales de especial relevancia.

Un ejemplo fue el famoso caso de Julian Gil, representante del Congreso de los Pueblos, un movimiento político y social, que fue acusado de pertenencia a la guerrilla y colocación de bombas: tras dos años y medio de prisión fue absuelto sin que la fiscalía aportase ninguna prueba. Su caso se convirtió en un claro ejemplo de la criminalización y judicialización de los liderazgos sociales por parte del Estado como estrategia de represión y desarticulación del movimiento social. Esta realidad llevó al nacimiento de la campaña “Ser líder social no es delito”, que intenta visibilizar la realidad del acoso a los representantes sociales por parte del estado colombiano.

Dentro de esta línea de actuación, el 15 de diciembre, la fuerza pública colombiana detuvo a otros tres reconocidos líderes sociales del Congreso de los Pueblos: Teófilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza.

En ambos casos se trata de detenciones sobre representantes sociales de larga trayectoria, de movimientos de oposición a los grandes intereses económicos. Teófilo Acuña es fundador y líder de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Colombia (FEDEAGROMISBOL), que representa a miles de campesinos y campesinas que dependen de la minería de oro a pequeña escala y la agricultura.

Había recibido amenazas por parte de paramilitares que pretendían despojar a los y las campesinas de sus tierras. Precisamente, en el 2019, según el diario El Espectador, esta federación denunció intentos de montajes judiciales por parte de estado a sus miembros. Teófilo Acuña ya fue víctima de otro montaje judicial entre el 2007 y el 2011, cuya invalidez fue reconocida por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.

Teófilo Acuña durante su gira por Aragón. Foto: Comité de Solidaridad Internacionalista.

Por su parte, Adelso Gallo es un campesino, representante de las Organizaciones sociales de Arauca, Colombia, que ha estado en dos ocasiones de gira por Europa, con presencia en ambos casos en las Cortes de Aragón, para denunciar las violaciones de derechos humanos, la desestructuración social y la destrucción medioambiental de las empresas petroleras.

Finalmente, Robert Daza, también campesino, es fundador de Coordinador Nacional Agrario (CNA), uno de los principales movimientos de campesinos y campesinas colombianas, destacado impulsor de procesos de soberanía alimentaria, agricultura sostenible y defensa de acuíferos y territorio.

Estas detenciones se presentan en el marco de una campaña sistemática de criminalización que busca deslegitimar el actuar de movimientos sociales como el Congreso de los Pueblos que actúan como oposición directa al gobierno actual. Desde el Comité de Solidaridad Internacionalista denunciamos la estrategia de estigmatización, persecución y retención de representantes sociales que lleva a cabo el estado colombiano y pedimos garantías procesales, reconociendo el rol de líder social y su carácter de posible víctima de un montaje judicial, y la investigación del uso político de los órganos de investigación y de justicia que no muestran resultados al investigar asesinatos de lideres sociales.

Autor/ra: Comité de Solidaridad Internacionalista.

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