Colombia: tras los barrotes del coronavirus

El Salto. 24 de abril 2020

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Dos líderes sociales colombianos en prisión preventiva relatan cómo les afecta la crisis carcelaria por la pandemia del coronavirus. Desde las frias celdas de hormigón de un pabellón de máxima seguridad en Bogotá, hacen un repaso de las reivindicaciones y luchas históricas del departamento de Arauca y cómo fue su detención y traslado a esta cárcel situada a más de 600 km de sus hogares.

Los presos del complejo carcelario La Picota, en Bogotá, han participado en diferentes acciones de protesta ante el riesgo de llegada del coronavirus: cacerolazos, huelgas de hambre, mensajes a la opinión pública… Sus reivindicaciones han sido recogidas en un comunicado de cinco puntos, pero se reducen a una: ser tratados como cualquier otra persona en los tiempos de la covid-19. Piden material de protección, geles, desinfección, cuidados, atención médica, pero también una administración sensible a sus dificultades y temores y que, en estos momentos de crisis, acuda al diálogo para alcanzar soluciones. No olvidan que, el pasado 21 de marzo, durante las protestas en más de 24 centros carcelarios del país, que pretendían visibilizar estas mismas necesidades, fueron asesinadas 23 personas privadas de libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá y 83 fueron heridas, después de que la guardia abriera fuego aduciendo un intento de fuga.

Entre los reclusos se encuentran José Vicente Murillo y Jorge Enrique Niño. La historia de ambos comienza mucho antes, en Saravena, Departamento de Arauca, frontera con Venezuela, en octubre del año pasado. Para entenderlos, quizás haya que remontarse muchas décadas atrás, a la época en la que las tierras donde viven, una zona llamada los Llanos del Sarare, incrustada en los parajes inmensos de los hombros de Latinoamérica, eran domadas por colonos de poncho y sombrero ante el abandono absoluto del Estado colombiano.

Tan solo asumiendo esta revisión histórica podemos identificar un territorio creado a sí mismo, en la frontera lejana de dos Estados —Colombia y Venezuela— incapaces de atender sus necesidades por la escasa logística e interés. Un territorio al que terminaron por acudir muchas personas perseguidas por la política de Bogotá, en busca de una oportunidad. Pero también acudió la oposición política y armada: primero, las guerrillas liberales en los 50; después las insurgencias tanto de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Sarare se construyó por el esfuerzo comunal de sus habitantes. Las escuelas, los hospitales, las vías de comunicación, las empresas comunitarias de gestión de aguas y residuos, todo ello fue levantado por sus habitantes. Y cuando el Estado colombiano hizo presencia, pasados los años, en los 70, debido al descubrimiento de reservas de petróleo, eligió la estrategia del miedo y militarizó la zona para realizar la extracción del crudo, con mínimas inversiones sociales, acusando a todo y a todos de guerrilleros. En lugar de negociar con quienes habían levantado la vida, de curar viejas rencillas geográficas y políticas, decidió ocupar militarmente la zona y dejar su desarrollo socioeconómico a las empresas petroleras.

Jorge Niño: Por ser líder social de la vereda Las Bancas, en Arauquita, sufro la persecución del Estado y, estoy más que seguro, de las empresas petroleras. Hemos tenido unos inconvenientes con la empresa estatal petrolera Ecopetrol y con una de sus subsidiarias, la empresa Cenit, a la que cedieron el contrato de explotación. Esto se hizo para rebajar salarios a los trabajadores y dejar de pagar las regalías que Ecopetrol había firmado con las comunidades por donde pasan los oleoductos, donde están los campos de extracción. Según el Estado colombiano, la empresa Ecopetrol tiene que mitigar el daño social y ecológico que hace con su actividad en las comunidades. Tiene que dejar unas escuelas, unos hospitales, vías, pero nada de eso se ha visto. Usted no verá un escuelita con una placa de Ecopetrol, y las vías son las peores que pueda imaginar. El petróleo de Arauca no deja un cambio para bien en nuestro departamento. Estamos en un total abandono. Por eso hemos protestado. Pero la única respuesta a nuestras demandas de esos derechos ha sido el incremento de la presión de la fuerza pública, que ya había militarizado toda la línea del oleoducto Caño Limón-Cobeñas. Hemos tenido militares buenos, regulares y malos. Muchos casos de asesinatos de compañeros campesinos. Y no lo entendemos porque los militares llegan a nuestras casas y les damos agua, comida, sombra; pero ellos nos tratan a patadas, nos tildan de guerrilleros y no entendemos, porque los militares conviven con nosotros las 24 horas y saben qué hacemos, por dónde andamos… Con las empresas petroleras llegó realmente violencia.
Esa herencia histórica recibió el Sarare, el actual Departamento de Arauca. José Vicente Murillo y Jorge Enrique Niño no fueron ajenos a una dialéctica de lucha y reivindicación como única forma de obtener los derechos más fundamentales.

Dentro de este marco, las detenciones arbitrarias han sido una constante en el actuar del Estado colombiano frente a las reivindicaciones sociales. De tal forma que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 2008, tras una visita al Departamento de Arauca, ya anunciaba que “se observa también la práctica de las detenciones masivas y la ausencia de evidencia sólida para proceder a las capturas, particularmente cuando los únicos indicios son las acusaciones de reinsertados. El Grupo recomienda al Gobierno erradicar la práctica de las capturas masivas y de la preventiva administrativa (…)”. En esta misma línea se expresa Murillo:

José Vicente Murillo: Hay que entender que el régimen carcelario del país es obsoleto en la medida de que, por un lado, es insuficiente para atender la población carcelaria actual; pero por otro lado, la política del tratamiento del delito no busca sino meter a la gente en la cárcel por cualquier pendejada. A esto se une que el régimen judicial es supremamente lento y lo normal es que tras las detenciones, a los tres o cuatro años, la gente salga en libertad. Bien por prescripción del delito o por inocencia. Sin duda, entendemos que es una forma de perseguir a los líderes sociales, que responde a la ideología del modelo económico imperante.
La construcción social en el Sarare tiene una amplia tradición. Al igual que el resto del país, los campesinos se organizan en las Juntas de Acción Comunal —corporaciones cívicas sin ánimo de lucro compuesta por los vecinos de un lugar, que aúnan esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades más sentidas de la comunidad— y cooperativas productivas. La ciudad de Saravena incluso dispone de una empresa comunitaria que gestiona los servicios públicos, incluida la recogida de basura, saneamiento y potabilización de aguas y reciclaje y compostaje de residuos sólidos. Murillo fue detenido precisamente en medio de una reunión donde la comunidad campesina se encuentra elaborando un plan para la producción de fertilizantes ecológicos, mientras que Jorge fue detenido en su propia finca, delante de su familia.

José Vicente Murillo, preso en huelga en la Picota, de Bogotá.


José Vicente Murillo: Desde hace dos años venimos en un proceso de construcción de abonos orgánicos, como respuesta y alternativa a toda la contaminación que los agrotóxicos han generado en la naturaleza y los seres humanos. Conforme a nuestro legado de defender la vida, nos hemos metido en la construcción de una planta de abono orgánico para brindar la posibilidad al campesinado de que poco a poco vaya haciendo una transición cultural en la producción agropecuaria. Tras una reunión de formación con compañeros brasileños, sentí una presencia que me seguía y al poco unas camionetas de la fuerza pública, armada con armas de asalto, me detuvieron en mitad de la vía.

Jorge Niño: Estaba yo en mi finca con mi familia, mi mujer, mis hijos, un cuñado con tres hijos pequeños, un obrero y un maestro de construcción. Cuando se aproximó el helicóptero. Ahí sí tengo que reconocer que tuve miedo y no pensé en otra cosa que correr, porque a mí ya me habían amenazado de que me iban a capturar porque le exigía a Ecopetrol. Llegué a correr unos 100 metros y desde el helicóptero me tiraron varios tiros. Ahí me paré porque, de repente, me percaté de que yo no debía nada a nadie. Yo no llevaba otra arma que la tijera de podar. Ellos me tiraron al suelo, me dieron patadas, me dijeron que era un perro, que mejor me hubieran matado. Y yo les dije que bien, que si me matan, solo hubieran matado un campesino más.
El asesinato de líderes sociales en Colombia es una constante en la política del país. Desde la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC —noviembre de 2016— hasta el año 2019, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 800 líderes y lideresas sociales han sido asesinadas en Colombia. Por estos crímenes, apenas se han realizado 22 condenas efectivas. En los tres primeros meses de este año, 91 líderes y lideresas sociales y excombatientes fueron asesinados.

Uno de los casos más macabros de la historia reciente de Colombia se conoce como “los falsos positivos”, una práctica frecuente en las fuerzas armadas que consiste en asesinar a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. Este hecho se generalizó debido a las recompensas que recibían las unidades militares que obtenían resultados en la lucha contrainsurgente medidos como bajas. Estas prebendas variaban entre días de vacaciones, dinero o ascensos. El resultado, según cálculos no oficiales, es de aproximadamente 10.000 personas asesinadas extrajudicialmente por la fuerza pública.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denuncia que se trata de una estrategia estatal que también cobija a los “falsos positivos judiciales”: personas encarceladas sin cargos sólidos con la intención de detener sus actividades políticas y generar miedo en el movimiento social. Esta práctica, no siempre tan conocida, consiste en detener a líderes sociales acusándolos de pertenecer a la insurgencia guerrillera, mantenerlos encarcelados durante años, sin recibir finalmente juicio alguno, o abriéndose el juicio sin evidencias ni pruebas acusatorias.

Se critica especialmente que compañías como Ecopetrol firmen convenios con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía para su financiación. Por un lado, aparece la empresa como pretendida víctima en procesos judiciales en los que sus actividades se vieron afectadas y, por otro, aporta grandes sumas de dinero a los encargados de la investigación contra los líderes. Se crea así una asimetría sin que exista igualdad de condiciones jurídicas ni garantías.

José Vicente Murillo: De 2003 al 2006 ya tuve la experiencia de la persecución del terrorismo estatal y duré detenido tres años y medio en los que me dieron un “tour carcelario” por diferentes instituciones de alta seguridad. En 18 meses estuve en seis cárceles diferentes. Así que ya conocía la dinámica, la cultura y la convivencia en una cárcel. Ya sabía que no facilitan ni colchoneta, ni cobija, ni nada; y que la familia debe proveer de todo. La experiencia depende de cómo uno aborde las cosas. Si bien es cierto que somos inocentes de lo que se nos acusa, el régimen colombiano no ha dudado en asesinar para acallar la oposición política. Si nos tienen que matar no lo van a dudar. Así que acá estamos vivos, otros compañeros y compañeras no han tenido esa suerte.

Jorge Niño: Yo nunca he tenido tantas personas armadas vigilándome. Me han catalogado como una persona muy peligrosa. En la imputación de cargos me acusan de ser guerrillero del ELN, pero uno no es sino una persona comunal. Nuestra Junta de Acción Comunal tiene personería jurídica desde 1975. Mi delito ha sido ser líder comunal y pedir los beneficios de mi comunidad frente a Ecopetrol. Nunca me han agarrado con armas, ni con prendas militares, ni he chantajeado, ni he andado en problemas con nadie.
El sistema penitenciario colombiano padece un hacinamiento crónico que ronda el 54%: con 80.000 plazas habitan cerca de 124.000 personas. El uso indebido de la prisión preventiva por parte de los jueces es uno de los factores determinantes de dicha sobresaturación. Esta situación hizo que la sentencia STP-142832019 (104983), de octubre del año pasado de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, recordara a los jueces el carácter excepcional que debe tener dicha herramienta. Por el contrario, las personas privadas de libertad preventivamente representaban un 33,5% del total de personas presas en 2019 según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Jorge Enrique Niño, preso en huelga en la Picota, Bogotá

Jorge Enrique Niño
Sin embargo, en los penales, además de espacio, se carece de los elementos básicos de aseo, abrigo y, en muchos casos, alimentación. Estos deben ser proporcionados por las familias de los reclusos y, por lo tanto, se convierten en un mecanismo de castigo arbitrario para aquellos que piden mejores condiciones.

José Vicente Murillo: Una anécdota nomás para mirar cómo es este régimen: nuestras familias nos mandaron unas encomiendas a un compañero y a mí. Las encomiendas eran idénticas, con el mismo número de artículos. Debían entregárnoslas cuando llegáramos, pero se demoraron. Como yo molesté con esa encomienda y fui a hablar con el director de la cárcel, con el Comandante del cuerpo de custodia, cuando llegó la siguiente fecha de entrega al compañero le entregaron el paquete pero el mío lo regresaron. Nunca argumentaron nada, sino simplemente que se rechazó. En ella iba una chaqueta para protegerme del frío, porque mi tierra es tierra caliente y me mandaron a Bogotá (que es supremamente fría) sin poder tomar ninguna ropa de abrigo. En ese tipo de cosas se ve que toman medidas represivas con los derechos fundamentales.
Jorge Niño: La verdad que he aprendido mucho de grupos del INPEC. Ellos llegan por la noche, de forma agresiva, lo sacan a uno a una canchita pequeña que hay por el patio y le hacen sacar sus cosas y empiezan a darle vueltas absolutamente a todo. Le parten las cosas, se las dejan revueltas con las de otros presos. Eso me tiene preocupado y asustado, porque hay presos que no tienen el mejor genio y se les puede ofender con la forma de expresarse. Uno vive muy estresado porque si habla uno es malo y si no habla también. Corre uno el peligro de que el otro se le prenda y le pueda dar un chuzo, porque de un momento a otro se acaba el buen comportamiento de los presos y se forman unas peleas. Y uno está todo el día arriesgando la vida….
Sobre esta realidad violenta, la posibilidad del contagio de la covid-19 ha tensado la cuerda hasta el límite de la ruptura. Las personas privadas de libertad no solo deben capear la incertidumbre de la situación de sus familias, con las que apenas tienen contacto, sino que son conscientes de su debilidad colectiva al moverse en las mejores condiciones para la transmisión de la pandemia: alto contacto entre personas y escasas medidas de higiene y protección. La masacre de 23 privados de la libertad que ocasionó el Estado colombiano el pasado 21 de marzo en la cárcel La Modelo no hace parte de una solución, sino del agravamiento de dicha situación. Tampoco se sienten seguros con las medidas del Decreto 546, recién firmado por el presidente Iván Duque, con el que pretenden transferir a 4.000 personas de las cárceles a arresto domiciliario. El número resulta claramente insuficiente para solucionar el problema del hacinamiento, que asciende a 45.000 reclusos.

José Vicente Murillo: En esta ocasión nos encontramos con el tema de la Covid-19, en el que el Gobierno y el régimen penitenciario toman la medida de declarar en cuarentena las cárceles del país. Medida que los presos compartimos pero que debe darse de manera integral. Es decir, no solo quitarle la visita al preso sino aplicarse otras medidas que sean efectivas para prevenir la propagación de la pandemia. Por ejemplo, que el cuerpo de custodia también se acuartele, no tenga contacto con el mundo exterior y se tomen las medidas higiénico-sanitarias para que el personal administrativo no sea transmisor de esta enfermedad. También establecer una contingencia en el servicio de sanidad para atender las situaciones derivadas del coronavirus. En medio de todo esto, la población carcelaria ha sido consciente de la amenaza de la Covid-19 y ha tomado medidas de autocuidado en términos del aseo, de eliminar factores de contaminación. Pero sabemos que estas medidas son insuficientes. Se ha declarado una emergencia carcelaria, con un paquete de medidas en las que el Gobierno está aplicando de forma inmediata las más coercitivas y represivas para la población carcelaria. Mas ninguna efectiva para la descongestión de la situación carcelaria ni por supuesto medios físicos como mascarillas o geles desinfectantes. Ya de por sí, la medida del Decreto 546 resulta insuficiente porque aplica a una mínima parte de la población carcelaria. Sabemos que ni con esta pandemia el Gobierno va a abordar los problemas estructurales más acuciantes de la población carcelaria.
Jorge Niño: En esta situación del virus, la distancia con la familia se vive todavía con más angustia. La comunicación con ellos es demasiado distanciada, con dificultades. Ahí hay unos teléfonos del INPEC que son costosos. Muchas veces no funcionan, le intervienen a uno las llamadas, no hay privacidad con la familia. Este control del INPEC incomoda mucho y viola los derechos fundamentales. Eso me intranquiliza porque en la cárcel no se puede tener un peso y uno depende del apoyo y el ánimo de la familia fuera. Las cárceles colombianas son difíciles para sobrevivir y con el coronavirus la gente anda todavía más nerviosa en los patios y los pasillos. Los conflictos se dan con más facilidad. Uno quisiera decirle al Estado que revise bien estas injusticias que han hecho conmigo, quién sabe cuántas personas están en la misma situación, que por ser líderes, que porque reclaman los derechos de una comunidad (en teoría con aval del propio Estado) están pasando por estas penurias.
La pandemia de la Covid-19 supone una prueba de estrés a nivel político, sociológico, económico, y personal. Ha mostrado el lugar por dónde se rompen las costuras de una sociedad inmersa en la lógica de usar y tirar. Muchas de las medidas tomadas, aunque necesarias, resultan fatales para los colectivos más castigados socialmente. La sistematicidad de la persecución y el asesinato de líderes sociales se evidencia, tanto en las crudas cifras de personas muertas, como en las de personas privadas de libertad en régimen preventivo. Un número demasiado alto para una medida excepcional y que remite al silenciamiento de las voces críticas que trabajan en las veredas, Juntas de Acción Comunal o barrios.

Mientras el país sigue en confinamiento los presos continúan hacinados, sometidos a la angustia de comprobar que efectivamente la pandemia se está expandiendo al interior de las cárceles con los primeros contagiados y muertos. Las denuncias de hace más de un mes, anticipando esta situación, cayeron en oídos sordos. El Gobierno optó por la represión y un Decreto de pocas excarcelaciones que no paliará la situación humanitaria por el amplio elenco de exclusiones que contempla y por medidas como el irresponsable traslado de presos entre cárceles (desde la prisión de Villavicencio en la que se detectó el primer foco de infección), que ha conducido a la propagación de la enfermedad. Desde el Movimiento Nacional Carcelario continúan reclamando solidaridad con los privados de la libertad para atender esta situación y lograr una excarcelación humanitaria cuando aún se está a tiempo de proteger a miles de seres humanos.

CRIMINALIZACIÓN Y CASTIGO EN CUARENTENA
Este artículo es el primero de la serie ‘Criminalización y castigo en cuarentena’, una iniciativa comunicacional de diferentes medios internacionales cuyo objetivo es acercarse, dentro de la actual crisis sanitaria mundial, a las realidades de aquellas personas sometidas a aislamiento forzoso (penitenciario, psiquiátrico o de internamiento de extranjeros). Su olvido y exclusión se incrementa en estos tiempos ante la suspensión del régimen de visitas. ¿Cuál es la situación en los diferentes países y las respuestas de los Gobiernos? En estos días de cuarentena, ¿el confinamiento de las sociedades puede ser un puente de solidaridad hacia las personas privadas de libertad? Esta serie de reportajes es un acercamiento hacia los establecimientos de reclusión en tiempos de pandemias.
En este proyecto participan los medios de comunicación Colombia Informa, Brasil de Fato, Midia Ninja, Marcha, Equipe Media, Peoples Dispatch y El Salto. El autor de este artículo, Mario de los Santos, es escritor, químico y colaborador de Colombia Informa desde el Estado español.

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