¿Por qué Pedro Castillo leyó aquel comunicado?

Llámese auto-golpe, estallido de impotencia, trampa-provocación, suicidio político… El pronunciamiento parece que no tenía recorrido alguno, lo que se evidencia en el temblor de las hojas que sostenía Castillo en sus manos mientras leía la declaración de cierre del Congreso.

LUIS MANGRANE 11 DICIEMBRE, 2022. Arainfo

El pasado 7 de diciembre, unos minutos antes de mediodía, el Presidente de Perú, Pedro Castillo, anunciaba en un mensaje televisado al país el cierre del Congreso. La reacción de los medios de comunicación denunciando un auto-golpe de Castillo fue inmediata, en directo y contundente: no había que obedecer a Castillo, ya no era presidente.

El mensaje se daba unas horas antes de que iniciase la sesión del Congreso que tenía por objeto votar su vacancia (tercer intento de destitución constitucional en 17 meses de gobierno). El conflicto estaba dado: ¿Qué decisión debería prevalecer? ¿La anunciada por Castillo o la que saldría del Congreso unas horas después, si efectivamente llegaba a sesionar, toda vez que se había decretado su disolución? Las fuerzas armadas iban a decidir quien saldría vencedor de ese enfrentamiento ejecutivo-legislativo que ha escalado la crisis institucional que Perú arrastraba desde antes de la toma de posesión de Castillo en julio de 2021.

La respuesta oficial llegó en un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía emitido a las 13.32 horas: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son respetuosas del orden constitucional establecido; el artículo 114 de la Constitución Política establece que el presidente de la República está facultado de disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros; cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú; se invoca a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones legalmente establecidas”.

Un texto tan ambiguo que el portal de noticias de CNN en español podía leerse: “Las fuerzas armadas apoyan la medida de Castillo”. La realidad fue bien distinta, las fuerzas armadas no apoyaban la decisión de Castillo (no del Gobierno porque éste parece que no se reunió para decidir tan trascendental medida).

El Congreso, en cambio, adelantó su reunión y superó con holgada mayoría los 87 votos necesarios para aprobar la vacancia, alcanzando los 101 votos. En las anteriores votaciones celebradas para intentar vacar a Castillo no habían conseguido alcanzar el número necesario. Una decisión sorprendente cuando en los días previos se dudaba seriamente que la oposición reuniera los votos necesarios para la vacancia.

¿Qué es lo que realmente llevó a Castillo a leer ese comunicado? El gobierno de emergencia excepcional, además del cierre del Congreso, incluía el toque de queda, la reorganización del Ministerio Público, Junta Nacional Electoral y Tribunal Constitucional, el anuncio de elecciones en una fecha por determinar, gobernar por decreto y respetar el orden económico y la propiedad privada contradecía el artículo 134 de la Constitución peruana que, entre otras cuestiones, exige que las elecciones se realicen “dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución”.

El pronunciamiento de Castillo fue seguido de una serie de dimisiones de sus Ministros y apoyos parlamentarios, incluso su abogado personal renunció a defenderle, la Vicepresidenta le abandonó y fue detenido por su propia escolta camino de la embajada de México a la que se dirigía a pedir asilo. La comparación con el auto-golpe protagonizado por Alberto Fujimori hace 30 años, en 1992 resulta obligada y traía los peores recuerdos a los peruanos; sin embargo, en aquella ocasión los militares apoyaron previa y efectivamente al dúo Montesinos-Fujimori y, ahora, Castillo carecía del apoyo de su círculo más cercano, lo que arroja serias dudas sobre las circunstancias que han rodeado la decisión.

En las calles de Lima, entre el mediodía y comienzos de la tarde la tranquilidad era total. Nada demostraba que estuviéramos viviendo un golpe de Estado. En la avenida Abancay, en las inmediaciones del Congreso y hasta donde les permitía la Policía, que había bloqueado los accesos más próximos al edificio, grupos de seguidores de Castillo se manifestaban pacíficamente pidiendo el cierre del Congreso y apoyando al cesado presidente.

Terminaba el periodo de Gobierno del maestro chotano (Cajamarca), campesino y dirigente sindical. Llegó a la Presidencia de una manera un tanto azarosa, gracias al apoyo de Vladimir Cerrón (Perú Libre) ante la imposibilidad de éste de presentarse a la presidencia como consecuencia de estar inhabilitado por una sentencia judicial.

La elección de Pedro Castillo despertó las más iracundas reacciones de las élites, derecha y extrema derecha peruana cuando por un estrecho margen un cholo ganó las elecciones presidenciales en 2021 con una mínima diferencia de votos (44.058 votos, 50.125% para Castillo, frente a Keiko Fujimori con 49.875%).

La animadversión de la derecha se personificó en Vargas Llosa -tal y como lo refleja Atilio A. Boron, en ‘El sueño del marqués’- al pasar de acérrimo enemigo de Alberto Fujimori, antes de las elecciones de 2021, a decir que “los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor” e incluso a lanzar una envenenada advertencia “si Castillo gana la segunda vuelta y establece el modelo cubano, no se puede descartar un golpe militar de la derecha”.

Después de conocido el resultado, Fuerza Popular (el partido de Keiko Fujimori) encabezó una serie de acusaciones de fraude electoral y sus seguidores acosaron a diferentes autoridades, incluidas las electorales, convocando marchas ciudadanas en lo que parecía una reedición de los ataques de Trump en enero de 2021.

La Organización de Estados Americanos (OEA) tardó un mes y medio en felicitar a Castillo tras la proclamación oficial de los resultados que fueron retrasados por las maniobras de un fujimorismo que sigue vigente en el país. En 2022 el fujimorismo consiguió que el ex-dictador Alberto Fujimori consiguiera una resolución judicial para ser excarcelado; su puesta en libertad solo fue evitada gracias a la justicia internacional (en una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) y a la intervención de organizaciones de derechos humanos como la peruana APRODEH.

Después toda la presidencia ha sido una persecución permanente al Jefe del Estado peruano en la que se acumulaban peticiones de vacancia, acusaciones constitucionales y procesos judiciales. Las negativas del legislativo para permitir a Castillo desplazarse al extranjero (incluida a la toma de posesión de Petro en Colombia o un viaje a Europa en octubre pasado) fueron otros de los episodios controvertidos de una oposición centrada en una beligerancia absoluta con el ejecutivo adornada con tintes racistas y clasistas.

Castillo en su alocución del pasado día 7 recordó parte de las medidas que había intentado impulsar su Gobierno y frustrado la oposición en el Congreso: la masificación del gas, el ingreso libre a las universidades y una segunda reforma agraria. En todo caso, en ese mismo mensaje dejó claro que no se pretendía alterar el sistema económico vigente ni la propiedad privada; Castillo había declarado (y demostrado) hacía tiempo “no somos chavistas, no somos comunistas”.

Parte de la sociedad peruana enarboló el lema “que se vayan todos” pidiendo nuevas elecciones, una exigencia ahora renovada, bajo la incógnita de a quien beneficiaría en este momento unas elecciones anticipadas.

Una convocatoria inmediata conseguiría que los sectores populares que se identifican con Castillo no tengan un candidato a tiempo o que parte de su espacio político pudiera ser ocupado por Antauro Humala (hermano del expresidente Ollanta Humala, que se encuentra en plena gira política después de ser excarcelado este año tras cumplir condena por un levantamiento militar en 2005, conocido como el Andahuaylazo).

Keiko Fujimori, no parece que lo tenga fácil envuelta en procesos judiciales por corrupción, lavado de activos y fraude; la derecha y sectores oligárquicos, con el apoyo de los medios de comunicación, son quienes pueden capitalizar todo el descrédito político que ellos mismos han contribuido a crear durante el mandato de Castillo.

La situación que se plantea de cara al futuro es muy complicada. Las protestas a favor de Castillo y por el cierre del Congreso se dan principalmente fuera de Lima. Castillo se encuentra recluido en la prisión de Barbadillo, en Ate, en el mismo establecimiento penitenciario en el que se encuentra Fujimori cumpliendo prisión.

El nuevo abogado del expresidente señala que le drogaron antes de leer el comunicado del auto-golpe; puestos a alegar defensas ingeniosas y teniendo en cuenta que no contó con ningún apoyo militar y hasta su propia escolta personal le entregó podría alegar tentativa impune (por ser imposible la consumación del delito o ineficacia absoluta del medio empleado) que contempla el Código penal peruano.

Llámese auto-golpe, estallido de impotencia, trampa-provocación, suicidio político… El pronunciamiento parece que no tenía recorrido alguno, lo que se evidencia en el temblor de las hojas que sostenía Castillo en sus manos mientras leía la declaración de cierre del Congreso.

En sus prosas apátridas, el escritor peruano Julio Ramón Ribeyro señalaba “nunca he podido comprender el mundo y me iré de él llevándome una imagen confusa”. Si la decisión de Castillo fue una fugaz huida adelante de éste provocada por terceros para conseguir sacar adelante una vacancia que no contaba por si sola con los votos necesarios en un parlamento deslegitimado ante la opinión pública es una cuestión que la historia tendrá que descifrar.

Los intereses cruzados del presente no permiten desvelar qué ha sucedido realmente. Resulta deseable que con el tiempo la confusión se desvanezca; lo urgente, ahora, es la preocupante realidad de los millones de peruanos que han visto defraudada la confianza depositada en su Presidente electo y que la situación política de un país marcado por una pobreza y desigualdad enormes, que no se corresponden con el crecimiento económico del Perú, no se transforme en una represión de consecuencias imprevisibles.