“No nos han acobardado”
EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA DE ZARAGOZA COOPERA PARA LA DEFENSA DE LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS CON COMUNIDADES RURALES GOLPEADAS POR EL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO EN COLOMBIA
En la subregión del Sur de Bolívar, la historia violenta del conflicto interno colombiano continúa atravesando la vida de sus pobladores. En estos territorios se entrecruzan los factores que lo convierten en el más largo de Latinoamérica. Por un lado, el interés por controlar los recursos naturales de la región: el oro, la palma africana, ganadería, coca… Por otro, los enfrentamientos entre los actores armados presentes en esta zona.
Desde los años 70, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) dominó la región hasta 1997, cuando empezó a perder su hegemonía con la entrada de los paramilitares para intentar hacerse con el control de la zona minera, lo que a fecha de hoy no han conseguido. Desde entonces, numerosas arremetidas paramilitares, ante la indiferencia o con la complicidad del Estado, han provocado sucesivos desplazamientos de la población por el impacto de las graves violaciones de los derechos humanos ocasionadas.
En la actualidad, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) es el grupo paramilitar que controla gran parte de los municipios de la zona. El ELN, inmerso en un proceso de negociación de paz con el Estado, ha denunciado que “en varias regiones del país continúan las operaciones de los paramilitares en coordinación con las Fuerzas Militares del Estado”. La continuación del paramilitarismo constituye el desafío más importante que atraviesa ese proceso de negociación con esta guerrilla.
En este escenario, la población civil de veredas y caseríos alejados de los cascos urbanos es la principal víctima del conflicto. Entre los riesgos que enfrentan se encuentran las acusaciones de apoyar a la guerrilla o verse involucrados en los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla.
Durante todos estos años de abandono estatal, las comunidades agromineras del Sur de Bolívar se han organizado para permanecer en el territorio, resultando esencial el papel de los líderes y lideresas sociales y de entidades como la Corporación Sembrar, que las ha acompañado ininterrumpidamente. El Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza (CSIZ) y Sembrar están ejecutando un proyecto de cooperación al desarrollo financiado por el Gobierno de Aragón en los municipios de Morales (corregimiento Micoahumado), Santa Rosa del Sur, Montecristo y Ríoviejo para implementar estrategias comunitarias para la defensa de la vida y los derechos humanos de comunidades víctimas del conflicto social y armado.
A lo largo del mes de agosto, miembros del CSIZ tuvieron la oportunidad de acompañar a las lideresas de Santa Rosa del Sur y Morales en diferentes talleres organizados con la Asociación Regional de Mujeres, Agromineras y Urbanas del Sur de Bolivar y Sur del Cesar (Juntas). El papel de estas lideresas en la defensa de los derechos humanos es fundamental en un ambiente marcado por la guerra y la violencia, que afecta especialmente a las mujeres y a los niños.
Entre las actividades realizadas el pasado agosto, se organizó una escuela de terapeutas de mujeres para abordar el impacto psicosocial que genera el conflicto interno en las comunidades de las participantes, donde el Estado no brinda ningún tipo de ayuda de este tipo. En Micoahumado se organizaron, además, actividades con niños y niñas, otro de los sectores de la población más afectados por la guerra.
El año pasado, Unicef informó de que Colombia ocupa el puesto veinte a nivel mundial con respecto al número de niñas casadas o unidas antes de cumplir los quince años, y en comparación con América latina y el Caribe, ocupa el puesto once en adolescentes unidas antes de cumplir los 18 años.
Otra de las amenazas que enfrentan los menores es el reclutamiento por parte de los actores armados, una práctica habitual ante la ausencia de oportunidades y en un lugar en el que los niños juegan a ser guerrilleros y paramilitares. Las actividades desarrolladas con niños y niñas por la Fundación Perros sin Raza, un colectivo de Bogotá que desde el arte desarrolla actividades pedagógicas, bajo su lema “más manos pa´ la música, menos pa´ la guerra”, tenían como objetivo promover la igualdad de género desde la infancia, superar los roles tradicionales y aprender a afrontar situaciones de agresión y abuso.
Las mujeres asistentes a estas jornadas de formación rindieron homenaje a compañeros de la región asesinados, como Alejandro Uribe, en 2006, o Teófilo Acuña y Jorge Tafur, en 2022. Los rostros de estos dos últimos aparecen en pancartas situadas en los accesos a Micohaumado que recuerdan la vigencia del conflicto armado y que, aunque su asesinato permanece en la impunidad, su legado y memoria no se apaga entre las comunidades a las que dedicaron su vida.
Aunque el miedo y la incertidumbre permanecen, estas mujeres no están dispuestas a que la violencia desintegre sus procesos organizativos. “No nos han achicopalado –acobardado-”, concluye una de las lideresas, antes de regresar a su comunidad en la Serranía de San Lucas.
La Fundación Perros sin Raza forma en igualdad de género a menores. SERVICIO ESPECIAL
Los obstáculos de la Paz Total
El Gobierno de Gustavo Petro, bajo el mandato de la Ley de la Paz Total, adelanta negociaciones con diferentes grupos armados del país. Este proceso no solo involucra a grupos como el ELN, a quien se reconoce su status político. También mantiene negociaciones con grupos delincuenciales de Buenaventura, Quibdó, Medellín y Valle de Aburrá, con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC y paramilitares de las AGC.
El pasado 6 de agosto concluyó en Venezuela la cuarta ronda de conversaciones entre el ELN y el Gobierno, anunciando el establecimiento de cuatro zonas críticas afectadas por el conflicto en las que se llevarán a cabo acciones humanitarias: Bajo Calima y San Juan, localidades del departamento de Valle del Cauca, Sur de Bolívar y Bajo Cauca. La fragilidad de estos acuerdos quedó evidenciada con los posteriores combates entre paramilitares y el grupo de las disidencias de las FARC (EMC-FARC) contra el ELN, que este último grupo sostiene que cuentan con el apoyo del Ejército.
