Ley de Seguridad Interior en México: un retroceso para los Derechos Humanos
14 ene. Coloombia Informa.- A pesar del rechazo de organismos internacionales y de la indignación de una gran parte de la sociedad civil, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada en México tanto por diputados como por senadores y aún se espera el consenso por parte de la Suprema Corte de Justicia para que entre en vigor.
El pasado 21 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior que el Presidente Enrique Peña Nieto promovió. Esta ley otorga las mismas facultades de las policías estatales, municipales y federales a las Fuerzas Armadas; es decir, al ejército y la marina.
Desde 2006, cuando el entonces Presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, el ejército y la marina desplegaron más de 750.000 soldados en varios Estados para cumplir las funciones de sus policías.
Esta ley legitima acciones militares y otorga el poder al Presidente para que pueda decidir, sin consultar al Congreso o a la ciudadanía, en qué momento el ejército debe intervenir cuando se evidencia un caso que atente contra la seguridad interior.
Aquello que se considere un atentado a la seguridad interior quedará a criterio de Peña Nieto y, posteriormente, de quien gane las Elecciones Presidenciales de este año.
Con un concepto tan ambiguo como “seguridad interior”, esta ley pone en riesgo la libertad de expresión, pues establece que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en protestas sociales si se considera que no son pacíficas. Asimismo, es un retroceso en materia de transparencia ya que decreta que toda información sobre medidas de seguridad interior será confidencial.
Estas amenazas no son nuevas para México. Desde que las Fuerzas Armadas han tomado el papel de la policía en el país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -CNDH- ha recibido más de 11.000 quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina por violación a los Derechos Humanos.
La gran mayoría de estos crímenes siguen impunes, de acuerdo con un estudio realizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos -WOLA, por sus siglas en inglés- que señala que solamente el 3.2% de estos casos se resuelven y son castigados.
En un país con más de 150.000 muertes y más de 30.000 desaparecidos en la última década, gran parte de la sociedad civil manifestó su inconformidad con esta ley a través de organizaciones y medios de comunicación.
Además, la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, y la Organización de Estados Americanos -OEA- se pronunciaron en contra de esta ley e instaron al Gobierno mexicano para que detuviera su aprobación.
La ley sorprende a organismos internacionales por su naturaleza retrógrada en materia de Derechos Humanos. Su promulgación recuerda al Estatuto de Seguridad que se instauró en Colombia en 1978 por el entonces Presidente Julio César Turbay, el cual concedía facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares. Esta medida generó una crisis de Derechos Humanos en el país y una polarización social que cuatro años después llevó a la derogación del Estatuto, gracias a la presión de Amnistía Internacional.
Años más tarde, cuando en 1999 Andrés Pastrana instauró el Plan Colombia para combatir el narcotráfico con las Fuerzas Militares, los resultados fueron una detonación de violencia en el país y el incremento en un 15% en los cultivos ilícitos de coca y un aumento de 4% en la producción de cocaína.
La intervención de las fuerzas armadas en estos y otros países de América han traído consecuencias negativas y poco han logrado en materia de seguridad. Sin embargo, en México aún hay esperanza pues ONGs, partidos políticos e incluso un municipio del país han interpuesto acciones de inconstitucionalidad. Por otro lado, la Ley de Seguridad aún está siendo analizada en la Suprema Corte de Justicia, institución que tendrá la última palabra para decidir si entra en vigor o se deroga por ir en contra de la Constitución Mexicana.
