Charla pública: Colombia en busca de la Paz Total y la defensa de los Derechos Humanos en medio de la guerra.

El próximo día 20 de abril a las 19:00h. en el Colegio de Abogados de Zaragoza, en el Salón de Grados, C/Don Jaime I,18

el Comité Internacionalista junto con ASA (Acción Solidaria Aragonesa), el Comité Cristiano de Solidaridad
Oscar Romero de Aragón, SOS Colombia Zaragoza y la Sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Zaragoza
organizamos una charla pública.
Contaremos con la presencia de Leidy Vanessa Gil, colombiana, lideresa social, defensora de derechos humanos con enfoque de género, vocera de la Región de Los Dos Ríos (que comprende el Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño), vicepresidenta de la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo y hace
parte de la Junta Nacional del Coordinador Nacional Agrario. Leidy Vanesa es tecnóloga en Investigación Judicial y próxima a obtener el título como Antropóloga de la Universidad de Antioquia.
La región de Los Dos Ríos es un territorio estratégico por su ubicación entre los dos principales ríos
del país: Magdalena y Cauca, que abrazan las montañas de la Cordillera Central y en especial la Serranía de San Lucas, cubierta por bosques tropicales y andinos, que alberga diversidad de fauna y flora, y una gran reserva de oro y minerales como cobre, plata y zinc, entre otros. Sus riquezas naturales, hídricas, energéticas y agropecuarias la sitúan como una de las regiones más importantes del país. Históricamente, las comunidades han usado de manera colectiva la tierra y las riquezas naturales para satisfacer las necesidades básicas de los pueblos, sin perturbar el equilibrio y la armonía con la naturaleza. Sin embargo, debido a su importancia estratégica, esta región se ha visto inmersa en fuertes conflictos por el control del territorio y sus economías, generando graves riesgos para la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad ante las grandes empresas y actores armados.
Los conflictos ambientales y territoriales en esta región están relacionados principalmente con el acceso a la tierra, que ha sido concentrada en muy pocas manos a través del despojo, el desplazamiento forzado y el derramamiento de sangre, para favorecer intereses de las élites económicas, que generan graves impactos ambientales y sociales por el monocultivo de palma africana, la ganadería extensiva, y la minería. En este contexto, la región ha sido escenario de disputa y de una fuerte arremetida de los paramilitares en asociación con la Fuerza Pública.
En este contexto, la región ha sido escenario de disputa y de una fuerte arremetida de los paramilitares
en asocio con la Fuerza Pública, que han generado durante décadas fuertes enfrentamientos con el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC-EP) ahora conocidas como Disidencias, razón por la cual es calificada como “Zona Roja”,
generando gran estigmatización para toda la población que allí reside.
La militarización de esta región pretende supuestamente atacar a los grupos insurgentes, pero en realidad
contribuye a despojar y desplazar a las comunidades, obligándolas a abandonar sus tierras para luego
destinarlas a mega-proyectos, perpetuando el saqueo de las multinacionales. Son reiteradas las denuncias
de organizaciones de derechos humanos por la complicidad entre militares y paramilitares que
extorsionan, asesinan, violan, desaparecen y desplazan la población para lograr el control territorial.
La presencia de actores paramilitares en la región genera una alta vulnerabilidad y riesgos para los
procesos y liderazgos sociales, que vienen sufriendo señalamientos, amenazas, retenciones,
desplazamiento forzado, e incluso asesinatos de líderes y lideresas sociales por asumir la defensa de la
vida.
Ante este escenario de paramilitarización de los territorios, los procesos populares, organizativos y
comunitarios de la Región de los Dos Ríos convocaron a un Paro Indefinido desde el 23 de enero en la
Lizama para declararse en EMERGENCIA HUMANITARIA y solicitar al gobierno adoptar medidas
pertinentes para el desmonte del paramilitarismo, así lograr garantizar la vida y permanencia en los
territorios.