PARO CÍVICO INDEFINIDO EN ARAUCA (COLOMBIA)

9 febrero, 2011 comite2017

Voceros del paro cívico presentan de manera oficial propuesta de diálogo al gobierno

Por Prensa Organizaciones Sociales
08 de febrero de 2011

En Saravena, durante el transcurso del día los voceros del paro cívico se han reunido con delegados del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo.

Luego de expresar una vez más los motivos y exigencias de la protesta, los dirigentes indígenas y de los demás sectores sociales entregaron oficialmente su propuesta de diálogo, a fin de ser estudiada por el gobierno nacional. Esta consiste en los siguientes puntos:

1. Aprobación de la comisión de manera oficial y con las garantías mínimas para su funcionamiento por parte del gobierno:

Suspender la judicialización que existe o pudiera existir contra alguno de los miembros de la Comisión.
Disponer de los recursos económicos y logísticos necesarios para el funcionamiento de la Comisión, relativos al transporte, alojamiento y alimentación de sus integrantes.
Autorizar a los integrantes de la comisión el ingreso a todos los establecimientos y entidades oficiales, así como a la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones.
Abstenerse de interceptar las comunicaciones de los integrantes de la comisión.
Las demás que requiera la comisión para el cumplimiento de su mandato.

2. Conformación de la comisión permanente de diálogo, negociación y seguimiento de los acuerdos establecidos entre el gobierno y las comunidades:
Por el Gobierno nacional:

Vicepresidencia de la República
Min Interior y Justicia
Min Minas y Energía
Min Ambiente
Min Protección Social
Min Educación Nacional
Gobernación Arauca
Incoder

Por las organizaciones sociales:

ASCATIDAR, en cabeza de su presidente, Ismael Uncasía y otros delegados
ASOU’WA
Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-
Asociación Departamental de Usuarios Campesinos -ADUC-
Central Unitaria de Trabajadores -CUT- subdirectiva Arauca
Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal
Unión Sindical Obrera -USO-

En calidad de garantes:

Defensoría del Pueblo
Procuraduría
Personerías municipales.
Congresistas: Alexander López Maya, Iván Cepeda Castro, Jorge Robledo
Congresistas indígenas

En calidad de veedores:

ASOCIACIÓN MINGA
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA
ONU
Embajadas: República Bolivariana de Venezuela,
Parlamento andino
Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia
Amnistía Internacional
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

3. Oficialición e instalación de la comisión, por parte de presidente de la República o del vicepresidente, mediante decreto presidencial, en el marco de un acto público, con la presencia de todos sus integrantes, en el sitio de concentración del municipio de Saravena. La comisión será de carácter permanente y debe continuar su labor de seguimiento, durante y después de los trabajos por mesas temáticas.

4. Una vez cumplidos los puntos anteriores, se levantará el paro cívico y se declarará la asamblea permanente, en el marco de la cual se trabajarán los temas por medio de las mesas constituidas para tal fin. El gobierno debe garantizar la logística para mantener la Asamblea Permanente y los temas se trabajarán en el siguiente orden:

Libertad de Ismael Uncasía y Verónica Solís
Pueblos ancestrales, autonomía y gobierno propio.
Garantías procesales para los demás judicializados.
Desestigmatización del movimiento social; no judicialización y criminalización de la libertad de asociación, expresión y movilización.
Proyectos de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos.
Ambiente y territorio.
Derechos humanos
Salud
Educación
Productividad

A esta hora, se espera la respuesta del gobierno nacional, la cual será comunicada a través del delegado del ministerio del Interior, que se encuentra en Saravena. Así mismo, los voceros de la movilización reiteran su voluntad de diálogo y rechazan de manera categórica los intentos de usar la fuerza para desalojar a los manifestantes, de acuerdo con las amenazas en ese sentido que han emanado de las autoridades militares y de policía del departamento de Arauca.

Asi mismo se ha confirmado al termino de la redacción de esta nota de prensa la disposicion del gobierno nacional de instalar la mesa de dialogo con los puntos exigidos desde los voceros del paro cívico, espere ampliación de esta noticia en posteriores boletines o en nuestro portales oficiales.

ÚLTIMAS NOTICIAS EN IMÁGENES…

VIDEOS de la reunión con delegados del Ministerio del Interior y Defensoria nacional del Pueblo para asuntos étnicos

Reunión entre Voceros del Paro Cívico, Min Interior y Defensoria del pueblo

Exigencias concretas para crear espacio de interlocución

Delegado Min Interior Creacion de la mesa de dialogo

VIDEOS del PARO CÍVICO

Nuevo: Video- EL troncal, transcurrir del paro cívico en el municipio de Arauquita

Nuevo: Video Paro Cívico: justicia indigena, usos y costumbres

Nuevo: Video- Por que luchamos

Nuevo: video- Autonomia vs actores armados

CORTES DE CARRETERA NDEFINIDOS EXIGEN LA LIBERACIÓN DE LAS PERSONAS DETENIDAS RECIENTEMENTE EN ARAUCA

Organizaciones Sociales de Arauca

3 de febrero de 2011

Desde las 6 AM de hoy jueves 3 de febrero de 2011 grandes concentraciones de personas han cortado diferentes puntos viales en el departamento de Arauca para exigir la libertad de las siete personas detenidas el día 25 de enero en Saravena. Entre las personas acusadas de rebelión y concierto para delinquir se encuentra el presidente de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (ASCATIDAR), Ismael Uncasía Uncasía, cacique indígena del departamento. Cada una de las concentraciones está compuesta por unas 500 personas tanto indígenas como no indígenas del departamento que cierran indefinidamente las vías en los siguientes puntos: la salida noroccidental de Saravena (Vía Saravena-Pamplona) y Betoyes, (Vía Tame-Arauca, Tame).

Con estos hechos, las organizaciones sociales de Arauca declaran el Paro Cívico por la Dignidad y Soberanía de los Pueblos Ancestrales y el Movimiento Social y Popular en la que impiden el acceso de transporte público, maquinaria y personal trabajador a algunas instalaciones petroleras que afectan directa o indirectamente a comunidades indígenas U´wa y Sikuani de Arauca. En el mismo orden anterior de corte de vías.

Hace ocho años que en Arauca no tenía lugar una movilización masiva de esta envergadura con cortes de carretera durante un mes a causa de la movilización indígena y campesina de junio de 2003 contra las transnacionales y el accionar paramilitar en la región. Las Organizaciones Sociales de Arauca afirman que los acuerdos que posibilitaron el levantamiento de las barricadas en 2003 no han sido cumplidos.

En este caso, las exigencias son la libertad inmediata del presidente de ASCATIDAR, Ismael Uncasía, y el resto de personas detenidas el 25 de enero. Exigen también que no se criminalice ni judicialice la libertad de asociación, expresión y movilización; que se conforme una Comisión de verificación y seguimiento permanente sobre la situación de las comunidades indígenas y campesinas en zona de conflicto y de explotación petrolera; que se investigue la utilización de indígenas en políticas de guerra dentro del conflicto que vive el país, y que se respete su autonomía, leyes y fueros especiales como nación indígena.

Por otro lado, la convocatoría de la jornada de paro cívico exige que se den garantías para las personas que asumen la vocería en representación de las comunidades indígenas y los movimientos sociales.

Para ASCATIDAR, el objetivo es que dejen en libertad a los compañeros detenidos ya que «su delito ha sido defender y hablar en defensa de los pueblos indígenas del departamento de Arauca». Así, hacen un llamado a toda la población a nivel departamental, nacional e internacional para que conozcan la realidad y la problemática que viven como indígenas originarios de Arauca.

Contacto de prensa:

310 392 4350
sinfronteras@organizacionessociales.org

Más nformación y actualizaciones:

MANIFESTO DE DIGNIDAD Y SOBERANÍA DE LAS NACIONES UW’A Y SIKUANI

Escrito por ASCATIDAR (AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA)
Lunes, 31 de enero de 2011

Los pueblos indígenas UWA y SIKUANI de Arauca, organizados en la ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA – ASCATIDAR, agradecemos a las demás organizaciones sociales del departamento, gremios, comercio, transportadores y comunidad en general, la participación decidida y efectiva en las actividades de paro cívico de 24 horas y esta marcha, por la libertad de ISMAEL UNCASÍA UNCASÍA y VERÓNICA SOLIS FUENTES, y la defensa de nuestra soberanía y autonomía, ante las políticas agresivas del estado colombiano y de las empresas trasnacionales, empeñados en la explotación y saqueo del patrimonio de los pueblos originarios que yacen en nuestras madre tierra.

La detención arbitraria de nuestro presidente ISMAEL UNCASÍA y de la coordinadora de asuntos étnicos del departamento de Arauca, VERÓNICA SOLIS, es la respuesta que el gobierno nacional nos da a la justa lucha que las naciones UWA y SIKUANI hemos venido desarrollando con el objetivo de que nos respeten nuestra autonomía, nuestro gobierno propio y la aplicación al derecho de la consulta y concertación en los asuntos que nos afectan.

El pueblo indígena y los sectores sociales y populares, históricamente nos hemos caracterizado por defender nuestra madre tierra, regida por las leyes que fueron creadas por nuestros Dioses y ancestros; práctica que ha garantizado nuestra permanencia y resistencia a pesar de los intentos de despojo, genocidio y etnocidio a que hemos sido sometidos a lo largo de la historia.

Nuestra lucha milenaria como pueblos soberanos es legítima y no puede ser calificada por el gobierno nacional o la fiscalía, como actos “delincuenciales; ni mucho menos la valentía y entereza de ISMAEL UNCASÍA, nuestro cacique, puede calificarse de rebelde porque si eso fuera así, señores del gobierno, todo el pueblo UWA y SIKUANI estaríamos dispuestos a ir a las cáceles del Estado, pues nuestro cacique cumple el mandato por nuestros pueblos.

La autonomía de los pueblos UWA y SIKUANI, reconocida en la legislación nacional y las normas internacionales, exige que si nuestro Cacique ha cometido un delito, ha de ser juzgado por nuestra propia legislación. Por lo tanto, exigimos su libertad inmediata.

Reiteramos el reconocimiento a la solidaridad y a la presencia de las organizaciones sociales en esta actividad, pero aclaramos que la marcha no es suficiente: es necesario seguir desarrollando acciones y hechos contundentes de reflexión, denuncia y movilización colectiva, con el propósito de que el pueblo colombiano, Latinoamérica y el mundo en general conozcan que somos objeto de represión, y exigir que el gobierno nacional respete nuestros derechos a la autodeterminación, soberanía y autonomía como naciones U’WA y SIKUANI. Por lo tanto, se nos debe consultar y respetar nuestras decisiones porque son mandatos de pueblos autónomos y soberanos.

Desde este acto de dignidad y resistencia, solicitamos e invitamos a nuestros hermanos pueblos ancestrales de Colombia y Latinoamérica, a levantarse con voz de protesta, lucha y movilización en solidaridad con nuestras justas luchas soberanas y respeto a nuestras libertades, a favor de nuestros pueblos UWA y SIKUANI, contra el gobierno nacional que no es el gobierno, pues nuestro gobierno legítimo son nuestras autoridades tradicionales, como lo son los ancianos werjayas, los capitanes establecidos por nuestro Dios Sira por lo cual son reconocidos y respetados por nuestros ancestros, y que además están ratificadas por la constitución del Estado colombiano.

¡Por Territorio, Autonomía y Gobierno propio!

¡Por la libertad de ISMAEL UNCASÍA UNCASÍA!

COMUNICADO DEL PARO CÍVICO POR LA DIGNIDAD Y SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS ANCESTRALES Y EL MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR

Escrito por ASCATIDAR (AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA)
jueves, 03 de febrero de 2011

Jornada de paro cívico por la dignidad y soberanía de los pueblos ancestrales y el movimiento social y popular.

Presentacion:

Los pueblos ancestrales U´WA y SIKUANI, comunidades campesinas y demás sectores sociales del departamento de Arauca, durante décadas, hemos cargado con el abandono del Estado, la represión, barbarie y guerra sucia, producto de intereses políticos y económicos, profundizada por los gobiernos de turno, grandes empresas nacionales y multinacionales que explotan los recursos petroleros, mineros y las riquezas naturales.

Libertad para nuestro dirigente el Cacique Ismael UncaciaEn la región se ha soportado el dolor y sufrimiento como consecuencia de la militarización, de la ofensiva paramilitar y de la confrontación entre la insurgencia y el Estado, y entre la misma insurgencia. Al igual que las políticas represivas judiciales como la inconstitucional zona de rehabilitación y consolidación, acompañada posteriormente por las arbitrarias detenciones masivas y montajes judiciales. Hechos violatorios de la vida, la dignidad humana, y los derechos más elementales del ser humano, que ha dejado como resultado centenares de víctimas, en su mayoría en la impunidad, debido a la indiferencia de los organismos de justicia y control del Estado colombiano.

Los pueblos indígenas, comunidades campesinas y demás sectores sociales, hemos tenido que resistir y desarrollar nuestras formas de vida, en medio de los distintos actores de la guerra, sus métodos y formas represivas, contra la población civil inerme. No solo hemos tenido que desarrollar, proyectos sociales alternativos, sino expresarnos mediante la movilización y la protesta social, para defender nuestras propuestas, reclamar nuestros derechos y defender la vida, la cultura y la permanencia dentro de nuestro territorio. Muchas veces interlocutar, inclusive, con los diferentes actores armados, con el propósito de exigir respeto por nuestros proyectos y la integridad física y moral de nuestro pueblo.

Por estas razones, nuestros dirigentes han sido objeto de una persecución sistemática, agudizada durante estos últimos 10 años, con más de 200 dirigentes y miembros de comunidades indígenas asesinados, como los casos emblemáticos de los tres dirigentes sindicalistas asesinados en caño seco, el 5 de agosto del 2004, por el ejército nacional, la ejecución del líder indígena ÁLVARO SALON, la etnoeducadora MIRIAM FARIAS y su esposo JUAN FARIAS, y donde los mismos jefes paramilitares desmovilizados, acusan el interés de las compañías petroleras en la ejecución de estos crímenes; la retención masiva de más de 500 dirigentes, que han sido encarcelados, bajo montajes judiciales que después de años de encarcelamiento, se ha demostrado su inocencia. Hoy se repite la historia, con los dirigentes indígenas, ISMAEL UNCASIA UNCASIA, presidente de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de Arauca-Colombia (ASCATIDAR) y VERÓNICA SOLÍS, Coordinadora de la oficina de asuntos étnicos del Departamento de Arauca, quienes son miembros de los pueblos indígenas U’WA y SIKUANI, junto a otros pobladores y dirigentes sociales, con el agravante de utilizar a una indígena para urdir tales montajes, posteriormente ser asesinada en hechos que hasta la fecha son materia de investigación y están en la impunidad, como lo demuestran las supuestas pruebas presentadas por la fiscalía.

Situación de los pueblos ancestrales y el movimiento social y popular, en medio de la zona de conflicto.

Es una realidad que nuestras comunidades se encuentran en medio de la acción armada de los actores en guerra, sufrimos las consecuencias de esta confrontación colocando las víctimas, no solamente en pérdida de vidas humanas, sino el desplazamiento y despojo de nuestro territorio, sufrimos también sus formas represivas y exigencias, que se constituyen en la mayoría de las veces en normas de convivencia, a las cuales el pueblo debe someterse para poder permanecer en nuestro territorio. Al igual, que la presión del Estado y sus fuerzas militares, que exigen a las comunidades hacer parte de sus redes de inteligencia y de colaboradores, convirtiendo a quienes se comprometan a eso, en objetivos y potenciales víctimas de la contraparte.

Por lo general en las zonas de conflictos se desarrollan grandes proyectos, mineros, energéticos, agroindustriales, viales y turísticos, cuyas concesiones amañadas contemplan el despoblamiento de las zonas, que en la mayoría de los casos se hace mediante la fuerza y la barbarie. En la medida en que proliferan los grandes megaproyectos y las trasnacionales se apoderan del territorio y de los recursos, se vulnera de manera sistemática la libertad de expresión, organización y movilización, exterminando el movimiento social y los pueblos ancestrales y campesinos, violentando de manera severa su dignidad y soberanía popular.

A pesar de ser una región rica, las comunidades indígenas, campesinas y demás sectores sociales se debaten entre la pobreza, la miseria, los grandes problemas de salud, educación y trabajo, mientras las trasnacionales y empresas aumentan sus ganancias y la clase política se reparte el botín de las regalías a través de la corrupción, para lo cual no hay justicia.

Estigmatización de los pueblos ancestrales y el movimiento social y popular.

Se convirtió en política de los organismos represivos del Estado, señalar, sindicar y estigmatizar, a las comunidades indígenas, el movimiento social y popular y a sus dirigentes, de ser colaboradores o auxiliadores de la guerrilla, argumento suficiente para judicializar bajo testimonios montados, de concierto para delinquir y rebelión, a toda forma organizativa o persona que consideren obstáculo para sus intereses.

Si las comunidades protestan o se movilizan dicen por los medios de comunicación radiales, audiovisuales y escritos, que dicha acción del pueblo “está promovida por la guerrilla”, si las personas se niegan a colaborar en las redes de cooperantes e informantes, de inmediato son señalados y perseguidos por sospecha de ser guerrilleros; si las comunidades denuncian y expresan su inconformidad y necesidades, son silenciados por los medios de comunicación; si las comunidades desarrollan proyectos sociales y productivos, se señalan como financiadores de la insurgencia; sí las comunidades ejercen veeduría frente a la corrupción se dice que están presionados por los grupos al margen de la ley; si las comunidades reciben una partida para una obra, cuya contratación la manipulan y asigna el gobernador y los alcaldes, entonces se acusa a las comunidades de ser las corruptas y de financiar a la insurgencia; si las comunidades son masacradas o asesinadas se justifica con la suposición de disputas entre bandas por territorio o narcotráfico, convirtiéndolas en parte de los actores en conflicto para posibilitar la impunidad del crimen.

Se convirtió en política de estigmatización y persecución a los proyectos comunitarios, como son las empresas de servicios públicos, construidas por las comunidades, como alternativa ante la privatización de estos servicios por parte del Estado; Cooperativas de producción agraria y trasporte que responden a las necesidades agroalimentarias y de desarrollo productivo para contrarrestar la especulación de los grandes monopolios financieros; asociaciones comunales y campesinas constituidas por el pueblo para defender sus derechos y reclamar la tierra ante el abandono absoluto del Estado; Organizaciones defensoras de los derechos humanos, conformadas por las comunidades para exigir justicia, verdad y reparación integral ante el creciente número de violaciones de derechos humanos y crímenes de Estado; en fin la estigmatización es tal, que el solo hecho de vivir en el departamento de Arauca o en la región oriental, es suficiente para ser calificado como guerrillero, al extremo de considerarnos como pueblos guerrilleros.

Resistencia contra la exploración petrolera, la destrucción del ambiente y el territorio, y las agresiones a las culturas milenarias.

Ante este proceso sistemático de exterminio, señalamiento y estigmatización los pueblos ancestrales, y el pueblo en general, asume de manera consciente y voluntaria, su dignidad expresada en actos de resistencia y lucha social. Frente al abandono estatal y las trasnacionales petroleras, los pueblos indígenas y comunidad campesina hemos desarrollado cabildos, foros, audiencias, tribunales de justicia alternativa, jornadas, hasta llegar a paros cívicos. Reseñamos algunas de las más importantes acciones sociales y populares:

Paro cívico y toma al complejo petrolero de Caño Limón, en el año 1988, con el objetivo de reclamar a las compañías petroleras la problemática social, denunciar los daños ambientales y el exterminio de las comunidades indígenas SIKUANI del Santuario del Lipa, el Estado respondió con represión hasta el punto que en Arauquita, abrieron fuego de fusil hiriendo a varios indígenas que participaban en la marcha.
Jornada agraria 1990, para reclamar los derechos sociales y económicos de las comunidades campesinas e indígenas.
Movilización por el derecho a la vida y la permanencia en el territorio contra los paramilitares y las trasnacionales, en 1998. Se reclamó la deuda social y los territorios ancestrales.
Movilización contra la explotación petrolera y contra el paramilitarismo en Agosto de 1998. Se denunció la ofensiva paramilitar con la complicidad del estado y trasnacionales, el impacto ambiental y el exterminio del las culturas indígenas.
Jornada de movilización indefinida en defensa de los territorios indígenas Uwas del acoso y arbitrariedad de la OXY y la indiferencia del Estado, desarrollado en el 2000.
Paro cívico contra el paramilitarismo y la guerra sucia del Estado, en el 2002, se denuncian las masacres y la complicidad de la brigada 18 y Movil 5 en el accionar de los paramilitares. Cabildos abiertos en los años Agosto de 1993 en Fortul, Enero de 1993 en Panamá y Pueblo Nuevo, Diciembre 1998, Cabildo abierto 1998 en Tame, Cabildo abierto en 1999 en Cubara, cabildo Agosto de 2004 en Saravena, Todos reclamando respeto por los derechos humanos, reclamar respeto por los territorios indígenas y denunciar masacres como La Cabuya, santo Domingo y Caño Seco.
Tribunales y audiencias de justicia alternativa, como: El tribunal de opinión por la masacre de Santo Domingo, en el año 2002 en Chicago Estados Unidos; Audiencia petrolera, audiencia Indígena y Audiencia de víctimas de crímenes de estado, para denunciar el papel del Estado y las trasnacionales en la violación de derechos humanos, impacto ambiental y exterminio de los pueblos indígenas, todas desarrolladas en el año 2007; el tribunal permanente de los pueblos de juzgamiento a las multinacionales por crímenes de lesa humanidad, exterminio de comunidades indígenas y degradación ambiental, desarrollado en el 2008.
Foros sobre distintos temas y problemáticas de orden social y humanitario como: Foro Agropecuario, Foro ambiental, Foro de salud, de derechos humanos, de educación y dos foros sociales y humanitarios, desarrollados durante los años de 1991 a 2010.

Un proceso de vida y resistencia que no estamos dispuestos a claudicar. La estigmatización y persecución a que somos sometidos, la detención de nuestros compañeros ISMAEL UNCASIA y VERONICA SOLIS y demás personas y dirigentes sociales, son una razón más para movilizarnos en defensa de nuestra DIGNIDAD Y SOBERANIA POPULAR, por lo anterior nos convocamos a una JORNADA DE PARO CÍVICO POR LA DIGNIDAD Y SOBERANIA DE LOS PUEBLOS ANCESTRALES Y EL MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR, a partir de la fecha, por ello llamamos a los alcaldes municipales para que cumplan con su labor de garantizar el Derecho de los pueblos a movilizarse y expresarse libremente, absteniéndose de ordenar o permitir cualquier atropello por parte de la fuerza pública (ejército y policía nacional) y organismos de inteligencia contra los marchantes; así mismo invitamos a la comunidad regional, nacional e internacional a que se solidaricen con esta justa lucha, y estén atentos en el seguimiento y monitoreo de esta actividad donde exigimos al gobierno nacional y organismos de justicia y control del estado colombiano, lo siguiente:

Libertad inmediata de ISMAEL UNCASIA Presidente de La Asociación de Cabildos Y Autoridades Tradicionales Indígenas de Arauca (ASCATIDAR) y VERONICA SOLIS, Coordinadora de asuntos étnicos de Arauca. Y demás dirigentes sociales retenidos el 25 de enero del 2011.
La no judicialización y criminalización de la libertad de asociación, expresión y movilización, y el rechazo a la estigmatización del movimiento social señalándolo de manera irresponsable como guerrillero.
Conformación de una comisión de verificación y seguimiento permanente, sobre la situación de las comunidades indígenas y campesinas en zona de conflicto y de explotación petrolera, que trate los temas de Ambiente, Territorio, Pueblos Ancestrales, Derechos Humanos e Hidrocarburos.
Garantías para los dirigentes que asumen la vocería en representación de las comunidades indígenas, y movimientos sociales, que expresan mediante el paro su inconformidad.
Se investigue la utilización de indígenas en políticas de de guerra dentro del conflicto que vive el país. Y se respete su autonomía, leyes y fueros especiales como nación indígena.

REPRESENTANTE INDÍGENA COLOMBIANO ES RETENIDO POR LA FUERZA PÚBLICA

25 de enero de 2011
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra

Ismael Uncasia fue retenido por la fuerza pública cuando se encontraba a su vez interponiendo una denuncia contra ésta en la localidad de Saravena, Colombia.

El día 25 de enero de 2011, aproximadamente a las 10:00 a.m., cuando se encontraba interponiendo una denuncia contra la fuerza pública en las instalaciones de la personería municipal de Saravena, ha sido retenido el reconocido dirigente indígena Ismael Uncasia Uncasia, presidente de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de Arauca (ASCATIDAR).
La detención se efectuó en el marco de un operativo militar que se venía desarrollando desde tempranas horas del día en los municipios de Saravena y Fortul, donde con lista en mano se retiene y verifica la identidad de las personas.
El dirigente indígena había sido objeto de montajes judiciales anteriormente, realizados por la Fiscalía Estructura de Apoyo de Arauca, por los que fue retenido, intimidado y torturado en las instalaciones del Batallón “Revéis Pizarro”.
Según fuentes del Comité de Derechos Humanos Joel Sierra, el movimiento indígena que representa se ha destacado en la región por su participación activa en procesos de resistencia a la intervención ilegal de las empresas trasnacionales en el saqueo y despojo de los recursos naturales de la zona. Otras de las denuncias realizadas por el representante indígena era la permanente violación de la autonomía en sus territorios y los hechos de corrupción por parte de los gobernantes departamentales.
Así mismo, el Comité Joel Sierra destaca que este hecho sucede cuando las petroleras han iniciado nuevos trabajos de exploración y construcción del oleoducto Banadías-Araguaney que atraviesa parte de las tierras de la comunidad indígena, en la zona oriental colombiana.

Internacionalistas