“Los Cachos” despojan y desplazan a una cooperativa en el Bajo Aguán (Honduras)
Luis Mangrane*.- Desde diciembre de 2024, la comunidad campesina de la cooperativa agropecuaria Camarones, situada en Quebradas de Arena, municipio de Tocoa (Honduras), sufre un desplazamiento forzado a manos de la banda criminal “Los Cachos”.
La Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), a las que se adhiere esta cooperativa, exigen al Estado hondureño el desalojo y la desarticulación de este grupo. Su reclamo se alza en medio de la incertidumbre política del proceso electoral que atraviesa el país.
Prisión Verde
El Aguán es una región fértil de la costa caribeña hondureña, ubicada entre los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro. Su capital económica es Tocoa. A unos 18 kilómetros de esta ciudad se encuentran los terrenos de la cooperativa Camarones.
A lo largo del recorrido, a ambos lados de la carretera llena de socavones que conduce al lugar, una bóveda verde de cultivos de palma aceitera se extiende hasta donde alcanza la vista.
Los 150 pobladores de esta comunidad, que incluyen niños, niñas y adultos mayores, viven desplazados desde el 24 de diciembre de 2024. Ese día, el grupo criminal conocido como «Los Cachos» atacó con armas de guerra la cooperativa y ocupó sus tierras.
Estigmatizados por campañas de desprestigio y odio que los califican despectivamente como “tacamiches” (campesinos), permanecen confinados dentro de los terrenos de la Cooperativa El Tranvío, cerca de Quebrada de Arenas. Viven bajo la vigilancia de integrantes de «Los Cachos», quienes han dado instrucciones a los responsables del centro de salud y la escuela del municipio para que no atiendan a los cooperativistas de Camarones ni a sus familias.
El drama del desplazamiento
A pesar de lo dramática, esta situación no es una anomalía en una región asolada por conflictos socioambientales. Entre estos destacan los provocados por la actividad minera, el cultivo de palma aceitera y el narcotráfico, todos relacionados con el control territorial y que se retroalimentan entre sí.
En este sentido, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) documentó que 247.000 personas sufrieron desplazamiento interno en Honduras a causa de la violencia generalizada entre 2004 y 2018.
Además, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), dependiente del Estado, estima que entre 2019 y 2023 unas 15.174 personas estuvieron en riesgo o padecieron desplazamiento forzado.
Grupos criminales contra las comunidades
La organización Peace Watch Switzerland (PWS), que acompaña a la Plataforma Agraria y a la COPA, verificó las denuncias de estas cooperativas campesinas. En noviembre, durante una visita a las familias de Camarones, recorrió el lugar dentro de la cooperativa El Tranvío donde sus integrantes permanecen confinados.
José (nombre cambiado por seguridad) es un campesino de Camarones. Explica que llevaban más de tres años en un proceso de recuperación de las tierras cuando se produjo el ataque.
Antes recibieron amenazas, pero desde 2023 conocían la existencia de planes para desplazarlos. El antecedente inmediato ocurrió el 8 de diciembre, cuando realizaban labores para cercar la parte colindante con Quebrada de Arenas y unos supuestos “ganaderos” los atacaron con machetes.
Los intentos para que la policía intermediara con el grupo atacante fracasaron. El 24 de diciembre, aprovechando que casi todos los campesinos habían salido a visitar familiares y solo quedaba un grupo de ronda —vigilantes de la cooperativa—, se produjo el ataque definitivo.
José recuerda que ese día los criminales tomaron parte de la cooperativa y robaron motocicletas; luego pidieron dos mil lempiras por cada una para devolverlas. También sustrajeron ganado, carretas, un vagón de tractor y herramientas como chapeadoras, malayos (cuchillas para el corte de la palma) y equipos de soldadura.
Aunque el 25 de diciembre recibieron el apoyo de las cooperativas vecinas El Chile y Tranvío, ese mismo día se consumó el desplazamiento. “Nos rodearon y nos dispararon, las balas nos silbaban y la presencia policial no tuvo ningún efecto”, rememora José.
Otros ataques del grupo criminal
La aparente calma se rompió de nuevo el 27 de enero, cuando Los Cachos atacaron simultáneamente las cooperativas El Chile y Tranvío. En el predio de esta última es donde la Cooperativa Camarones tenía su colonia desde antes del desplazamiento, ya que sus propios terrenos se inundan periódicamente; por eso, vivieron ese segundo ataque con especial intensidad.
Durante la agresión, uno de los habitantes de Camarones recibió un balazo en el pie. En esa ocasión, la policía respondió y, gracias a la presencia de una black bamba (vehículo blindado policial), los atacantes retrocedieron. Así pudieron rescatar a un campesino que habían secuestrado y torturado.
Los ataques contra los cooperativistas continuaron el 29 de enero, en medio de una campaña en redes sociales. José afirma que los agresores recibieron el apoyo de otro grupo, los Canechos, y que incluso de la planta de la empresa Dinant salieron treinta hombres armados.
Una policía incapaz de proteger a la comunidad
Casi un año después del desplazamiento, la Plataforma Agraria y la COPA mantienen un intenso trabajo para recuperar las tierras. Este comenzó el 25 de diciembre, cuando interpusieron la primera denuncia ante la policía.
El 27 de diciembre intentaron acceder a la finca, en compañía de dos periodistas, por el portón uno, del lado de Salamá. Los atacantes, escondidos detrás de las palmeras, comenzaron a dispararles «a bala viva».
El 6 de enero intentaron llegar de nuevo por el portón número tres. En esa ocasión no les dispararon, pero los atacaron con piedras. Unos veinticinco campesinos resultaron heridos por los pedrazos, e incluso algunos policías sufrieron golpes. Posteriormente, se movilizaron en el Aguán y en Tegucigalpa, donde llegaron a acampar más de una semana frente a la Corte Suprema de Justicia.
Los hechos que narra José obtuvieron confirmación de la justicia hondureña. Durante este año, el sistema judicial ha procesado a varios integrantes de Los Cachos, quienes ahora esperan juicio en prisión provisional, incluido su presunto cabecilla, Lesli Filimón Escobar.
Sin embargo, no han logrado el desalojo del grupo criminal, que explota la palma aceitera y la vende a plantas extractoras cercanas, y que aparentemente se reconfigura con nuevos líderes.
Una deuda pendiente
Esta situación de desamparo e impunidad que vive el campesinado en el Aguán es resultado de un proceso histórico. El proyecto reformista liberal que inició el Estado hondureño a finales del siglo XIX favoreció una política concesionaria, antecedente de las actuales maquilas y Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) en favor de inversionistas extranjeros. Esto permitió que compañías estadounidenses acapararan la mayoría de las tierras de esta región entre 1919 y 1929, durante el auge bananero.
A partir de 1930, con la llegada de enfermedades como la sigatoka, las transnacionales estadounidenses abandonaron estas tierras para establecerse en otras regiones de la costa del Pacífico, como Costa Rica, Guatemala, Panamá y Ecuador.
Ruy Díaz y Germán Zepeda señalan en su libro “Todavía estamos en deuda con la lucha campesina en el Aguán por la reforma agraria” que, a partir de 1940, la zona se consideró no apta para cultivos por sus pantanos y grandes lagunas. Estas tierras pasaron al poder del Estado y de terratenientes nacionales que, al percatarse de que la Standard Fruit Company las había abandonado, se apoderaron de ellas.
Una contrarreforma agraria
En la década de 1970 comenzó un proceso de reforma agraria que adjudicó tierras al campesinado. Este proceso incluyó una migración inducida a la región, donde llegaron personas de todo el país sin recibir apoyo estatal.
Luego, durante la fase neoliberal de los años 90, una contrarreforma permitió que los terratenientes se apropiaran irregularmente de una parte significativa de esas mismas tierras. Las fincas adjudicadas a cooperativas fueron objeto de un proceso de reversión con la Ley de Modernización del Sector Agrícola, mediante el cual terratenientes y poderosos empresarios rurales se quedaron con las mejores tierras.
Díaz y Zepeda describen un proceso que mezcló la falta de acompañamiento estatal a la reforma agraria, la privatización de servicios, la ausencia de asistencia técnica y crediticia y la eliminación de aranceles. El empresariado recurrió a diversos mecanismos para apropiarse de las tierras: soborno a dirigentes cooperativos, amenazas y asesinatos de quienes se negaban a vender, control de jueces, fiscales y gerentes bancarios, e intervención del ejército.
Todo esto ocurrió en un escenario de caída del precio internacional de la palma en un 40%, lo que provocó que miles de hectáreas pasaran a manos de terratenientes y miles de campesinos sin tierra terminaran como jornaleros de los nuevos dueños.
Según el testimonio del padre Ismael Moreno, que ambos autores recogen, en 1984 comenzó el auge de las palmeras y la región alcanzó su máxima expresión de represión militar y política, junto con un aumento del comercio y la presencia militar.
La región se convirtió en zona de entrenamiento del ejército estadounidense, tropas de élite salvadoreñas, tropas de la contrarrevolución nicaragüense y el ejército hondureño. Era un periodo de gran convulsión en Centroamérica, y Tocoa y el Aguán se erigieron como el centro político-militar y económico del país.
La reactivación de las luchas campesinas
Pese a este contexto represivo, el proceso para recuperar las tierras de la reforma agraria vendidas fraudulentamente se retomó. Desde 1997, organizaciones campesinas como la COPA y la Plataforma Agraria comenzaron a investigar los actos ilegales. Al año siguiente, las primeras cooperativas interpusieron demandas judiciales para recuperar las tierras perdidas.
La frustración por la falta de resultados llevó al campesinado a acciones de presión y movilización directa. A inicios del siglo XXI se reactivó una nueva etapa de luchas.
En febrero de 2006, días después del inicio del gobierno de Manuel Zelaya, los campesinos tomaron pacíficamente la carretera en Tocoa (en la llamada “Toma de los Cinco Mil Machetes”). Tras 36 horas, llegó una comisión estatal con la que firmaron un acuerdo que nunca se cumplió.
Represión: La respuesta tradicional
El proceso de recuperación de tierras desencadenó una respuesta violenta y represiva, especialmente virulenta tras el golpe de Estado de 2009. Los terratenientes utilizaron al ejército, la policía, guardias de seguridad y paramilitares para desalojar a los campesinos.
Desde 2010 hasta la actualidad, la violencia de estas estructuras causó el asesinato de más de 200 personas organizadas en la defensa de la tierra. Solo en 2025, la cifra de asesinatos asciende a 11 personas.
En este contexto, las luchas agrarias se han mantenido en la región principalmente por el trabajo de organizaciones como la Plataforma Agraria y la COPA. Esa es la razón por la que, después de un año de desplazamiento, las campesinas y campesinos de Camarones han podido resistir cerca de los terrenos que les despojaron.
Una resistencia frente al grupo criminal
José explica que la Plataforma Agraria se ha encargado de apoyarlos para resolver necesidades básicas. Disponen de una cocina colectiva donde preparan y reparten alimentos entre las familias.
La educación representó un gran desafío. Muchos niños asistían a la escuela de Quebrada Arenas, pero con el desplazamiento y la campaña de odio contra la Plataforma, les negaron la atención. No obstante, la mayoría de los niños y niñas asisten ahora a la escuelita que la propia cooperativa organiza en El Tranvío, encargándose de traer a un maestro.
La salud también se ha visto gravemente afectada porque el centro de salud de Quebrada Arena se niega a atenderlos por indicaciones de Los Cachos.
Ochenta años después de su publicación, la novela “Prisión Verde”, de Ramón Amaya Amador, no ha perdido vigencia. Esta obra, un referente literario y político del movimiento obrero hondureño ambientada en el Aguán, denunció la explotación laboral, la violencia, la miseria y el despojo. Hoy, esas mismas realidades persisten en la región, junto con la necesidad imperiosa de la resistencia colectiva ante la represión.
Los tentáculos del “Pulpo” —la metáfora que en la novela designaba a las empresas bananeras que convertían las fincas en una cárcel verde— han mutado. En la actualidad, son los de terratenientes y grupos criminales quienes, controlando un territorio saturado de palma aceitera, despojan y desplazan al campesinado. Los pobladores de la cooperativa Camarones son el vivo reflejo de esta actualización: en el siglo XXI, ellos ocupan el lugar de los peones bananeros de la ficción de Amaya Amador.
*Luis Mangrane es voluntario de Peace Watch Switzerland (PWS).
