¿Un atentado contra la paz?

ELSALMON
sábado, febrero 16, 2019
| Por: Gearóid Ó Loingsigh |

El 17 de enero estalló un carro bomba dentro de las instalaciones de adiestramiento de la Policía de Colombia, conocidas como la Escuela General de Santander. El saldo mortal fue de 21 muertos, todos pertenecientes a la institución policial o a cuerpos policiales internacionales que realizaban cursos allá. Las reacciones fueron inmediatas, aireadas y poco racionales, y eso si solo hablamos de las reacciones de los supuestos intelectuales de la izquierda y las ONG. Así decidí dejar pasar un tiempo para ver si saliera alguna voz más calmada, algo sí hubo, pero las voces calmadas son pocas.

El Frente Urbano del ELN, a poco tiempo, emitió un comunicado raro reconociendo su autoría. El comunicado emplea un lenguaje raro, pues habla de oficiales guerrilleros y no comandantes y justificaron el atentado como un acto de guerra acorde a las reglas de guerra y el Derecho Internacional Humanitario. Hace muchos años el ELN dijo que acataría al DIH, un error político, pues una guerrilla debe tener un código de guerra, un código de ética pero no tiene por qué ser lo que redactaron sus enemigos, pues el tribunal y el banquillo del DIH son de los estados firmantes. Además, los expertos en la materia son todos, en el mejor de los casos, liberales derechistas cuyas interpretaciones del DIH nunca serán favorables a los actos de actores no estatales. Debemos ser claros, sin embargo, si el ataque cabe dentro de las normas del DIH o no, es un asunto de menor importancia para los familiares de los muertos y heridos, pero no fue el ELN quien comenzó el debate, sino el exguerrillero del ELN, Carlos Arturo Velandia, alias Felipe Torres, quien afirmó en su entrevista con el periodista Yamid Amat que el ataque era un crimen de guerra.

Otros opinaron sobre el tema del DIH. Víctor de Currea-Lugo tiene razón cuando afirma que el conflicto no es un asunto jurídico sino político, en el sentido que las consecuencias políticas de un acto son más importantes que las leyes que acata o infringe. Pero el derecho también es política y si fuera solo un asunto de si el ataque viola o no el DIH podríamos dejar ese debate al ELN y al Estado, pero los comentarios de los autoproclamados intelectuales de izquierda como Víctor de Currea-Lugo, Carlos Medina Gallego, el teniente (causa honoris) Alejo Vargas, ONG como el Movice y académicos internacionales de renombre como Kai Ambos, realmente no hablan de eso, sino intentan cambiar nuestro concepto del conflicto y presentarlo como un problema de orden público al mejor estilo de Uribe y otros presidentes y militares antes: que no existe el conflicto armado.

Así, nos incumbe abordar sus apreciaciones. Como es de costumbre una de las peores declaraciones fue de Currea-Lugo, quien publicó un artículo titulado El ELN hace trizas a la paz. La frase es bien conocida por el pueblo colombiano como la consigna de los uribistas frente al acuerdo de paz con las FARC. Aquí el personaje quiere echar la culpa al ELN de la terminación de las negociaciones entre ellos y el Estado. Sin lugar a dudas, fue un papayazo y dio una oportunidad dorada a Duque de levantarse de la Mesa. Pero con o sin el atentado ese proceso no iba a ningún lado y podemos remontar sus dificultades al año 1996 cuando el ELN hizo pública su propuesta de una Convención Nacional. La idea de un proceso de negociación que otorga voz y voto a la gente, a través de sus organizaciones y no simplemente de otro corrupto proceso constituyente nunca caló entre las élites colombianas. Ellos han llevado a cabo una guerra de 60 años precisamente para negar tal derecho. Cuando el Estado comenzó su fracasado proceso con las FARC en 1998, despejando una vasta zona de territorio, al mismo tiempo negó despejar una zona en el Sur de Bolívar y Yondó para poder celebrar la Convención Nacional que el ELN propuso. Nadie iba a tener derecho a decidir y discutir. En ese entonces las FARC también demostraron que no querían un proceso con la participación de la gente y dijo que no respetarían un cese al fuego dentro de la zona propuesta. En las marchas organizadas por los paramilitares bajo la fachada de la ONG No Al Despeje, también participaron miembros del Partido Comunista. La reducción de la participación a la entrega de propuestas en La Habana en este proceso con las FARC no es fortuito, era política de ellos y también del Estado. También es obvio que el Estado ve un proceso con el ELN como uno de concentración de la tropa en zonas acordadas, la entrega de armas y la desmovilización. Nuestros intelectuales no tienen mucho que decir al respecto.

El atentado tuvo impactos políticos negativos, eso es cierto. No sería la primera vez que el accionar de una organización armada dañó la imagen de esa organización o produjera un rechazo general en su contra, pero pasar de eso a echar la culpa de todos los males de la sociedad colombiana al ELN y desconocer la existencia de un conflicto armado, es un acto de cinismo donde los intelectuales, periodistas y ONG quieren demostrar al Estado que ellos son los opositores razonables, dispuestos a negociar, ser razonables y si es preciso traicionar a la gente en nombre de la estabilidad del mismo Estado y por supuesto sus propios sueldos.

Los de siempre

Víctor de Currea-Lugo como suele pasar fue lanza en ristre contra el ELN, luego de sorber tinto con los comandantes de dicha organización por enésima vez. Según el susodicho, «El ELN tiene una responsabilidad mayúscula en darle un nuevo aire a la extrema derecha»(1). Sorpresa mayor saber que es el ELN quien dio un nuevo aire a la derecha, pues esa derecha llegó a la presidencia siete meses antes del atentado, esa derecha logró derrotar en el plebiscito el acuerdo firmado por las FARC y ninguno de los dos hechos es atribuible al ELN. Valga aclarar también que cuando habla de extrema derecha, realmente habla de una derecha lumpenizada, una derecha narcotizada, pues en Colombia nunca ha gobernado una derecha que no fue extrema, las decenas de miles de asesinatos, desaparecidos, torturados, presos y exiliados son fiel testimonio que aquí siempre ha gobernado la extrema derecha, a veces muy tradicional, a veces neo fascista, pero nunca moderada.

Su compinche, Carlos Medina Gallego por su parte hizo declaraciones altamente preocupantes, aunque sí reconoció que el ELN había pedido un cese bilateral y no se puede esperar que los golpes los dé solo una de las partes. Según este pazólogo el ELN es una organización consentida.

Lo que pasa es que el Eln ha llevado una guerra consentida, es una guerra que el Estado ha consentido y es una organización que ha sido consentida por la prensa, por la sociedad, por la comunidad, por mucha gente…

Fue una organización con la cual no se confrontó nunca porque se consideraba que tenía unos fundamentos políticos más elaborados, que representaba sectores sociales, que tenía control de territorio, incluso se reconocían muchos de sus líderes, como Manuel Pérez Martínez. Es decir, es una organización que todavía, en mi concepto, no ha sentido los rigores de la guerra como lo sintió las Farc. Para decirlo en términos irresponsables: al Eln le faltan horas de guerra.

Lo que pasa es que esas horas de guerra que le faltan a esta organización, en esas nuevas dinámicas, tienen un costo muy alto en vidas, no sólo en vidas de sus combatientes sino en vidas de miembros de la Fuerza Pública y de civiles (2).

El cinismo de un hombre que durante muchos años ha ganado su pan escribiendo sobre el ELN, entrevistando a sus comandantes en las montañas y en las cárceles no tiene comparación. Sus presos, sus muertos, los combates etc. dan fe de una guerrilla que sí se confrontó y Medina Gallego lo sabe más que nadie. Es más, el ELN, a diferencia de las FARC, es una organización político-militar, y la guerra no solo se mide en muertes entre sus filas (que no son pocas) sino en el impacto de la guerra sucia en las zonas de su influencia. Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí son dos municipios que vieron nacer al ELN, son zonas que durante mucho tiempo estaban bajo el dominio de esa organización ¿cuántas muertes costó expulsarlos de allí, Sr. Medina Gallego? La ciudad de Barrancabermeja, centro de luchas sociales fuertes pero también durante un tiempo de una abierta presencia de las insurgencias, particularmente la del ELN, vivió la guerra sucia como ninguna. En su guerra el Estado a través de la Red 07 de la Armada Nacional mató a centenares de personas. Finalmente, en el año 2000, los paramilitares logran expulsar al ELN de la ciudad en medio de un baño de sangre que vio caer tanto a militantes del ELN, como activistas sociales, varios de ellos base social del ELN. Pero para este académico ellos fueron consentidos. Hay muchas regiones donde pasaron cosas parecidas, varios barrios de Medellín, el pueblo de Segovia etc, y no hay espacio para entrar en detalle sobre el tema. Medina Gallego, en contra de toda evidencia cree que le faltan horas de guerra al ELN, es decir, justifica la intensificación de la guerra.

Si Medina Gallego y De Currea-Lugo creen siquiera la mitad de lo que dicen deben ser más coherentes. El Estado ofrece en este momento 4.000 millones de pesos por los máximos comandantes del ELN, pues ¿A qué esperan? Si son tan viles, que no han aprendido nada, y si les faltan horas de guerra pues ¡entréguenlos para que aprendan! No se preocupen señores, Uds. han vivido de la guerra contra el ELN como nadie (guerra que creen que fue consentida), ahora pueden vivir de esa guerra de nuevo, colaborando con el Estado que sirven tan fielmente. No se preocupen, pueden seguir siendo elenologos, pues el ELN tiene una larga tradición de ser indulgente con académicos, periodistas y ONG como Uds. Seguramente el comandante que entreguen Uds. les dará una entrevista desde la cárcel.

Tatiana Acevedo por su parte, responsabiliza al ELN por los asesinatos de dirigentes sociales. Según la periodista:

Quizá la consecuencia más dura en la resaca del atentado a la Escuela será la rienda suelta que se ha dado a las Fuerzas Armadas. El renacer de la amenaza subversiva llevará a peores situaciones de riesgo para las organizaciones [sociales], al tiempo que vuelve a ganar oxígeno político la narrativa del enemigo interno de la que se alimentan siempre los nostálgicos del paramilitarismo terrateniente(3).

Parece estar preocupada por un resurgimiento de la violencia contra las organizaciones sociales, sin embargo, esa violencia nunca cesó. Uno de los reclamos de las organizaciones sociales y hasta de los arriba citados pazólogos es precisamente la oleada de asesinatos de dirigentes sociales en el país. Pero el discurso de ella es un viejo discurso contra el cual las organizaciones sociales y de derechos humanos lucharon durante muchos años y es el discurso que el paramilitarismo es reactivo, es decir, surge como reacción a la violencia guerrillera. Ese debate lo ganamos hace mucho tiempo, pero una de las consecuencias del proceso de paz con las FARC es precisamente que muchas organizaciones de derechos humanos, pazólogos y demás han cambiado su postura sobre el tema por conveniencia política y económica (los financiadores internacionales ya no aceptan ese discurso). Una vez más, todo es culpa del ELN.

Piedad Córdoba y Kai Ambos

No se suele hablar de estas dos personas en la misma frase, pero sus declaraciones sobre el atentado son parecidas en un punto crucial: el papel del cuerpo de Policía en el conflicto colombiano. Desde su cuenta de Twitter, Piedad Córdoba dijo lo siguiente.

Pienso que debemos salir a marchar por los 20 muchachos policías asesinados, por los 566 líderes sociales también asesinados desde 2016 (Indepaz) y contra todo tipo de violencia. Un país marchando por la paz.

Los familiares y amigos de los policías muertos tienen todo derecho a llorarlos. También los que sienten alguna afinidad con la institución, los que apoyan al Estado etc. También entre ellos habrá gente que realmente les preocupa la situación de los líderes sociales. El rechazo a la muerte puede cruzar ciertas fronteras. Pero lo que nadie tiene derecho es equiparar a los policías muertos con los líderes sociales. Primero los líderes sociales no son combatientes, no son armados, no participan en el conflicto. Segundo el cuerpo policial es una institución del Estado que ha participado en miles de crímenes contra la población civil. Así por respeto a la población civil, víctima del accionar de la Policía como tal, no se puede equipararlos ni llorarlos al mismo tiempo. No quiere decir que Piedad Córdoba no tiene derecho a llorar los policías, sí tiene ese derecho, pero no al mismo tiempo y en el mismo acto que pretende recordar los que cayeron en la campaña sistemática contra los líderes sociales. El problema de Piedad es el mismo problema que tiene el académico de Derecho, Kai Ambos. Kai Ambos es profesor de derecho y según el tema, citarlo en Colombia es casi obligatorio. Sus comentarios son leídos y discutidos en el país y tiene cierta influencia. Más preocupante aun sus declaraciones en la revista Semana.

Kai Ambos aborda el tema del DIH y las reglas de la guerra con apreciaciones cuestionables sobre lo mismo, y hace una valoración del papel de la Policía en el conflicto colombiano.

…si asumiéramos que hay un conflicto armado no-internacional entre el ELN y el Estado colombiano – una postura cuestionable-, dada la baja intensidad de este conflicto – los miembros de una fuerza policial no podrían ser objetivos militares. De hecho, aún considerando la posibilidad de que en un conflicto no-internacional existan combatientes (de facto) –otra postura muy controvertida– los agentes de la policía normalmente no calificarían como tales, sino solamente los de las Fuerzas Armadas (4).

Primero niega la existencia de un conflicto armado dada la baja intensidad de la misma, cuando eso nunca ha sido determinante a la hora de calificar un conflicto o no. Luego afirma que la Policía no forma parte de dicho conflicto. Uno quisiera insultar a Kai Ambos y llamarlo bobo, idiota y más cosas, pero la realidad es que no tiene ni un pelo de tonto, pero sí es un cínico al estilo de Medina Gallego. La policía en Colombia es una parte integral de conflicto, tiene cuerpos especializados, entra en combate y en las zonas rurales es la policía quien mantiene el orden público y también pelea con la insurgencia aunque no siempre del mismo modo que el Ejército. ¿Cuántas personas mataron los policías en el conflicto? Parece que Kai Ambos desconoce el papel que juega la Policía en el conflicto. Pero no es así, el hombre es consciente de lo que dice y su postura es que la Policía en los países en conflicto son neutrales, que el mismo Estado es neutral. Si fuera así tendría que revisar el papel de la Policía en conflictos como el de Irlanda, donde el gobierno británico tomó una decisión de ponerlos en la primera línea de fuego o Sudáfrica donde si no fuera por la Policía el Apartheid habría caído desde sus inicios. Invito a Kai Ambos a dar una vuelta solito por las montañas de Colombia a ver cómo le va con ese cuerpo tan cívico.

Los planteamientos de los autores mencionados no son valoraciones reales sobre el DIH, tampoco son valoraciones sobre las acciones armadas del ELN ni del militarismo como tal, sino son valoraciones sobre el Estado. Para ellos, el Estado es legítimo y el problema que el país enfrenta es uno de orden público y no de conflicto social y armado.

Habría sido interesante, quizás necesario abordar el tema de las acciones armadas del ELN, los escollos reales en el proceso de diálogos con ellos, pero lo que vivimos luego del atentado no fue eso, sino un intento más de obligar al ELN a aceptar el mismo acuerdo que las FARC y descartar cualquier posibilidad de discutir siquiera la cuestión de la participación de la gente no solo en el proceso con el ELN sino en la formulación de políticas de Estado. Tantas veces las comunidades han pedido tener voz y voto ante proyectos mineros o hidroeléctricos etc. y tantas veces el Estado ha dicho que no. Pero a los académicos y periodistas les es más fácil echar la culpa de todo al ELN, negar la existencia del conflicto y hasta pedir más guerra para que aprendan que no se puede pedir que la gente participe. Hace poco la Corte Constitucional falló que las consultas populares no pueden frenar los proyectos mineros en el país, pero nuestros elenólogos y pazólogos no tienen mucho que decir, el problema de Colombia es una guerrilla que no quiere rendirse como hicieron las FARC (algo que pide expresamente el Movice) y no una oligarquía que no quiere ceder ni un milímetro en su control sobre el destino del país. Muy bien señores. Uds. han tenido innumerables oportunidades de influenciar el rumbo del debate sobre el futuro del país desde sus columnas en la prensa etc. y siempre optan por defender el Estado. Si tanto quieren defender el Estado, hagan como Alejo Vargas, pasen a dar cursos en la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Armadas y reciben su Medalla de Mérito y Uds. también pueden ser tenientes causa honoris.