Un juez ordenó desalojar 450 familias del MST en Brasil
14/11/18
Estimados/as Compañeros/as y Amigos/as
Primero, queremos agradecer por las muchas mensajes de solidaridad que recibimos para intentar de evitar el desalojo de las familias de Campamento Quilombo Grande, en Minas Gerais.
Desafortunadamente, durante audiencia realizada en la tarde de este miércoles, 7 de noviembre, el Juez Walter Zwicker Esbaille Junior ordenó desalojar a las 450 familias moradoras del ingenio en quiebra Ariadnópolis, en Campo do Meio, estado de Minas Gerais. Dio un plazo de siete días para desmontar la ocupación.
Con esta decisión serán destruidas 1.200 hectáreas de cultivos de maíz, frijol, yuca y calabaza, 40 hectáreas de huerta agroecológica, 520 hectáreas de café. Además de eso, centenas de casas, corrales y kilómetros de cerca serán derribados. Esa orden destruirá todo lo que estas personas construyeron en dos décadas de trabajo.
De acuerdo con los abogados que defienden a las familias, la decisión es arbitraria y atenta contra principios constitucionales al no reconocer valores de dignidad humana. La audiencia sucedió de manera atípica. Hubo restricciones a la entrada de la representación de las familias acampadas e impedimento a la entrada a autoridades que se desplazaron para acompañar la audiencia. Durante la conducción de la misma, el juez solicitó la presencia de la tropa de choque dentro de la sala. Los representantes del latifundio, junto con la alcaldía local, propusieron alojar las familias en un pabellón deportivo. Por fin, el Juez ni siquiera leyó la sentencia, apenas informó rápidamente la decisión.
El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra está apelando esta decisión arbitraria e injusta. Reafirmamos nuestra disposición de seguir en la lucha y resistir a esta nueva embestida del viejo ingenio.
Sabemos que la vena fascista del proyecto elegido para el gobierno de Brasil va a intensificar el uso de toda la maquinaria del Estado para criminalizarnos y segregar al pueblo sin tierra. Así como lo hará con las comunidades urbanas. Pero el pueblo brasileño es valiente y fuerte. Enfrentamos a la dictadura militar desde el nacimiento del movimiento. Es con esa historia y con ese coraje que las familias del Quilombo Campo Grande van a resistir y permanecer en las tierras de Ariadnópolis. No va a ser una medida provisional de desalojo la que extinguirá tantos años de lucha.
Una vez más, instamos a todas las organizaciones, simpatizantes y amigos a enviar el mensaje abajoal Juez del Tribunal de Justicia del Estado, Nelson Missias de Morais, exigiendo que se suspenda la acción de restitución de tenencia:
gapre@tjmg.jus.br
contato@crdhsulmg.com.br
À atenção do Exmo. Sr. Juiz Nelson Missias de Morais
Venho me manifestar sobre a ação de restituição de posse n ° 0024.11.188.917-6 inscrita no dia 06/07/2011.
Peço que a ação de restituição da posse seja suspensa, já que existem 450 famílias, mais de 2.000 pessoas, que já estão na posse da área há mais de 20 anos. Essas pessoas têm casas construídas, vasta produção e reprodução da vida neste lugar.
A resolução do conflito só pode ocorrer com a permanência das familias, que já tem a posse da terra por direito.
Nós [colocar su nombre o el nombre de su organización o institución], apelamos para que Vossa Excelencia resolva o conflito. Por justiça e em defesa dos princípios constitucionais, pela valorização da vida e da dignidade humana, apelamos!
Estamos diante da iminência de um massacre em Minas Gerais e você pode salvar essas vidas.
TRADUCCIÓN:
A la atención del Exmo. Sr. Juez Nelson Missias de Morais
Vengo a manifestarme sobre la acción de restitución de tenencia N° 0024.11.188.917-6 ingresada el 17.06/2011.
Pido encarecidamente que se suspenda la acción de restitución de tenencia, pues son 450 familias, más de 2.000 personas, que ya están en posesión del área hace más de 20 años. Estas personas tienen casas construidas, vasta producción y reproducción de la vida en este lugar.
La resolución del conflicto sólo podrá darse con su permanencia, pues ya es de derecho.
Nosotros de (colocar su nombre o el nombre de su organización o institución), hacemos este llamado. ¡Por justicia y en defensa de los principios constitucionales, por aprecio a la vida y a la dignidad humana, apelamos!
Estamos ante la inminencia de una masacre en Minas Gerais y usted puede salvar estas vidas.
ACERCA DEL CASO: ¿Justicia al servicio de quien?
Al determinar el desalojo de las familias acampadas en Quilombo Campo Grande, el Estado brasileño atenta contra resoluciones históricas de derechos humanos
De la Página del MST
En 1998, 450 familias Sin Tierra ocuparon el área del ingenio Ariadnópolis, en la ciudad de Campo do Meio, en el sur del estado de Minas Gerais. El lugar, que entonces pertenecía a la Companhia Agropecuaria Irmãos Azevedo (CAPIA), que acumula una deuda de R$ 300 millones (US$ 80 millones), quebró y cerró sus actividades en 1996, dos años antes de la ocupación.
El tiempo pasó y las 4.000 hectáreas en las que predominaba el monocultivo de caña de azúcar, ganaron vida y hoy generan trabajo e ingresos para más de 2.000 personas.
Quilombo Campo Grande, como fue bautizado el campamento, actualmente concentra una de las mayores cooperativas de café del estado, la Guaií. En ella se producen 510 toneladas del grano por año, que dan una media de 8.500 sacos de café. Además de eso, se cosechan 55.000 sacos de maíz y 8.000 sacos de frijol en el lugar, que también comparte espacio con 40 hectáreas de huerta, que generan verduras y legumbres para los acampados y para comunidades locales. En el campamento, también están plantados 60.000 árboles frutales y 60.000 nativos.
A lo largo de los años, las familias se estructuraron, construyeron sus casas sin apoyo del poder público, se organizaron, trataron el suelo y hace décadas producen y resisten en un territorio considerado por el estado de Minas “patrimonio de sociedad en liquidación”.
Ahora, toda la transformación social que sucede en Campo do Meio está siendo amenazada. Este miércoles (7), una acción judicial que fue a juicio en el Tribunal de la Comarca de Campos Gerais determinó la restitución de la tenencia y el desalojo de todas las familias del lugar. Aparentemente, las conquistas de los años de democracia no se concretan en lo cotidiano: el Estado que está en el papel no está presente en la vida de los Sin Tierra
Justicia selectiva
La decisión fue regulada en el Decreto Estadual n.º 365/2015 que expropiaba 3.195 hectáreas del quebrado Ingenio Ariadnópolis. El documento tenía como propuesta expropiar el área mediante el pago de R$ 66 millones (US$ 17,7 millones) a la Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo (CAPIA). Hace dos meses, las familias del Quilombo Campo Grande llegaron a firmar un acuerdo en el que el estado se comprometía a pagar el valor en cinco cuotas.
Sin embargo, accionistas de la empresa, apoyados por la bancada ruralista y terratenientes de la región, no aceptaron el acuerdo y llevaron el caso a la Justicia contra el gobierno de Minas Gerais, pidiendo la anulación del decreto, que había sido validado por dos juicios.
Y, a través de una operación jurídica, los empresarios retomaron una medida provisional de desalojo de 2012 referente a la quiebra del ingenio, que, en la época, fue negada por el Supremo Tribunal Federal (STF), pero no extinguida.
En la decisión declarada ayer en un contradictorio régimen de urgencia, el juez de Derecho Auxiliar, en sustitución de la Sala Agrícola de Minas Gerais, Walter Zwicker Esbaille Júnior, determinó que los Sin Tierra tienen hasta el día 14 de noviembre para desocupar el lugar, la decisión también autoriza el uso de la Policía Militar del estado de Minas Gerais en la acción.
La misma acción reconoce el uso y la producción local, pero no considera el artículo 184 de la Constitución Federal que dice que: “compete a la Unión expropiar por interés social, para fines de reforma agraria, el inmueble rural que no esté cumpliendo su función social”.
Para Darci Frigo, abogado y coordinador de la organización de Derechos Humanos Terra de Direitos, al determinar la acción de desalojo, la Justicia no está considerando la resolución Nº 10, de 17 de octubre de 2018 del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que dispone sobre soluciones que garantizan derechos y medidas preventivas en situaciones de conflictos colectivos rurales y urbanos.
“La resolución tiene como objetivo orientar a las autoridades e instituciones públicas que tratan con situaciones de conflictos colectivos de tenencia. Son medidas que deben ser adoptadas para la no violación de determinada colectividad. Los jueces, que son una de las partes a quienes se dirige esa resolución, deberá adoptar y considerar una serie de medidas de acuerdo que, con su contenido, guíen el cumplimento de la función social de la tierra, que está garantizado en la Constitución Federal”, afirma.
Frigo resalta el sentido de la incapacidad del Estado nación constituido en los últimos siglos de cumplir lo establecido en la Constitución, que, en el caso de Brasil, garantiza derechos fundamentales como la ciudadanía y la dignidad de la persona humana, directamente negados a las familias en este proceso.
Brasil es signatario de diversos tratados internacionales como, por ejemplo, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales que fue adoptado por la XXI Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 1966. Ese acuerdo prevé que sus miembros deben trabajar para la concesión de derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo los derechos al trabajo, a la salud, a la educación y a un estándar de vida adecuado.
«Queda aquí la pregunta: ¿Ese derecho está siendo garantizado y respetado en el caso de la ocupación Quilombo Campo Grande? El poder público debe orientar la solución de los conflictos de manera pacífica y definitiva, primando la permanencia de los grupos en situación de vulnerabilidad en las áreas en que ocupan y reivindican. El desalojo no es inevitable, tanto que el Estado, al hacer un decreto por interés social encontró una solución jurídica para el caso. Lo que sucede es que las fuerzas políticas contrarias a la Reforma Agraria, sean del latifundio o ideológicas, encontraron respaldo en el sistema de justicia en el que el derecho a la propiedad se sobrepone a los derechos humanos», alerta el jurista.
Lo que Brasil pregona en tanto Estado al firmar resoluciones de derechos humanos es que los derechos de la colectividad deben preponderar sobre el derecho de propiedad. La función social de ese territorio sólo será de hecho reconocida si las familias estuvieran asentadas en ese lugar. Eso debe ser presentado a los jueces responsables para que en su decisión sean considerados los intereses mayores de las responsabilidades que Brasil tiene con los derechos humanos.
El MST está apelando la decisión y las familias reafirman su disposición de seguir en la lucha y resistir contra una embestida más del proyecto electo en las urnas, que tiene como objetivo intensificar el uso de toda maquinaria del Estado para criminalizar y segregar aún más al pueblo Sin Tierra.
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ENGLISH
Dear comrades and Friends
First of all, on behalf of the MST and the 450 families of Quilombo Campo Grande Camp, we thank all solidarity letters received against the eviction of our camp.
Unfortunatelly, during a hearing held on Wednesday afternoon, Nov. 7, Brazilian judge Walter Zwicker Esbaille Junior ordered the eviction of 450 families who live in the area of the old Ariadnópolis mill owned by a bankrupt debtor in the city of Campo do Meio, state of Minas Gerais, Brazil.
He established a seven-day deadline to have his order executed. The decision means destroying 1,200 hectares (nearly 3,000 acres) of corn, beans, manioc, and pumpkin crops, 40 hectares (roughly 100 acres) of agroecological gardens, and 520 hectares (more than 1,200 acres) of coffee crops. Not only that, hundreds of homes, corrals, and miles and miles of fences will be torn down. The court order will destroy everything people have built in two decades of hard work.
According to the lawyers representing the families, the judge’s ruling is arbitrary and hurts constitutional principles by not recognizing values of human dignity. The hearing was unusual. Representatives of the families who live in the camp and authorities who traveled to attend it were not allowed in. While holding the session, the judge called the riot police to the room. Representatives of big farms and the local government wanted the families to be taken to a gymnasium. The judge eventually quickly rendered his judgment.
The Landless Workers’ Movement (MST) is appealing this arbitrary, unfair decision. We reiterate our will to continue to struggle and resist yet another attack by the old mill.
The case is now in the State Justice Tribunal.
We are aware that the fascist inclinations of the project recently elected to run Brazil will lead to increasing use of State apparatus to criminalize us and segregate the landless people – as well as urban communities. But the Brazilian people is brave and strong. We have faced the military dictatorship since the birth of the movement. It’s with this story and this courage that the families living in Quilombo Campo Grande will resist and stay in the Ariadnópolis land. A preliminary injunction to remove them will not erase so many years of struggle.
Once more, we urge all organizations, supporters and friends to send the message below to the State Justice Tribunal Judge Nelson Missias de Morais, demanding that the repossession action to be dismissed:
gapre@tjmg.jus.br
contato@crdhsulmg.com.br
À atenção do Exmo. Sr. Juiz Nelson Missias de Morais
Venho me manifestar sobre a ação de restituição de posse n ° 0024.11.188.917-6 inscrita no dia 06/07/2011.
Peço que a ação de restituição da posse seja suspensa, já que existem 450 famílias, mais de 2.000 pessoas, que já estão na posse da área há mais de 20 anos. Essas pessoas têm casas construídas, vasta produção e reprodução da vida neste lugar.
A resolução do conflito só pode ocorrer com a permanência das familias, que já tem a posse da terra por direito.
Nós [insert your name or name of your organization], apelamos para que Voissa Excelencia resolva o conflito. Por justiça e em defesa dos princípios constitucionais, pela valorização da vida e da dignidade humana, apelamos!
Estamos diante da iminência de um massacre em Minas Gerais e você pode salvar essas vidas.
TRANSLATION:
Dear Honorable Judge Nelson Missias de Morais,
The purpose of this e-mail is to express my concern about the action for repossession No. 0024.11.188.917-6 filed on June 17, 2011.
I strongly and respectfully ask you to suspend the action for repossession, because there are 450 families, more than 2,000 people, who have been in possession of the area for more than 20 years. They have built their homes and their production and reproduction of life in that place.
The resolution of this conflict can only be successful if they stay where they are, as it is their right.
We [insert your name or name of your organization] urge you to do this. For justice and in defense of constitutional principles, out of respect for human life and dignity, we urge you!
There can be a massacre in Minas Gerais and you can save those lives.
ABOUT THE CASE: Who is Justice serving?
By ordering the removal of families who live in the Quilombo Campo Grande camp, the Brazilian state hurts long-standing human rights resolutions
From the MST Page
In 1998, 450 Landless families occupied an area of the Ariadnópolis mill, in the city of Campo do Meio, southern Minas Gerais, Brazil. Back then, the area was owned by Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo (CAPIA), which owes R$300 million (roughly US$80 million), went bankrupt, and faced closure two years before the families occupied the land in 1996.
Time went by and the four thousand hectares (roughly ten thousand acres) where there used to be nothing but monoculture of sugar cane started to come to life and allow two thousand people to work and earn a living.
They called the camp Quilombo Campo Grande, where today one of the largest coffee cooperatives in the state is based: Guaií. The co-op produces 510 metric tons of coffee a year – an average 8,500 coffee sacks –, as well as 55,000 corn sacks and 8,000 bean sacks. Not only that, forty hectares (nearly one hundred acres) in the area are dedicated to a garden where they grow vegetables to feed the families who live in the camp and local communities.
The camp also has 60,000 fruit trees and more than 60,000 native trees.
Over the years, the families have worked hard to build their houses with no support from the government, organizing and working the land for decades, resisting in a territory the State considers bankruptcy estate.
Now all the social change brought about in Campo do Meio is under threat. Last Wednesday, Nov. 7, a court in the judicial district of Campos Gerais ordered the repossession of the land and the removal of all families who live there. Apparently all victories achieved during the years of democratic regime in Brazil have not actually become concrete: the State found on paper is not part of landless workers’ life.
Selective justice
The court decision was based on State Decree No. 365/2015, which established the expropriation of 3,195 hectares (7895 acres) of the debtor, Ariadnópolis Mill, paying R$66 million (approximately US$17.5 million) to the Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo (CAPIA). Two months ago, the families who live in Quilombo Campo Grande negotiated an agreement in which the State made a commitment to pay the money in five installments.
However, the company’s shareholders, supported by local big landowners and rural caucus, did not take the deal and took the case to court against the Minas Gerais state government to overturn the decree, even though it had been upheld in two different trials.
In a judicial operation, the stakeholders brought back an injunction to remove occupants from 2012, regarding the mill’s bankruptcy proceedings. The injunction was not granted by the Supreme Court at the time, but was not dismissed.
This week, hearing it as an inconsistently urgent case, the assistant judge working as a substitute in a rural court in Minas Gerais, Walter Zwicker Esbaille Júnior, established that the landless workers have until November 14 to vacate the area and authorized the Minas Gerais State military police to enforce it.
The same decision recognizes the area is being used and farmed by the families, but disregards article 184 of Brazil’s Constitution, which establishes that expropriating, in the public interest, rural estate that is not fulfilling the social function of property for agrarian reform purposes is federal jurisdiction.
A lawyer and coordinator of the human rights organization Terra de Direitos, Darci Frigo argued that, by ordering the eviction, the court is disregarding Resolution No. 10, from October 17, 2018, of the National Human Rights Council, which establishes solutions to guarantee rights and provisional remedies in cases of collective rural and urban conflicts.
“The resolution aims to guide authorities and public institutions that handle cases of collective conflicts regarding possession [of land]. They are measures that must be adopted so that a group is not violated,” Frigo said. The lawyer argued that the judge, who has to abide by this resolution, has to adopt and consider a series of measures to reach agreements that fulfill the social function of the property, as established in the Constitution.
Frigo points out the nation-state developed over the last centuries is unable to enforce the law established in the Constitution, which, in Brazil’s case, is to guarantee fundamental rights like citizenship and human dignity – rights that are being denied to the families in this process.
Brazil is signatory to several international treaties, such as the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights adopted by 21st Session of the General Assembly of the United Nations on December 19th, 1966. This covenant establishes that its members must work to grant economic, social, and cultural rights to their citizens, including the right to work, health, education, and decent living.
“The question is: is this right being granted and respected in the case of the Quilombo Campo Grande occupation? The government must lead a peaceful, definitive resolution for the conflicts, giving precedence to maintaining vulnerable groups in the areas where they live and claim. The eviction is not inevitable. Actually the State found a legal solution for the case when it issued the decree for public interest purposes. What happened was that anti-agrarian reform political forces – whether big estate owners or ideological forces – found grounds in the court system to put the right to property before human rights,” the jurist warns.
What Brazil advocates as a State by signing human rights resolutions is that the rights of this group must come before the right to property. The social function of this territory will only be truly fulfilled when the families are settled in the area. The judges responsible for the case must be presented with that so their decision is based on higher interests to fulfill Brazil’s responsibility to human rights.
The MST is appealing the court’s decision and the families reiterate their eagerness to keep struggling and resisting against yet another attack by the project that has been elected in Brazil, which aims to increasingly use all State apparatus to criminalize and further segregate the landless peo
