Colombia en tiempos de Covid-19

Heraldo de Aragón.

Bogotá, 1 de abril de 2020.

Durante esta cuarentena en Colombia el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese al fuego unilateral hasta finales de abril. En medio del confinamiento el país continúa en guerra. Latinoamérica contiene la respiración sabedora de que decenas de años de neoliberalismo deja un sistema sanitario mas que precario. Desde Europa, las noticias sobre contagiados y fallecidos apuntan al aislamiento como la medida mas urgente para prepararse ante la emergencia humanitaria. Si en las grandes urbes la sanidad es precaria, hay territorios rurales que carecen absolutamente de medios con los que afrontar la pandemia y que se encuentran altamente militarizados (comunidades indígenas originarias, afrodescendientes o campesinas). El Ejército ha empezado operaciones de erradicación de cultivos de coca enfrentándose, en lugar de ayudar, a comunidades campesinas; del Catatumbo llega la noticia de que en el marco de estas erradicaciones soldados habrían ejecutado extrajudicialmente al joven campesino Alejandro Carvajal. El seguimiento de los datos de la pandemia en el país traza una curva diferente al dibujo de otra sostenida en el tiempo: el genocidio de líderes sociales asesinados, más de 850 desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP, y mas de 200 ex combatientes de esta organización. Estos días siguen llegando noticias de asesinatos de líderes y lideresas que recluidas en sus hogares fueron presa fácil para sicarios aprovechando que los tenían localizados.

En un país en el que la población se divide en estratos sociales (1-5) y en el que casi el 50% de la población se dedica al trabajo informal la orden de aislarse se antoja de difícil cumplimiento para las clases populares. Imágenes de algunos saqueos se han visto en diferentes puntos. Otro de los colectivos vulnerables es el de los presos con mas de 123.000 recluidos en las cárceles y un 53% de hacinamiento; la noche del 21 de marzo un cacerolazo de protesta en diferentes cárceles terminó, en la prisión Modelo de Bogotá, con una masacre de 23 reclusos muertos por la represión de la misma. En un país que estaba experimentando, desde el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, las mayores expresiones de descontento popular en las últimas décadas y donde el derecho a la salud era una de las peticiones del pliego de reivindicaciones, junto a la reforma de la Ley 100 de 1993, por la que se vino a liquidar la sanidad pública sustituyéndola por empresas privadas protagonistasde quiebras y denuncias por no atender a los usuarios, la llegada del CONAVID 19 ha supuesto una desmovilización y un respiro al Gobierno de Duque. La calle ha dado paso a lo virtual y en las redes se hace seguimiento de los últimos escándalos que ponían en jaque al actual presidente, incluso su legitimidad democrática: el caso de la “ñeñe política” (un narco asesinado en Brasil que habría realizado compra de votos a favor de éste), o el de Aida Merlano, ex senadora fugada a Venezuela que puso el ventilador de la financiación irregular de la campaña de Duque por parte del clan político de los Char y que tendría su continuación en unos pactos para que esta familia optase a la candidatura presidencial en las elecciones de 2022, aglutinado desde la derecha a la extrema derecha. En este escenario, el alto el fuego del ELN se presenta como una oportunidad para pactar un alto el fuego bilateral permanente y retomar las negociaciones que se llevaban a cabo en Cuba y cumplir el llamado de Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas cuando pidió silenciar las armas en los conflictos del orbe para poder así hacer frente de manera más efectiva a la pandemia que azota al mundo. Una ventana para que el pueblo colombiano pueda construir la paz con transformaciones, equidad y vida digna.

Luis Mangrané Cuevas es abogado y miembro del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza

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