Defender los Derechos Humanos en Colombia te puede costar la vida o la libertad.
Os invitamos a participar en la charla pública el 27 de noviembre a las 8 de la tarde,en Ejea de los Caballeros, en el Centro Cívico, Paseo del Muro,22. Vamos a contar con la participación de Santiago Salinas, abogado de Derechos Humanos de Congreso de los Pueblos, María Fernanda Yath defensora feminista del colectivo CACICA Colectiva Queer Transfeminista y Eliécer Cárdenas, comunicador social, de la Fundaciñon de Derechos Humanos Joel Sierra, lxs tres son Defensorxs de los Derechos Humanos en Colombia, y por ello, perseguidxs, amenazadxs,estigmatizadxs y con riesgo a que sean encarceladxs o asesinadxs.
El 28 de abril de este año comenzó el Paro Nacional, miles de personas salieron a las calles en decenas de ciudades de Colombia en protesta contra un proyecto de reforma tributaria. El gobierno retiró la propuesta algunos días después, pero las manifestaciones continuaron durante varios meses por motivos que incluyen la desigualdad económica, la violencia policial, el desempleo y la falta de servicios públicos adecuados. En reiteradas ocasiones los policías han dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y empleado la fuerza de forma excesiva, y a menudo brutal, incluso mediante el uso de municiones letales. Human Rights Watch ha documentado numerosas muertes cometidas directamente por policías en este marco del Paro Nacional, (80 asesinatos según INDEPAZ) así como brutales palizas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes. “Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes”.
Observamos con especial preocupación la muy deficiente implementación de los Acuerdos de Paz del 2016, en particular en lo que se refiere al capítulo de Reforma Agraria Integral y del consecuente proceso de restitución de tierras expoliadas a la población campesina, indígena y afrodescendiente, que arroja un nivel de cumplimiento menor al 3%, o la muy insuficiente puesta en marcha de las políticas acordadas para el apoyo a los proyectos productivos dirigidos a la reincorporación de las personas ex-combatientes o de las destinadas a ofrecer alternativas a las comunidades para abandonar los cultivos de uso ilícito de la coca, basadas en su erradicación voluntaria, las cuales han sufrido un giro radical con la vuelta a la vía de la criminalización, la erradicación forzada y la fumigación con glifosato.
En Colombia se vive el uso y abuso del derecho penal por parte del Estado y sus instituciones judiciales, especialmente la Fiscalía, con el fin de debilitar a las organizaciones sociales y populares, y quebrar la voluntad de lucha de sus liderazgos. Este ejercicio arbitrario, ha sido una constante desde hace décadas, por eso es considerado como una práctica genocida que el Estado desarrolla para exterminar los procesos que impulsan propuestas de transformación y cambios sociales, económicos y políticos del país.
Los montajes judiciales, han sido de gran utilidad para los gobiernos; para acallar las voces del sindicalismo, el campesinado, los pueblos negros e indígenas, las mujeres organizadas, la juventud y las comunidades, especialmente en épocas de levantamiento popular, como las que se han presentado en los últimos años, donde la protesta es criminalizada y azotada, también, con desaparición, mutilación, violencia sexual y muerte.
El Congreso de los Pueblos,que es un movimiento político y social colombiano de izquierda que agrupa diferentes sectores y actores sociales, ha sido víctima de todas estas prácticas genocidas, pero la que más ha padecido es la judicialización de sus líderes y lideresas sociales.
A todo esto hay que añadir el abandono por parte del gobierno de la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la ausencia de actividad alguna para su reactivación.
De especial gravedad resulta la nula voluntad política mostrada para proceder, según lo acordado, al desmonte efectivo del paramilitarismo, al contrario, las comunidades denuncian un repunte del mismo.
