Charla-debate sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia.

02/06/2019.

El próximo 7 de junio a las 19,00 os invitamos a una charla-debate que tendrá lugar en la Calle Don Jaime 1, número 18- Zaragoza.
Organiza el acto la Sección de DDHH del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, con la colaboración del Comité de Solidaridad Internacionalista. Presenta y modera Javier Alcober.
Vamos a contar con la presencia de la compañera Gladys Rojas, educadora popular, y Pablo Quintana, líder agrominero del Sur de Bolivar, Colombia, y nos aproximarán a la situación en materia de Derechos Humanos que vive Colombia, a dos años de la firma de la Paz con las FARC-EP.

El acuerdo de paz con las Farc disminuyó la violencia en los territorios ocupados por esta guerrilla, que se traduce en que ya no hay enfrentamientos de las FARC-EP y Fuerzas Armadas colombianas. Sin embargo, aún existe el conflicto armado interno cuyos actores armados son los paramilitares, las disidencias de las FARC, el ELN, el EPL y las Fuerzas Armadas de Colombia.
Más de 48.000 personas han sido desplazadas por el conflicto en este periodo de “Paz”, 566 líderes sociales han sido asesinados desde enero de 2016 hasta enero de 2019.

En junio de 2017 la misión política de las Naciones Unidas en Colombia verificó que los miembros de las FARC que aceptaron el acuerdo de paz con el gobierno entregaron sus armas, se desmovilizaron y crearon su partido político la FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común). Una minoría de este grupo armado no aceptó unirse a los acuerdos, estos crearon nuevos grupos o se sumaron a otros grupos, el cual ha crecido por la falta de garantías en los programas de reincorporación y el constante incumplimiento de los Acuerdos por parte del Gobierno de Iván Duque. Actualmente, los disidentes de las FARC tienen más de 1400 miembros.

Por otra parte, el ELN guerrilla más grande del País y que surge el mismo año que las FARC, estaban adelantando con el gobierno de Santos una mesa de negociación, pero cuando Iván Duque gana las elecciones, rompe con esta negociación y se recrudece la guerra, que repercute claramente a la población civil.
Entre los años 2003 y 2006 las organizaciones paramilitares, que tenían vínculos con la fuerza pública y con varios políticos del país, iniciaron un proceso de desmovilización. Este no fue exitoso, debido a que se presentaron graves falencias, varios miembros nunca se desmovilizaron y continuaron activos formando otros grupos.
Uno de los grupos que ha azotado a las comunidades con actos violentos en estos dos últimos años de “Paz” son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Los paramilitares tuvieron y siguen teniendo a día de hoy nexos con las Fuerzas Armadas,grandes ganaderos, empresarios y políticos del país, entre ellos los hermanos Uribe Vélez. De la misma manera, la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por permitir que se hicieran gestiones para manipular testigos que lo relacionaban con paramilitares, de acuerdo a la ONG Human Rights Watch (2018).
Los casos de falsos positivos que se presentaron entre el 2002 y 2008, en donde los soldados y oficiales engañaban a sus víctimas con falsas promesas de empleo para asesinarlas, vestirlas como guerrilleros y colocarles armas junto a sus cuerpos para demostrar grandes bajas de guerrilleros en combates, conforme al informe Human Rights Watch (2018).
La Fiscalía General de la nación investigó más de 3600 ejecuciones ilegales perpetradas por miembros del ejército y hasta marzo de 2018 había conseguido condenar a más de 1600 soldados únicamente de escalones bajos y medios.
En el 2017, ocho agricultores fueron asesinados en Tumaco durante una protesta presentada contra las demoras en programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Inicialmente el Ministerio de Defensa culpó a disidentes de las FARC por estos hechos, pero los sobrevivientes responsabilizaron a los policías, según informe Human Rights Watch (2018).