Desde 2004 el DAS rastrea ilegalmente en Colombia a miembros de organizaciones de DDHH y del mundo político y judicial.

En Colombia, un sinnúmero de ONGs estaban siendo rastreadas ilegalmente por agentes del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad).Investigan a miembros de ONGs en Colombia

 

El Espectador – 11 de junio de 2009

El nombre de Jaime Fernando Ovalle Olaz, ex coordinador del Grupo de Inteligencia Política del DAS, salió a relucir por primera vez a la opinión pública cuando el senador Gustavo Petro, documentos en mano, denunció en octubre del año pasado que Ovalle suscribió dos memorandos en los que pidió información sobre él y otros integrantes del Polo Democrático que evidenciaron un milimétrico espionaje. El escándalo pronto cobró las cabezas de Ovalle y de la directora María del Pilar Hurtado. Se dijo entonces que no era política del DAS hacer seguimientos ilegales y que el caso Petro había sido excepcional.

Mientras el país asistía a una nueva controversia gestada en las entrañas de la policía secreta, el nombre de Jaime Fernando Ovalle fue perdiendo resonancia. Pero, súbitamente, por cuenta de las indagaciones de la justicia a la olla podrida del DAS, su notoriedad ha vuelto al ruedo. Y de qué manera. Aparece mencionado de cabo a rabo en el expediente por el escándalo de las ‘chuzadas’, pues como coordinador del Grupo Especial de Inteligencia G-3 fue el responsable de configurar una cacería sin antecedentes a organizaciones de Derechos Humanos, centrales de trabajadores, congresistas, periodistas y un largo etcétera de personalidades, incluido el director para América Latina de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Ovalle Olaz, natural de Bogotá, con 53 años de edad, graduado en Comunicación Social y Periodismo y durante 16 años analista de inteligencia, en declaración juramentada a la Procuraduría sostuvo que “el DAS no puede adelantar ninguna diligencia relacionada con vigilancia, seguimiento e interceptaciones sin una orden judicial” y que con la creación del G-3 se buscaba estudiar a actores y hechos políticos “que representen riesgos, amenazas u oportunidades al alto Gobierno”. Lo que no dijo fue que como coordinador de ese grupo entre 2004 y 2005 se ordenó interceptación de líneas y correos electrónicos, así como seguimientos, fotografías y perfiles de abogados de organizaciones de DD.HH.

Entre los blancos figuraban el Colectivo José Alvear Restrepo y su director, Alirio Uribe, con un curioso título para las pesquisas: ‘Caso Transmilenio’; pero además aparecieron representantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Fensuagro, Minga, Comisión Colombiana de Juristas, Cáritas Diocesanas, Asamblea Permanente por la Paz, Redepaz, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Acnur, los periodistas Hollman Morris, Daniel Coronell, un listado de dirigentes del Polo como Petro, Piedad Córdoba, Gloria Cuartas, Wilson Borja y de algunos militares (r) como Manuel José Bonnet, Álvaro Valencia Tovar, Juan Salcedo Lora, entre otros. A todos ellos se les consultaron antecedentes, anotaciones de inteligencia, hábitos, debilidades e información íntima.

El caso más aberrante es el que tiene que ver con el Colectivo José Alvear Restrepo. El CTI documentó cerca de 5.000 páginas del DAS en las que se registra información de inteligencia, placas de vehículos usados por 14 abogados de ese bufete, un listado de teléfonos fijos y celulares interceptados, rastreo de movimientos, fotografías con posición del núcleo familiar, información financiera y de propiedades. Según la investigación, el 18 de marzo de 2004 se envió un oficio a la subdirección de contrainteligencia para empezar a ‘chuzar’ a representantes claves de esta ONG. Ninguna con orden judicial. Los rastreos incluían información biográfica, pasaporte, certificado judicial, lugares frecuentados, “nombre de hijos, amantes, amigos y compañeros”.

El correo de Alirio Uribe y los de otras 37 personas con nexos con esa organización fueron intervenidos y su información reportada, la mayoría de veces a través de manuscritos, a Jaime Fernando Ovalle. Los abogados Eduardo Carreño, Reinaldo Villalba, la periodista Claudia Julieta Duque, Rafael Barrios, entre otros, fueron objeto de ‘chuzadas’, como quedó en evidencia en un informe de 299 páginas en el que se lee en la parte inferior “control escuchas”. Además, agentes del DAS tomaron fotografías de la sede del Colectivo de manera encubierta y seguían a sus miembros en marchas, eventos académicos y manifestaciones públicas con reportes a Ovalle y al ex director de inteligencia Carlos Alberto Arzayús Guerrero.

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