“Las raíces de la violencia aún continúan vivas”

8 may. CI.- El Número 56 de la Revista Noche y Niebla hace una panorama de la situación en temas de Derechos Humanos y violencia política en Colombia entre los meses de julio y diciembre del año 2017. Esta es una publicación semestral de la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Programa por la Paz del Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep.

En su presentación (ocurrida este 3 de mayo) se denunciaron una vez más las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en el país. Además, se alertó sobre el aumento de las amenazas de grupos paramilitares en contra de líderes sociales y defensores de DD.HH. que luchan por la tierra.

Se afirmó que los casos de los líderes y lideresas sociales asesinados no son líos de faldas, son líos de tierras. Colombia Informa tuvo la oportunidad de hablar con el Padre Javier Giraldo, coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep sobre los datos que arroja el informe.

Teniendo en cuenta el Proceso de Paz que se desarrolla con las insurgencias colombianas, ¿a qué se debe el incremento de la violencia política?

Para comprender eso hay que mirar hacia atrás. Debemos observar las fallas de raíz en el proceso de negociaciones con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-. Cuando se abre la negociación en Oslo (Noruega) Iván Márquez expresó muy bien las expectativas que habían respecto del proceso. Resaltó que muchos sectores sociales esperaban cambios en las raíces de la violencia; es decir: las injusticias sociales, la desigualdad, la concentración excesiva en la propiedad de la tierra, los escasos mecanismos de participación política de los movimientos populares, indígenas, campesinos, sindicales entre otros.

Ante las expectativas expresadas, el doctor Humberto De La Calle (negociador del Gobierno) habló de la necesidad de poner unos límites. Dichos límites se pueden enmarcar en la frase “el modelo no se toca”. Hacía alusión a los modelos económico, político y militar del país. Entonces, desde el principio habían expectativas completamente opuestas sobre lo que podía dar el proceso de negociaciones.

Por otro lado, si observamos todas las propuestas que se realizaron en La Habana, encontramos que para cada punto habían 100 propuestas por parte de FARC. Sin embargo, todas eran negadas por parte del Gobierno nacional.

A manera de ejemplo, cuando se empezó con el tema de tierras todo era negado por parte del Gobierno. Se invirtieron más o menos unos ocho meses en ese tema. Cuando FARC se dio cuenta que no se avanzaba, que era un diálogo de sordos, aceptaron llevar a un congelador todas sus propuestas. Es decir, ellos pretendían volver al final sobre ellas pero nunca sucedió.

En lo acordado quedaron o predominaron en general las posiciones del Gobierno, tal como pasó con el fondo de tierras. A mi modo de ver eso alimenta mucho más el clientelismo y la corrupción. No soluciona estructuralmente el problema de la tierra en Colombia, un tema eje en el desarrollo del conflicto armado.

Las raíces de la violencia aún continúan vivas; son raíces que vuelven a sacar retoños, a reproducirse y eso es lo que estamos viviendo en éste momento.

¿Cómo concibe usted la participación política de las organizaciones y movimientos sociales en el escenario actual?

Los movimientos sociales están muy amenazados. Se mantiene una persecución ensañada hacia ciertos sectores, específicamente hacia los líderes y lideresas ambientalistas y campesinos. Vemos que al movimiento que medio intenta levantar cabeza se la cortan: le matan a los líderes, o los amenazan. Por lo general, les llegan mensajes al celular exigiéndoles dejar sus actividades de líder social y político o exigiéndoles desplazarse de los territorios, de la región o del país.

En este momento los movimientos sociales no pueden actuar. Están con las manos atadas. Todo aquel que proponga algo diferente o se oponga a los megaproyectos de las multinacionales petroleras o mineras termina muerto o desplazado.

La participación política quedó muy limitada dentro de lo que se concluyó en el Punto Dos del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC. Según como quedó consignado, su eje es la ampliación electoral y tiende a fortalecer los partidos y ampliar la participación netamente electoral. Eso se queda corto porque, a mi modo de ver, los partidos se han convertido a lo largo de la historia colombiana en el foco de corrupción más aterrador. Ese modelo de participación, en lugar de solucionar la ausencia de participación de las bases sociales, más bien termina obstruyéndola.

Con el modelo de negociación del Ejército de Liberación Nacional yo vi cierta esperanza porque ellos ponían en primer plano la participación de la misma sociedad en la negociación. Ellos dicen “nosotros no vamos a proponer reformas, las reformas las tienen que proponer los campesinos, los indígenas, los sectores populares”. Ese modelo es interesante porque mientras los diferentes sectores de la sociedad no participen será muy difícil llegar a reformas que toquen las verdaderas raíces del conflicto.

¿Cómo ve usted las dinámicas en los territorios desde la dejación de armas de las FARC?

He sido muy cercano a la zona de San José de Apartadó (Antioquia). Allá había unos frentes de las FARC en la montaña y hoy en día ese territorio está en manos de los paramilitares. Estas comunidades sufren realmente una falta de libertad para actuar porque por los paramilitares han ido avanzando. En cada vereda ponen un control (ellos los denominan “los puntos”) y les cobran impuestos. Convocan a las comunidades a reuniones donde los someten y amedrentan. Se toman la juntas comunales y callan a todo aquel que se oponga a lo que ellos ordenan.

En muchas regiones se ve lo mismo que está pasando en Apartadó: una situación dramática con la cooptación de los territorios por parte de los paramilitares. En toda la zona de la Costa Pacífica las estructuras paramilitares son una tragedia (en Buenaventura, en Tumaco, en Nariño).

Según los datos del informe presentado, la violencia política aumentó significativamente en el año 2017. En comparación con el 2016, el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales por abuso de autoridad, intolerancia social y persecución política subió un 20%. El número de víctimas de amenazas y detenciones arbitrarias aumentó en un 36% y 210%, respectivamente.

Entre los actores más violentos se encuentran los grupos paramilitares, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Las cifras demuestran una avanzada de las estructuras paramilitares. Los actos violentos que se le atribuyen a estos incrementaron en un 40%.