“Luchar por la paz y la democracia en Colombia nos está costando la vida y la libertad”
AraInfo.IKER GONZÁLEZ IZAGIRRE | 9 junio, 2019 07.06
Aprovechando su reciente visita a Zaragoza, hablamos con Iván Forero y Alexandra Bermúdez sobre las raíces del conflicto en Colombia y el papel del Estado español. Él es sociólogo, historiador e integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Ella, socióloga, trabajadora por la Paz de Colombia desde el año 1998, integrante de la Coordinadora Nacional Mineroenergética y ex portavoz y responsable nacional de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos. Ambos, defensores de los derechos humanos en su país, viven actualmente en el exilio.
Tras un conflicto armado de más de 50 años, el pasado 23 de junio de 2016 se firmó un histórico acuerdo de cese el fuego entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Un acuerdo que llegaba después de cuatro años de intensas negociaciones en La Habana. No obstante, el 2 de octubre de 2016, en el plebiscito refrendatorio, perdió el ‘sí’ al acuerdo por tan solo 50.000 votos con 16 millones de votantes. Con todo, el ‘sí’ se impuso en las zonas más castigadas por el conflicto armado.
Tras este revés, tanto el Gobierno de Santos como las FARC siguieron negociando, manteniendo su apuesta por la paz, y firmaron un segundo acuerdo en noviembre del mismo año que, en teoría, resolvía las dudas existentes e incluía varias propuestas presentadas por distintos sectores, incluidos los críticos con el anterior texto. Así, en el verano de 2017, el 27 de junio, el acuerdo de paz se escenifica con un histórico acto en la zona veredal de Buenavista, en Mesetas, en el que Colombia celebró el “adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la paz” y Naciones Unidas confirmó el desarme de las FARC. El 1 de septiembre, las FARC oficializan su desaparición como guerrilla convirtiéndose en partido político. En junio de 2018 la izquierda colombiana suma más de 8 millones de votos en las elecciones presidenciales, sin embargo el ganador fue el candidato conservador Iván Duque que tomó su cargo bajo la sombra de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
Con la llegada de Duque al poder las alarmas no han dejado de sonar en Colombia. Las matanzas de defensores de derechos humanos y líderes sociales aumentaron casi un 50% en 2018 favorecidas por la impunidad: en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría de los hechos, según denuncian diversas ONGs. En 2019, solo en los cuatro primeros meses, al menos 51 líderes y lideresas comunitarias, ambientalistas, campesinas e indígenas han sido asesinadas. En total han sido asesinadas 702 dirigentes sociales y 153 excombatientes de las desmovilizadas guerrillas en ataques de militares y paramilitares, desde que se firmó el acuerdo de paz en septiembre de 2016. Además, en las cárceles hay más de 2.000 presas y presos políticos -dirigentes sociales, guerrilleros y guerrilleras (900 de las FARC)-. A esto, se suman otras zancadillas a la paz del Gobierno de Duque como el caso Santrich, las órdenes dadas por la comandancia del Ejército colombiano a sus tropas para duplicar la cantidad de bajas y capturas en combate desde comienzos de este año -tal y como revelaba The New York Time en un reportaje publicado hace unas semanas-, o que el Senado colombiano ha aprobado por amplia mayoría el ascenso de 13 militares y policías, entre ellos el comandante Nicacio Martínez, a quien se le relaciona con ejecuciones extrajudiciales.
En el pasado Tattoo Circus de Zaragoza tuvimos la suerte de poder hablar con Iván Forero y Alexandra Bermúdez que ofrecieron una interesante y apasionada charla sobre las raíces del conflicto en Colombia. Forero es sociólogo, historiador e integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Bermúdez es socióloga, trabajadora por la Paz de Colombia desde el año 1998, integrante de la Coordinadora Nacional Mineroenergética (COORDINAME) y ex portavoz y responsable nacional de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos (CdP). Ambos, defensores de los derechos humanos en su país, viven actualmente exiliados.
En este escenario, un país dividido y con el foco mediático ya alejado, ¿cómo veis la construcción de la paz en Colombia?
Iván Forero (IF).- Estamos en un momento en el que hoy más que nunca la aspiración de una salida política del conflicto se constituye en un espacio para los movimientos sociales como la estrategia más importante en torno a la cual ponen todas sus apuestas. Hoy más que nunca la gente cree en la necesidad de una salida política del conflicto. De hecho las agendas populares, la agenda del movimiento indígena, del movimiento de mujeres, del movimiento sindical, del movimiento estudiantil, es decir, todas las reivindicaciones de los movimientos sociales se articulan en una estrategia común que es la solución política al conflicto. Y paradójicamente, a pesar de que aparentemente hubiese ganado el ‘no’ o una solución de enterrar los acuerdos de paz como la que lleva el actual gobierno de Iván Duque, lo que ha permitido es el afianzamiento de que solo la vía de la participación popular va a lograr una solución al conflicto.
Yo creo que esto, hoy más que nunca, está vivo. Esto no significa que no haya enemigos de la paz. Estamos en un momento en el que hay un avance significativo de quienes se beneficiaron y benefician de la guerra y de quienes negocian con esa guerra que no quieren perder su privilegio. Y no hablo solo del Centro Democrático y la estrategia de Uribe, detrás de ellos están esencialmente los grupos económicos, particularmente las transnacionales, sobre todo las españolas, que apuestan por una solución política al conflicto que significaría para ellos no las transformación de las injusticias sociales, sino la posibilidad de explotar territorios que en poder de las FARC o del ELN jamás van a poder ser explotados con las condiciones que ellos necesitan. Estoy hablando del Ibex 35 en su conjunto. Esa apuesta de los que no quieren la paz o los que quieren una pacificación es la que se está imponiendo.
Alexandra Bermúdez (AB).- Creo que primero habría que ver más detenidamente que significa la construcción de la paz. Yo lo caracterizo en tres escenarios. Uno es efectivamente la solución política del conflicto, más referido a la confrontación armada y a la posibilidad de que se implemente primero el acuerdo de paz con las FARC y segundo que se reabra nuevamente el proceso de negociación con el ELN y que además tenga participación social. Pero otro escenario de la construcción de la paz tiene que ver con los conflictos históricos, con todas esas raíces que dieron origen al conflicto armado: conflictos sociales, culturales, económicos y políticos; que son el día a día, la realidad del país: pobreza, desigualdad, indignidad, represión, exclusión… Ahí hay una agenda muy grande, que es la agenda histórica de la sociedad colombiana, especialmente del movimiento social y popular. Y es precisamente esta agenda, la que no ha parado, la que ha hecho que Colombia mantenga una esperanza de paz y que abra ese concepto de paz más allá de la confrontación, como si Colombia fuera solo un país en guerra y no fuera un país sin democracia ni equidad.
Y hay un tercer elemento que tiene que ver con el tema de la vida y la libertad, que no pasa solo por la confrontación armada sino con la guerra sucia, con la violencia sociopolítica histórica que es más vieja que el conflicto armado, más vieja que las guerrillas. Y creo que esto tiene que ver mucho con revisar las estructuras del Estado y con el proyecto de Estado existente, cómo todo el Estado se ha configurado para eliminar a la oposición, a las y los luchadores por la paz, y perpetuar los proyectos políticos de la oligarquía y las clases dominantes del país. Aquí hay un escenario al que llamamos ‘Eje de vida’, de libertad, de memoria, que no se ha resuelto con los acuerdos de paz y que sigue latente con las mismas exigencias y reivindicaciones. Es decir, la categoría de construcción de paz es muy amplia y es un momento para seguir levantando banderas en estos tres sentidos. Y esto tiene que ver con responsabilidades amplias, no solo para el pueblo colombiano, sino también las que tienen otros afuera que o permiten esa construcción o mantienen el estado de las cosas. Por eso creo que hay que hablar mucho también de los actores.
Alexandra Bermúdez. Foto: @igoiz17 (AraInfo)
La ONU ha instado en repetidas ocasiones a Duque a respetar los acuerdos firmados por Santos y las FARC, entre ellos, a “promulgar, sin dilaciones” la Ley Estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que por fin, y tras varios meses de demora, firmó este jueves. ¿Qué papel está desempeñando Duque?
IF.- Duque es voz de su amo, porque no tiene iniciativa propia. Él es un vocero público, que venía de ser un funcionario de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, y lo traen para articular sectores de poder de una estrategia que era cargarse la solución política al conflicto. ¿Qué significa esto en particular? Que el acuerdo de tierras no se ha cumplido, que el acuerdo sobre democratización no se ha cumplido y el acuerdo sobre drogas tampoco, incluso se ha multiplicado, de 50.000 hectáreas sembradas de hoja de coca al inicio del acuerdo a 250.000 a día de hoy, dos años después de la firma del acuerdo. Es más, Duque ha vuelto a las estrategias de fumigaciones con glifosato, que es lo peor que podía hacer porque contamina, genera ecocidio y porque no resuelve la problemática de casi medio millón de personas empobrecidas que son las que trabajan la hoja de coca.
¿Qué es lo que queda como posibilidad del acuerdo? El tema de víctimas, cuyo eje vertebral era la solución de la impunidad. Este sector que representaría el Centro Democrático que ganó las elecciones con Duque, busca, a través de esto, impedir que la impunidad, que ya fue pactada entre las FARC y el Gobierno (de Juan Manuel Santos) con ese acuerdo de justicia transicional, lo poco que quedaba, que era la Jurisdicción Especial para la Paz, ni siquiera permita que los militares lleguen, que no lleguen los terceros, que serían las responsabilidades de los políticos ni las responsabilidades de los actores económicos que han financiado y se han beneficiado de la estrategia de guerra. Lo que están tratando de hacer es impedir que se llegue, por lo menos, a la verdad de lo que ha sucedido.
AB: El papel de Duque es muy activo pero para desconocer el acuerdo de paz, porque ellos parten de que el acuerdo es un acuerdo de Juan Manuel Santos y no un acuerdo de Estado. Por eso impulsan una estrategia de reduccionismo para que quede al servicio de su idea de lo que ha sido el conflicto.
En noviembre de 2018, como parte de los acuerdos de paz, nace la Comisión de la Verdad en Colombia, que tiene un plazo de tres años para entregar su informe final. ¿Cómo está funcionando y con qué problemas se está enfrentando?
IF.- La han constituido y ya están pagando dinero a los funcionarios, pero lo que ha ocurrido con el acuerdo de paz es que el 20% de lo que se ha cumplido es esencialmente en la construcción de la institucionalidad con la cual llevar a cabo los acuerdos, pero a las víctimas no les ha llegado nada. Lo que han comenzado a generar es una expectativa con la que buscan visibilizar que la responsabilidad última de todos los crímenes que se dieron no la tuvo el Estado. Ninguno de los tres instrumentos –la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas- están funcionando.
Para entender lo que ha ocurrido con la JEP hay que ver cuál fue la estrategia jurídica previa, asesorada por el juez español Baltasar Garzón, financiada por el Banco Santander, que es la que favoreció que hubiese una supuesta solución política al paramilitarismo, la que creó una ley de Justicia y Paz –la Ley 14/48- en la cual determinaron quiénes eran y quiénes no eran víctimas, en la que no se habla de víctimas de violaciones de Derechos Humanos sino de “víctimas del conflicto” por lo que generalizaron la situación. Y luego está la estrategia jurídica para la paz. Estos tres marcos jurídicos son el sustento en los que se va a trabajar en la JEP.
En resumen, no se aplica el derecho internacional de los Derechos Humanos sino que es un pacto acordado en el marco del Derecho Internacional Humanitario, que es otra cosa distinta, y que tal y como estamos, sin entrar el ELN en una negociación, con el nivel de asesinatos a dirigentes de las FARC, con el incremento del homicidio y las ejecuciones extrajudiciales de líderes y lideresas de los movimientos sociales y defensores de los Derechos Humanos, vamos camino de mantener y de darle continuidad al principal mecanismo reproductor de violencia en el país, que es la impunidad. No podrá haber paz en Colombia si no se supera la impunidad. Y a mí, como víctima, no me basta solo la verdad, tiene que haber castigo para los responsables, una reparación real e integral para las víctimas y garantías de no repetición. Esto implica que las estructuras que se crearon, como el Ejército y el paramilitarismo, tienen que desactivarse. Mientras se mantenga el paramilitarismo en Colombia no va a haber posibilidades de paz, y este es un elemento estructural en el que tiene que comprometerse no solo el Gobierno colombiano sino particularmente las multinacionales que son las que lo favorecen. ¿Qué hacen las empresas del dueño del Real Madrid (Florentino Pérez)?
Los más de 50 años de conflicto han dejado 8,5 millones de víctimas de secuestros, asaltos, desapariciones, violencia sexual y otros abusos y más de 200.000 personas muertas. ¿Por qué es importante recuperar la memoria y luchar contra el olvido?
IF.- Un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir su historia. Si la aspiración superior del bien común es la paz, es necesario mantener la memoria para recordar lo que ha sucedido. La memoria implica dignificación de las víctimas. El Estado, un Estado colombiano criminal que ha cometido crímenes de lesa humanidad de forma sistemática, ha convertido las instituciones en organizaciones criminales: las Fuerzas Armadas, la Policía que está militarizada y depende del Ministerio de Defensa, el aparato de Justicia que ha creado una justicia especial para el conflicto y una “súper” Fiscalía que no investiga.
En Colombia la impunidad es del 97% en los crímenes de lesa humanidad. Pero al ser crímenes de estado, de lesa humanidad, no existe, según el Derecho Internacional, ninguna posibilidad de que esos crímenes queden impunes o sean indultables. De hecho, durante este periodo en el que aparentemente ha habido acuerdo de paz, quieren impedir que las víctimas sigamos reclamando nuestros derechos, mientras la mayoría de paramilitares ya están libres. Es más, la estrategia que hicieron fue, esencialmente, llevarse a la cúpula del paramilitarismo a EEUU, extraditándoles como narcotraficantes y no como responsables de crímenes de lesa humanidad. ¿Quién va a dar la cara por los crímenes que cometieron? Es todavía mucho más grave porque la Corte Penal Internacional, que sería la alternativa que nos queda a las víctimas, no juzga a los Estados, juzga la responsabilidad penal individual. Sin embargo, la aspiración de que Uribe termine en la Corte Penal Internacional no está lejos. Hoy está más cerca que nunca, porque mientras más se oponga Duque y la estrategia de Uribe a la dinámica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) más cerca estamos de que los organismos internacionales actúen.
En este sentido, pienso que si el PSOE y Unidas Podemos avanzan en la perspectiva de Derechos Humanos y de garantizar el Derecho Internacional en el Estado español, tendrían que volver a restituir la posibilidad de la jurisdicción universal, y si esta se aplica, muchos de los casos que han quedado impunes en Colombia se podrían juzgar pues los crímenes de lesa humanidad jamás prescriben.
Las víctimas venimos reclamando que nuestros derechos se cumplan pero hasta ahora el acuerdo de paz no ha permitido que se cumplan, al contrario, lo que hay es una revictimización. Y no solamente recuperar la memoria del dolor, hay que recuperar la memoria de la resistencia, de las formas de lucha, pero sobre todo recuperar la memoria de vida, de los proyectos en los que esas víctimas estaban porque mientras esos proyectos de vida, de salud, de educación, de democracia, de fortalecimiento del ecosistema, de cuidados, de libertad, no estén vigentes no podrá haber paz. Por eso la estrategia de memoria contra el olvido es fundamental.
Alexandra Bermúdez e Iván Forero durante la charla en el Tattoo Circus de Zaragoza. Foto: @igoiz17 (AraInfo)
Estamos hablando de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC, pero en un informe presentado en marzo de este año, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia advierte que “no se puede hablar de posconflicto”, ya que “actualmente hay al menos cinco conflictos armados”. De hecho, recientemente un exguerrillero de las FARC-EP era asesinado a manos de un militar. Paralelamente al desarme de las FARC, la otra guerrilla, el ELN inició también otro proceso de negociación con el Estado pero que ha tenido varios altibajos. ¿Cómo se encuentra actualmente?
IF.- El proceso está entre paréntesis. Hay dos puntos que me parecen esenciales para entender el acuerdo con el ELN en el marco de la agenda negociada. El primer punto era la participación de la sociedad, que marca un punto radicalmente distinto al acuerdo con las FARC. El acuerdo con las FARC nace como un diálogo guerrilla-gobierno por la presión de los movimientos sociales, que finalmente terminan participando con una delegación en La Habana. Hay una estrategia de las Naciones Unidas para crear unos foros temáticos en el país a los que van miles de delegados y delegadas y esas conclusiones, que son millones de propuestas que llegaron a La Habana, quedaron para lectura de muy pocos.
En el caso del ELN ha sido un proceso distinto, lo que se plantea es que la solución, la paz, no es un acuerdo entre la guerrilla y el gobierno sino que la paz es resolver los conflictos que la sociedad tiene: conflicto económico, conflicto social, conflictos culturales, medioambientales, civiles, políticos, territoriales y obviamente el armado. De este modo se crean dos dinámicas en la mesa de negociación, por una parte, cómo avanzar en esa participación y cómo hacer que realmente esos acuerdos se pongan como agenda para erradicar la violencia de la política. Esta sería la aspiración a la que tenemos que llegar porque históricamente, en Colombia, el mecanismo con el cual se ha mantenido la dominación ha sido la violencia política, y para que haya paz hay que erradicar esta violencia del ejercicio de la democracia y el restablecimiento del Estado de derecho que nunca ha existido en Colombia. En Colombia ha habido un Estado de derechas pero nunca un Estado de derecho. Por tanto, estos dos elementos –participación y democracia- son los que van a permitir las condiciones para que esas agendas generen las transformaciones que el país necesita. Este es eje de la negociación con el ELN.
El punto cuarto sería cómo hacer que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se transforme en un movimiento político y el quinto, sería de qué modo se iniciarían las condiciones y las garantías para una desmovilización armada. El otro punto esencial con el ELN es resolver las cuestiones de tipo humanitario -las personas secuestradas, el desminado, los ceses bilaterales de la violencia- dando respuesta a las cuestiones de la sociedad civil y el propio gobierno. Como se puede ver el proceso con el ELN es mucho más complejo. Siempre dicen que el ELN está muy fragmentado, que tiene ciertas divisiones internas, pero lo que pasa es que es mucho más territorial y por tanto la construcción de las bases sociales son mucho más territoriales. En este contexto, y tras la ruptura de las negociaciones que se vio recientemente, lo que se está viendo es un incremento del desarrollo del ELN, que está llegando a zonas donde antes no estaba y una disputa con el paramilitarismo enorme que, desgraciadamente, puede significar un incremento de la guerra muy grande.
Una de las razones por la que habéis participado en la séptima edición del Tattoo Circus de Zaragoza es para presentar la campaña ‘Ser líder/lideresa social no es un delito’. ¿En qué consiste esta campaña?
AB.- La campaña nace a partir de la necesidad del movimiento social, de promover la no judicialización de sus líderes y lideresas sociales y defensoras de los derechos humanos como un elemento de represión estatal. Se ha implementado por parte del Estado toda una estrategia de abuso sistemático de las medidas privativas de la libertad para desarticular al movimiento social. Así mismo, otra condición de este abuso arbitrario del sistema judicial es despertar zozobra entre las comunidades y sus familias para desestimular la movilización. La campaña busca también visibilizar el papel que desarrollan las y los activistas. En el contexto tan convulsionado colombiano, a pesar del acuerdo de paz de 2016, el conflicto armado continúa y se ha criminalizado y estigmatizado mucho la labor de las y los activistas sociales. El Estado no ha hecho un reconocimiento público de la labor tan importante que desarrollan, al contrario, como casi siempre hemos sido opositores a las políticas gubernamentales de los gobiernos de derecha y ultraderecha hemos sido víctimas de políticas represivas.
Colombia tiene el triste récord de ser el país donde más han asesinado a dirigentes sindicales, y es uno de los países donde más asesinan a líderes medioambientales e indígenas. La caracterización de los regímenes colombianos, la política neoliberal y la política extractivista -principalmente en el sector minero / energético- ha generado mucha conflictividad social en territorios donde ha tenido especial protagonismo la guerra pero también donde las gentes de las comunidades se han resistido a este modelo económico, han resistido al capitalismo, a la entrada de multinacionales, al saqueo y al despojo de sus territorios. Lo que exigen es poder seguir viviendo en esos territorios y desarrollarse desde una perspectiva de vida digna. De este modo, desde estas oposiciones, terminan confrontando y sufriendo más las consecuencias de la represión y de los intereses políticos y económicos.
Por tanto, y a pesar de que se firmó un acuerdo de paz y que bajó el índice de asesinatos por la confrontación armada, el asesinato a líderes y lideresas de derechos humanos se ha elevado de forma alarmante y con esta campaña queremos visibilizar a estas personas mostrando sus luchas, reivindicar que su labor es una labor legítima y exigir el Estado colombiano que reconozca la legitimidad de esa labor, que no la desprecie ni ilegalice.
En Colombia hay una violación sistemática de los derechos humanos sobre la población en general pero, sobre todo, sobre las y los dirigentes sociales, no solo nos matan, también nos encarcelan por la “lógica del enemigo interno”, es decir, el que se opone a las políticas del Estado es calificado de “insurgente”. Estamos siendo encarceladas durante un año por organizar manifestaciones. A esto se suma una gran impunidad: el 90% de los asesinatos están sin apertura de investigación. Luchar por la paz y la democracia en Colombia nos está costando la vida y la libertad. Por estos motivos también queremos hacer un llamamiento a la comunidad internacional a que pongan los ojos sobre Colombia, que denuncie estas violaciones y proteja nuestros derechos. No somos cifras y no queremos ser estadísticas nacionales. Por eso les invitamos a desbordar sus afectos hacia los líderes y lideresas sociales que día a día defienden los territorios y la vida, personas que construyen propuestas de país desde el pensamiento alternativo y que con su lucha y trabajo nos alientan a soñar más fuerte y a juntarnos para ser más grandes.
Hablando en un contexto más amplio. Se acaban de cumplir 65 años del comienzo de la dictadura de Stroessner en Paraguay; en 2009 derrocaron a Manuel Zelaya en Honduras; el gobierno de Ecuador de Lenin Moreno gira a la derecha; en 2018 Jair Bolsonaro gana las elecciones en Brasil tras el “golpe blando” a Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula… Y contemplamos una campaña de acoso y derribo contra Venezuela, en la que el posicionamiento del Gobierno colombiano ha llevado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a cerrar la frontera y romper todas las relaciones con Duque. Todo orquestado desde los despachos de la Casa Blanca. ¿Volvemos a un Plan Cóndor o nunca se ha ido?
IF.- Hay una ofensiva muy importante del imperialismo estadounidense, porque, evidentemente, le hicieron mucho daño todas las políticas anti-neoliberales que se fueron generando en la última década. Haber perdido Venezuela, donde tenía su abastecimiento de petróleo garantizado y le permitía no un nivel de intervención como el que ha tenido en Siria, Irak, Afganistán o Libia, le ha complicado la vida. El imperialismo nunca se ha ido de América Latina, había perdido gobernabilidad pero las inversiones las mantenía. Lo que sí creo es que van a apretar y han ido creando, con estos nuevos gobiernos, una nueva institucionalidad que sí ponía en riesgo algunas de sus estrategias, como por ejemplo, la creación de la CELAC o la UNASUR, que favorecen un modelo de construcción de las relaciones internacionales y económicas de cooperación y no de dominación como hacen las multinacionales estadounidenses y europeas. Por tanto era un enemigo el gobierno de Hugo Chávez, el gobierno cubano, el ecuatoriano de Rafael Correa, el boliviano de Evo Morales, tuvo un enemigo en Lula, en los Kirchner –a pesar de sus corrupciones-. Latinoamérica tuvo una primavera muy importante y esto no hay que perderlo de vista en el conflicto colombiano, porque precisamente fue este nuevo escenario el que favoreció que las FARC fuera alentada por muchos de estos sectores a avanzar hacia una solución dialogada al conflicto.
Pero por otra parte, hay que decir que los EEUU nunca perdieron el control sobre las fuerzas armadas latinoamericanas, jamás lo ha perdido, con la excepción de Cuba y Venezuela. Y el anticomunismo lo mantiene perfectamente y la estrategia del “enemigo interno” sigue siendo la estrategia. Lo vivimos en Paraguay, se está viviendo en Brasil otra vez, en Chile contra el movimiento indígena, se vive en Centroamérica con las ‘maras’, que son la transformación de ese “enemigo interno”, a través de la militarización, de crear estados fallidos, de crear mecanismos que convierten la seguridad en una empresa de control político y social y en una empresa económica que le da una rentabilidad. En este momento, EEUU está a la ofensiva y tiene gobiernos títere, como el gobierno de Duque, el gobierno peruano o el chileno que han terminado enfrascados en esa dinámica. Una ofensiva que se le rompe en México, que siempre había sido punta de lanza, con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que nos encaminamos nuevamente a un resurgir de un movimiento anti-imperialista vigoroso que comienza a darse ya en muchos sectores desplazados por las políticas neoliberales. En este punto, quiero denunciar el papel decisivo del Reino de España.
Ya que has nombrado varias veces al Estado español… ¿Cómo se entiende a un gobierno “socialista” que mantiene en prisión preventiva desde hace casi dos años y juzga a unos políticos catalanes por poner urnas para un referéndum en Catalunya y, al mismo tiempo, no solo no condena a unos golpistas en Venezuela, sino que los acoge en su Embajada?
IF.- Esto significa que quien gobierna es el Ibex 35 y no el Partido Socialista, o que ese PSOE, deja de ser “partido”, “socialista” y “obrero”. Es muy grave que dirigentes del PSOE, que están en los patronatos de las principales empresas de armamento y que se han beneficiado con la venta de armas, particularmente con las minas antipersonas en Colombia, donde se ha reconocido que vamos a tardar 50 años en desminar el territorio, sigan definiendo la política que la Unión Europea hace hacia América Latina. Estas son responsabilidades concretas. ¿Por qué España no estuvo tan visible en el acuerdo de paz en Colombia como lo está ahora en Venezuela? En Venezuela, el papel que va a jugar España, como siempre, es seguir definiendo una estrategia que defienda los intereses particulares de sus empresas y no lo que el pueblo venezolano necesita. Y esta, es una contradicción muy seria, que se tiene desde aproximadamente 1810. Nunca se ha defendido el interés en común acuerdo entre el Estado español y América Latina.
Podríamos hacer otra realidad si hubiera unas relaciones internacionales donde se viera a América Latina como un posible factor de construcción de un nuevo escenario económico, social y de democracia. España es un país empobrecido, sin recursos, y necesita de América Latina y se podría llegar a acuerdos de otra manera y no coparticipando del genocidio y del ecocidio que están cometiendo no solo en Colombia o Venezuela, sino en muchos países latinoamericanos, volviendo a tener una visión neocolonizadora.
En Aragón, Euskal Herria, Catalunya, en el Estado español… El movimiento feminista ejerce un papel fundamental para frenar al fascismo. ¿Cómo se articula el movimiento feminista en Colombia?
AB.- El movimiento feminista en Colombia es bastante diverso, no relativamente nuevo pero de diferentes vertientes. Nace principalmente de las reivindicaciones por la igualdad de derechos, obviamente, con antecedentes de las sufragistas, pero también en torno a los derechos laborales y los derechos de salud sexual y reproductiva. Más recientemente, con la última Constitución colombiana, la de 1991, fruto también de un proceso de paz, se reivindican otras luchas como el derecho al aborto -Colombia es uno de los países en América Latina que reconoció el aborto en las tres condiciones: peligro para la salud de la mujer, grave malformación del feto y violación o incesto- y las luchas del movimiento LGTBI.
Asimismo, el movimiento feminista está muy involucrado en las reivindicaciones históricas populares y contra la guerra. Colombia es un país con mucha complejidad, con tantos años de guerra, por lo que la resistencia de muchas mujeres en zonas de conflicto, donde han sido las principales víctimas, también por el desplazamiento interno y el exilio, la diáspora, ha sido muy importante. Ellas han resistido para poder vivir en sus territorios.
En definitiva, el movimiento feminista ha recogido diferentes luchas del conflicto social, político, armado, no solo está ligado a la reivindicación de la igualdad, se ha convertido en un movimiento transversal, que se nutre de la riqueza y las experiencias de otros muchos procesos de resistencia y de reivindicaciones de derechos.
9 junio, 2019
Autor/Autora
IKER GONZÁLEZ IZAGIRRE
Redactor, editor, funciones de coordinación y administración. Integrante del Consello d’AraInfo y uno de los cofundadores. @igoiz17
