Jueces condenan en Colombia a dos multinacionales por violar DDHH

En la última sesión del Juicio Ético y Político contra el Despojo, el cuerpo colegiado que juzgó a la empresa petrolera Pacific Rubiales y a la minera AngloGold Ashanti (AGA) señala las siguientes violaciones a derechos humanos en Colombia: atropellos a derechos laborales, al derecho a la protesta social, a la libre asociación, a los derechos colectivos y al derecho a la tierra y al territorio; además, señaló crímenes financieros como la especulación en su orden, la evasión de impuestos y el desfalco al Estado; destacó también la persecución a líderes sindicales y asesinatos selectivos.

La condena se profirió al finalizar la última sesión del llamado Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia, que se desarrolló en la ciudad de Bogotá durante los días 16, 17 y 18 de agosto en la Plaza de los Artesanos.

El Juicio Ético y Político Contra el Despojo en Colombia nace como iniciativa de la Red de Hermandad y Solidaridad (Redher) y del Congreso de los Pueblos y adelantó varias audiencias previas en territorios donde operan las empresas. Se trata de una apuesta por impulsar tribunales de opinión, a los que recurren los habitantes dada la inexistencia de normas jurídicas nacionales e internacionales que permitan denunciar y juzgar los delitos de multinacionales contra territorios y poblaciones (véase entrevista a Alirio Uribe de la corporación colectivo de Abogados José Alvear Restrepo).

Inicia la última sesión del juicio  

El viernes 16 de agosto, desde las primeras horas de la mañana, empezaron las inscripciones de quienes presenciarían la entrega de pruebas y de argumentos de parte del fiscal del caso, Francisco Ramírez, al cuerpo colegiado. En la tarde, la sesión comenzó en firme con la distribución de mesas, de acuerdo con tres temas: minería, hidrocarburos e hidroeléctricas. En ellas, se hizo un contexto nacional sobre el proceso de la megaminería y luego se dio paso a las denuncias que llevaron algunas personas en cada una de dichas mesas.
        
    
El segundo día, sábado 17 de agosto, la sesión abrió a las 9 de la mañana con la presentación del fiscal, quien coordinó el orden y los tiempos de las exposiciones, de manera que se fueran sustentando las diversas acusaciones al cuerpo colegiado, conformado por tres jueces: Susana Deranger, activista indígena de la nación Athabasca Chipewyan, de Canadá; Manuel Vega Vargas, médico cirujano, magíster en historia y candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, y Eduardo León Navarro, también colombiano, sociólogo, activista político y defensor de derechos humanos.

Las primeras exposiciones del día correspondieron a tres expertos, que entregaron un contexto del despojo, como parte un modelo: Alexandra Almeida, de Ecuador; Fernando Gutiérrez, de Perú, y Renán Vega, de Colombia. Los tres hicieron énfasis diferenciados, respectivamente: en el papel del extractivismo en el despojo, las características del extractivismo y la función del Estado en el despojo.  

Seguidamente, el fiscal hace la pregunta por cómo se aplica en Colombia el modelo económico que permite el despojo. Responde a ella presentando los resultados de una investigación sobre el sector minero-energético del país. Su contextualización dio paso a los testimonios de diferentes casos de regiones del país con respecto a la multinacional AngloGold Ashanti.

Testimonios de vulneración de derechos y despojo: AngloGold Ashanti (AGA)

El primer testimonio fue un análisis sobre la situación que atraviesa el Tolima con la mina La Colosa; al que se sumó otro del mismo lugar, y otros del Sur de Bolívar, del municipio de Suárez (departamento del Cauca) y de municipios del norte y el occidente del departamento de Nariño, donde la multinacional hace presencia.

Las acusaciones de los participantes del Sur de Bolívar recayeron sobre la multinacional AGA y el Estado colombiano. A este último por “aplicar la represión como mecanismo tendiente a desarticular el movimiento social y facilitar el despojo y la entrada de las transnacionales y tolerar la arremetida paramilitar que facilita el desplazamiento para proteger intereses particulares”. Señalaron al Estado también como culpable de “facilitar una legislación que favorece los intereses transnacionales en detrimento de miles de personas y familias”.

Una de las experiencias de violación de derechos humanos, la del presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Fedeagromisbol, comenzó mostrando “la detención arbitraria de la que fue víctima (…) Teófilo Acuña (…) a quien con base en un informe de inteligencia suscrito por el Batallón de Artillería Nueva Granada con sede en Barrancabermeja, se vincula una investigación con el argumento que el compañero hace parte de la insurgencia, pero además como un hecho diciente y que da cuenta que la represión está dirigida a perseguir a quienes se oponen a entregar el territorios a las Empresas Transnacionales; indica ese mismo informe de manera textual que el compañero Teófilo estaba organizando las masas para impedir las entrada de las multinacionales AGA y Sociedad Kedahda”.

Otras acusaciones de personas de esta región indican que “el decreto 2200 del 2001, otorga área de reserva espacial a los mineros; posteriormente las comunidades son víctimas de desplazamiento por el bloque central Bolívar, el Estado desmonta a través de otro decreto el área de reserva y son entregadas y tituladas a Orfino Gold Corp”.

Jairo Moreno amplió el testimonio sobre la estigmatización y posterior fusilamiento de Alejandro Uribe Chacón: “un 19 de septiembre de 2006 fue asesinado vilmente por soldados miembros del batallón nueva granada en Barrancabermeja”. Y Narciso Beleño encaminó su testimonio a la legislación minera: “hasta el 2001 nos podíamos conservar como pequeños mineros, pero a partir del 2010 hay un nuevo código de minas que termina de lesionar los intereses de los pequeños mineros”.

Las acusaciones continuaron con representantes del Norte del Cauca, que hicieron dos énfasis: la persecución de mineros organizados en el Consejo Comunitario de La Toma, en el municipio de Suárez y la presencia de Héctor Jesús Sarria, con vínculos directos con la mafia.

El segundo énfasis fue la violación de la consulta previa “El otorgamiento de los 8 títulos a personas particulares y a la AGA se realizó sin consulta previa”; por tanto, añaden, la Corte Suprema deroga estos títulos y reconoce a las comunidades negras de la zona. Jaír Ortiz, miembro del Consejo Comunitario de La Toma, dio testimonio como víctima de la criminalización. Él señala: “en La Toma se desarrolla minería de manera limpia desde 1936. Desde los últimos años han aparecido personas y empresas con títulos que pretenden desalojar la comunidad. En 2006, el señor Sarría, en una reunión, muestra su intención de que le titulen un área. Desaparece por 3 años y reaparece con un título diciendo que los mineros tradicionales son ilegales y deben irse”.

Leonardo Rodríguez, del Tolima, indicó con su testimonio que el proyecto La Colosa afectó el uso del suelo y señaló la responsabilidad social empresarial y la estigmatización. “Mostraré cómo la multinacional llegó a Cajamarca mostrando una imagen a favor del desarrollo y con grandes beneficios a la región pero (…) con la llegada de la multinacional (…) los arriendos subieron, se incrementó la canasta familiar, los servicios públicos, lo cual llevó a que las familias prefirieron irse porque no tenían cómo pagar esos arriendos tan caros”.

Otro de los testimonios fue el de Jimmy Fernández, miembro del Comité Ambiental del Municipio de Cajamarca. Él narró lo ocurrido en la audiencia con la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, cuando pudieron fotografiar el mensaje que llegó a un teléfono móvil, en el que se estigmatiza de guerrilleros a los líderes comunitarios: “El señor Rafael Herz, dice en el testimonio, es quien envío el mensaje; actualmente este señor fue desvinculado de la empresa y trabaja con una petrolera en la frontera. Como resultado del mensaje se señala y estigmatiza a cinco compañeros entre los que se encuentran Eliana Herrera, Olga Cecilia Castro y Jimmy Torres”.

Dos mujeres del departamento de Nariño fueron las últimas personas que  con sus testimonios comprometieron a AGA: Luzmila Ruano, del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, y Marleny Cisneros, del Consejo Comunitario de la Cordillera Occidental de Nariño y sur del Cauca. Ellas acusaron a la fuerza pública de afectar los derechos humanos en la población y haber cambiado el uso del suelo.

La representante del CIMA dijo que “a partir del 2000 se ha agudizado el conflicto social y armado, se ven afectadas las organizaciones y la población urbana y rural. El departamento de Nariño tiene vocación agropecuaria, pero también hay minería pequeña, carbón, cacao”. Y Marleny Cisneros afirmó: “hay conflictos internos porque los grupos armados apoyan a las empresas; lo que ha implicado desplazamiento de las comunidades y cinco líderes asesinados. Hoy en día, 13 líderes tenemos medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Testimonios de vulneración de derechos por parte de Pacífic Rubiales

Los testimonios entregados se refirieron a los siguientes aspectos: ambiental, impactos sobre los pueblos indígenas, laboral y militarización. En el aspecto ambiental, se señalan los impactos de Pacífic Rubiales en el municipio de Puerto Gaitán, donde son evidentes las fallas en la normatividad ambiental, generando consigo contaminación en las fuentes hídricas, superficiales, acuíferos, zonas de amortiguación como los morichales, causando daños irreparables al ecosistema. Además, se resalta la permisividad del Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) frente a la explotación indiscriminada del suelo por parte de la empresa en Puerto Gaitán.

Las primeras acusaciones se basan en un informe de la Contraloría General de la República, que presenta tres hallazgos: el primero, la “superación del límite de caudal permitido para vertimientos al cauce del río Rubiales”, de manera que se viola “el marco ambiental colombiano (110,42 l/s). Exceso por 4,17 l/s. El agua que se está contaminando podría abastecer a 7.204 personas”

El segundo hallazgo de la Contraloría se refiere al “sistema deficiente de tratamiento del agua: en los trimestres ii y iii del 2011, solo se removió el 25% de partículas, lo que indica una remoción deficiente de sólidos y además no se le está haciendo un control a las partículas altamente contaminantes que se vierten a caño Rubiales”. El tercer hallazgo se refiere a daños e impactos “por la construcción de la línea eléctrica Chivor – Campo Rubiales, por destrucción de coberturas forestales y fraccionamiento ambiental”.

Diego Másmela, ingeniero agrónomo, testigo del caso, responsabilizó a Pacific Rubiales de no tener un plan de contingencia en caso de situaciones adversas producto del desarrollo del oleoducto, ya sea ambiental o social.

Sandra Icizo, segunda testigo, advierte de las afectaciones en Campo Rubiales, dado el secamiento del río Guaviare, que presenta un detrimento en el nivel de su caudal. Menciona también las emisiones atmosféricas originadas en la combustión in situ, que generaron un secamiento en el río. Habla además de la siembra de cerca 50.000 hectáreas de palma, que indican acaparamiento de las tierras.

Para señalar los impactos a los pueblos indígenas, uno de los testigos comenzó diciendo que la población indígena de los 4 departamentos (sic) suma 36.829 personas y que se encuentran en 136 asentamientos y 98 resguardos. “El área de los 4 departamentos, agregó, es de 259.890 kilómetros cuadrados y los resguardos son el 17 % de estos. Para asegurar su pervivencia, las comunidades deben permanecer en el territorio”.

Añade el testimonio que la Corte publicó una sentencia de protección a indígenas, y que sin embargo, después, la misma Corte declaró los riesgos de 34 pueblos indígenas y su posible exterminio. La Organización Nacional Indígena de Colombia aclara que realmente son 64 pueblos los que se encuentran en riesgo, pues se contemplan comunidades indígenas pequeñas, que el gobierno no ha reconocido.

“Las comunidades indígenas, continúa el testigo, tienen derecho a la consulta previa, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, OIT”; por el contrario, dice el testimonio, el presidente Santos anuncia que va a reglamentar ese derecho porque se está volviendo un inconveniente para el desarrollo minero.

Una autoridad indígena precisó sobre el impacto generado en los morichales y el constante decrecimiento de los niveles de profundidad del agua en lugares como el Charcón; resaltó además la discriminación por parte de la multinacional a comunidades Achaguas.

El Pueblo Sikuani también hizo acusaciones; el testigo Pedro Cortez evidenció la vulneración sobre la propiedad del territorio e impactos al deterioro ambiental, en especial en los morichales, nacederos y caños. El pueblo indígena declaró finalmente un NO a la explotación petrolera.

En el aspecto laboral, la denuncia estuvo a cargo de la Unión Sindical Obrera, USO, que declaró: “en octubre y diciembre (sic) se presenta un despido masivo de trabajadores” pero subraya el hecho de que las personas despedidas eran principalmente afiliadas a la USO. “La empresa, advierte el testigo, vetó a las personas afiliadas al sindicato. Pacific Rubiales tiene un sistema de seguridad que intercambia datos con organismos de seguridad estatal creando listado de trabajadores vetados para trabajar en la empresa”.

La USO también hizo la denuncia sobre el aspecto de la militarización de los territorios: “Ante las condiciones infrahumanas de trabajo se realizaron varias jornadas de protesta, tras de los cual se vino encima la represión. Sin embrago, se logró negociar con la empresa”. El sindicato advierte que la negociación se ha incumplido. La militarización, dice el testimonio, aumenta, al punto que  hoy no se puede entrar al campo a ejercer el derecho a la sindicalización. La fuerza pública, agrega el testigo, asume un papel deliberante en favor de la empresa Pacífic Rubiales deshonrando y violando la Constitución Política, que es a la que tiene que cumplir.

En el último descargo, Rodolfo Vecino, presidente de la USO, atestiguó: “en Colombia era desconocida la Pacífic Rubiales. A partir de la agitación y develamiento de las problemáticas laborales se empieza a mostrar la cara de la multinacional. Hay daños que no se restaurarán, como el pasivo ambiental y los miles de millones de dólares robados al país, que generan saqueo. Nos convertiremos en un país con necesidades energéticas insatisfechas, con el sometimiento con que históricamente se nos ha identificado. Más del 70 % del territorio ha sido entregado en concesión incluso a empresas que no existen sino que son fachadas de lavado de dinero del narcotráfico. Durante las manifestaciones, se debe reconocer el abuso de la fuerza pública en contra de niños, niñas mujeres y de la población en general”.

Sentencia

El último día del Juicio Ético y Político Contra el Despojo en Colombia, el cuerpo colegiado leyó la sentencia, que contiene los siguientes puntos:

•Introducción: menciona las organizaciones que convocan al evento y resalta la necesidad de adelantar audiencias posteriores en diferentes lugares del país. Precisa los nombres de los integrantes del cuerpo colegiado y del fiscal.

•Contexto: trata varios temas. En primer lugar, el modelo de despojo. En este punto  teoriza sobre el modelo y sobre la legislación que obedece a las concesiones minero- energéticas. Luego, resume la historia de las multinacionales AGA y Pacífic Rubiales y de sus crímenes en los territorios en donde operan, enfatizando en los hechos probados en Colombia durante este juicio.

•La sentencia resalta lo siguiente: las ejecuciones de Giovanny Vega Atencio, Jairo Villalba y Nolberto Campuzano Zuleta y la desaparición forzada de Osnáider Solano Zuleta, ocurridos en 2004; amenazas contra líderes afrocolombianos y organizaciones acompañantes de comunidades negras en el Cauca, ocurridas el día 22 de octubre de 2009 y el asesinato presuntamente por grupos paramilitares de 8 mineros de Chocó, dedicados a la pequeña minería, ocurrido el miércoles 7 de abril de 2010 a las 12 y 30 de la tarde. Son ellos: Wilber Fernando Mosquera Ruiz, José Asnoldo Mosquera Mosquera, Jeison Antonio Ibargüen, Henry Ibargüen Mosquera, Macedonio Ibargüen Mosquera, Pablo César Ibargüen Mosquera, Peter Gómez Sánchez y José Yúver Ocoro Balanta fueron ultimados presuntamente por grupos paramilitares.

•Destaca también el despojo criminal contra el pueblo colombiano mediante varios mecanismo: la creación ilícita de una legislación, la violación de normas mínimas y afectaciones al medio ambiente, la vulneración a los pueblos indígenas y comunidades negras del país, los impactos económicos en la población colombiana, la estigmatización y criminalización de la lucha sindical y social y la vulneración a los derechos laborales.

Decisión

El cuerpo colegiado del Juicio Ético contra el Despojo en Colombia condena a las empresas transnacionales AngloGold Ashanti, Pacific Rubiales y su subsidiaria Meta Petroleum Corp., por violación de los siguientes derechos humanos:

•Violaciones graves a los derechos laborales.

•Violación a la libertad de asociación sindical.

•Violación al derecho a la protesta social.

•Desprecio de la dignidad y la vida de los trabajadores y las comunidades.

•Instigación de asesinatos selectivos de dirigentes sindicales, indígenas y de organizaciones sociales

•Violación al derecho a la alimentación

•Vulneración de los derechos colectivos a la tierra.

•Vulneración del derecho a los recursos naturales

•Vulneración de los derechos de participación, especialmente al de la consulta previa.

•Violación de los derechos culturales, espirituales y ancestrales, así como al desarrollo propio y autónomo de los pueblos originarios.

Recomendaciones

El cuerpo colegiado, hace algunas recomendaciones al movimiento social en general, a los pueblos indígenas, a las multinacionales y al Estado colombiano. Al movimiento social, a seguir fortaleciendo la lucha y resistencia; A los Pueblos indígenas, a tomar la vocería de sus territorios; a las multinacionales AGA y Pacífic Rubiales, a que cesen sus políticas de despojo y sus patrones de violación sistemática a los derechos humanos individuales y colectivos. Y al estado colombiano, a revertir las políticas de desarrollo y a consultar ampliamente a la sociedad colombiana.