Crisis humanitaria y confinamiento en el Pacífico colombiano

22 de noviembre 2021. Arainfo

COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA

La miseria y la riqueza conviven en medio del conflicto interno colombiano en la región del Chocó, donde las comunidades sobreviven confinadas en medio de los enfrentamientos entre diferentes grupos armados. El 16 de septiembre, el ejército colombiano mató a cuatro niños en un bombardeo, para eliminar al máximo jefe del ELN. Mientras, las comunidades denuncian el abandono institucional y el hostigamiento del ejército con operaciones de bandera falsa.

La región del Pacífico en Colombia es una de las más ricas y pobres del país. La paradoja de ese país andino encuentra en esta región un claro exponente de las contradicciones que atraviesa y que se incrementa por la continuación del conflicto interno. Durante cinco días, la Caravana Humanitaria por la Vida y la Paz recorrió diferentes veredas del río San Juan (Departamento del Chocó) para conocer la situación de crisis humanitaria en la que se encuentra inmersa esta zona del litoral.

Esta caravana fue la respuesta al llamado que hicieron las comunidades afrodescendientes e indígenas Wounaan que viven en dicho territorio. La comitiva estuvo compuesta por el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), la diócesis de Itsmina-Tado, Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Asociación Nomadesc, Universidad Intercultural de los Pueblos, la organización defensora de derechos humanos Bakia, y Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (REDHER), entre otras.
Las veredas y corregimientos que recorrió la caravana corresponden a los municipios del Itsmina, Medio San Juan, Litoral San Juan y Sipí. Junto con Novita, estas son comunidades que están viviendo un contexto de guerra muy fuerte, debido a la militarización de sus territorios por parte del Ejército Nacional, el avance paramilitar de quienes se llaman a sí mismas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la presencia en el territorio del ELN.

La expedición de la caravana inició su recorrido en lanchas desde Taparalito y, desde ahí, pudo comprobar la extrema pobreza en la que viven los pobladores de esta región de una gan importancia geoestratégica. La zona es rica en recursos naturales (madera, oro, plata, platino, fuentes hídricas), pero sus habitantes se dedican principalmente a la agricultura, caza y pesca. La hoja de coca es otro de los cultivos, no es una de las regiones en las que más se da esta práctica pero sí una zona de tránsito y rutas vitales para el narcotráfico y, en general, todo el tráfico de economías ilegales hacia Norteamérica.
Durante los meses de la pandemia, el conflicto se ha exacerbado por enfrentamientos entre los diferentes actores armados que hacen presencia en la región. Esos combates en ocasiones conllevan que estos grupos se enfrenten, incluso, al interior de las comunidades. El resultado es el desplazamiento y confinamiento. El desplazamiento se da cuando las familias deciden salir de sus hogares, abandonado casas, enseres y formas de vida. El confinamiento sucede cuando se quedan encerradas en su propio territorio y no pueden realizar sus quehaceres cotidianos por los riesgos que implican la guerra o las restricciones que impone el ejército colombiano para desplazarse.
Esta es, precisamente, la situación que se vive en la vereda de Corriente Palo. El pasado 16 de septiembre el ejército atacó un campamento del ELN para dar de baja a su comandante Fabián (Ogli Ángel Padilla), máximo jefe hasta entonces de esta organización guerrillera en la región. A las 4 de la madrugada de ese día, los habitantes de Corriente Palo se despertaron por el estruendo de los bombardeos de aviones que hicieron temblar la tierra. Con al menos seis potentes bombas, seguidas por combates en tierra que se prolongaron durante varios días, hostigaron no solamente al campamento de la guerrilla que existía a pocos kilómetros de ese pueblo, sino a toda la comunidad. Después de 10 días, el ejército reveló unas imágenes en las que aparecía aún con vida el jefe insurgente, cuando lo subían en una camilla a un helicóptero con destino a un hospital en Cali donde al día siguiente se anunció su fallecimiento.
Las gestiones del senador colombiano Iván Cepeda llevaron a confirmar la muerte de 4 menores de edad, quienes presuntamente harían parte del grupo guerrillero, como resultado de ese bombardeo. La polémica por estas muertes ocupó espacio en los medios colombianos. En qué medida un ataque a un campamento, basado en fuentes de inteligencia, debería haber motivado que no se empleara esa contundencia de medios; es una cuestión que desafortunadamente se ha repetido en ocasiones anteriores con otros ataques a campamentos guerrilleros. El bombardeo en 2019 a un campamento de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Caquetá, que causó la muerte de ocho menores de edad, llevó a la dimisión del ministro de Defensa Guillermo Botero. En marzo pasado, otro bombardeo en Guaviare al campamento de otras disidencias de las FARC también causó la muerte de niños. Es decir, a pesar de los múltiples mecanismos de inteligencia y verificación de información del ejército colombiano (mediante los cuales comprueba que efectivamente en esa zona hay un grupo armado), está realizando bombardeos en donde hay presencia de menores de edad, lo cual es una violación al Derecho Internacional Humanitario y a la Convención sobre los Derechos de los Niños.
Una comisión de la caravana desembarcó en Corriente Palo y representantes de la vereda y vecinos (60 familias y unas 300 personas) nos recibieron para un encuentro al que también asistieron Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la diócesis de Itsmina-Tado. Desde el embarcadero subimos unas escaleras de hormigón que conducen a la comunidad. Las precarias casas de madera y el recorrido por unos caminos de tierra embarrada conforman un pueblo con una escuela sin terminar desde hace dos años y sin centro de salud. “Hace años que no llega una brigada médica. Dos años sin profesor, y cuando denunciamos estas situaciones los alcaldes nos dicen que son calumnias”, denunciaron representantes de la comunidad.
Elizabeth Moreno (o Chava, como la conocen en estas comunidades) es la líderesa de ACADESAN. Los Consejos Comunitarios del Río San Juan conforman gobiernos propios que están reconocidos en la Constitución colombiana y tienen como función administrar el territorio que el Estado les ha reconocido y adjudicado como propiedad raizal colectiva. Chava sostiene que “lo vivido durante los últimos años en la subregión del San Juan no exonera a ninguna de las comunidades que hacen parte del territorio colectivo”.

El obispo de la diócesis Itsmina-Tado (que comprende el territorio desde Curado hasta Tocordó, en la desembocadura del río San Juan y toda la cuenca del río Baudó) recordó que, aunque la razón de ser de la iglesia es el evangelio, también quiere ser garante de todo proceso organizativo y lo que se deriva de Derechos Humanos. “Estas comunidades están sometidas a un genocidio, un etnocidio. No podemos seguir chapuceando y seguir matándonos sin sentido”, subrayó acerca de estos casi 23.000 km2 donde alrededor de 250.000 personas pertenecientes a pueblos afro e indígenas wounaan.
La comunidad de Corriente Palo narró para la Caravana Humanitaria lo sucedido la mañana del pasado 16 de septiembre. Recordó que esta no es la primera vez que suceden hechos así pues en los últimos años han sufrido cuatro bombardeos de la fuerza aérea colombiana y que, a pesar de que el campamento se encontraba a cinco kilómetros de distancia, el ruido y temblor del suelo causaron gran conmoción en los niños y vecinos del territorio. Se indignaron porque ninguna autoridad gubernamental colombiana les ha visitado. “Nunca hemos tenido una visita para averiguar cuantos muertos hubo o desaparecidos, ni tan siquiera de la Alcaldía”, afirmaron subrayando que fue la primera delegación que reciben. Se quejaron amargamente de que el lugar del bombardeo es un territorio colectivo donde siembran, cazan, pescan y cortan madera. Además, denunciaron que “ahí hay gente viviendo a 500 metros, no es justo”.
Para estas personas, el miedo no ha desaparecido todavía ni los efectos de vivir los bombardeos. Después del ataque, un grupo de la comunidad se dirigió al lugar para buscar a vecinos desaparecidos. El ejército disparó al agua, cerca del bote en el que se desplazaban.

Los relatos sobre los abusos del ejército en esa zona son muchos. Incluyendo la denuncia de prácticas prohibidas en un contexto de guerra como que un grupo de la fuerza pública ha portado brazaletes del ELN para amenazarles. “Estábamos trabajando y se nos presentaron 3 personas. Les preguntamos quienes eran y dijeron que eran del ELN. Les preguntamos por qué se presentaban de tal manera y dijeron que por qué preguntaban tanto, que nos retiráramos por nuestro bien, que iban a minar. A los cinco minutos llegó un helicóptero del ejército y se los llevó”, relataron.
“Dentro de las comunidades, la fuerza pública utiliza a los niños para sacarles información”, denunció Chava en un comité de justicia y la policía, como contestación, le acusó de que hacíamos parte de los actores armados porque siempre denunciábamos a la fuerza pública.

Sin embargo, la comunidad de Corriente Palo ha decidido permanecer en el territorio. “Nosotros decidimos nos desplazarnos de aquí a otro municipio. ¿A qué? Nos morimos de hambre si nos vamos. Hay casos que se han desplazado y han regresado”.

La lideresa de ACADESAN afirma que en todos los desplazamientos del San Juan no ha habido un plan de retorno con garantías. Los mismos gobernantes incitan a que retornen a sus comunidades para luego decir que no pasa nada.
El principal reclamo de los vecinos es por el hambre. En estos momentos la ayuda que solicitan es para comida. El temor de que el territorio esté minado hace que no puedan trabajar en el campo. “Como campesinos, necesitamos que el Estado colombiano ponga la mirada aquí. Necesitamos proyectos productivos, deporte, educación. No que digan que van a llegar y luego no llegan nunca. En otras partes como Risaralda, Cauca o Antioquia hay apoyo al campesino. Aquí no. Necesitamos ayuda, maquinaria. No que nos manden al ejército”, concluyen.

Según Harold Cadena Vidal, representante de la Oficina para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Colombia (OCHA), la cifra de desplazados en la región de río San Juan asciende a 4.608 y la de confinados a 33.280. Cadena hace énfasis en la necesidad de que las autoridades locales insten los mecanismos para declarar el confinamiento y que las ayudas del sistema de atención a víctimas puedan llegar a los afectados.
“Puede que estemos en medio de un conflicto, pero el conflicto ha existido toda la vida, pero no es por conflicto es que estemos sin salud ni educación”, precisó un vecino antes de que la reunión concluyera. La delegación tenía que continuar con la visita a otra comunidad antes de que la noche impidiera la navegación segura antes de concluir la jornada en un lugar menos remoto y mínimamente acondicionado para recibirnos. La población de Corriente Palo despidió a la delegación decidida a resistir y permanecer en su comunidad, el hogar que los acoge desde hace varias generaciones.

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